Sin embargo, Polay no se resigna a su situación y ha presentado una demanda contra el Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alegando que la Fiscalía no investigó actos de tortura y vulneración de sus derechos en los penales donde estuvo recluido.

Es importante precisar que la CIDH ha sido clave en el respeto a los derechos humanos de peruanos durante la actuación irregular de gobernantes como Alberto Fujimori, así como contra organizaciones terroristas.

¿Tiene razón Polay? ¿Es víctima de una injusticia? ¿O se trata de un intento más de manipular a la opinión pública y buscar beneficios penitenciarios? Aquí te damos cinco razones para rechazar la demanda del emerretista y recordar quién es realmente este personaje, como parte de un video elaborado por nuestro director Antonio Manco.

1. Se fugó de un penal por un túnel y fue recapturado
   El 9 de julio de 1990, con ayuda económica y política, Polay escapó por un túnel del Penal Miguel Castro Castro con 47 emerretistas. Esta fuga fue considerada como una humillación para el gobierno de Alan García y una muestra de la audacia y el poder del MRTA. Sin embargo, la libertad de Polay duró poco. El 9 de junio de 1992, fue recapturado por el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) en una casa de Surquillo, junto con otros tres terroristas. En su poder se encontraron armas, explosivos y documentos del MRTA.

2. Durante su recaptura dijo “No me arrepiento de nada” y además lanzó una amenaza.
   Cuando fue presentado ante la prensa, el terrorista dijo que no estaba arrepentido de los crímenes que había cometido, pero añadió que ni la cadena perpetua apagaría su lucha. Además, lanzó una amenaza al entonces presidente Alberto Fujimori: “No se crea que ha acabado con el MRTA”. Estas declaraciones demostraron que Polay no tenía ningún remordimiento ni respeto por las leyes y las instituciones democráticas. Por el contrario, mostró su fanatismo ideológico y su desprecio por la vida humana.

3. Fue internado en un penal de máxima seguridad pues podía fugar de nuevo.
   Polay fue recluido en el Penal de máxima seguridad de Yanamayo en Puno, donde debía cumplir su condena bajo un régimen especial de aislamiento. Esta medida era lógica y necesaria, considerando el riesgo de fuga y la peligrosidad del reo. Sin embargo, Polay se quejó de que este régimen violaba sus derechos humanos y afectaba su salud física y mental. Incluso llegó a realizar varias huelgas de hambre para exigir mejores condiciones carcelarias. Hoy en día, este régimen cerrado es legal para los reos de alta peligrosidad, según lo establece el Decreto Legislativo N° 1300, promulgado en 2017.

4. Polay reapareció en 2003 y pidió perdón pero justificó su lucha armada.
   En junio del 2003, Polay reapareció ante la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que investigaba los hechos ocurridos durante el conflicto armado interno. En su testimonio, el terrorista pidió perdón a sus víctimas, pero incluyó en la misma bolsa a los terroristas caídos. Además, insistió en justificar los actos terroristas del MRTA como una respuesta a la “exclusión social” y al “autoritarismo” del Estado. Asimismo, negó haber participado directamente en atentados o secuestros, pese a las evidencias en su contra.

5. Polay ya presentó una queja ante el consejo de DDHH de la ONU y la CIDH y esta fue rechazada en 2010
   No es la primera vez que Polay se queja ante organismos internacionales. Ya lo hizo en 2010 ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la CIDH, en ambos casos rechazaron sus demandas. En el caso de la ONU, el Comité de Derechos Humanos consideró que no había pruebas suficientes para sustentar las acusaciones de tortura y maltrato. En el caso de la CIDH, el organismo declaró inadmisible la petición de Polay por no haber agotado los recursos internos.

Estas son solo algunas de las razones para rechazar la demanda de Polay y recordar su verdadero rostro. Un rostro que no merece ninguna consideración ni compasión, sino el repudio y el olvido de todos los peruanos.

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Junto a representantes del Estado peruano, explicó la política aplicada por el gobierno en la reunión de trabajo solicitada por diversas organizaciones sociales que buscan el otorgamiento de una medida cautelar destinada a suspender elproyecto minero Conga.

La sesión se prolongó por más de una hora, y en ella, la delegación, peruana absolvió las dudas sobre el proyecto a los integrantes de la CIDH.

Durante el encuentro, el titular de Justicia destacó que existen puntos de consenso, como la no violencia y el desarrollo económico y social en la región Cajamarca.

“Esperamos que quienes lideran la oposición al proyecto se conduzcan bajo el pleno respeto de los derechos humanos de la población de Cajamarca y permitan el desarrollo de la región”, afirmó.

En declaraciones a los medios en Washington, aseguró que existe un compromiso del Estado peruano con el cuidado de los recursos hídricos del país y el desarrollo de una minería responsable, en armonía con las poblaciones involucradas en los proyectos mineros.

El viceministro de Interculturalidad, a su vez, destacó el proceso de diálogo, participación e información que se llevó a cabo y que acompañó al estudio de impacto ambiental del proyecto Conga a través de talleres informativos, audiencias públicas, así como otros mecanismos de participación ciudadana, lo que se dio en el marco legal entonces vigente.

Enfatizó el hecho que el Perú viene haciendo esfuerzos importantes para el desarrollo de la consulta previa, para lo cual ha aprobado la primera ley en el mundo en esta materia, lo cual fue felicitado, en su momento, por la CIDH.

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Y es que la Comisión presentó ante la Corte IDH el informe de fondo del Caso N°11.769, J., Perú. La identidad de la víctima fue guardada en reserva a solicitud de la parte peticionaria.

Sin embargo, fuentes de alto nivel confirmaron a Correo que la presunta víctima no sería otra que la sindicada como terrorista de Sendero Luminoso Feria Tinta, quien demandó al Perú por su detención en 1992.

Según la procesada por terrorismo, el Estado Peruano violó sus derechos al detenerla, mantenerla recluida, haber declarado nula su absolución en 1993 y haber ordenado procesarla en un nuevo juicio oral; además de ordenar su captura internacional en el 2008. Ello a pesar de que el Estado alegó que el caso no era de competencia de la CIDH por no haber agotado el ámbito interno peruano.

EXIGENCIAS. Según el informe de fondo, se dispone que la Corte cumpla con cinco recomendaciones a favor de la presunta subversiva. La primera es «que se disponga la reparación integral a favor de Feria Tinta por las violaciones de derechos humanos declaradas en el presente Informe. Esta reparación debe incluir tanto el aspecto material como moral».

Asimismo, establece que se investigue «de manera imparcial, efectiva y dentro de un plazo razonable con el objeto de esclarecer los hechos violatorios de la Convención Americana, identificar a los autores intelectuales y materiales e imponer las sanciones que correspondan».

Agrega que «se deje sin efecto toda manifestación del ejercicio del poder punitivo del Estado contra Feria Tinta, en la cual persistan los vicios procesales del juzgamiento llevado a cabo en 1992 y 1993 y que generaron las violaciones a la Convención Americana».

Y se señala que el Estado debe asegurar que no se lleve a cabo ningún proceso contra Feria «que tenga como sustento las pruebas obtenidas de manera ilegal y arbitraria en los términos declarados en el presente informe de fondo».

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Sostuvo que en el TC “perderá seguramente”, pero tiene la vía abierta para acudir al Sistema Interamericano, y “allí es donde creo que hay que estar protegido”.

De acuerdo al marco jurídico, dijo que ese grupo puede agotar todas las instancias internas, apelando la resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que rechazó su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), y luego acudir a instancias externas.

Conforme a los plazos, indicó que el Movadef tiene hasta el 27 de enero para apelar y, ante ello, refirió que el pleno del JNE deberá ratificar la resolución del ROP “en la medida que ha cumplido con los elementos que el mismo pleno ha solicitado”.

Por ello, el analista recomendó a las autoridades que respeten el debido proceso al analizar el caso del Movadef para que no haya posibilidad alguna de cuestionar el tema de los procedimientos regulares.

Asimismo, destacó “la honestidad” del presidente del JNE, Hugo Sivina, en torno a este caso, pero al mismo tiempo, no dejó de sorprenderle el hecho de que el magistrado se inhiba de participar en la evaluación del caso Movadef, bajo el argumento de haber sido víctima del terrorismo y que eso podría distorsionar su criterio.

Según explicó a través de Ideele Radio, la verificación de firmas ciudadanas, necesarias para la inscripción de un grupo político, es un proceso complejo que toma tiempo y requiere expertos en grafotécnica.

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En consecuencia, dice el exministro, el Estado Peruano tiene que respaldarlos, pues no cabe ninguna responsabilidad penal sobre ellos, como ha sugerido la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

«El Estado Peruano no sólo deberá defender a los comandos Chavín de Huántar; también se deberá defender a los magistrados de la Corte Suprema y a los magistrados militares que sobreseyeron la causa; todos ellos han actuado de acuerdo a la ley», sentenció.

En ese sentido, reiteró que la posición del gobierno debe ser «no reabrir procesos fenecidos y que además ya tienen el carácter de cosa juzgada».

Por ello, dijo que «el Estado, sin ser timorato y sin adoptar posiciones medrosas, debe defender a sus comandos y a su magistrados judiciales y castrenses».

POSICIÓN BLANDENGUE. Marcos Ibazeta, expresidente de la Corte Superior de Lima, sugirió al gobierno revisar toda postura débil y emprender una acción política a través del derecho internacional para defender también a los jueces del caso «Chavín de Huántar».

«No podemos estar toda la vida con una posición blandengue, allanarse a todo y pensar que todo lo que dice la Corte IDH está bien», manifestó.

A su juicio, el gobierno está en el camino correcto al anunciar que promoverá reformas en esa instancia.

Sin embargo, agrega, de nada valdrá esto si el Estado «continúa infiltrado» por la misma gente que «nos ha puesto de rodillas y que ha permitido que nos manoseen como país».

En esa línea, le parece una acertada decisión del Ministerio de Justicia haber separado al abogado César Azabache del cargo de agente peruano ante la Corte IDH.

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