Con el pretexto de ampliar el aeropuerto «Alfredo Mendívil Duarte» de Ayacucho, se propone afectar el terreno destinado a la construcción del Santuario de la Memoria «La Hoyada» en Ayacucho, mutilando 17,379.56 metros cuadrados del área destinada a la construcción de este importante lugar de memoria.
La Superintendencia de Bienes Nacionales decidió afectar, sin consulta ni coordinación alguna y en plena pandemia, el terreno donde se encontraron los restos de más de 100 personas y un horno crematorio para incinerarlas.
Los familiares de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados y Desaparecidos (ANFASEP) reclamaron este terreno para la construcción de un Santuario de la Memoria, el mismo que se sitúa al lado del cuartel «Los Cabitos» de Ayacucho y de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Ayacucho. Es el lugar de la memoria más importante para las víctimas de la violencia y la población de Ayacucho.
Esta área, después de un largo proceso, fue adjudicada al Gobierno Regional de Ayacucho (GORE Ayacucho) para la construcción del Santuario de la Memoria «La Hoyada» en Ayacucho, declarándose Zona de Conservación y Protección mediante Ordenanza Regional N° 21-2013.
«La Hoyada» tiene ya una propuesta arquitectónica y actualmente se encuentra en desarrollo el proyecto para la ejecución de la obra con fondos proporcionados al GORE Ayacucho por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH).
Cabe recordar que el pasado 10 de octubre de 2019, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) autorizó la transferencia financiera de 400 mil nuevos soles al Gobierno Regional de Ayacucho, para la formulación y aprobación del expediente técnico del proyecto de construcción del Santuario de la Memoria «La Hoyada».
Este dispositivo, delegó a la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) la responsabilidad de velar por la ejecución de esta actividad, al considerarse la misma como una medida de reparación simbólica a favor de las víctimas del conflicto armado interno que azotó al país entre 1980 y el 2000.
Esta incomprensible y arbitraria decisión debe ser rectificada prontamente. Es absurdo que una parte del Estado apoye la asignación del terreno y su proyecto de construcción, y otra decida afectarlo.
