En un comunicado, la ANP señala que «de manera particular, expresamos nuestra solidaridad gremial con Jacqueline Fowks, corresponsal del diario El País (España) y Paola Ugaz, corresponsal del diario ABC (España) quienes están siendo blanco de discurso de odio y permanente hostilización».

«No es la primera vez que se organizan campañas de acoso y persecución contra la periodista Paola Ugaz. En más de una oportunidad, el columnista del diario Perú 21 Aldo Mariátegui, ha animado a la protesta masiva de la ciudadanía con el malsano propósito de lograr la cancelación laboral de la periodista», señala el pronunciamiento.

La ANP precisa que, en la fecha, tomaron conocimiento de la convocatoria, en Madrid, a un plantón en la sede del diario español para exigir la destitución de la corresponsal. «Esas prácticas no son legítimo derecho a la protesta, representan persecución», señala el comunicado.

«De igual manera, activistas fujimoristas hostigan de manera reiterada a la periodista Jacqueline Fowks. Han llegado al extremo de exponer su fotografía con un mensaje intimidante, emplazando a quienes se la encuentren en calle a ‘decirle lo que opinas de lo que escribe'», precisa el comunicado.

La ANP señala que en circunstancias de alta tensión política en el país dicho llamado, con una clara intención de identificación de la periodista, expone a riesgo, incluso, físico contra quien reportea en calle cotidianamente. «Con los ánimos exacerbados producto de un proceso electoral polarizante es temerario utilizar las redes para incitar a la violencia física o verbal y más cuando la periodista ya ha recibido amenazas que deberían ser investigadas con celeridad por la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (DIVINDAT) de la Policía Nacional del Perú (PNP)», concluye el comunicado.

La ANP insistió en la necesidad de que el Estado asuma su responsabilidad de garantizar la integridad física y el trabajo de quienes tienen labor de informar, tal cual prescribe el propio marco interamericano de libertad de expresión.

«El Estado no puede ser un mero observador, debe desplegar todos los recursos de los que dispone para proteger a los periodistas en su condición de defensores. Discursos estigmatizantes no deben tolerarse en una sociedad democrática. Lo hemos visto esta semana en Reino Unido, con el periodista de la BBC, Nick Watt, atacado por una turba irritada. Discurso del odio no es libertad de expresión. La democracia no debe normalizar esas prácticas», finalizó la ANP.

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Por ello, a través de una carta dirigida al Ministerio de Salud (Minsa), la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) reiteró la “solicitud de vacunación a periodistas, fotoperiodistas, camarógrafos y otros trabajadores y trabajadoras de medios de comunicación”.

La ANP insiste en su pedido porque de la alta cifra de víctimas mortales, 79 se contagiaron en plena actividad o cobertura informativa, lo que expone su vulnerabilidad.

En ese sentido, el gremio expresó al ministerio que la situación “es catastrófica en el sector, especialmente en regiones”. El documento recoge que “el Perú es el segundo país en el mundo con más periodistas muertos por Covid solo detrás de Brasil”, razón por la que pone a consideración del Equipo de Expertos que hace el seguimiento al Plan Nacional de Vacunación la data documentada de cada caso para que pueda ponderar la gravedad de la situación.

Asimismo, la ANP recuerda que, en carta enviada el pasado 10 de febrero, expresó su sorpresa al constatar que no se integró al personal de medios entre los sectores esenciales del plan de vacunación. Al mismo tiempo reitera que, por razones propias de la actividad, quienes trabajan informando tienen alta exposición al riesgo de contagio y transmisión del virus.

“Desde la ANP, además, nos permitimos subrayar que otros países ya han priorizado a las y los periodistas en los procesos de vacunación en su condición de trabajadores/as esenciales”, expresa para luego reseñar los casos de EEUU (estados de Colorado y Virginia), Brasil (estado de Alagoas), Somalia, Zimbabwe, Indonesia y Chile, que ya integraron al sector de medios entre los grupos prioritarios para recibir la vacuna. “Y hay solicitudes en curso en México, Argentina, Brasil, Uruguay y República Dominicana”.

Pronunciamiento de la ANP

La misiva refiere también que “la Federación Internacional de Periodistas, organización global que representa a más de 600 mil periodistas en 150 países, ha cursado comunicación a su ministerio, de fecha 23 de febrero del año en curso, solicitando atender la necesidad de incluir dentro de los grupos prioritarios a quienes, desde el inicio la pandemia, se encuentran desempeñando labores esenciales, prioritarias y estratégicas”.

“La ANP, y sus 109 filiales provinciales, al igual que otras organizaciones gremiales y profesionales del sector hemos expresado nuestra voluntad de articular con las Direcciones Regionales de Salud en todo el territorio patrio para llevar adelante el proceso de manera concertada”.

Por último, resalta que la enfermedad o muerte de un periodista no solo se traduce en un momento de dolor para la familia y el gremio, ya que también perjudica el derecho a la información de la ciudadanía.

“Así como el Estado nos ha denominado servicio esencial en un contexto de pandemia, demandamos también que nos consideren como servicio esencial cuando se trata de proteger la vida y salud de quienes tienen la responsabilidad de informar”.

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El caso Uchuraccay fue admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2010, y en esa instancia los familiares han solicitado que el Estado reconozca su responsabilidad en el crimen al no garantizar el acceso a la justicia ya que las autoridades policiales, judiciales no investigaron debidamente la participación de los integrantes de las fuerzas de seguridad y militares, entre otras irregularidades existentes en los procesos penales.

https://youtu.be/iBZ0MdLUA-Y

A dicho pedido se han sumado más de un centenar de periodistas de todo el país que se unieron al reclamo por justicia para los Mártires de Uchuraccay.

Con una fuerte campaña de clictivismo, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) ha hecho presente el reclamo por la deuda de justicia existente desde el asesinato de los Mártires de Uchuraccay.

Este 26 de enero, la ANP estrenó el documental «Uchuraccay: ir donde está el silencio» que recoge las conclusiones de las investigaciones que se han hecho sobre el caso (Comisión Vargas Llosa, Comisión de la Verdad y la Reconciliación y el propio proceso en tribunales peruanos) y plantea preguntas que para los periodistas y familiares aún están pendientes de resolver. En horas de la noche, la ANP Huamanga realizó una ceremonia virtual con presencia de los familiares de los mártires.

Este año, por razones sanitarias, no fue posible realizar la Ruta por la Paz y la Reconciliación Nacional. Periodistas huamanguinos y huantinos responsablemente tomaron la decisión de no poner en riesgo de contagio a los pobladores de Uchuraccay. 

El caso Uchuraccay fue el primer mayor crimen colectivo contra periodistas en el mundo. Jorge Sedano Falcón (Diario La República), Eduardo de la Piniella Palao (El Diario de Marka), Willy Retto Torres (Diario El Observador), Pedro Sánchez Gavidia (El Diario de Marka), Amador García Yanque (Semanario Oiga), Jorge Luis Mendivil Trelles (Diario El Observador), Félix Gavilán Huamán (El Diario de Marka), Octavio Infante García (Diario Panorama de Huamanga), el guía Juan Argumedo García y el comunero Severino Huáscar fueron cruelmente asesinados el 26 de enero de 1983.

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