Karp escribió en su cuenta Facebook que la mediatización excesiva de un tema que se encuentra en investigación preliminar en la Fiscalía, es un hecho que “rompe con el estado de derecho y la protección a los derechos individuales de las personas, tal como estipula las Naciones Unidas”.

Como se recuerda Toledo es investigado por el Ministerio Público y ya fue citado para responder por la compra de inmuebles por parte de su suegra Eva Fernenbug, a través de la empresa Ecoteva y un aval de Josef Maiman en Costa Rica.

“Toda persona tiene derecho a la presunción de su inocencia y debe exigir por parte de las autoridades legales un análisis serio y profesional de los datos presentados. Este análisis, esta siendo comprometido hoy y puede influir negativamente sobre la necesaria imparcialidad y serenidad que necesitan las autoridades competentes”, remarcó Karp.

Añadió que un expediente judicial en proceso, “no puede ni debe estar en las manos de personas ajenas” porque -a su criterio- “representa una ruptura del buen procedimiento hacia el respeto a los derechos humanos”.

Karp dijo en otro momento que, en todos los foros, se resalta la separación de poderes como una condición necesaria a la implementación de una democracia justa, que funcione igualmente para todos.

“El Poder Judicial debe mantenerse fuera de toda influencia política, partidaria e ideológica. Ojalá, tengamos esto en el Perú ! Esto es democracia incluyente, el respeto a la condición humana y la defensa de su verdad sin presiones”, concluyó.

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Como se recuerda la sala presidida por el citado magistrado rebajó las penas a miembros del grupo Colina y retiró la denominación de lesa humanidad a la matanza en Barrios Altos.

Villa Stein subrayó sin embargo que la sentencia del despacho a su cargo “está perfectamente adecuada a todos los estándares internacionales y territoriales”.

“No favorece al grupo Colina, le coloca las penas que corresponden, es una sentencia muy bien hecha. La sala que presido aplicó a cabalidad las recomendaciones que la Corte IDH dio sobre el Caso Barrios Altos en marzo del 2001”, refirió en diálogo con el programa “La Hora N”.

Señaló además que la acción de amparo interpuesta por el primer ministro, Juan Jiménez Mayor, y la ministra de Justicia, Eda Rivas, al cuestionado fallo pro Colina “es ilegal e inconstitucional”, pues no cabe un recurso de ese tipo “del Estado sobre el mismo Estado”. Según apuntó, Jiménez y Rivas se olvidaron de la división de poderes.

“En el ámbito territorial no se ha podido afectar la independencia de los jueces. El Ejecutivo no pudo imponer su voluntad y se ha valió de una corte internacional para avasallar al Poder Judicial”, remarcó.

El vocal consideró que la Corte de San José cometió una intromisión inaceptable al pedir en su resolución “se declare fundado” el amparo contra el fallo a favor de Colina. No obstante, manifestó que debe respetarse lo establecido por el tribunal internacional, aunque habrá consecuencias políticas y jurídicas contra el Ejecutivo.

“No no me arrepiento ni me rectifico de cosas que estén bien hechas. La intromisión es un precedente nefasto y tendrá implicancias. Ante la posibilidad de volver a emitir el fallo solo diría ‘tendría que pensarlo’”, concluyó.

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