Nuevamente el Congreso de la República le da la espalda al bienestar de la ciudadanía, pues ha decidido poner en la congeladora un importante proyecto de ley que modifica el Código Penal y sanciona con prisión efectiva el hurto y receptación de vehículos.
Nuevamente el Congreso de la República le da la espalda al bienestar de la ciudadanía, pues ha decidido poner en la congeladora un importante proyecto de ley que modifica el Código Penal y sanciona con prisión efectiva el hurto y receptación de vehículos.
Según publica el diario Correo, aunque el número de denuncias por ese delito ha aumentado en un 25% el último año, según cifras de la Dirección de Robo de Vehículos (Diprove), la Comisión de Justicia, que preside el legislador Juan Carlos Eguren, debatirá recién en dos meses la iniciativa legal Nº 3081.
La propuesta legislativa, de autoría de la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, modifica los artículos 186 y 194 del Código Penal e impone penas de entre 4 y 8 años de prisión no sólo a los responsables de hurto agravado de vehículos y sus autopartes, sino a quienes los reciben. Además, agrega que los responsables de la receptación tendrán sanciones adicionales de entre 60 y 360 días multa.
¿NO ES IMPORTANTE? Correo ubicó al presidente de la Comisión de Justicia, Juan Carlos Eguren, quien confirmó que el proyecto Nº 3081 "no está en agenda", pues priorizan temas "más importantes" de reforma judicial.
"Yo estimo que ese tema se estaría viendo recién en un par de meses. Es un proyecto que recién ha ingresado y debe de ser debidamente dictaminado, pero hay que ver este tema en un contexto más amplio. No es menos grave que delitos como el robo de cables de luz, de los buzones de Sedapal, además de otros", explicó.
Pide celeridad. Pero quien sí levantó la voz fue la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, quien exigió al Parlamento interesarse por este proyecto. "Invoco a mis colegas parlamentarios a dar normas claras a la Policía para que aquellos que cometen delitos tengan marcos de sanción drásticos y no una simple orden de comparecencia. Eso indigna a la población y después culpan a la Policía porque desconoce estos trámites", indicó Cabanillas a Correo.
