Como se recuerda el peruano fue apodado “el cortanalgas” y luego que un tribunal ordenó su detención este fugó a nuestro país, donde fue de nuevo recapturado y trasladado a los Estados Unidos.

Según informó The Washington Post, este admitió dos cargos, cada uno por lesiones dolosas, contra dos mujeres a quienes ocasionó heridas en las nalgas en ataques consecutivos el 2011.

Ahora, Guillén Pimentel, deberá afrontar cargos con penas de hasta siete años de prisión, pero se retiraron otros cinco cargos adicionales. El juicio en su contra empezaría en setiembre.

Durante el juicio, ni los fiscales ni los abogados, dieron explicación del porqué de los ataques pero se sospecha de una desviación psicosexual del acusado.

El hermano del acusado, ha dicho a The Washington Post que Guillén Pimentel trabajó como jornalero en los Estados Unidos y tiene un hijo pequeño.

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Junto a Santos, otros seis funcionarios de esa entidad son investigados por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado doloso, peculado de uso y malversación de fondos en agravio del Estado, al encontrarse indicios del uso de recursos del Gobierno Regional de Cajamarca para financiar actividades políticas vinculadas al paro regional del 9 de noviembre de 2011.

La investigación fiscal se produce como consecuencia de la investigación preliminar, iniciada el 19 de diciembre de 2011 por la Policía Nacional, con la finalidad de obtener los elementos de convicción.

De acuerdo a la investigación fiscal, se encontró indicios de que se usaron recursos del proyecto “Mejora de la Calidad Educativa”, ascendentes a 46 mil setenta nuevos soles, para financiar el paro regional, al contratar facilitadores y coordinadores que participaron en el mencionado evento.

Se detectó incongruencias cronológicas en el proceso de contratación y en el pago del personal. Además, se observó la contratación de personas que no reunían los requisitos exigidos en los términos de referencia. Fueron contratadas 15 personas, quienes percibieron entre 2500 y 3000 soles cada uno.

NO PODRÁ SALIR DE CAJAMARCA. La investigación está a cargo del fiscal provincial Manuel Benjamín Gonzáles Pisfil, integrante de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Cajamarca, quien dispuso comparecencia restrictiva para los investigados, en razón de la gravedad de los hechos, por lo que solicitó que se imponga la restricción de no ausentarse de la localidad en que residen (Cajamarca).

Asimismo, el representante del Ministerio Público solicitó la prestación de una caución económica ascendente a 15 mil nuevos soles a cada uno de los imputados, en base al inciso 4 del Art. 288º del Código Procesal Penal.

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