Para emitir el informe sobre el artículo 157 de la Constitución – que señala la posibilidad de remover a los miembros del CNM – el grupo de trabajo liderado Alberto Oliva (PPK) tendrá hasta el 20 de julio (un plazo de 10 días).  “Esa es una instancia anterior a que esto pueda elevarse al Pleno del Congreso”, aseguró.

Asimismo, recordó que existe el antecedente del magistrado Efraín Anaya, removido por inadecuada conducta funcional y que demoró aproximadamente 60 días en resolverse.

DENUNCIA CONSTITUCIONAL

En otro momento, Galarreta manifestó que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales presidida por la fujimorista, Milagros Takayama, evaluará las denuncias que se presenten en contra de los miembros del Consejo Nacional de Magistratura (CNM), Iván Noguera y Julio Gutiérrez, y para el vocal supremo César Hinostroza (éste último acusado de negociar la libertad o rebajar la pena a una persona acusada de violación a una menor de edad).

En tal sentido, dijo que la Junta de Portavoces solicitó manejar el tema en el menor tiempo posible, pero respetando los derechos de los implicados. “Si bien es cierto el Reglamento del Congreso establece plazos máximos, no son los que necesariamente tengan que tomarse, pero que dentro del debido proceso del derecho a la defensa, se pueda tener los plazos en el menor tiempo posible”, precisó.

Hasta el momento, existe una acusación constitucional presentada por la bancada de Peruanos Por el Kambo (PPK) contra los magistrados en mención.

https://twitter.com/PPKbancada/status/1016747058324234240

FISCALIZACIÓN

Finalmente, el titular del Legislativo remarcó que,  la Comisión de Fiscalización presidido por el parlamentario Rolando Reátegui (Fuerza Popular), será por acuerdo de Portavoces, la encargada de llevar adelante una investigación – en un plazo mayor – sobre aquellas personas que están siendo “chuponeadas”  o interceptadas a pedido del Ministerio Público, sin tener un proceso correspondiente.

“El día de ayer, el doctor Pablo Sánchez, que en la mañana había declarado que él no sabía si la Fiscalía había dado esta orden (de chuponear), en la tarde cuando hubo la reunión (del Consejo de Estado), el doctor Sánchez recibía un informe y nos decía que en ese momento recién le estaban informando y al parecer si había sido la Fiscalía.  La preocupación del Consejo de Estado era si los fiscales competentes eran los que estaban autorizando este tipo de interceptación telefónica”, enfatizó.

Foto: Prensa del Congreso de la República.

Video: TV PERÚ Noticias.

Luis Miguel Guerrero Dávila.

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