El Poder Judicial (PJ) dispuso la medida cautelar de allanamiento de 43 inmuebles en diversos distritos de Lima, en el marco de una investigación preliminar por el caso “El Club de la Construcción” que implica a diversas constructoras brasileñas.
Según un documento del Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios (SEDCF), los inmuebles figuran a nombre de diversos investigados, y están ubicados en los distritos de Santiago de Surco, San Borja, San Isidro, Miraflores, Ate, La Molina y Lima Cercado.
La medida fue ordenada por la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho ante el requerimiento formulado por la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
En su solicitud, la Fiscalía señala que el “Club de la Construcción” habría operado entre los años 2011 y 2014, conformado por representantes de empresas privadas, un representante (lobista) de estas ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y un funcionario público de este portafolio.
De acuerdo con su tesis, “colaboradores eficaces” habrían manifestado que existió un pacto entre empresas peruanas y extranjeras para “distribuirse” el otorgamiento de la buena pro de diversas obras de carreteras a nivel nacional.
La orden judicial de allanamiento fue dada con la finalidad de encontrar bienes e información de interés de la investigación como documentos (vouchers, contratos por licitaciones públicas, contratos entre empresas, documentos vinculados a obras requeridas mediante licitación pública, recibos por honorarios, facturas, equipos informáticos, entre otros).
Cabe señalar que la disposición judicial comprendió el registro domiciliario con descerraje en caso de negativa o ausencia de personas en el inmueble, y autorización para la detención de personas en situación de flagrancia o con mandato judicial.
La medida fue ordenada para que el Equipo Especial del Ministerio Público la ejecute en un plazo máximo de duración de 24 horas.
De igual modo, el Poder Judicial dispuso la detención preliminar por un plazo de 10 días del investigado Carlos García Alcázar, exfuncionario del MTC, quien habría sido el que ejecutaba los acuerdos ilícitos dentro de este portafolio.
El referido investigado pasó el control de identidad en la sede del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en el Edificio Carlos Zavala Loayza, del Centro de Lima.
