Ante la aparición de nuevas tecnologías y herramientas digitales que, si bien han significado una ventaja para la sociedad, también han posibilitado la aparición de los delitos informáticos, el Ministerio Público dispuso hoy la creación de una Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, con competencia nacional, que dependerá administrativa y funcionalmente de la Fiscalía de la Nación.
Esta unidad fiscal, que empezará a funcionar a partir del 15 de febrero de 2021, brindará un tratamiento especializado y un acompañamiento técnico a los fiscales en la indagación de los delitos informáticos –que se han incrementado en los últimos tiempos, especialmente durante la pandemia del COVID-19– y en casos en los que la obtención de prueba digital sea determinante para la investigación.
También deberá unificar criterios en los procedimientos y métodos de investigación en materia de ciberdelincuencia, promover la articulación entre el Ministerio Público y la Policía Nacional, coordinar con las redes internacionales (CiberRed, RedCoop, AIAMP), absolver consultas y emitir informes sobre la materia, entre otras funciones.
El Ministerio Público tomó esta decisión en virtud del informe emitido por la comisión encargada de evaluar la creación de una fiscalía piloto en esta materia y que consideró necesaria una Unidad Especializada en Ciberdelincuencia que dependa de la Fiscalía de la Nación.
De acuerdo con la resolución publicada en el diario oficial El Peruano, la nueva unidad estará a cargo de la fiscal superior titular del Distrito Fiscal de Lima, Aurora Castillo Fuerman; en tanto, los abogados Ana Gómez Palacios y Ángel Gonzales Farfán fueron nombrados fiscales adjuntos superiores provisionales del Distrito Fiscal de Lima adscritos a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia.
Cabe resaltar que la ciberdelincuencia es un fenómeno que quebranta la protección de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los sistemas, redes y datos informáticos, así como los derechos de las personas frente al abuso de estos.
En 2019, el Perú suscribió y ratificó el Convenio de Budapest o Convenio sobre la Ciberdelincuencia, con el cual asumió el compromiso de llevar adelante una lucha frontal y efectiva contra este delito y la necesidad de mantener una cooperación internacional en materia penal, la misma que debe ser materializada por el órgano persecutor del delito.
Según el reporte emitido por la Oficina de Racionalización y Estadística del Ministerio Público, entre el 2013 y julio de 2020 el 42% de los delitos informáticos fueron contra el patrimonio.
Y según un reporte de la Oficina de Análisis Estratégico contra la Criminalidad del Ministerio Público, los distritos fiscales con mayor incidencia delictiva son Lima, Lima Norte, Arequipa, Lima Este, La Libertad y Lambayeque.
