Mediante la Resolución de Contraloría N° 132 – 2023-CG, se dispuso que este Equipo Especial de Control a la Gestión del Riesgo de Desastres coordine la estrategia de control que se implementará sobre las acciones y actividades que realicen las entidades públicas en cada proceso de estimación, prevención, reducción, preparación, respuesta, rehabilitación de sus ciudades y atención a los afectados y damnificados.

Este equipo también se compromete al seguimiento de las medidas extraordinarias dispuestas conforme al Decreto de Urgencia N° 009, del 10 de abril de 2023.

De esta manera, se concreta el anuncio del contralor Nelson Shack, realizado en las supervisiones de las regiones afectadas por las lluvias como Tumbes, Piura, La Libertad, Lambayeque y Áncash.

En estos lugares, el contralor se reunió con los responsables de atender la emergencia y se comprometió a desplegar auditores y especialistas de la Contraloría para garantizar la efectiva y oportuna atención a la población afectada, así como el seguimiento sostenido a las obras, soluciones integrales y planes de riesgos de desastres que prevengan o mitiguen los daños causados por los efectos de la naturaleza. 

Cabe señalar que gran parte del país se encuentra en Estado de Emergencia por el impacto del ciclón Yaku que ha producido lluvias, huaycos y desborde de ríos, ocasionando a la fecha cuantioso daños y pérdidas de vidas humanas y materiales, y de acuerdo al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú (Senamhi) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) se avecina un fenómeno de El Niño que podría empeorar la situación para el Perú.

Cuestionan descoordinación entre Ejecutivo, regiones y municipios

Al respecto, el contralor expresó su preocupación por la falta de articulación de los tres niveles de gobierno, en especial del gobierno nacional para apoyar a la población afectada con los embates de la naturaleza.

“Estamos ante una emergencia de alta dimensión, entonces hay que resolver el problema estructural; convocar a los especialistas, a la sociedad civil y a los colegios profesionales que saben qué hacer en su región.

El gobierno nacional debe conformar mesas de trabajo con urgencia, identificar realistamente qué se puede hacer de acá a nueve meses. Eso significa elaborar un plan de intervenciones fundamentales en las zonas de riesgos del país con medidas mínimas prioritarias, compromiso de recursos y un marco técnico y normativo excepcional para que las obras puedan concretarse en el más corto plazo”, manifestó Shack Yalta.

El Equipo Especial de Control a la Gestión del Riesgo de Desastres está conformado por los titulares de las gerencias de Control de Servicios Públicos Básico, Control Político Institucional y Económico, Administración, Recursos Estratégicos, Modernización y Planeamiento; así como las Gerencias Regionales de Control de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima Metropolitana, Lima Provincias e Ica.

Este grupo deberá elaborar un informe final consolidado que contenga los resultados de las acciones de intervención que se ejecuten en el marco de la estrategia integral de control, una vez cumplida la finalidad para la cual fue conformado.

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Durante una jornada informativa con medios de comunicación para dar su balance de gestión del control gubernamental en el 2021, se informó que con los informes de control posterior, bajo la modalidad de Auditorías de Cumplimiento (AC) y Servicios de Control Específico (SCE), se examinaron recursos públicos por S/ 18 606 millones, de los cuales se realizaron observaciones al manejo de S/ 5954 millones y se determinó un perjuicio económico de S/ 2502 millones.

“Con el control posterior (Auditorías de Cumplimiento y Servicios de Control Específico) hemos determinado numerosos hechos irregulares en las entidades públicas y presunta responsabilidad administrativa, civil y/o penal en 7740 funcionarios y servidores públicos. En total hemos identificado 15 526 responsabilidades, de las cuales 8514 son administrativas, 3706 son civil y 3306 son de índole penal”, subrayó.

Entre los casos emblemáticos de mayor impacto realizados en el 2021 figura el perjuicio de más de S/ 1100 millones en la refinería de Talara debido a la demora en la ejecución de las obras de la Unidades Técnicas y Trabajos Complementarios; los “pagos fantasmas” por más de S/ 36 millones en municipalidades y gobiernos regionales; las demoras en obras relevantes como el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón en Puno o la autopista Pimente – Chiclayo de Provías Nacional, entre otros.

Shack Yalta indicó que el año pasado se concluyeron 35 823 informes de control gubernamental, de los cuales 22 182 corresponden al control simultáneo, con el que se alertaron situaciones adversas a los gestores públicos, y 13 472 son de control posterior, que identifican irregularidades y a sus responsables.

Los informes de control simultáneo permitieron detectar un total de 36 742 situaciones adversas en diversas entidades públicas y el 49% (17 995 situaciones adversas) se detectaron gracias a la modalidad de control concurrente que ejecuta la Contraloría, con la cual se brinda un acompañamiento a las intervenciones públicas.

Sin embargo, el titular de la Contraloría lamentó que en el 53% (19 484) de situaciones adversas detectadas no se han tomado acciones preventivas o correctivas por parte de los gestores públicos, mientras que en el 37% (13 535) si se tomaron acciones para resolverlas o están en proceso de concretarse.

Por nivel de gobierno, la mayor cantidad de situaciones adversas sin acciones correctivas se aprecian en los gobiernos locales con un total de 13 418, lo que significa el 60% del total de situaciones detectadas en dicho nivel (22 395); le siguen los gobiernos regionales con 55% (3146) del total (5725) y a nivel del gobierno nacional se tiene el 34% de situaciones sin acción alguna.

Agenda 2022

Con miras a la labor de la Contraloría en el 2022, Shack anunció que se tiene previsto realizar 35 735 servicios de control, de los cuales 19 184 son de control posterior, 16 454 son de control simultáneo, y 97 de control previo.

Muchos de esos servicios de control se ejecutarán como parte de diversos operativos sectoriales a nivel nacional, tales como: “Buen Inicio del Año Escolar 2022”, “Prestación del servicio de Limpieza Pública en municipalidades”, “Empresas de Saneamiento”, “Universidades Públicas”, “Empresas de Gestión Eléctrica” y “Supervisión de gastos en consultorías”.

A estos se suma la labor de control que se realizará en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2022 y los 12 Megaoperativos de Control a desarrollarse en las regiones de Pasco, Madre de Dios, Arequipa, Junín, Cusco, Lima Metropolitana, Tacna, Apurímac, Moquegua, Huancavelica, San Martín y Lima Provincias.

Otro hito importante en el control gubernamental del 2022 será la ejecución de las Auditorias de Cumplimiento y de Desempeño a procesos misionales del Estado, con las que se verificará el cumplimiento normativo, así como la gestión eficiente de los recursos públicos. Además, se realizarán “Auditorías a las personas”, que incluyen a los funcionarios claves en la gestión pública nacional.

También se realizará un operativo de control a funcionarios claves en la gestión pública. Una alerta de control, como resultado de la interoperatibilidad en el análisis de información y comportamientos que analizan los equipos de control, ha detectado que se habría favorecido a autoridades, funcionarios y familiares con contrataciones irregulares con el Estado. Al respecto, Shack mencionó que en el período 2019-2021 se ha detectado que 94 autoridades del gobierno nacional, regional y local y/o sus parientes habrían contratado con el Estado pese a estar impedidos por la Ley de Contrataciones.

“Estos actos irregulares, que serán auditados, representan 294 procesos de contratación por un importe de S/ 561.9 millones de recursos públicos en obras y servicios adjudicados”, anotó.

Investigaciones en curso

El Contralor General también se refirió a las investigaciones en curso, entre ellas el registro y publicación de la agenda de actividades y visitas del Despacho Presidencial, y adelantó que en las próximas semanas se emitirán los informes de control posterior respectivos.

Asimismo, manifestó que en el transcurso del mes de marzo se conocerán los resultados de los servicios de control relacionados a la compra de biocombustible de Petroperú y combustible por parte de la Fuerza Aérea del Perú, así como las designaciones en PerúPetro y las licitaciones realizadas por Provías Nacional.

Finalmente, hizo un llamado al Congreso de la República para aprobar el proyecto de ley enviado por la Contraloría para establecer requisitos mínimos para la designación de funcionarios públicos. Adelantó que en relación a las designaciones en PerúPetro, ya la Contraloría acreditó una comisión de control, y entre hoy y mañana se acreditará una comisión de control ante la Procuraduría General y el Ministerio de Justicia para la recopilación de información y revisión de los antecedentes sobre las designaciones de funcionarios. 

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La mayor cantidad de casos se registraron en la región Arequipa, donde la Contraloría evidenció, a través del Informe de Hito de Control N° 026-2021-OCI/0251-SCC, que 283 trabajadores de salud que tenían licencia con goce de haber en diversos establecimientos de la Red Asistencial Arequipa de EsSalud fueron vacunados de manera preferente.

Adicionalmente, se identificaron 23 casos correspondientes a profesionales de la salud que ya no tenían vínculo laboral con los establecimientos de salud donde recibieron la vacuna contra la COVID-19, tal como señala el Informe de Hito de Control N° 9668-2021-CG/GRAR-SCC.

En Piura, a través del Informe de Hito de Control N° 5256-2021-CG/GRPI-SCC, se identificó que 142 trabajadores que forman parte de la primera línea de lucha contra la pandemia no estaban incluidos en el padrón nacional de vacunación, entre médicos, enfermeras, técnicas en enfermería, obstetras, técnicos de laboratorio, tecnólogos médicos, biólogos y personal de limpieza. Sin embargo, se había considerado a 996 trabajadores administrativos bajo el ámbito de la Dirección Regional de Salud Piura y de la Subregión de Salud Morropón Huancabamba.

Respecto al proceso de vacunación en la región Piura se han emitido 13 informes de control concurrente. También se ha evidenciado que personal de los hospitales de Chulucanas y Santa Rosa de Piura aún no recibía la segunda dosis de la vacuna, pese a que había transcurrido las cuatro semanas establecidas en la ficha técnica de la mencionada vacuna u otros trabajadores fueron inmunizados después de ese periodo.

Más hallazgos

Otra región con mayor cantidad de casos reportados es Ucayali, donde el Informe de Hito de Control N° 5212-2021-CG/GRUC-SCC reveló que 107 personas aparecieron en la lista para recibir la vacuna Sinopharm contra la COVID–19 pese a que se encontraban realizando trabajo remoto, trabajo administrativo, o que ya no tenían relación laboral con los establecimientos de salud, entre otros. De ese total, 65 personas ya no laboraban en centros de salud y hospitales, 35 ciudadanos son trabajadores de salud que están realizando trabajo remoto, y siete son personal que realizan labores administrativas y no están en la primeria línea de atención contra la COVID-19.

En la región Huancavelica, se identificaron un total de 43 personas que fueron vacunadas contra la COVID-19 en tres informes de control, de las cuales 37 son profesionales que no tienen vínculo laboral con el Hospital Departamental de Huancavelica, según el Informe de Hito de Control N° 005-2021-OCI/5585-SCC. En esta región también se detectó la vacunación de cuatro funcionarios pertenecientes a la Corte Superior de Huancavelica, tal como revela el Informe de Hito de Control N° 004-2021-OCI/5585-SCC, y de dos profesionales que laboran el Gobierno Regional de Huancavelica (Informe de Hito de Control N° 006-2021-OCI/0833-SCC).

Los auditores de la Contraloría también detectaron que 20 personas fueron vacunadas en el Hospital Antonio Lorena del Cusco, quienes no tenían vínculo laboral con dicho nosocomio e inclusive algunos casos no tenían vínculo laboral desde hace tres años, tal como revela el Informe de Hito de Control N° 5193-2021-CG/GRCU-SCC.

Por su parte, en la región Callao se evidenció en el Informe Informe de Hito de Control N° 5656-2021-CG/GRLICA-SCC que 17 colaboradores de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) fueron vacunados pese a que no prestaban servicios en la entidad por estar con licencia con goce de haber, de los cuales ocho pertenecen al Centro de Salud Acapulco, cuatro de la Sanidad Aérea, dos al Centro de Salud Gambetta, dos al Laboratorio Referencial de Citología, y uno a la Oficina de Defensa Regional.

En Apurímac, los auditores de la Contraloría emitieron tres informes de control que detectaron ocho casos de personas vacunadas, entre los cuales figura el actual Alcalde Provincial de Andahuaylas, quien es médico de profesión pero desempeña su cargo edil a tiempo completo, tal como señala el Informe de Hito de Control N° 5596-2021-CG/GRAP-SCC. Mientras que el Informe de Control Concurrente N° 9694-2021-CG/GRAP-SCC reveló que seis servidores administrativos del Centro Médico Universitario de la Universidad Nacional Micaela Bastidas (UNAMBA) fueron vacunados pese a no estar incluidos en el padrón nominal elaborado por el Ministerio de Salud (Minsa).

Asimismo, en la región Amazonas se identificó, a través del Informe de Hito de Control N° 5585-2021-CG/GRAM-SCC, que tres trabajadoras del Gobierno Regional de Amazonas fueron vacunadas en el centro de salud Virgen de Asunta, a pesar de no formar parte de los grupos prioritarios de la “fase I” de vacunación, dado que no prestaban servicios en instancias del sector salud o su vínculo funcional ya había terminado, limitando la cobertura de vacunas al personal de salud que realmente labora en áreas críticas.

Además se emitió el Informe de Hito de Control N° 5460-2021-CG/GRTA-SCC que detectó la aplicación de una vacuna contra la COVID-19 en Tacna a una persona que estaba bajo custodia policial en su domicilio.

Finalmente, en la región Lambayeque se detectó que un profesional de la salud fue vacunado en el Hospital Belén pese a no tener vínculo laboral vigente con dicha entidad, lo que fue advertido en el Informe de Hito de Control N° 5677-2021-CG/GRLA-SCC.

En el caso de la región Loreto, donde se denunciaron 34 casos de vacunación irregular de funcionarios, como alcaldes, asesores y docentes universitarios, así como exfuncionarios, la Contraloría se encuentra realizando un servicio de control posterior para identificar y deslindar responsabilidades en estos hechos que ponen en riesgo la adecuada vacunación de las personas que han sido declaradas prioritarias por parte del Gobierno Nacional.

DATO

• Al 21 de abril de 2021, la Contraloría ha publicado 806 informes de control al proceso de vacunación contra la COVID-19 en el Perú, a los cuales se puede acceder a través del portal web de la Contraloría, en la sección Transparencia e Informes de Control.

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Una comisión de control se trasladó hasta dicho establecimiento de salud para entrevistarse con funcionarios de la entidad e indagar sobre los hechos ocurridos en los últimos días, debido a que el isotanque de 10 toneladas se quedó sin oxígeno en momentos que se atendía a pacientes internados.

Recientemente, a través de un comunicado, EsSalud lamentó la muerte de 12 pacientes a causa del coronavirus e informó que había solicitado la reposición del oxígeno líquido, pero el proveedor no atendió el pedido.

De esta manera, la Contraloría continúa con sus acciones de fiscalización a la emergencia sanitaria, a fin de cautelar el buen uso de los recursos y bienes públicos.

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El informe de Control Específico N° 020-2020-2-0452 determinó que durante el periodo auditado se hicieron pagos al entonces titular de la entidad y a personal con cargos de confianza por concepto de aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad, así como bonificaciones (familiar, refrigerio, movilidad y escolaridad) por encima del importe legal establecido.

También se pagaron otras bonificaciones, como adicional por vacaciones y por estudios superiores técnicos – universitarios. Dichos beneficios se concretaron a mérito de pactos colectivos, pese a que los funcionarios se encontraban excluidos del derecho de sindicación por mandato constitucional. Asimismo, por el otorgamiento de los mencionados aguinaldos se realizaron pagos por concepto de bonificación extraordinaria por aportaciones a Essalud al margen de la normativa, dado que solo corresponden a las gratificaciones.

De acuerdo con el análisis realizado por la comisión de auditores, solamente en los pagos de aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad se causó un perjuicio de más de S/ 350 mil.

Esta situación fue ocasionada por el accionar de los funcionarios encargados de la cadena de pago de las bonificaciones y aguinaldos, al haber emitido planillas, certificaciones, informes, resoluciones o proveídos que fueron base para el otorgamiento de estos beneficios económicos. Además, por el actuar de otros servidores públicos que intervinieron en la emisión y trámite de resoluciones que aprobaron bonificaciones especiales.

Como resultado del servicio de control específico se notificó el informe al actual alcalde provincial para que disponga el inicio de las acciones administrativas correspondientes, y al procurador público de la entidad para las medidas legales respectivas en contra de los funcionarios involucrados.

El informe está publicado en el portal web institucional www.contraloria.gob.pe (Sección: Participación Ciudadana/Buscador de Informes de Servicio de Control), conforme lo dispone la nueva Ley de Fortalecimiento de la Contraloría y del Sistema Nacional de Control, en aras de la transparencia y acceso a la información.

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Tras la publicación de la lista con nombres de quienes recibieron la inoculación, el Ministerio Público realizó una diligencia en la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), a cargo de los ensayos clínicos de la vacuna china, incautando importante documentación.

Fuentes de Fiscalía informaron que en la diligencia encabezada por el Fiscal Adjunto Supremo Ramiro González, se solicitó a los responsables del estudio documentación probatoria sobre las supuestas consultorías que incluyeron a decenas de médicos y especialistas.

El fiscal solicitó todo elemento probatorio sobre servicios prestados por los beneficiarios de las vacunas, además de la sustento claro sobre la inmunización a familiares y allegados.

Contraloría recopila información

La Contraloría inició, a través de varios servicios de control, la recopilación de información en diversas entidades públicas para comprobar si el Estado cumplió la supervisión de las acciones relacionadas a los ensayos clínicos de la vacuna contra el Covid-19, para identificar y determinar posibles irregularidades y responsabilidades que se hubieran cometido.

A través del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se solicitaron las copias de las respuestas obtenidas y la información consolidada del pedido formulado a los diferentes ministerios respecto a la relación de los altos funcionarios que hayan sido vacunados sin ser parte de los ensayos clínicos a cargo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

En el marco de la investigación, el servicio de control también comprende el análisis de la relación de personas que recibieron dosis de vacunas, así como los actuados por el Ministerio de Salud (MINSA); en ese sentido también se ha requerido información sobre el «Proceso de Ejecución de Ensayo Clínico y proceso de suscripción del acuerdo de compra-venta de la vacuna contra el SARS-COV2 suscrito con la empresa Sinopharm».

En tanto, otras comisiones de auditores se hicieron presentes ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), Instituto Nacional de Salud (INS), entre otros, para el recojo de información.

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“No quisiéramos que surjan mercados negros de la vacuna o que una persona que no haya sido priorizada en la primera fase, termine siendo vacunada. Son situaciones que ya han sucedido en otros países. Sin un adecuado protocolo, malos funcionarios públicos podrían generar mercados alternativos”, aseveró Shack Yalta durante la presentación del balance del control 2020 y las proyecciones para este año.

El Contralor informó que se ha programado una reunión con el sector Salud para conocer el detalle de la priorización de la población y contar con el padrón nominal. “Eso para nosotros es muy importante. Vamos a vigilar para que la vacunación se despliegue correctamente y que las vacunas que se envíen, realmente se apliquen a los beneficiarios en las etapas que correspondan”, precisó.

Reiteró que el control gubernamental al proceso de vacunación contra el coronavirus es una de las prioridades de su institución en el 2021, por lo que 350 auditores participarán en el Mega Operativo de Control Vacuna contra la COVID-19, con servicios de control posterior y simultáneo, que abarcará todas las etapas de este relevante proceso de inmunización en nuestro país.

Elecciones

Durante la presentación, el Contralor General anunció, además, que se desplegará una estrategia de control gubernamental para contribuir a que el Sistema Electoral cuente con los bienes y servicios necesarios a fin de conducir de manera oportuna, adecuada y transparente las Elecciones Generales 2021.

En el caso de Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se cautelará que los Jurados Electorales Especiales dispongan de los recursos e infraestructura necesarios que les permita administrar justicia y fiscalizar la legalidad de los comicios.

Con relación a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la entidad fiscalizadora coadyuvará a que cuente con los recursos necesarios para la organización y ejecución de las elecciones, mientras que en el caso del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) se constatará que las Oficinas Registrales estén en condiciones de atender el incremento de la demanda del Documento Nacional de Identidad (DNI) que permita a los ciudadanos ejercer su derecho al sufragio.

El Contralor General indicó que también se impulsará el proceso de Rendición de Cuentas y Transferencia de Gestión de las autoridades salientes respecto al uso de los fondos o bienes del Estado, así como los resultados de su gestión, lo que contribuirá a la transparencia de la gestión pública y al control social.

Campaña Tú tienes el control

Para contribuir a que la ciudadana emita en los próximos comicios un voto informado y responsable, la Contraloría iniciará la campaña “Tú tienes el control” para lo cual pondrá a disposición de la ciudadanía una plataforma virtual en la que se podrá acceder a las referencias de los candidatos que se hayan desempeñado como autoridades o funcionarios públicos.

De esta manera, tendrán información sobre su declaración jurada de ingresos, bienes y rentas, si tienen sanción administrativa vigente o si fue identificado con presunta responsabilidad penal, civil y/o administrativa en los informes de control.

En dicha plataforma, los ciudadanos también podrán alertar situaciones de incumplimiento o hechos irregulares sobre uso de recursos públicos para fines electorales y proselitismo político durante el período electoral.

Mega Operativos de control

En el 2021, la Contraloría General continuará desplegando los Mega Operativos de Control Regional orientado a reducir el impacto de la corrupción y la inconducta funcional. Para este año se han programado intervenciones en 12 regiones: Loreto, Piura, Ica, La Libertad, Puno, Ayacucho, Pasco, Huánuco, Madre de Dios, Amazonas, Lambayeque y Lima Provincias. Dichas regiones, se suman a las cinco regiones intervenidas el año pasado (Cajamarca, Tumbes, Ucayali, Callao y Áncash).

A través de esta nueva estrategia de control con enfoque territorial, cientos de auditores serán desplazados hacia las regiones en mención para ejecutar, de manera priorizada y focalizada, servicios de control simultáneo y posterior en las entidades públicas de las regiones, a nivel de gobierno nacional, regional y local (municipios).

Balance 2020

En el 2020, la Contraloría General identificó 9098 presuntas responsabilidades penales, civiles y/o administrativas, que corresponden a 5371 funcionarios o servidores públicos. Cabe precisar que un funcionario o servidor podría estar identificado por un mismo hecho irregular en más de una responsabilidad.

En el año anterior, la entidad fiscalizadora registró 25 654 servicios de control concluidos (previo, simultáneo y posterior), de los cuales 6980 corresponden al gobierno nacional, 3776 a gobiernos regionales y 14 898 a gobiernos locales

De esa cifra, 11 516 corresponde a informes de control realizados en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19

Dicha información está a disposición de la ciudadanía en la plataforma virtual “Velocímetro de los servicios de control” que permite la consulta y observación en línea de la producción del control gubernamental, facilitando la búsqueda y disposición estadística de los servicios de control que programa, procesa y concluye el Sistema Nacional de Control a lo largo de todo el país. Además, permite organizar y obtener resultados de acuerdo al interés de los usuarios

“Este es un esfuerzo de trasparencia para que la población pueda ver qué hace y hará la Contraloría, lo que aportará a un mayor control social”, puntualizó.

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“Como una información preliminar sabemos que existen 224 obras a nivel nacional que han sido inventariadas, las cuales estarían en el inicio de sus respectivos procesos para reactivarse durante este primer semestre del año en el marco de la aplicación del Decreto de Urgencia N° 008-2019”, reveló.

Agregó que en el transcurso de las próximas semanas, la Contraloría se encargará de hacer una revisión de dicha información para elaborar un informe sobre el nivel de cumplimiento de lo establecido en el Decreto de Urgencia N° 008-2019, cuyo plazo final para actualizar el inventario de obras paralizadas venció el 31 de diciembre del año pasado.

Recordó que este marco legal permite a las entidades públicas retomar el control de sus obras paralizadas, incluso de aquellas involucradas en procesos de arbitraje o procesos de litigio, y puedan ser culminadas.

También mencionó que las entidades públicas que no cumplieron con hacer el inventario de las obras paralizadas serán sometidas a medidas administrativas y “más allá de posibles sanciones que correspondan, han perdido una gran oportunidad de reactivar obras paralizadas en su jurisdicción”.

“Habrá una gran frustración por parte de la ciudadanía porque va a ver que su autoridad política no tuvo la precaución, la diligencia y la preocupación necesaria para implementar el Decreto de Urgencia N° 008-2019, que es un marco legal excepcional y lo que está inventariado debe ser priorizado en su reactivación”, señaló.

Recientemente, el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que evaluará modificar los alcances del DU N° 008-2019 para incluir también a las obras paralizadas que fueron adjudicadas por administración directa. “Eso no contemplaba el DU, entonces también estamos viendo para que se incluyan las obras por administración directa que están en situación de paralizadas”, indicó el Jefe de Estado.

Reactivación de obras públicas paralizadas a nivel nacional – DU 008-2019

Como se recordará, el pasado 31 de octubre de 2019 se publicó el Decreto de Urgencia N° 008-2019 que establece medidas extraordinarias para la reactivación de obras públicas paralizadas a nivel nacional, con el fin de garantizar su continuidad y puesta en funcionamiento, mejorando el servicio público y la inversión pública.

Esta iniciativa fue promovida por la Contraloría General con el fin de impulsar la reactivación de las obras públicas paralizadas en diversas regiones del país, en materia de educación, salud, saneamiento (agua potable y alcantarillado), así como obras viales, entre otras, que la propia población reportó durante las jornadas de supervisión y audiencias públicas que realiza la entidad superior de control. Esto motivó un estudio por el cual la Contraloría General identificó 867 obras paralizadas solo a nivel de gobiernos regionales.

El DU estableció etapas para su implementación o activación. Al 31 de diciembre de 2019, las autoridades debieron, bajo responsabilidad, realizar el inventario de obras públicas paralizadas a su cargo, paso fundamental y necesario para la reactivación.

Reunión con MEF y AMPE

El pasado lunes, el Contralor General Nelson Shack participó en una reunión de trabajo organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) y planteó implementar medidas más estructurales para así aumentar la ejecución del gasto público en los municipios del país.

Durante la reunión, Shack puso a disposición del Ejecutivo y las municipalidades toda la capacidad técnica de la Contraloría para ayudar a mejorar la ejecución del gasto en los gobiernos locales. Asimismo, aprovechó la presencia del presidente Martín Vizcarra en la reunión para plantear que se haga una regulación urgente de las obras que se ejecutan bajo la modalidad de administración directa.

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“Queremos mostrarles una radiografía de lo que en la práctica administrativa y de gestión pública hemos identificado que está mal, para que ustedes tengan los elementos de juicio en la toma de las próximas decisiones”, afirmó el Contralor Nelson Shack.

Durante una reunión de trabajo con los seis integrantes de la JNJ se presentaron los resultados de tres auditorías de cumplimiento realizadas a la gestión del ex CNM entre enero de 2015 y julio de 2018, así como los resultados de 28 informes de control simultáneo, que revelaron diversos hechos que deben tomarse en cuenta y que se realizaron durante el 2019.

Las auditorías de cumplimiento realizadas fueron sobre el correcto uso de los recursos financieros, materiales y de recursos humanos; al proceso de contratación y ejecución de la obra: construcción del local institucional del CNM; y a los procesos de selección, nombramiento, evaluación integral, ratificación, así como procesos disciplinarios de jueces y fiscales del Poder Judicial y del Ministerio Público.

La auditoría sobre el correcto uso de los recursos financieros, materiales y de recursos humanos detectó un perjuicio económico de S/ 664 mil 548 por pagos irregulares y por diversos servicios que no se efectuaron, y que además contaron con la conformidad de los funcionarios del ex CNM. En el caso se encuentran comprendidos 9 funcionarios del desactivado consejo.

Asimismo, la auditoria al proceso de contratación y ejecución de la obra: construcción del local institucional del CNM que identificó irregularidades que generaron mayores gastos generales por más de S/ 919 mil, en perjuicio de la entidad. En el caso están comprendidos 5 funcionarios y un servidor del ex CNM.

La última auditoría sobre los procesos de selección, nombramiento, evaluación integral, ratificación, así como procesos disciplinarios de jueces y fiscales del Poder Judicial y del Ministerio Público, reveló que el pleno del ex CNM ratificó a 139 magistrados comprendidos en los procedimientos individuales de evaluación integral y ratificación, sin pasar por la entrevista, contraviniendo lo establecido en las normas vigentes.

Cabe señalar que mediante la Ley N°30833, se declaró en situación de emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura y le asignó a la Contraloría diferentes competencias, las cuales están reguladas por el Reglamento N° 434-2018-CG.

Iniciativa por la integridad

Asimismo, en la reunión, el Contralor General, Nelson Shack, compartió a la JNJ la iniciativa de suscribir un compromiso por la integridad para unir esfuerzos en el reforzamiento de valores y la ética en la gestión pública en el marco de la lucha contra la corrupción a fin de lograr el fortalecimiento de ambas instituciones para el cumplimiento de sus fines y objetivos.

De esta manera, la CGR facilitaría a la JNJ la información de los sistemas que administra y los procedimientos en materia de verificación de información y confiabilidad de la misma, con la finalidad  de coadyuvar al proceso de evaluación de personal para el nombramiento y ratificación de los jueces y fiscales a nivel nacional, así como para el nombramiento y renovación del Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jefe Nacional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).

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La denuncia reveló que el Gobierno Regional de Moquegua autorizó el pago de 41’869,000 soles a un consorcio integrado por ICCGSA, empresa investigada por el caso el Club de la Construcción, un día antes de que Martín Vizcarra dejó su cargo como gobernador en 2014.

De acuerdo al informe de la Contraloría General de la República, el desembolso se realizó tras una serie de trámites que se hicieron en menos de 24 horas.

Además, la entrega del dinero fue solicitada y aprobada por funcionarios que trabajaron en la gestión del hoy presidente de la República.

Entre estos está el actual ministro de Transportes, Edmer Trujillo, quien fue gerente general regional de la gobernación moqueguana.

Son cerca de 42 000 000 de soles que estaban destinados a la construcción del hospital Regional de Moquegua, que recién se inauguró el pasado 22 de noviembre, más de 3 años después del plazo originalmente establecido.

Vizcarra respondió

En declaraciones a la prensa, Vizcarra respondió y señaló que «no es una revelación» el pago que hizo a un consorcio durante su gestión regional en Moquegua cuando era gobernador. Además, el mandatario precisó que este tema ya ha sido investigado.

«La nueva gestión justo dispuso una investigación sobre todo este proceso en general sobre toda la gestión que me tocó a cargo», afirmó en relación al monto de S/41’869.086 para la construcción del hospital regional de Moquegua.

Martín Vizcarra precisó que desde enero del 2015 se realizó una investigación fiscal que en agosto del 2017 se archivó porque «no había mérito a ninguna acusación».

Indicó que en el año 2018 se hizo una reapertura de la investigación sobre el mismo tema, pero que nuevamente se archivó debido a que en todos los pasos se respetó «escrupulosamente» la ley y normas sobre la ejecución de obras públicas.

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Su finalidad es reclutar a los mejores profesionales para que inicien una línea de carrera en la institución y contribuyan, con su aptitud y conocimientos, en la labor del Sistema Nacional de Control y a la mejora de la administración pública.

Los interesados deberán ingresar al portal institucional www.contraloria.gob.pe, ubicar la sección “Únete a nuestro equipo” y hacer clic en la opción “Programa Nuevos Talentos”, en donde encontrarán información sobre el programa y podrán realizar su inscripción online a partir del 20 de septiembre.

Serán 300 las plazas vacantes a la que podrán postular los profesionales en economía, medicina, ingeniería ambiental, ingeniería agrícola, ingeniería civil, ingeniería económica, ingeniería industrial, ingeniería mecánica, ingeniería sanitaria e ingeniería de sistemas.

Los postulantes deberán ser titulados, colegiados y habilitados, además de contar con la experiencia profesional mínima de 2 años (desde su egreso).

Quienes ingresen serán capacitados en la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República. 

Una vez que hayan culminado y aprobado el Programa, serán asignados a unidades orgánicas de la Contraloría General a nivel nacional.

La disponibilidad de dichas unidades orgánicas será determinada por la entidad, de acuerdo a las necesidades institucionales en estricto orden de mérito.

Este Programa forma parte de las acciones para el fortalecimiento institucional de la Contraloría General de la República, que busca formar e incorporar nuevos auditores gubernamentales, quienes podrán demostrar su alto potencial en el servicio público.

Dato

Para más información puede contactarnos al teléfono: 330 3000 anexos 1218 / 1233 o escribirnos a nuevostalentos@contraloria.gob.pe.

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Dicha situación se evidencia en los resultados del Tercer Operativo “Vigilamos contigo la reconstrucción” realizado por la Contraloría General el pasado mes de mayo con la finalidad de dimensionar el avance financiero y el estado de las actividades y proyectos que se ejecutan en 13 regiones del país con recursos del Fondo Para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (FONDES) en el marco de la Reconstrucción con Cambios (RCC).

De acuerdo a la información recopilada en el operativo realizado del 6 al 10 de mayo del año en curso, el avance en la ejecución presupuestal en los dos componentes mencionados (construcción y reconstrucción) fue en el año 2017 de 32% (de un monto aprobado de S/ 1,599 millones 460 mil 544), en el 2018 de 43% (de un monto aprobado de S/ 3,534 millones 002 mil 042) y entre enero y abril de 2019 de 15% (de S/ 5,056 millones 702 mil 708).

MONTO APROBADO, TRANSFERIDO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

PERÍODO 2017 – 2019 (ENERO-ABRIL)

(1) Monto aprobado mediante Decretos Supremos del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF gestionados por la ARCC, y otros dispositivos legales.

(2) División entre el monto devengado y monto aprobado (autorizado).

Desde una perspectiva regional se advierte que durante el período mencionado, la región Piura presenta un avance de ejecución de 34% (de un monto aprobado de S/ 3 mil 671 millones 100 mil 286), Lambayeque 28%,(de un monto aprobado de S/ 850 millones 211 mil 509), La Libertad 27%  (de un monto aprobado de S/ 1,312 millones 497 mil 554) y Áncash 16% (de un monto aprobado de S/ 1,625 millones 161 mil 095) en el período setiembre de 2017 a abril de 2019.

Durante el Tercer Operativo “Vigilamos contigo la reconstrucción”, en el que  participaron 458 representantes de la Contraloría, se recopiló información  sobre el estado situacional de 3,167 obras y servicios (actividades y proyectos) que se ejecutan con recursos del FONDES en las regiones de Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima Metropolitana y Lima provincias, Loreto, Piura y Tumbes.

De dicha cifra, 2,522 (80%) se encuentran en estado de Obra/Servicio (en ejecución o concluidas), 601 (19%) en  Estudio Definitivo o Expediente Técnico y 44 (1%) en fase de Preinversión (en estudios).

ESTADO SITUACIONAL DE LAS ACTIVIDADES / PROYECTOS

(Setiembre 2017 – Mayo 2019)

Nota: Los servicios se refieren básicamente a las actividades (consultorías, alquiler de maquinarías, descolmataciones, etc.)

Estado de Obra/Servicio (en ejecución o concluidas)

De setiembre de 2017 a abril de 2019,  se evidenció que existen 743 obras y servicios en ejecución (29%); 143 paralizadas y abandonadas (6%); 155 en etapa de recepción (6%) y 59 con contratos resueltos (cancelados 2%).

En tanto, se identificaron 1,208 obras y servicios concluidos (48%), de los cuales 638 se encontraban sin liquidación y 570 con liquidación.

ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS EN OBRA / SERVICIO POR REGIÓN

Resultados de la visita de campo

Del total de 2,522 obras y servicios en ejecución o concluidos, se visitaron 735 obras verificables a nivel nacional por los tres niveles de gobierno (local, regional y nacional), que representan un monto contractual de S/ 3,625´191,749.

Las principales obras visitadas corresponden a trabajos de saneamiento, rehabilitación de pistas y veredas, mejoramiento de caminos vecinales, así como rehabilitación de canales de riego y bocatomas.

ESTADO DE OBRAS VISITADAS – MAYO 2019

(1) Corresponde a etapas preliminares antes de iniciar obra: Expresión de interés, Actos preparatorios, Convocatoria, Desierto, Buena pro, Contratado.

Respecto a las 264 obras en ejecución visitadas, los principales aspectos relevantes identificados fueron: No reporta a INFOBRAS,  no cuenta con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo vigente, sin plan de seguridad y salud en el trabajo, sin servicios higiénicos en la obra para sus trabajadores.

En tanto, de las 280 obras concluidas (con y sin liquidación) visitadas, los principales aspectos relevantes observados son: Trabajos deficientes en calidad (deficiencias de pintado, presencia de fisuras visibles, variación de dimensiones en pasos de escaleras, entre otros), así como trabajos inconclusos o deficientes que pueden poner en peligro potencial a la población.

Asimismo, se ha identificado que 125 obras, que en conjunto suman un monto contratado de S/ 767 millones 884, se encuentran paralizadas, con contratos resueltos o abandonadas.

Penalidades y adicionales de obra

Asimismo, del total de 735 obras visitadas, se identificaron 64 obras a las que se les aplicó penalidades a los contratistas por un monto total de S/  6 millones 670 mil 931, lo que representa el 1,6% del monto contractual de dichas obras, ascendente a S/ 414 millones 268 mil 832.

Mientras que, existen 90 obras con adicionales de obra por un monto de S/ 38 millones 874 mil, lo que representa el 9,7% del monto contractual ascendente a S/ 401 millones 566 mil 745.

El Informe técnico del Tercer Operativo “Vigilamos contigo la reconstrucción” fue comunicado a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios a fin que tome conocimiento del avance físico y financiero, así como el estado de las obras y servicios que se ejecutan en las 13 regiones del país contempladas en el Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios (PIRCC).

Asimismo, el informe está publicado en el portal web de la Contraloría (www.contraloria.gob.pe) sección Transparencia e Informes de Control  y también a través del nuevo buscador de resultados de operativos de control con datos estadísticos.

Resultados del operativo 2018

En el Segundo Operativo “Vigilamos contigo la reconstrucción”, la Contraloría evidenció la ejecución de solo  25% del total de recursos aprobados para las obras y servicios de construcción y reconstrucción, ascendente a S/ 4,277´081, 753 (setiembre 2017 a octubre de 2018).

Asimismo, se identificaron 833 obras y servicios en estado de ejecución, de los cuales 112 se encontraron en ejecución física, 35 paralizadas y abandonadas, así como 686 en etapas previas (actos preparatorios y con buena pro). Adicionalmente, se determinó la conclusión de 919 obras y servicios.

Los operativos “Vigilamos contigo la reconstrucción” complementan el servicio de control concurrente que  viene aplicando la Contraloría a la RCC desde setiembre de 2017 para alertar en forma oportuna sobre hechos que pondrían en riesgo la ejecución y cumplimiento de las obras y servicios. Dicho rol de acompañamiento se realiza en el marco del Plan de Acción de Control de la Reconstrucción con Cambios de la Contraloría General.

Dato

De acuerdo al Decreto Supremo N° 091-2017-PCM de 12 de setiembre de 2017, el monto de inversión total para la Reconstrucción con Cambios asciende a S/ 25, 655´490,784 para el período 2017-2020 y comprende las obras de reconstrucción de la infraestructura afectada, obras de prevención y desarrollo urbano, y fortalecimiento de capacidades institucionales.

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