La Asociación de Exportadores (ADEX), se pronunció sobre la propuesta del nuevo régimen agrario aprobado por la Comisión Multipartidaria del Congreso de la República.
El gremio de los exportadores señaló que la promulgación y puesta en vigencia de esta norma, «pone en peligro el trabajo ya avanzado y tendrá un impacto negativo en el sector» y «consecuencia también en la generación de empleo, descentralización económica y en la recaudación de impuestos».
«Pone en riesgo 1 millón 236 mil empleos directos, indirectos e inducidos, creados en regiones como Ica, La Libertad, Piura, Lambayeque, Lima y Arequipa, por citar algunas. (Información del 2019)», precisó el comunicado.
Adex detalló que en el año 2000, solo el 10% de los trabajadores eran formales, ese porcentaje se incrementó a 25% el año pasado, «gracias a la apertura de mercados, trabajo de las empresas y la Ley de Promoción Agraria, ya derogada».
Rechazan incremento de remuneración mínima
Adex también se mostró en contra del incremento de la remuneración mínima agraria, porque -según señala- es un riesgo para la estabilidad de las pequeñas y medianas empresas que representan el más alto porcentaje dentro del total del sector.
«El perjuicio no es solo a las empresas agroindustriales, sino a todas las que integran la cadena: comerciantes de semillas, agroquímicos, envases y embalajes, certificadoras, empresas de logística y de transporte», precisaron.
Según los exportadores, el salario exigido «infligirá un daño irreparable a la economía de los pequeños productores», quienes trabajan de la mano de los agroindustriales mediante una serie de modalidades como la siembra por contrato.
«Preocupa que Perú ponga en riesgo su posición como proveedor confiable de alimentos al país y al extranjero, la diversificación de su oferta y mercados ganados al aprovechar los acuerdos comerciales vigentes y las inversiones de las empresas», precisaron.
Adex agregó que la llamada Ley de Promoción Agraria «Ley 27360», no era el problema, sino su mala aplicación por parte de empresas informales y la falta de fiscalización.
«La actividad agraria sostenible y moderna genera beneficios sociales y económicos, por lo tanto, es importante que el nuevo dispositivo mantenga un equilibrio que permita mejorar las condiciones laborales a los trabajadores y atraer a las inversiones a fin de generar más puestos de trabajo», finaliza el pronunciamiento.
