La Asociación Nacional de Periodistas del Perú deploró todas las acciones de acoso de las que vienen siendo víctimas corresponsales de prensa extranjera tras la segunda vuelta electoral que pone primer al candidato de Perú Libre, Pedro Castillo.
En un comunicado, la ANP señala que «de manera particular, expresamos nuestra solidaridad gremial con Jacqueline Fowks, corresponsal del diario El País (España) y Paola Ugaz, corresponsal del diario ABC (España) quienes están siendo blanco de discurso de odio y permanente hostilización».
«No es la primera vez que se organizan campañas de acoso y persecución contra la periodista Paola Ugaz. En más de una oportunidad, el columnista del diario Perú 21 Aldo Mariátegui, ha animado a la protesta masiva de la ciudadanía con el malsano propósito de lograr la cancelación laboral de la periodista», señala el pronunciamiento.
La ANP precisa que, en la fecha, tomaron conocimiento de la convocatoria, en Madrid, a un plantón en la sede del diario español para exigir la destitución de la corresponsal. «Esas prácticas no son legítimo derecho a la protesta, representan persecución», señala el comunicado.
«De igual manera, activistas fujimoristas hostigan de manera reiterada a la periodista Jacqueline Fowks. Han llegado al extremo de exponer su fotografía con un mensaje intimidante, emplazando a quienes se la encuentren en calle a ‘decirle lo que opinas de lo que escribe'», precisa el comunicado.
La ANP señala que en circunstancias de alta tensión política en el país dicho llamado, con una clara intención de identificación de la periodista, expone a riesgo, incluso, físico contra quien reportea en calle cotidianamente. «Con los ánimos exacerbados producto de un proceso electoral polarizante es temerario utilizar las redes para incitar a la violencia física o verbal y más cuando la periodista ya ha recibido amenazas que deberían ser investigadas con celeridad por la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (DIVINDAT) de la Policía Nacional del Perú (PNP)», concluye el comunicado.
La ANP insistió en la necesidad de que el Estado asuma su responsabilidad de garantizar la integridad física y el trabajo de quienes tienen labor de informar, tal cual prescribe el propio marco interamericano de libertad de expresión.
«El Estado no puede ser un mero observador, debe desplegar todos los recursos de los que dispone para proteger a los periodistas en su condición de defensores. Discursos estigmatizantes no deben tolerarse en una sociedad democrática. Lo hemos visto esta semana en Reino Unido, con el periodista de la BBC, Nick Watt, atacado por una turba irritada. Discurso del odio no es libertad de expresión. La democracia no debe normalizar esas prácticas», finalizó la ANP.
