La declaratoria fue anunciada tras un Consejo de Ministros extraordinario convocado por el presidente de la república, José Jerí, y permite la intervención conjunta de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) para mantener el orden interno.

Como parte de la estrategia, se realizarán:

• Patrullajes motorizados permanentes en la frontera con Chile.
• Intervención a migrantes que crucen por zonas no autorizadas.
• Monitoreo aéreo con drones y acciones de inteligencia en tiempo real.

Además, se dispone la restricción temporal de ciertos derechos constitucionales: libertad y seguridad personales, inviolabilidad de domicilio, libertad de reunión y libertad de tránsito, según lo establecido en el artículo 137 de la Constitución.

Para actividades religiosas, culturales, deportivas o de otro tipo con carácter masivo, se deberá solicitar permiso previo a las autoridades competentes. Las actividades no masivas podrán realizarse sin autorización.

En ese marco, el Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) de Tacna y los comités creados por el decreto permanecerán en sesión permanente, garantizando una respuesta articulada y eficaz.

Asimismo, se conformarán en las primeras 24 horas:

• El Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO)
• Los Comités de Coordinación Distrital (CCD)
• El Comité de Inteligencia (CI)
• El Comité de Fiscalización (CF)
• El Comité de Comunicación Estratégica (CCE)
  Todos con integrantes cuya participación es indelegable.

El decreto también fortalece la participación del Ministerio Público y del Poder Judicial, e impulsa el uso de denuncias en línea, además de ordenar operativos contra mercados ilegales relacionados con trata de personas, drogas, armas, chips y transporte informal, mediante una intervención multisectorial.

Con esta decisión, el Gobierno reafirma su compromiso con la seguridad nacional, la lucha contra el crimen y la protección de nuestras fronteras.

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El informe fue difundido con motivo del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, que se conmemora hoy en todo el mundo. Además, se dio a conocer las acciones que viene desarrollando el Ministerio Público frente al incremento de los casos de violencia de género y feminicidio, como la designación de fiscalías dedicadas a investigar casos de feminicidio en adición a sus funciones, en todo el país.

Asimismo, la próxima puesta en vigencia del ‘Protocolo peruano de investigación del delito de feminicidio del Ministerio Público a nivel nacional’, que permitirá a los fiscales contar con directivas precisas y criterios únicos de intervención ante casos de feminicidio.

En el #DíaInternacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Ministerio Público promueve y defiende los derechos fundamentales de las mujeres, así como ratificamos nuestro compromiso de poner fin a todas las formas de maltrato y violencia de género. pic.twitter.com/rFuwymgMK9

— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) November 25, 2017

De acuerdo al reporte, un 90% de las víctimas de violación sexual fueron mujeres. Además, en todos los casos los agresores fueron hombres, siendo el 53% de ellos con edades entre 18 y 34 años.

A su vez, el reporte precisa que 76% de las víctimas fueron menores de edad, de las cuales el 60% tenía entre 13 y 17 años. Asimismo, el 78% de ellas conocía a su atacante por vínculos familiares o sentimentales.

Con respecto al lugar en que se perpetran los ataques, se reporta que el 60% de los mismos se han producido dentro del hogar. Asimismo, se indica que Arequipa, Callao, Lambayeque y Lima registran el 51% del total de las denuncias a nivel nacional.

Otro aporte relevante brindado por el estudio corresponde a las estadísticas de feminicidio en nuestro país. Al respecto, se señala que, entre enero de 2009 y octubre de 2017, fueron asesinadas 1 mil 23 mujeres, de las cuales 923 fueron en manos de sus parejas o familiares. Adicionalmente, se conoció que hasta octubre del presente año se registraron 134 asesinatos de mujeres en el Perú en un contexto de feminicidio.

Es necesario acotar que, pese a la existencia de un Plan Nacional de Igualdad de Género, no existe un presupuesto para las instituciones del sistema de justicia que lo integran. Ante esa situación, el Ministerio Público se ha visto en la necesidad de recurrir a la cooperación española para implementar un proyecto que busca incluir la perspectiva de género, en las investigaciones que llevan los fiscales de todo el país.

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