Estos, no aceptan las demandas de los padres por una educación telemática de calidad y con pensiones que se ajusten a la realidad que se vive, donde la economía familiar está en crisis por la pandemia mundial causada por la Covid-19.

La carta remitida resalta que los centros educativos privados están prohibidos de utilizar fórmulas intimidatorias que afecten el normal desenvolvimiento del desarrollo educativo de los alumnos para procurar el cobro de las pensiones escolares, conforme a lo establecido por la Ley Nº 27665 (Ley de Protección a la economía familiar respecto al pago de pensiones en centros y programas educativos privados).

Sin embargo, algunas escuelas usan el chat de las clases para recordar a los niños que sus padres tienen que pagar la pensión, envían correos electrónicos a los padres con nuevos contratos que tiene que ser aceptados tal como ellos lo remiten, sin permitir acuerdos entre partes.

Asimismo, la misiva hace hincapié en  que los colegios privados no cumplen con otorgar la información que les ordena el Decreto Legislativo 007-2020-MINEDU, no solo involucra una infracción a nivel administrativo, sino que adicionalmente, no permite a los padres de familia adoptar la mejor decisión para el futuro de sus hijos, ni justifica las pensiones que dichos colegios quieren cobrar durante la crisis sanitaria que vive el país.                                                                                                         

ANAPEF quiere reducir el impacto negativo de la pandemia en la formación de niños y adolescentes, buscando que las partes conversen para llegar acuerdos acordes a la nueva normalidad.

“No permitamos que los alumnos se vuelvan rehenes de sus colegios ni que los padres sean coaccionados a renunciar a sus Derechos Constitucionales y Civiles ni mucho menos que la historia juzgue este año como el peor año en la educación del Perú” declaró Agnieszka Céspedes, Presidente de ANAPEF.

De esta forma la asociación de padres solicitó la debida y necesaria intervención institucional de la Defensoría del Pueblo en la problemática referida al cobro de pensiones escolares por clases virtuales en los colegios privados, las mismas que han sido amparadas en el Decreto Legislativo N° 1476, y reglamento Decreto Supremo 007-2020-MINEDU y demás normas legales conexas a nuestra coyuntura actual. 

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El Pleno del Congreso de la República aprobó, por unanimidad, el dictamen sustitutorio de reforma constitucional que crea la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en lugar del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que fue desactivado por el Poder Legislativo debido a los actos de corrupción perpetrados por sus principales consejeros.

Sometida a votación la propuesta de reforma constitucional logró 112 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El presidente del Legislativo, Daniel Salaverry Villa, señaló que “el artículo 206º de la Constitución establece que toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum”.

Agregó que puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del número legal de congresistas.

No puede ser observada

La Constitución señala que la ley de reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la República; y que la iniciativa de reforma constitucional corresponde al presidente de la República, con aprobación del Consejo de Ministros; a los congresistas; y a un número de ciudadanos equivalente al cero punto tres por ciento (0,3%) de la población electoral, con firmas comprobadas por la autoridad electoral”.

Funciones

En consecuencia, el texto sustitutorio tiene un artículo único que propone la modificación de los artículos 154, 155 y 156 de la Constitución Política del Perú.

El artículo 154º señala que sus funciones son nombrar, previo concurso público y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles. Dichos nombramientos requieren el voto público motivado conforme de los dos tercios del número legal de sus miembros.

También ratificar, con voto público y motivado, a los jueces y fiscales de todos los niveles cada siete años, y ejecutar conjuntamente con la Academia de la Magistratura la evaluación parcial de desempeño de los jueces y fiscales de todos los niveles cada tres años seis meses.

Los no ratificados o destituidos no pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público.

Igualmente, aplicar la sanción de destitución a los jueces de la Corte Suprema y fiscales supremos y, de oficio o a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente, a los jueces y fiscales de todas las instancias.

En el caso de los jueces supremos y fiscales supremos también será posible la aplicación de amonestación o suspensión de hasta 120 días calendario, aplicando criterios de razonabilidad y proporcionalidad. La resolución final debe ser motivada y con previa audiencia del interesado.

Asimismo registrar, custodiar, mantener actualizado y publicar el Registro de Sanciones Disciplinarias de jueces y fiscales el título oficial que los acredita; presentar un informe anual al Pleno del Congreso.
Siete miembros titulares en la JNJ

El Artículo 155º indica que la Junta Nacional de Justicia está conformada por siete miembros titulares seleccionados mediante concurso público de méritos, por un período de cinco años. Está prohibida la reelección. Los suplentes son convocados pos estricto orden de mérito obtenido en el concurso.

El concurso público de méritos está a cargo de una Comisión Especial conformada por el Defensor del Pueblo, quien la preside; el presidente del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, el Presidente del Tribunal Constitucional, el Contralor General de la República, un rector elegido en votación por los rectores de las universidades públicas licenciadas con más de 50 años de antigüedad y un rector elegido en votación por los rectores de las universidades privadas licenciadas con más de 50 años de antigüedad.

Comisión Especial

La Comisión Especial debe instalarse a convocatoria del Defensor del Pueblo, seis meses antes del vencimiento del mandato de los miembros de la Junta Nacional de Justicia y cesa con la juramentación de los miembros elegidos.

La selección de los miembros es realizada a través de un procedimiento de acuerdo a ley, para lo cual las Comisión Especial cuenta con el apoyo de una Secretaria Técnica Especializada. El procedimiento brinda las garantías de probidad, imparcialidad, publicidad y transparencia.

El Artículo 156º precisa que para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia se requiere ser peruano de nacimiento, ser ciudadano en ejercicio, ser mayor de 45 años y menos de 75 años, ser abogado con experiencia profesional no menor de 25 años o haber ejercido la cátedra universitaria por menos de 25 años o haber ejercido la labor de investigador en materia jurídica por lo menos durante 15 años; no tener sentencia condenatoria firme por delito doloso y tener reconocida trayectoria profesional y solvencia e idoneidad moral.

JNJ en 90 días

Los miembros de la Junta Nacional de Justicia gozan de los mismos beneficios y derechos y están sujetos a las mismas obligaciones e incompatibilidades que los jueces supremos.

Su función no debe incurrir en conflicto de intereses y es incompatible con cualquier otra actividad pública y privada fuera del horario de trabajo, salvo la docencia universitaria”

En su primera disposición complementaria transitoria se establece que la selección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia se realiza en un plazo no mayor de 90 días calendario luego de la entrada en vigencia de la modificación de su ley orgánica.

En la segunda disposición se autoriza a la Junta Nacional de Justicia para que en un plazo no mayor de 18 meses proceda a revisar los nombramientos, ratificaciones, evaluaciones y procedimientos disciplinarios efectuados por los consejeros removidos por el Congreso de la República conforme a la Resolución Legislativa 016-2017-2018-CR en los casos que existan indicios de graves irregularidades.

En la única disposición complementaria final se anota el cambio de denominación del “Consejo Nacional de la Magistratura” por el de “Junta Nacional de Justicia”.

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Como se recuerda la Defensoría del Pueblo también cuestionó el indulto que otorgó el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski a Alberto Fujimori por considerar que no cumplió los requisitos de ley.

Al respecto Keiko Fujimori cuestionó la opinión de la Defensoría del Pueblo:  «El informe de la Defensoría señala que mi padre debe abstenerse de realizar toda forma de acción política. Es decir, se le indulta pero ni siquiera puede opinar», dijo a través de su cuenta de Twitter.

Luego Keiko Fujimori añadió: «¿Y por qué las limitaciones? ¿Por qué lo restringen? ¿Cuál es el peligro? ¿Es miedo o es odio?».

https://twitter.com/KeikoFujimori/status/956642532443668481

SOBRE EL INDULTO

En la presentación del informe Indulto y derecho de gracia otorgados al expresidente Alberto Fujimori: evaluación normativa y jurisprudencial, el defensor Walter Gutiérrez Camacho explicó que su reporte se basa en lo expuesto en la Resolución Suprema N° 281-2017-JUS, la cual otorga el indulto.

A juicio de la institución, la normativa no cumple los estándares legales y jurídicos en cuanto a la motivación de la decisión de otorgar las gracias presidenciales.

https://twitter.com/KeikoFujimori/status/956642671346380802

Sin embargo, la excandidata presidencial criticó el documento presentado por el organismo sobre el indulto y derecho de gracias otorgados al expresidente, que cumplía una pena de 25 años de prisión por violaciones de los derechos humanos.

«Y además el informe señala que el indulto es deficiente, pero si no han leído el expediente, ¿cómo pueden llegar a esa conclusión?», comentó en otra publicación. «Más que un informe defensorial parece que estamos ante un documento politizado», agregó Keiko Fujimori.

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El electo Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, aseguró que su compromiso «es con la ciudadanía», por lo que descartó compromiso alguno con alguna agrupación política y menos con algún líder político.

“Sea el Ejecutivo o el Congreso si transgrede la ley, la Defensoría se va pronunciar, así que esas objeciones las rechazó completamente”, refirió Walter Gutiérrez quien antes se desempeñó como ex Decano del Colegio de Abogados.

Asimismo negó su participación en la Comisión Especial que se formó para investigar los hechos ocurrido en Bagua, el 2011, designado por el Ejecutivo por entonces a cargó del ex presidente Alan García, tal como lo había esgrimido la bancada del Frente Amplio.

“Fui designado, pero renuncié inmediatamente. Sencillamente no participé, así que decir que presidí la citada Comisión es una absoluta mentira que rechazó completamente”, apuntó Gutiérrez.

Walter Gutiérrez, anunció además que en su gestión se pondrá especial énfasis en la supervisión de la administración pública y también en el control y vigilancia de los servicios públicos.

“Las competencias vinculadas a la eficiencia del Estado no están suficiente desarrolladas, y es importante porque la ciudadanía busca un Estado eficiente, con un servicio eficiente. Por lo que la Defensoría del Pueblo tiene que trabajar para que llegué a todos los peruanos”, apuntó en entrevista con RPP Noticias.

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Walter Gutiérrez se desempeñó como exdecano del Colegio de Abogados de Lima y expresidente del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral 2014-2016, además ya había sido propuesto antes para dicho cargo.

Walter Gutiérrez consiguió 94 votos durante la sesión plenaria convocada con este propósito, superando los 87 requeridos para  ser elegido. Hubo 27 votos en contra y seis abstenciones. 127 congresistas estuvieron presentes.

Al haber alcanzado los votos no fue necesario poner al voto las candidaturas de Samuel Abad y de Enrique Mendoza.

La Constitución Política, en su artículo 161º, establece que el Defensor del Pueblo es elegido y removido por el Congreso con el voto de los dos tercios (87) de su número legal. El cargo dura cinco años y no está sujeto a mandato imperativo.

Para ser elegido Defensor del Pueblo se requiere haber cumplido 35 años y ser abogado de profesión. Tiene las mismas prerrogativas de los congresistas.

JURAMENTACIÓN
Mañana miércoles, a las 5 de la tarde, en la Sala Raúl Porras Barrenechea, se realizará la ceremonia especial de su designación.

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Esta mañana, los congresistas decidieron por mayoría darle la confianza a Gutiérrez, quien asumirá el cargo en lugar de  Eduardo Vega, quien cumplía dicha función de manera interina desde el año 2011.

Con un total de 94 votos a favor, 27 en contra y 6 abstenciones, Gutiérrez  se convirtió en el defensor del Pueblo, dejando sin efecto, además,  la votación para Samuel Abad y Enrique Mendoza, considerados en la terna.

Las bancadas que apoyaron la elección de Walter Gutiérrez fueron Fuerza Popular (73), Acción Popular (5), Apra (5) y Peruanos por el Kambio, aunque ésta última sólo con algunos votos a favor.

Mientras tanto votaron en contra, congresistas de Frente Amplio y Alianza para el Progreso y se abstuvieron algunos legisladores oficialistas como Alberto de Belaunde, Guido Lombardi, Gino Costa y Roberto Vieira.

De esta manera, Walter Gutiérrez Camacho  será el defensor del Pueblo por un periodo de cinco años.

Por Luis Miguel Guerrero.         

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Jiménez si fue claro en señalar al excongresista fujimorista, Rolando Souza, de detonar esta crisis por ser defensor de una posición golpista y cuestionar el papel de los organismos de derechos humanos.

«Hay que preguntarse que es lo que detona esta crisis, la detonan candidatos que no reunían los requisitos, hay un candidato que defendió la posición golpista y repudió los derechos humanos eso es lo que indignó a la opinión publica», dijo el premier en alusión a Souza.

Jiménez se cuidó en no aludir a la candidata propuesta para la Defensoría del Pueblo, Pilar Freitas. «El presidente, como jefe del Estado, planteó revisar este proceso..nunca es tarde para defender la democracia, el presidente esta preocupado por este asunto se abre una solución», respondió para evitar aludir a Freitas.

Jiménez Mayor sí fue claro en señalar que «la expectativa del gobierno es que se haga una nueva elección». «Hay una nueva elección, un nuevo proceso donde espero que tengamos las mejores personas en estos cargos. En el caso del BCR no ha habido cuestionamiento y esperamos que la estabilidad se mantenga», indicó.

Finalmente el titular de la PCM dijo esperar que ya no más funcionarios sin merito democrático sean designados. «Lo que tenemos es que pensar en los intereses del país y no los políticos», indicó.

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Agregó que una de las primeras acciones de la mesa directiva del Parlamento, instalada el 27 de julio pasado, fue la conformación de una comisión especial que es dirigida por el legislador Jaime Delgado y conformada por representante de todas las bancadas.

“Tengo plena confianza en todos los miembros de esta comisión (…) que antes del plazo de hasta 60 días, vamos a tener humo blanco señalando que se ha elegido a las mejores mentes de hombres y mujeres que puedan asumir esta responsabilidad”, expresó.

En ese sentido, confió en que habrá un nivel de consenso importante en la búsqueda de los nuevos integrantes de los tres organismos, que de acuerdo a ley, deben ser elegidos por el Poder Legislativo.

Según dijo, el trabajo a desarrollar por la comisión evaluadora es de suma responsabilidad porque se requiere, por ejemplo, seriedad en el manejo del BCR, mientras que el defensor debe tener condiciones y equilibrio que permita encontrar entendimientos.

“Ahora hay un proceso de invitación, los parlamentarios están trabajando los nombres de las personas a quienes se va a considerar e invitar en estos cargos. Solo espero que acepten, para luego llevarlos al pleno del Congreso”, señaló.

El titular del Parlamento indicó que la labor de la comisión presidida por Jaime Delgado apunta a tener a los mejores funcionarios y autoridades de esas entidades, de tal manera que su elección no se frustre como en anteriores ocasiones.

“Entiendo que están haciendo un trabajo absolutamente responsable en la comisión, ya luego anunciarán los nombres para conocer quiénes son los invitados”, anotó en TV Perú.

Durante el debate sobre el método de elección, los miembros de la comisión desecharon el mecanismo de concurso público por haber enfrentado dificultades en anteriores procesos de selección.

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Como se recuerda, el pasado 21 de junio, en horas de la noche, la abogada Genoveva Gómez, en cumplimiento de su labor defensorial, acudió a la Primera Comisaría de Cajamarca para conocer la situación de varias personas detenidas.

En esas circunstancias, aproximadamente 20 efectivos policiales -en medio de insultos irreproducibles, golpes y empujones- le impidieron ver a los detenidos y ejercer su labor constitucional. 

Ello a pesar que Genoveva Gomez se identificó -en todo momento- como funcionaria de la Defensoría del Pueblo. Las agresiones físicas han sido plenamente acreditadas con el certificado médico legal correspondiente.

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Como se recuerda los hombres de prensa reportaron serios daños a sus equipos electrónicos, por lo que debieron interrumpir el ejercicio de su tarea periodística.

“La libertad de informar y ser informados es un derecho fundamental que no puede ser afectado bajo ninguna circunstancia”, sostuvo Vega Luna, quien agregó que agredir a periodistas u obstaculizar su trabajo es –en el fondo– atentar contra el derecho de la  población a ser informada.

Cabe recordar que, en febrero de este año, se supo de hechos similares en la provincia de Celendín, Cajamarca, cuando periodistas de la zona informaron que los manifestantes de entonces amenazaban su integridad física.

El Defensor del Pueblo hizo además un llamado a los periodistas que se sientan amenazados u hostilizados en cualquier contexto a denunciar los hechos ante el Ministerio Público, solicitar las correspondientes garantías personales ante la Gobernación, así como informar de estas acciones a la Defensoría del Pueblo para que  supervise el cumplimiento efectivo de los deberes de función de estas entidades estatales.

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Edgardo de Noriega, representante de la familia y primo hermano de Santistevan de Noriega, indicó que el deceso se produjo al promediar las 7:29 a.m. en la vivienda del abogado.

Según comentó, don Jorge desempeñó sus labores en su estudio hasta el miércoles pasado, cuando decayó su salud.

El velorio se realizará en privado en la parroquia Virgen de Fátima de Miraflores desde las 2 p.m. Mañana habrá una misa a las 10 a.m. y por la tarde será cremado en el campo santo Jardines de la Paz, en La Molina.

Jorge Santistevan de Noriega nació el 22 de enero de 1945 en Arequipa, en 1960 vino a Lima con sus padres para terminar la secundaria. Posteriormente, estudió Letras y Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en donde además participó en el teatro universitario. Sus labores profesionales lo llevaron a radicar muchos años en el extranjero.

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