Los jueces que hace 10 años derivaron el caso «Chavín de Huántar» al fuero privativo militar cumplieron un mandato constitucional, afirmó el exministro de Defensa Ántero Flores Aráoz.
En consecuencia, dice el exministro, el Estado Peruano tiene que respaldarlos, pues no cabe ninguna responsabilidad penal sobre ellos, como ha sugerido la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
«El Estado Peruano no sólo deberá defender a los comandos Chavín de Huántar; también se deberá defender a los magistrados de la Corte Suprema y a los magistrados militares que sobreseyeron la causa; todos ellos han actuado de acuerdo a la ley», sentenció.
En ese sentido, reiteró que la posición del gobierno debe ser «no reabrir procesos fenecidos y que además ya tienen el carácter de cosa juzgada».
Por ello, dijo que «el Estado, sin ser timorato y sin adoptar posiciones medrosas, debe defender a sus comandos y a su magistrados judiciales y castrenses».
POSICIÓN BLANDENGUE. Marcos Ibazeta, expresidente de la Corte Superior de Lima, sugirió al gobierno revisar toda postura débil y emprender una acción política a través del derecho internacional para defender también a los jueces del caso «Chavín de Huántar».
«No podemos estar toda la vida con una posición blandengue, allanarse a todo y pensar que todo lo que dice la Corte IDH está bien», manifestó.
A su juicio, el gobierno está en el camino correcto al anunciar que promoverá reformas en esa instancia.
Sin embargo, agrega, de nada valdrá esto si el Estado «continúa infiltrado» por la misma gente que «nos ha puesto de rodillas y que ha permitido que nos manoseen como país».
En esa línea, le parece una acertada decisión del Ministerio de Justicia haber separado al abogado César Azabache del cargo de agente peruano ante la Corte IDH.