Otro escándalo en las Fuerzas Armadas

La Contraloría General de la República reveló hoy que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA), ocasionó un perjuicio económico al Estado ascendente a S/. 40 millones.

En nota de prensa, el organismo precisó que dicha irregularidad ocurrió en el periodo 2009-2011 y producto de la suscripción y ejecución irregular de un contrato con la empresa israelí GLOBAL CST LTD.

Según el acuerdo, la institución militar que debía recibir asistencia técnica especializada en materia de seguridad, desarrollo de estrategias y entrenamiento del personal militar en el VRAE (hoy VRAEM), pero esto nunca se realizó en los términos pactados.

La auditoría señala como principales responsables de este caso, por delitos de colusión y falsedad genérica, al personal militar que ocupaba en dicho periodo los más altos cargos en el CCFFAA y ex funcionarios del Ministerio de Defensa.

La denuncia ha sido presentada ante el propio despacho del Fiscal de la Nación para que la investigación fiscal sea asumida por la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, por tratarse de un caso que involucra un delito grave, complejo y de repercusión nacional.

De acuerdo al informe de auditoría, el CCFFAA suscribió el 20 de octubre de 2009 con GLOBAL CST LTD, un contrato de asistencia técnica para alcanzar los siguientes objetivos: Estructuración de un Grupo Nacional Contra Terrorismo; Diseño del Concepto Operacional Dinámico; Planeamiento Estratégico y Operacional en el Estado Mayor del CCFFAA; Entrenamiento y Reformas Organizacionales del CCFFAA y Entrenamiento de Comandos con miras a su despliegue operativo.

Dicha capacitación y entrenamiento nunca se realizó de acuerdo a lo estipulado en el contrato, el cual mencionaba a profesionales de nacionalidad israelí especializados, plenamente identificados con nombres y apellidos.

En su lugar, la empresa envió a personal que no contaban con la experiencia necesaria para cumplir el objeto de la asistencia técnica, en su mayoría jóvenes entre los 20 y 22 años.

PRESUPUESTO De acuerdo a la auditoría realizada por el Organismo Superior de Control, los montos comprometidos en el perjuicio económico ocasionado al Estado, son los siguientes:

 

Concepto
Monto (S/.)
Contrato
26 130 650,00
Addenda 2
4 260 000,00
Imp. Renta
9 117 195,00
Multa IR – IGV
366 105,00
Total
39 507 845,00

IRREGULARIDADES
La Contraloría halló serias irregularidades, como el hecho de que la resolución de la entidad castrense que aprobó las bases del servicio era un fraude. La versión original trataba sobre personal militar que presta servicios en Haití, como parte de los Cascos Azules.

En tanto que en otra versión de la misma resolución (mismo número y fecha), se incorporó un artículo para aprobar las bases del servicio de asistencia técnica y capacitación en el VRAE.

Asimismo, se suscribió una Addenda (Nº 2) por servicios que eran parte del contrato original, y es más se venían realizando.

Al momento de la firma del contrato (20 de octubre de 2009), la empresa GLOBAL CST LTD no se encontraba inscrita en el Registro Nacional de Proveedores. Fue gestionada su inscripción recién ocho días después (28 de octubre de 2009) por el propio CCFFAA, y no por su representante legal en el país.

Otra irregularidad a la firma del contrato es que no se presentó la Carta Fianza de fiel cumplimiento a la fecha de suscripción, sino recién después de más de 15 días, el 06 de noviembre del 2009, considerando como beneficiario al Ministerio de Defensa, cuando debió ser a nombre del CCFFAA, entidad contratante que cuenta con personalidad jurídica; y además esta garantizaba obligaciones diferentes a las establecidas en el contrato.

De acuerdo a la normativa de contrataciones del Estado el valor referencial debe incluir los impuestos. Sin embargo el CCFFAA asumió el pago de los impuestos a pesar que este debió corresponderle al proveedor GLOBAL CST LTD. Esto generó un costo adicional al contrato de más de 4 millones y medio de nuevos soles.

Asimismo, el contrato estableció un calendario de pagos sin considerar entregables concretos que demostraran una prestación efectiva de los servicios. Se identificó también que de otorgaron conformidades del servicio con carácter irregular.

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