En adelanto de fallo y de manera unánime, el Juzgado Colegiado Penal Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao emitió la condena que marca un precedente para los responsables de crímenes contra mujeres.

El tribunal del Poder Judicial del Callao, integrado por los magistrados Gino Delzo Livias (presidente), Gladys Díaz Durand y Juan Sánchez Córdova, los condenó por haber asesinado a Rodríguez Aybar el 23 de agosto de 2016, en un departamento ubicado en la avenida Colonial (Callao).

Se determinó que luego de una gresca, Aguirre Concha golpeó a Solsiret con un objeto contundente en la cabeza, causándole la muerte. Kevin Villanueva fue quien cercenó y desmembró el cuerpo. Limpiaron la escena del crimen (baño y cuarto principal) y los restos fueron llevados a la casa de Andrea ubicada en el Rímac. Además, contrataron un servicio de cambio del piso alfombrado para ocultar el sangrado.

Asimismo, deberán pagar la suma de S/ 80,000.00 mil soles como concepto de reparación civil a favor de los herederos legales de la parte agraviada.

Complicidad

Asimismo, el Colegiado sentenció a 3 años y 8 meses de pena efectiva a Byran Villanueva (ex pareja y padres de los hijos de Solsiret) y a su madre Yolanda Castillo García, por ser coautores del delito contra la administración de justicia en la modalidad de encubrimiento real (figura básica).

Bryan se enteró del crimen y evitó la búsqueda de Solsiret, mientras que Yolanda cooperó en la remodelación del piso alfombrado.

Ellos deberán pagar la suma de S/ 6,000.00 mil soles a favor del Estado peruano.La lectura íntegra de la sentencia se realizará el 15 de junio a las 9:00 a.m.

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El cantante fue condenado por los delitos de agresiones en contra de la mujer y violación sexual en agravio de Dalia Duran Gómez, su entonces esposa, quein hizo la denuncia pública.

John Kelvin deberá además pagar la suma de 10 mil soles por concepto de reparación civil en favor de la agraviada y la obligatoriedad para el sentenciado de asistir a una terapia.

El fiscal adjunto Reynaldo Junior Elías Cantafio sustentó con medios probatorios la culpabilidad del imputado.

Los hechos

En julio de 2021, el cantante fue denunciado por haber agredido a Dalia Durán en el interior del departamento de ella, ubicado en el distrito de San Miguel. John Kelvin tenía una restricción judicial que le impedía acercarse a su esposa, luego de que esta lo denunciara por maltrato psicológico.

Sarmiento Llanto fue detenido por la Policía Nacional y durante su declaración aseguró que Dalia Durán le golpeó en el pecho tras intentar lastimarlo con un cuchillo y que luego se “autolesionó”.

Dalia Durán amplió su denuncia contra el cantante por violación, pues, según aseguró, además de agredirla físicamente la ultrajó.

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El procurador anticorrupción Javier Pacheco reveló que el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) aún debe al Estado peruano S/ 51 millones de reparación civil por tres casos en los cuales ya ha sido sentenciado por el Poder Judicial.

Detalló que dicho monto corresponde a las indemnizaciones por el allanamiento irregular a la vivienda de Vladimiro Montesinos, la compra irregular de Cable Canal y el pago de la CTS a su exasesor.

“Fujimori ha sido sentenciado y tiene como agraviado al Estado por tres hechos: el tema del allanamiento irregular, la compra irregular de Cable Canal y el pago de la CTS a Vladimiro Montesinos. Por esos tres hechos Fujimori adeuda al Estado 51 millones de soles aproximadamente”, expresó.

Respecto a una supuesta incautación de su pensión como expresidente, Pacheco calificó dicha versión de “completamente falsa”, pues desde que se fugó del país a Japón en noviembre del 2000, no realizó ningún trámite para obtenerla.

“Lo que ha sucedido es que la pensión tiene que ser tramitada por él y desde que se fugó del país no ha tramitado esta pensión tanto como exdocente de la Universidad Agraria, como su pensión en el Congreso como expresidente”, subrayó.

“Si él la tramitase, inmediatamente esa pensión va a ser embargada. Al día de hoy sumaria aproximadamente unos 5 millones de soles”, añadió al precisar que hasta el día de hoy, Alberto Fujimori no registra ningún bien o propiedad a su nombre que pueda ser embargada para ejecutar la reparación civil.+

“Nosotros estamos atentos y pendientes a cualquier acción porque ya se ha revisado en todo el ámbito respecto a los bienes o propiedades que pueda tener para ejecutar un embargo, sin embargo no se ha encontrado ningún bien”, sentenció.

Como se recuerda, el TC aceptó la ponencia de Ernesto Blume, quien planteaba declarar fundado el recurso y con ello se deje sin efecto la anulación del indulto a favor de Alberto Fujimori. La votación fue tres a favor y tres en contra, con el voto de su presidente, Augusto Ferrero, como dirimente a favor del hábeas corpus.

En este caso dicho recurso de habeas corpus fue interpuesto por Gregorio Parco Alarcón contra la resolución de la Corte Suprema de Justicia, que dejó sin efecto el indulto humanitario.

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González Cruz, cuya lectura de sentencia será el 19 de enero, ha sido sometido a cuatro años de inhabilitación, que consiste en la privación de la función, cargo o comisión que ejercía, aunque provenga de elección popular; así como a la incapacidad o impedimento para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público.

Durante el juicio, el fiscal adjunto provincial Javier Idrogo Rodríguez acreditó que el acusado concertó con sus coacusados, exfuncionarios actualmente condenados, para defraudar a la municipalidad de Querocotillo.

El representante del Ministerio Público comprobó que en el año 2013 se convocó al proceso de Adjudicación Directa Selectiva 1-2013-CEP/MDQ, para contratar la ejecución de la obra «Construcción de Trocha Carrozable Santa Rosa-Barbas y Ramal-Tayme Ñule, Mejoramiento del Tramo Santa Rosa-Pati Pampa, Querocotillo-Cutervo”, y para ello se utilizó un expediente técnico de otra obra.

Asimismo, las bases administrativas exigían requisitos demasiados específicos y no acordes con la naturaleza de la obra, como era la participación de un Gerente de Obras, la exigencia de una carrera técnica inexistente, como Técnico en Construcción y Topografía, entre otros.

Además, se admitió la participación del Consorcio Tayme, en calidad de micro y pequeña empresa, cuando no le correspondía, porque a la fecha de presentación de las propuestas no se encontraba acreditado como tal.

También se otorgó la buena pro de la obra al Consorcio Tayme, pese a que una de las empresas que lo integraba, como era Chocoypico SRL, tenía como socio al acusado Juan Mesías Saavedra Salazar, quien estaba impedido de contratar con el Estado, porque tenía el cargo de teniente alcalde de Querocotillo.

Asimismo, para la firma del contrato de obra se exoneró al Consorcio Tayme de la presentación de la Garantía de Fiel Cumplimiento y no se le exigió la presentación del calendario de avance de obra valorizado, y el calendario de adquisición de materiales.

Igualmente, el acusado Elvis Cubas Pérez, en calidad de representante del Consorcio Tayme, presentó documentos falsos en su propuesta técnica, como certificados de experiencia laboral y títulos de carreras técnicas, e incorporó profesionales que nunca presentaron su consentimiento para participar en el proceso de selección.

Es preciso señalar que anteriormente fueron sentenciados Miguel Pereyra Rojas, Rolando Durand De la Cruz y Luis Díaz Rojas, a tres años con cinco meses de pena privativa suspendida por el período de prueba de dos años.

Asimismo, Elvis Cubas Pérez y Juan Saavedra Salazar fueron condenados a dos años con seis meses y 25 días, en tanto que Wilmer Fernández Cubas fue sentenciado a cuatro años de prisión convertida a 206 jornadas de servicios comunitarios.

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Así lo estima el fiscal José Domingo Pérez, según se lee en el expediente dirigido al Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, el integrante del equipo especial Lava Jato llegó a esta conclusión al hacer la sumatoria de posibles penas que cumpliría la excandidata presidencial.

Recientemente, Pérez Gómez amplió la investigación preparatoria contra Fujimori Higuchi por lavado de activos e incluyó nuevos delitos como organización criminal, asociación ilícita para delinquir, falsedad genérica, falsa declaración en procedimiento administrativo y fraude procesal.

Por ello, el fiscal provincial ha solicitado nuevamente prisión preventiva en un pedido que incorpora nuevos elementos como pruebas y las recientes declaraciones de Jorge Yoshiyama Sasaki, del empresario Antonio Camayo, vinculado al caso ‘Cuellos Blancos del Puerto’ y las del ex presidente del Congreso, Daniel Salaverry, testimonios que respaldan la tesis fiscal de que Keiko Fujimori conocía de los aportes de Odebrecht a su campaña presidencial en 2011 y que además buscó obstruir la justicia.

Por ello, para el fiscal Pérez Gómez resulta necesario que se le imponga nuevamente un mandato de prisión preventiva por 36 meses a fin de garantizar su permanencia en lo que resta del proceso hasta conseguir una sentencia.

El jueves 26 de diciembre, Keiko Fujimori enfrentará una nueva audiencia de prisión preventiva a poco menos de un mes de haber sido liberada por un fallo del Tribunal Constitucional, tras permanecer en prisión por más de un año en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos.

Si bien el Tribunal Constitucional anuló vía una acción de hábeas corpus el mandato de prisión preventiva que se le impuso, así como la confirmación de esta medida y su reducción a 18 meses, “no dejó sin efecto” el pedido fiscal de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular que en estos momentos se mantiene vigente.

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De esta manera los violentistas no irán a prisión sino sólo deberán de cumplir ciertas normas. Solo dos de ellos deberán cumplir prisión efectiva de cuatro años.

A pesar que la Fiscalía había pedido entre 8 y 15 años, la sala penal decidió dar una pena que ha sido marcada como benigna.

Varios de los delincuentes tendrán que seguir en prisión debido a que aún tienen en su contra otros procesos como la agresión a la Policía y posterior muerte de uno de los caballos de la Policía Montada.

Este ha sido el juicio más numero por los desmanes ocurridos en La Parada el año pasado cuando ocurrió el enfrentamiento entre los vendedores del mercado mayorista y efectivos policiales que procedían a su desalojo.

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El funcionario sostuvo que este resultado se obtuvo gracias a la sanción oportuna y eficaz de la corrupción en el ámbito penal. Explicó que entre los delitos que destacan como los tipos penales con mayor índice de condena, se encuentran peculado con 452, colusión con 142, cohecho activo con 137.

La autoridad judicial refirió que a nivel de los Distritos Judiciales, Lima registra el mayor número de condenas impuestas por ese tipo de delitos con 187, seguido de Junín con 77, Puno 48, Ayacucho 44, Loreto 40, Huancavelica 35 y Lambayeque 33.

Además, San Martin con 32, Lima Norte y Madre de Dios 30, Moquegua 27, Piura 26, Arequipa, Cajamarca y Ucayali con 25, Apurímac y Lima Sur con 24, Cusco y Huánuco con 23, Cañete e Ica con 21, Callao 19, Amazonas 14, entre los más significativos.

Lima registra el mayor número de condenas impuestas por ese tipo de delitos con 187. Los tipos penales con mayor índice de condena, se encuentran peculado con 452 casos.

Mendoza Ramírez indicó que Huaura es el Distrito Judicial que registra el menor número de condenas. Señaló que durante su gestión al frente del Poder Judicial su  compromiso en la lucha contra la corrupción será con firmeza y entrega, no solo en cumplir un programa, sino ganando la confianza de la ciudadanía.

El Presidente del Poder Judicial doctor Enrique Mendoza Ramírez junto a los titulares del Consejo de Ministros, el Congreso de la República, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, el Consejo Nacional de la Magistratura y la Contraloría suscribieron un compromiso de trabajo y de lucha contra la corrupción, en el cual se establece el papel que al respecto deberá desempeñar cada uno de ellos.

En la declaración se indica que el Poder Judicial dará celeridad a los procesos referidos a este tema, así como a aquellos relacionados con la inconducta funcional de sus magistrados.

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Como se recuerda Bracamonte permanece casi cuatro años en cárcel por ello su defensa presentó un escrito el pasado 19 de julio donde recuerda que tiene más de 36 meses sin tener una sentencia consentida en este caso. 

Esta solicitud fue planteada, luego que los 5 jueces que integran el citado tribunal supremo no se pronunciaran respecto a la confirmación de la condena que le impuso la Segunda Sala Penal para reos en cárcel por el delito de parricidio.

Tres de los magistrados se mostraron a favor de que la joven sea sometida a un nuevo juicio oral, mientras que los otros 2 restantes se pronunciaron porque sea absuelta en este caso.

Esto ha motivado que se convoque para agosto a un juez supremo dirimente, cuyo voto será decisivo para definir la situación de Bracamonte Fefer, puesto que con 4 votos se llega a adoptar una decisión mayoritaria a nivel de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país.

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Como se recuerda Videla encabezó el llamado Proceso de Reorganización Nacional de Argentina que se inició con el golpe de estado el 24 de marzo de 1976. Se informó que el condenado murió por causas naturales a las 6:30 de la mañana, confirmó a TN la secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

La familia del represor no quiso brindar detalles del fallecimiento. La que sí se pronunció al respecto fue la polémica Cecilia Pando, que en declaraciones radiales, amplió: «Videla murió durmiendo. Anoche no quiso cenar porque se sentía mal».

Videla encabezó la dictadura más cruel de la historia argentina. Bajo su régimen desaparecieron 30.000 personas, según los organismos de derechos humanos. Buscó instaurar una cultura represora y un modelo económico neoliberal a ultranza.

CONDENAS. General del Ejército, durante el histórico juicio contra las Juntas Militares que asolaron Argentina fue condenado por primera vez en 1985 a reclusión perpetua por terrorismo de Estado. Pero en 1990 el entonces presidente Carlos Menem, lo indultó. No obstante, en aquel juicio no se juzgaron los robos de bebés y por esta causa Videla volvió a prisión en 1998. Permaneció tras las rejas solo 38 días hasta que consiguió el beneficio de la prisión domiciliaria, dado que era mayor de 70 años.

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El militar retirado tendra además que pagar una reparación civil de 2 mil soles acusado de permitir el cobro de 50 mil soles para el prófugo general Edmundo Silva.

Chacón sostuvo que el tribunal se excedió pues el resto de implicados en el caso fueron absueltos. En tanto la parlamentaria Cecilia Chacón, hija del militar, sostuvo una parcialidad del Poder Judicial. 

“Esto demuestra una vez más, que no quieren reconocer que tuvieron a mi padre preso siete años con un tema ridículo y absurdo”, dijo Cecilia Chacón.

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El fallo del 55 Juzgado Penal de Lima, en primera instancia, da la razón a Balcázar quien acusó a la intérprete de «Qué lindos son tus ojos» de apropiarse de su composición “No quiero enamorarme”.

Carlos Blas, defensor legal de Dina, dijo a El Comercio, que la sentencia condenatoria fue apelada. “En los próximos días el proceso será llevado a una sala superior donde argumentaremos con los documentos necesarios la apelación”, comentó el letrado.

Por su parte, Páucar dijo estar en total desacuerdo con la sentencia, no obstante, aseguró sentirse tranquila y confiada de que en una próxima sentencia la justicia fallará a su favor por no ser responsable de los cargos que se le imputan.

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