El fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales, lamentó el desenlace producido en la provincia de Espinar (Cusco) como consecuencia de los actos violentos por parte de personas que azuzadas por pequeños grupos.
En declaraciones al programa Los Fiscales, Peláez opinó que ciertos grupos «sin propiciar el diálogo», protagonizan actos que dañan la actividad y propiedad privada, además de lamentables muertes
Dijo que la Fiscalía, de alguna manera, ha sido agraviada en estos hechos en la medida que se produjo el secuestro por varias horas de un fiscal que fue violentado por una turba de manifestantes que no respetó a una autoridad que estaba sin armas y que, inclusive, incendió la camioneta de propiedad del Ministerio Público.
“Realmente estos hechos son condenables, porque alteran la paz la seguridad ciudadana, intranquilizan al ciudadano y a los turistas que vienen a visitarnos”, resaltó.
Indicó que la Fiscalía ha tomado acciones al respecto, investigando los hechos de violencia, las causas y la responsabilidad de los ciudadanos en los actos vandálicos, además de otros hechos, como la intervención de una camioneta de la Municipalidad de Espinar que llevaba botellas de combustible y mechas que posiblemente iban a ser utilizadas como bombas molotov, presumiblemente contra la policía.
“Vamos a ser muy enérgicos y muy drásticos en combatir este tipo de delitos, vengan de donde vengan, y se produzcan estos en cualquier parte del país. Lógicamente que (las personas detenidas) tienen todas la garantías del debido proceso, va a seguirse una investigación totalmente imparcial y objetiva y, seguramente, van a ser acusadas aquellas personas que sean probadamente partícipes de estos actos”, mencionó.
Recordó que en los lugares donde se llevaran a cabo las investigaciones se encuentra vigente el nuevo Código Procesal Penal que permite una investigación imparcial y con amplia publicidad, condiciones que permitirán que las acusaciones se formulen con total objetividad y que las sentencias sean dictadas con respeto de los principios y del debido proceso.
“No puede haber impunidad porque son delitos muy graves que afectan la seguridad ciudadana, la tranquilidad, la paz que debe reinar en todas las ciudades de todos los lugares del país y el prestigio del país, porque hay muchos turistas que recorren esa zonas, sobre todo el Cusco, y sufren con las consecuencias de estas medidas que son medidas de intolerancia, de no querer dialogar, conversar para que las cosas se lleven por un camino pacífico”, sentenció.
Asimismo, respaldó la decisión del Ejecutivo de establecer el estado de emergencia en Espinar, anotando que la Constitución permite dictar estas medidas en casos extremos.
“Esta situación de Espinar era un caso extremo y ameritaba ya una suspensión de los derechos que garantiza la Constitución del Estado y se decrete el estado de emergencia, hasta que se pacifique y se calme y haya un diálogo y arribemos a un acuerdo que den tranquilidad a todas las personas, tanto aquellos que se oponen a la inversión minera, como a los que quieren vivir en paz”, comentó.