Como se recuerda el Conare rechazó otorgarle refugio a Belaunde Lossio en Bolivia ante lo cual el Estado Peruano y sus abogados tramitó su expulsión y extradición, a fin de que responda ante la justicia peruana por una serie de acusaciones.

Duro golpe al Perú. #MartinBelaunde gana batalla en TSJ de Bolivia y su expulsión es poco probable. Gracias procurador

— Antonio Manco (@antoniomanco) marzo 27, 2015

La resolución de la Primera Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia La Paz, a favor de Martín Belaunde Lossio, dispone la anulación de las resoluciones de Conare que le negaron a Belaunde Lossio la condición de perseguido político.

De esta manera la resolución le devuelve a Belaunde Lossio el argumento para presentarse como un perseguido político ante la justicia boliviana. Además este vuelve a encontrarse bajo la protección de la legislación sobre personas refugiadas.

OPINA SU ABOGADO. Esta tarde, el abogado de Martín Belaunde Lossio, Jorge Valda, dijo que el mencionado tribunal ha resuelto que las sentencias de la Conare no tienen sustento jurídico ni constitucional, y solicita que analice las pruebas.

En declaraciones a la radioemisora peruana RPP, Jorge Valda dijo que Belaunde Lossio tiene ahora nuevamente calidad de refugiado. «No puede ser expulsado, ni extraditado y no puede estar detenido», señaló abogado. En este sentido, dijo que pedirá al Poder Judicial que se levante el arresto domiciliario que pesa sobre Martín Belaunde Lossio.

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Según el diario La Prensa de Bolivia, de esta manera se evitaría que el polémico personaje y exasesor de Ollanta Humala -con orden de captura- pase a manos de la justicia peruana o se quede en Bolivia con posibilidades de ser expulsado.

El matutino añadió que este pedido fue hecho en la reunión que sostuvieron representantes de los ministerios de Relaciones Exteriores, Gobierno y Justicia, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Pastoral de Movilidad Humana de la Iglesia Católica en el país.

Se informó de manera extraoficial que la irregularidad en su ingreso, que fue observada por el presidente Evo Morales, ha promovido está medida, aunque se conoció también que, pese a esta observación, el empresario cuenta aún de la protección del Estado, mientras la Conare no se manifieste sobre este hecho.

Además, se recordó que la solicitud de refugio fue ratificada y registrada ayer, solicitud que la Conare deberá responder en un plazo de 120 días, tiempo durante el que el impetrante no puede ser expulsado ni extraditado.

La Secretaría Técnica de la Conare, la institución emitirá un informe recomendando dar o negar el refugio, el que es remitido a los titulares de esta institución, para que resuelvan si otorgan el beneficio.

En el caso de que sea denegado, el solicitante tiene 15 días hábiles para apelar y la respuesta también se debe entregar en el mismo plazo. En caso de ser rechazada la apelación, el solicitante deberá abandonar el país en un plazo de máximo 30 días y buscar un tercer país.

Fuentes de la Dirección de Migración de Bolivia -según la Prensa- señalaron que la irregularidad que cometió Belaunde Lossio no es un delito y de acuerdo con la Ley de Migración 370, su situación puede regularizarse.

Además –de acuerdo con el reglamento de la misma Ley– se establece que las sanciones o infracciones no se aplica a refugiados o solicitantes de refugio, lo que no viabiliza su extradición u otro pedido en tanto la Conare no resuelva el caso.

En tanto, fuentes políticas señalaron que hay buenas posibilidades de que el empresario goce de refugio en Bolivia por la relación diplomática que hay entre Bolivia y Perú, empero que esa misma relación obliga a Bolivia devolver a Belaunde a su país de origen si un juez boliviano da visto bueno a la extradición exigida por Perú.

Además recordaron que entre agosto y septiembre de 2010 los bolivianos Luis Alberto Valle y Guillermo Fortún fueron deportados del Perú por supuestos malos manejos de fondos públicos.

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Hoy la jefa de Comunicación de la Cancillería boliviana, Sagrario Urgel, dijo que la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) evalúa el tema aunque evitó dar detalles a la prensa peruana.

El prófugo empresario es acusado por varios delitos de presunta corrupción, y la semana pasada se conoció que pidió refugio en Bolivia.

En declaraciones a la prensa, Urgel refirió que no puede divulgar información sobre la situación del exasesor de campaña del presidente Ollanta Humala, pues existe “el principio de confidencialidad”.

Sostuvo que la situación de Belaunde Lossio en Bolivia será resuelta por el Conare. “El Conare actuará con consecuencia”, agregó

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Como se recurda Belaunde Lossio salió del Perú cuando ya tenía orden de captura internacional para responder a requerimientos judiciales como el caso La Centralita, corrupción en Ancash, caso Orellana, etc.

César Siles, titular del Consejo Nacional del Refugiados de la Cancillería de Bolivia, dijo que entre el lunes 5 y martes 6 de enero se presentará ante esta dependencia el prófugo empresario.

El funcionario boliviano señaló que Belaunde Lossio dejó en el expediente de su solicitud de refugio el domicilio donde se está hospedando en su país, según un diario local. Siles explicó que, de acuerdo a la legislación boliviana, el Conare tiene seis meses para resolver el caso. 

“Estamos calculando para junio del próximo año. Sin embargo, somos un poco más rápidos que el plazo máximo y después de tomarles su entrevista y recabar alguna documentación más, ya vamos a convocar a una reunión ordinaria de Conare en enero o febrero a más tardar”, comentó.

El funcionario boliviano indicó que fue el propio Belaunde Lossio quien se acercó el pasado 15 de diciembre a pedir refugio. ¿Podría ser detenido por la policía o sería protegido por estar tramitando beneficio?

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En declaraciones a la prensa desde el Congreso, precisó que su sector recibió a un dirigente regional de la organización Conare a solicitud del presidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), Salvador Piñeiro.

«Hubo una reunión con la dirigencia para que hicieran su deslinde (con el terrorismo). Finalmente no hubo deslinde, así que no hay diálogo«, remarcó.

En nota de prensa, el Minedu informó además que el encuentro que tuvo el asesor de ese sector José Velásquez buscó «un deslinde claro y abierto con las posiciones de Movadef y Sendero Luminoso”.

Velásquez precisó que durante la reunión con Edy Camones, representante de Ayacucho y con otros miembros del Conare, se les expresó que no se mantendrá ningún diálogo con aquellas personas que estén vinculadas a acciones violentistas y que no impulsen el reinicio de clases de inmediato en las instituciones educativas.

Asimismo, Velásquez expresó que la representante de Ayacucho engañó a monseñor Salvador Piñeiro y a otras autoridades, a quienes utilizó como interlocutores para solicitar el diálogo, diciéndoles que no pertenecía a la facción del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef).

“Cuando vienen diciendo que no son parte del Movadef, ni de ninguna otra facción violentista, nosotros no les creemos y acudimos a la información existente. Yo tengo información que la señora Edy Camones, quien ha salido a decir por todos lados que no tiene nada que ver con el Movadef, firma un comunicado junto al dirigente del Conare, Efraín Condori, en el que piden que el movimiento pro-senderista sea reconocido como movimiento político”, precisó el asesor.

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Como se recuerda hoy el procurador del Minedu, José Antonio Sánchez Romero, denunció penalmente al dirigente de dicha facción Efraín Condori por delito Contra la Tranquilidad Pública y Disturbios en Agravio del Estado.

Las imágenes muestran a una mujer pinchando las llantas de los vehículos estacionados en la periferia de la sede ministerial. Según informaron a Correo algunos trabajadores de dicho ministerio, los docentes radicales les impidieron desplazarse el pasado martes.

Además algunos funcionarios y trabajadores fueron agredidos el pasado martes durante la protesta desmedida del ala radical de profesores que estarían vinculados al movimiento prosenderista Movadef.

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Según el diario Correo, hasta el lugar llegó la Policía pero no desalojó al numeroso grupo de personas.

Se informó que al interior un promedio de 2,200 empleados permanecían retenidas. «Por la mañana lanzaron unas llantas al estacionamiento con el fin de incendiarlas«, dijo un trabajador a Correo.

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