Ingresar celulares o armas a un centro penitenciario implicará una sanción de hasta 15 años de prisión según un proyecto de ley aprobado en el Pleno del Congreso.
“Actualmente se requisa ese material y todo queda ahí, pese a la gravedad del delito”, dijo durante el debate Alberto Beingolea, presidente de la Comisión de Justicia.
El parlamentario consideró urgente esta norma para erradicar la proliferación de armas y celulares en los penales del país.
El texto aprobado fija penas que van desde los ocho hasta los 15 años de cárcel para el ingreso e intento de ingreso de equipos de comunicación, armas de fuego o armas blancas, municiones, explosivos, entre otros. La sanción también se extiende a los internos que los reciben.
Además, plantea sancionar también al que dentro de un penal vulnera o inhabilita el funcionamiento de equipos de seguridad en los penales, y a los que tomen como rehén a una autoridad penitenciaria con hasta ocho años de reclusión. El proyecto fue presentado por el legislador fujimorista Julio Rosas.