El exjuez supremo César Hinostroza Pariachi podrá ser extraditado al Perú desde España, pero no podrá ser juzgado por el delito de crimen organizado en el caso de «Los Cuellos Blancos del Puerto«
La Audiencia Nacional de España acordó hoy ratificar la extradición del exjuez supremo, luego de desestimar la apelación que el exmagistrado había presentado para evitar su retorno al Perú.
Con esta decisión se confirma su extradición en primera instancia por los delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias y negociación incompatible.
El pleno de la Sala española que ha revisado este tema rechazó el recurso de súplica que presentó la Fiscalía peruana para que se incluya el delito de organización criminal en el caso del juez vinculado al caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto ‘.
Los magistrados explicaron que, en el auto de extradición, se describen conductas que podrían incurrir en los mencionados crímenes aprovechando su cargo como juez supremo «y su amistad con los influidos que sabe le guardan lealtad, para obtener resoluciones administrativas guiadas por intereses ajenos a los públicos que deben guiarlas y que han supuesto beneficios económicos para él».
No hay persecución política
Pero además, los jueces descartaron que se haya vulnerado el derecho de presunción de inocencia de César Hinostroza ni que haya sido objeto de alguna persecución política.
Sin embargo, la Sala Penal rechazó el recurso que presentó la fiscalía peruana para que se incluya también el delito de organización criminal por considerar que el tipo penal, según las leyes de España, requiere datos objetivos de la mecánica operativa por la banda criminal y la participación concreta de cada uno de sus integrantes.
Según el tribunal de España, se deben precisar más datos para que se pueda considerar el delito de organización criminal contra César Hinostroza, ya que no basta lo que dice la demanda de extradición.
El documento señala que la organización se extendía a «los ámbitos empresarial, judicial y fiscal» para gestionar nombramientos, ratificaciones y promociones «con la finalidad de gestionar intereses particulares, en el nombramiento, selección y calificación de magistrados, o en otros ámbitos administrativos del Estado como el Poder Judicial y que había empresarios que organizaban y pagaban almuerzos y reuniones».
