La fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, formalizó la denuncia penal contra el suspendido congresista José Anaya Oropeza, por presuntamente haber falsificado documentos a fin de justificar el uso irregular del dinero entregado por el Parlamento para los denominados gastos operativos.
La fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, formalizó la denuncia penal contra el suspendido congresista José Anaya Oropeza, por presuntamente haber falsificado documentos a fin de justificar el uso irregular del dinero entregado por el Parlamento para los denominados gastos operativos.
La máxima representante del Ministerio Público denunció ante la Corte Suprema de Justicia al suspendido parlamentario por los delitos de falsa declaración en proceso administrativo, falsificación de documentos y peculado.
De esta manera, el Fiscalía tramitó la denuncia constitucional que interpuso el Congreso de la República, que encontró responsable a dicho legislador por supuestamente haber presentado documentación irregular para efectos de sustentar los gastos operativos que le asignó el Congreso durante los meses de abril, mayo y junio del año pasado.
La imputación señala además que Anaya solicitó al Parlamento el reembolso de un pasaje aéreo a Italia, para lo cual habría presentado como medio de prueba una boleta de venta de la empresa IDA Service S.A.C, documento que ha sido cuestionado, presumiéndose su falsedad.
También se le imputa haber presentado otros documentos irregulares para justificar sus gastos.
Echaiz Ramos interpuso la denuncia ante la Vocalía de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, a cargo del magistrado Carlos Zecenarro Mateus.
Dicho vocal supremo decidirá en los próximos días si abre proceso penal al congresista Anaya, en el cual se determinará su responsabilidad.
De acuerdo a la legislación actual, la Fiscalía de la Nación tramita la denuncia tal cual el Congreso la presenta, puesto que no puede modificarla o adecuarla a los hechos delictivos.
La acusación constitucional contra Anaya fue aprobada por el Congreso el 25 de setiembre pasado. En su defensa, el legislador negó los cargos y aseveró que no presentó documentación falsa.
Los congresistas de la República, así como otros altos funcionarios públicos, son procesados ante el máximo tribunal de justicia, por su prerrogativa constitucional.
