El contralor general de la República, Edgar Alarcón, ha sido centro de atención por su participación en la investigación del caso Chinchero, pero ahora está en la mira por una acusación de un auditor de la institución que dirige, a quien le pidió que retire una denuncia contra él por las sospechosas y millonarias compras de vehículos de lujo que realizó en los últimos años.
Según el programa dominical “Cuarto poder”, existe un audio en el que se escucha una conversación entre el auditor Walter Grados Aliaga y Edgar Alarcón en torno a la denuncia y donde Edgar Alarcón.
En el audio se escucha lo que le dice Edgar Alarcón a su auditor: “¿Qué pasaría si es que retiras la denuncia del Congreso? […] Piénsalo, Walter. No quiero presionarte, no te estoy hostilizando, no te estoy chantajeando. Entonces, por la amistad que tenemos te digo piénsalo, nada más te digo”.
Cabe indicar que Walter Grados Aliaga es abogado y auditor de la contraloría. En agosto del 2016, denunció al contralor Alarcón ante la presidenta del Congreso, Luz Salgado, y la Comisión de Fiscalización, que preside el congresista fujimorista Héctor Becerril.
En el 2015, el auditor se encontraba destacado ante la denominada comisión investigadora de la ‘narcopolítica’, que presidía la ex parlamentaria Rosa Mavila. El abogado se encargaba de acopiar información de políticos sospechosos de lavar activos provenientes del narcotráfico.
Cuando cumplía este trabajo, Grados Aliaga halló información que podía comprometer a su jefe, el contralor Alarcón, y decidió denunciarlo.
LA DENUNCIA
El hallazgo fueron las compras que hicieron Edgar Alarcón y sus jóvenes hijos. Entre el 2002 y el 2015, compraron más de 90 vehículos –entre autos y camionetas– Audi, BMW y Jeep para operaciones de compraventa.Según la denuncia del auditor, entre el 2013 y el 2015, cuando era vicecontralor de la República, Alarcón adquirió nueve autos por un total de US$182.550.
Este dinero –precisa Grados Aliaga en su denuncia– no fue declarado, a pesar de que debió hacerlo como funcionario. Lo que agrava este hecho es que Edgar Alarcón no debía realizar este tipo de negocios. La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, en su artículo 33, prohíbe las actividades lucrativas al vicecontralor, cargo que tenía Alarcón cuando realizó aquellas compras.
La conversación que presentó el programa fue grabada por el propio Grados Aliaga. Ocurrió en setiembre del 2016, en una reunión en el despacho de Alarcón. “[El contralor] Llegó al extremo de solicitarme que retire la denuncia. No me puedo tirar atrás. Como el señor contralor me citó, yo grabé mi conversación”, dijo.
En su defensa, Edgar Alarcón señaló que su patrimonio ha seguido siendo el mismo –como ha indicado en sus declaraciones juradas– porque el dinero por la compraventa de autos “es irrisorio” y “fácilmente” se podía consumir en “gastos corrientes”.
EN AGUA TIBIA
La acusación fue derivada por la presidencia del Congreso a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside la congresista de Fuerza Popular Karina Beteta. No fue a la Comisión de Fiscalización, según el reportaje.
Como la acusación contra Edgar Alarcón corresponde a su período como vicecontralor, los integrantes de la subcomisión indicaron que no procedía ver la denuncia en ese grupo parlamentario.
La denuncia del auditor presenta un segundo caso contra Alarcón: el de la ex trabajadora del área de Tesorería Marcela Emilia Mejía Franco. Cuando Mejía cesó, en el 2010, fue liquidada de manera presuntamente irregular con S/127 mil, y otros S/100 mil bajo concepto de pago de viáticos.
Su sueldo era de S/3.350.Según Alarcón, los cálculos del auditor son errados, pues los S/100 mil adicionales fueron en realidad viáticos para que otros funcionarios cumplieran su trabajo.
