El régimen chavista de Nicolás Maduro intensifica las agresiones y detenciones arbitrarias de periodistas, así como el bloqueo y cierre de medios regionales, nacionales e internacionales.
Así lo detalla el informe sobre Venezuela presentado ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), durante su reunión semestral celebrada a fines de marzo en Cartagena, Colombia.
El documento agregó que existe un plan oficial estructurado para robar y destruir instalaciones de medios y el equipo de trabajo de los periodistas. Denunció que la persecución alcanza cada vez más a periodistas y medios extranjeros que son detenidos, deportados o se les niega entrada en el país.
«Existe una guerra en contra de la libertad de expresión que el gobierno libra las 24 horas del día con su inmenso aparato policial, militar, judicial y comunicacional.
Pese a ello, hay profesionales de la comunicación y ciudadanos que asumen los riesgos de informar, mantienen la actividad, luchan por evitar el apagón informativo y no cesan en la lucha por recuperar la democracia.
La violencia ejercida en contra de periodistas y medios de comunicación ha empeorado, habiéndose cuadruplicado en términos cuantitativos e intensificado en todas sus variantes.
En el período se han potenciado cuatro fenómenos.
El primero de ellos es la sistematización de los ataques a los periodistas en calles, lugares abiertos o en los espacios de instituciones públicas.
Cuando aparecen grupos de uniformados a impedir o reprimir una protesta, lo primero que hacen es atacar a los periodistas, expulsarlos del lugar, golpearlos, detenerles, quitarles los equipos, robarles y en casi todos los casos, borrar la memoria digital de sus cámaras fotográficas o de sus teléfonos móviles.
La primera tarea del diseño de la represión consiste en sacar a los medios de comunicación de la escena, empleando toda la violencia necesaria, para así despejar el campo y arremeter en contra de ciudadanos indefensos.
El segundo fenómeno consiste en un programa masivo y estructurado de robo y destrucción de los equipos con que trabajan reporteros, editores y gestores de las páginas web.
Se cuentan por centenares los casos de destrucción de cámaras fotográficas, teléfonos inteligentes, micrófonos, cámaras de televisión, computadoras y archivos digitales. Una emisora de radio ha sido robada en cuatro ocasiones.
El fenómeno llegó al extremo de que el equipo reporteril encabezado por el periodista Jorge Ramos e Univisión fue robado en el propio Palacio de Miraflores, por el equipo de seguridad de Nicolás Maduro.
El gobierno cerró ilegalmente en septiembre la emisora Super 93.5 FM que tenía 28 años transmitiendo de manera regular en Maracaibo, Estado Zulia. Transcurridos seis meses de esta acción aún no existe respuesta de los organismos responsables.
El tercer fenómeno es el de los ataques a la prensa extranjera. En algunos casos se impide el ingreso de sus representantes al país, en los mismos aeropuertos. En otros, se les detiene, los someten a extenuantes y denigrantes interrogatorios, les roban y expulsan del país. Está en curso un plan para evitar que reporteros y corresponsales informen sobre los hechos.
El cuarto fenómeno es eliminar de forma selectiva programas de radio y televisión, en particular, de información y opinión, como los conducidos por César Miguel Rondón o el de Alonso Moleiro y Steninf Olivarez. Ambos habían conquistado importantes porciones de audiencia, pero fueron sacados del aire por orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), entidad del Estado encargada de censurar, levantar expedientes y cerrar medios de comunicación.
Los ataques y la censura chavista
El 5 de octubre el diario El Aragueño imprimió su última edición en papel, luego de 46 años de trabajo ininterrumpido en la región central del país, debido a la escasez de papel, tinta y planchas para su elaboración. El medio migra a la web para seguir informando.
Un día antes y por la misma razón dejó de circular el diario El Luchador. El diario cierra luego de 60 años de servicio en el Estado Bolívar.
El 14 de diciembre circuló la última edición impresa de El Nacional, después de 75 años. Los esfuerzos del medio se han concentrado en la web donde han alcanzado una posición de liderazgo entre los portales informativos en español.
El diario El Regional del Zulia sigue sin circular desde hace tres meses por falta de acceso al papel prensa. Su página de internet ha sido jaqueada con frecuencia. Además de que el servicio de internet es deficiente e intermitente, el servicio eléctrico es inestable y escasea el suministro de combustible para la planta eléctrica.
Sobre este verdadero estado de emergencia, la organización Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela reportó que entre el 1 de enero y el 12 de marzo ocurrieron 155 violaciones en contra de la libertad de expresión. Esta cifra es superior a la de los primeros seis meses de 2018 que sumó 124 casos.
Entre los hechos más graves se cuenta la detención sin debido proceso de Luis Carlos Díaz, activista de los derechos humanos, periodista de radio, especialista en redes sociales y capacitador del proyecto de periodismo ciudadano Reporte Ya del periódico El Nacional. El gobierno lo acusó de formar parte de una conspiración que produjo el supuesto ataque cibernético que causó el apagón de casi 100 horas que afectó a millones de familias, hospitales, pacientes en quirófanos y conectados a máquinas que les permiten vivir, sistemas de transporte subterráneo, empresas, comercios, puertos y aeropuertos, sistema financiero, comunicaciones y telecomunicaciones con graves consecuencias y pérdidas en los hogares, empresas e instituciones.
El 21 de octubre delincuentes entraron a robar en las oficinas de Univisión Noticias en Caracas. En un año, al menos seis corresponsalías de medios internacionales en Caracas han sido atacadas y se han robado computadoras, cámaras y discos duros. Han resultado afectados Univision, NTN24, RCN, Telemundo y Caracol Televisión. En el caso de CNN, la corresponsalía en Caracas ha sido robada en tres oportunidades durante el año.
El 13 de noviembre, de acuerdo con información publicada por Revista Late, tres de sus periodistas fueron detenidos arbitrariamente en Santa Elena de Uairén, en la frontera entre Venezuela y Brasil. Cubrían la situación migratoria en la zona. Tiago Henrique da Silva (Brasil), Álvaro Fernández (España) y Fernanda Kraide (Brasil), son los tres periodistas detenidos arbitrariamente.
El 15 de noviembre, luego de más de 30 años operando, salió del aire la emisora Estudio 96.7FM, en Barquisimeto, estado Lara. CONATEL ordenó su cierre alegando el vencimiento de la concesión. Como ocurre con la mayoría de las emisoras, han solicitado la renovación desde 2009 sin tener respuesta. El cierre deja sin trabajo a 24 trabajadores. Minutos después de la salida del aire, Rebelarte, una emisora dirigida por un colectivo oficialista, ocupó el dial Barquisimeto.
El 16 de noviembre se conoció que el reportero gráfico Jesús Medina está preso desde agosto en la cárcel militar de Ramo Verde. Su audiencia fue diferida y es acusado por legitimación de capitales, asociación para delinquir, instigación al odio y obtención de lucro ilegal.
Se cumplieron más de tres años en noviembre desde que por solicitud de Diosdado Cabello, se prohibió salida del país a 22 ejecutivos del diario El Nacional, La Patilla y Diario Tal Cual. 14 están en el exilio, 6 se acogieron a la reparación de daños, uno no lo aceptó, otro, Teodoro Petkoff, murió. El resto continúa en el exilio.
El 14 de diciembre dejaron de circular durante el período de Navidad varios medios en el interior del país para ahorrar papel. Diario Caribazo, en Margarita, suspendió su circulación hasta el 15 de enero y La Prensa, El Periódico y El Sol, de Monagas, hasta el 14 de enero.
El 8 de enero el Ministerio de Comunicación negó la acreditación a medios internacionales para cubrir el acto en el que se juramentó a Nicolás Maduro como presidente hasta el 2025. Fueron afectados Red + Noticias, CNN, BluRadio Colombia, Univisión y Noticias Caracol en Venezuela.
El 24 de enero, funcionarios de Contrainteligencia Militar en Maracaibo, estado Zulia, allanaron la sede de Global TV y sacaron del aire la señal del canal regional por transmitir el discurso de Juan Guaidó, según argumentó el jefe de la Comisión que llegó al medio con 15 patrullas. También quedó fuera del aire Aventura TV, televisora regional que comparte sede y antena transmisora con Global TV. Los funcionarios se llevaron las cámaras de seguridad y cortaron la luz a todo el edificio.
Luego que Guaidó juramentara como Presidente, el canal chileno 24 Horas se convirtió en la séptima televisora internacional sacada de cableras del país.
El 30 de enero los periodistas Mayker Yriarte, de portal de noticias TV Venezuela, y Ana Rodríguez, de VPITV, fueron detenidos en las inmediaciones de Miraflores, junto a los periodistas chilenos Rodrigo Pérez y Gonzalo Barahona, del Canal TVN. El neolenguaje de la dictadura: no están detenidos, están «retenidos»; no están siendo interrogados, están siendo «entrevistados». Los periodistas venezolanos fueron liberados tras 10 horas de estar detenidos, mientras que los chilenos fueron deportados 12 horas más tarde.
El 26 de febrero el equipo de Univisión noticias en Venezuela se encuentra detenido dentro del Palacio de Miraflores a donde acudió para entrevistar a Maduro, entre ellos, Jorge Ramos. Siete trabajadores permanecen dentro del sitio y les quitaron su equipo de trabajo. Los compañeros fuera de Palacio perdieron contacto con los detenidos durante varias horas. A su salida de Miraflores, el equipo de Univisión de Miraflores fue grabado y escoltado durante todo el trayecto. Les robaron todo el equipo técnico y fueron deportados.
«Lo que ocurrió fue que teníamos una entrevista con el líder Nicolás Maduro y después de 17 minutos de entrevista a él no le gustó las cosas que le estábamos preguntando sobre la falta de democracia en Venezuela, sobre la tortura, los prisioneros políticos, sobre la crisis humanitaria que estaban viviendo. Se levantó de la entrevista después que le mostrara los videos de unos jóvenes comiendo de un camión de basura», dijo Ramos en una comunicación telefónica con Univisión después de ser liberado.
«Nos mantuvieron separados, interrogándonos», denunció el periodista. Tanto a él como a la productora del programa los metieron en un cuarto de seguridad y apagaron las luces, según la versión de Ramos.
El Ministro de Comunicaciones del chavismo, Jorge Rodríguez, dijo a Univision que «no era cierto» que estuvieran detenidos. Rodríguez dijo que Ramos llamó a Maduro asesino y dictador varias veces.
El 8 de marzo diversos medios fueron bloqueados en YouTube y Google, mientras el acceso a Facebook por parte de los usuarios era intermitente.
Aquí, los hechos sobresalientes del semestre en Venezuela.»
