Esta iniciativa brindará garantía a los propietarios que alquilen sus inmuebles, pues podrán recuperarlos de forma inmediata en caso el inquilino incumpla con el pago puntual de las cuotas.

El pleno del Congreso de la República aprobó, con 83 votos a favor, el mencionado proyecto de ley propuesto por el Ejecutivo.

El ministro Carlos Bruce saludó la aprobación y destacó que “permitirá frenar el abuso de inquilinos morosos que por muchos años aprovecharon el letargo del Poder Judicial en desmedro de propietarios de inmuebles que viven del alquiler de sus propiedades”.

El titular del Sector Vivienda estimó que con la ley los procesos de desalojo se acortarán y podrán efectuarse en un plazo de entre 20 y 30 días. Bruce también remarcó otra de las ventajas de la propuesta: la promoción de la inversión de edificaciones para el alquiler.

“El proyecto de Ley aprobado es muy importante para el mercado inmobiliario, pues promueve la oferta de alquiler de viviendas; en un futuro a corto plazo habrán más inversionistas que construyan edificios pensando en el alquiler”, expresó el ministro Carlos Bruce.

Alcances de la ley

Este proyecto de Ley establece y regula el desalojo, con intervención del notario, a fin de restituir el bien inmueble arrendado a su dueño, además de disminuir la carga procesal de los juzgados. Esta iniciativa busca contrarrestar las invasiones y la informalidad.

Las causales de desalojo son el vencimiento del plazo del contrato de arrendamiento o el incumplimiento de pago de la renta, según lo establecido en el contrato. El notario sólo considerará la constancia de transferencia o depósito de los pagos realizados a través de la cuenta bancaria acordada por las partes.

Como parte del procedimiento, el notario constatará el cumplimiento de las condiciones del contrato de arrendamiento. Posteriormente, dejará constancia del vencimiento del contrato o de resolución del mismo por falta de pago y remitirá copia legalizada del expediente al Juez de Paz Letrado, del distrito donde se ubica el inmueble arrendado.

Dentro del plazo de 3 días hábiles de recibido el expediente, el Juez de Paz Letrado emitirá la resolución judicial y cursará oficio a la Policía Nacional, disponiendo el desalojo o el descerraje, en caso de resistencia. La resolución judicial es impugnable.

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Este proceso será posible si previamente, en el contrato de arrendamiento, se incluya una cláusula de allanamiento a futuro del arrendatario, para la restitución del bien por resolución del contrato por falta de pago.

Asimismo, el contrato de arrendamiento debe estar contenido en un Formulario Único de Arrendamiento de Inmueble destinado a Vivienda (FUA).

Por otro lado, los pagos por los arrendamientos, necesariamente deberán ser bancarizados en entidades financieras o cooperativas de ahorro y crédito que se encuentren supervisadas por la SBS.

“Además de lo señalado, otra de las ventajas de la ley es la descarga procesal del proceso de desalojo, que por lo regular puede demorar un promedio de 4 años en ser efectiva”, señaló el congresista Carlos Bruce, autor del proyecto.

Añadió que en ese lapso de tiempo, el inmueble, ilegalmente ocupado, continúa deteriorándose lo cual va en desmedro del arrendador para futuros alquileres de su inmueble. Con la intervención de un notario, este proceso puede ser reducido a menos de 30 días.

Sus beneficios

La nueva ley brindará seguridad e incentivos a los actuales y futuros propietarios de inmuebles, para que puedan ponerlos a disposición de alquiler y de esta manera, dinamizar el mercado inmobiliario para personas buscan alquilar una vivienda ya que todavía no cuenten aún con los medios económicos para pagar la cuota inicial de una vivienda propia.

Finalmente, se espera que en el Ejecutivo se apruebe rápidamente la autógrafa respectiva para que miles de personas puedan ejercer sus derechos sobre los bienes inmuebles adquiridos y de esta manera, muchas familias puedan beneficiarse con una mayor oferta de inmuebles de alquiler

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A través de Twitter, George Forsyth, sostuvo que los supuestos asesinos a sueldo provienen del norte del Perú y que por ello, dio declaraciones a las autoridades policiales.

“Ya nos han informado que han llegado dos sicarios del norte debido al operativo en el Mercado de Frutas”, se lee en su red social y aseguró que ya ha dado aviso a la Policía Nacional.

Pero el alcalde de La Victoria también cuestionó que se haya liberado a otros ocho detenidos tras los operativos en el Mercado de Frutas del pasado martes 2 de abril.

Como se recuerda en dicho operativo participaron 200 agentes de la Policía Nacional del Perú, y se detuvo a ocho personas sospechosas del delito de extorsión.

«¡Los 8 detenidos ya fueron liberados! ¡Quiero que esto sea de conocimiento público!», aseguró el burgomaestre en la misma publicación de Twitter.

Responde el Ministerio Público

Al respecto, el Ministerio Público ha explicado que se dispuso la liberación de los sujetos al haberse cumplido el plazo legal de detención, pero que todos continúan en calidad de investigados.

«La Sexta Fiscalía Provincial Penal de Lima dispuso ampliar por 30 días la investigación policial por presuntos delitos de extorsión y banda criminal, contra los 8 sujetos detenidos el miércoles último en el Mercado Mayorista de Frutas de La Victoria«, publicó la entidad por la misma red social.

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La Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cajamarca inició las diligencias en tanto serán investigados varios efectivos por los presuntos delitos de abuso de autoridad y lesiones.

Están incluidos además en la pesquisa, por los presuntos delitos de desobediencia a la autoridad y disturbios, los civiles que se enfrentaron a la policía para evitar la orden judicial.

Entre las primeras diligencias dispuestas por el fiscal Jaime Vásquez Ramírez, se encuentra la necropsia a la víctima, el que determinó que la causa de su muerte fue el impacto de un cartucho que contenía  60 perdigones, los que explotaron en su pecho.

Otras acciones de la Fiscalía corresponden a la toma de declaraciones de testigos y la visualización de videos, así como pericias balísticas.

Los hechos ocurrieron ayer al promediar la una de la tarde, cuando el occiso trataba de impedir el desalojo del inmueble que habitaba junto a su familia,  ubicado en la cuadra 5 de la prolongación Diego Ferré, en el cruce con el jirón Húsares de Junín.

El desalojo fue ordenado por la jueza Carmen Araujo del Segundo Juzgado Civil de Cajamarca.

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Fueron más de 500 los efectivos ediles con apoyo de la policía los que retiraron a los informales de la zona y luego realizaron una operación de limpieza y remoción de escombros.

De varios puestos improvisados salieron decenas de roedores y otros animales que podrían convertirse en un foco infecciones y contra la salud.

La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, llegó esta madrugada para inspeccionar la zona aunque -según un periodista de Canal N- no encabezó la acción.

Le preguntamos si esta fue una acción con miras a su reelección pero no hubo respuesta, dijo el reportero de la televisora.

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De esta manera el citado excentro de abastos es tomado por las autoridades policiales y serenazgo con el apoyo de palas mecánicas, cargadores frontales y camiones.

Este operativo se lo ha denominado «rescate sanitario», debido a que se podría generar un foco infeccioso ante la proliferación de basura y ratas. Sin embargo, esta acción generó tensión en la zona que provocó el accionar violento de los comerciantes contra el personal policial y de serenazgo de la comuna capitalina.

Al menos un menor de edad resultó afectado y fue evacuado oportunamente para ser atenido, al interior el abogado de los comerciantes, Malzón Urbina, indicó que «han cometido el delito de usurpación agravada con lesiones».

Sin embargo, en el puesto 12 permanecía Ida Ávila, dirigenta de los comerciantes de La Parada, con otro grupo de comerciante y se resistía a abandonar su puesto. Ella calificó de «delincuencial» el accionar de la Municipalidad Metropolitana de Lima en el ex mercado. 

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Como se recuerda ayer la comuna clausuró el local para evitar el ingreso y salida de vehículos con mercadería, en tanto unos mil comerciantes se atrincheran al interior mientras la policía se prepara para desalojarlos.

Al respecto, la gerenta de Fiscalización de la Municipalidad de Lima, Susel Paredes​, lanzó el ofrecimiento en entrevista con Beto Ortiz para el programa 90 Segundos.

«En La Parada ya han salido 100 personas en las últimas horas y la salida de estos comerciantes va a demorar lo que tiene que demorar, estarán hasta que se cansen de estar adentro, el que quiere salir pacíficamente se les devolverá lo invertido. Salen ponemos un acta de retención y a ellos se les devuelve su mercadería», indicó Paredes. 

La funcionaria añadió que este mercado «ya no funciona», por ello preguntó a los comerciantes, entonces ¿cuál es el motivo que se queden al interior?.

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Desde las 3:00 pm, centenares de miembros de las fuerzas del orden rodearon el centro de abastos mientras que al interior hay un promedio de 3 mil personas, entre adultos, mujeres, niños y ancianos.

La funcionaria de la Municipalidad de Lima (MML), Susel Paredes Piqué, llegó hasta La Parada y junto funcionarios ediles clausuró seis puertas del exmercado mayorista prohibiendo la apertura de sus puertas.

#EnVivo : @MuniLima clausura exmercado Mayorista de #LaParada. http://t.co/rcrXjyXO5F cc @MunLimaSegura @suselparedes pic.twitter.com/786Ug93q16

— La Mula (@lamula) marzo 2, 2014

Hasta el lugar llegaron los congresistas Yonhy Lescano y Julio Rosas llegaron al lugar y solicitaron a la autoridad fiscal y policial cuantos efectivos están en el lugar, pero no les dieron esta información.

Clausura del exmercado La Parada. pic.twitter.com/l8kyUYQrGQ

— Seguridad Ciudadana (@MunLimaSegura) marzo 2, 2014

COMUNICADO MML. Por la noche, la comuna emitió un comunicado confirmando que se procedió a la clausura del mercado por atentar contra la salubridad y poner en riesgo la seguridad.

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Desde muy temprano centenares de trabajadores de los bandos que se disputan el control de la azucarera permanecían alertas y se temía un fuerte enfrentamiento.

Sin embargo, una orden llegada desde Lima ordenó la suspensión del desalojo. Uno de los vigilantes que custodia el predio para la actual administración admitió que en su mayoría son licenciados del Ejército. «Si vemos que las cosas están picantes, nos vamos a armas..Tenemos suficiente», dijo uno de los custodios. 

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“Es un salto hacia atrás la decisión que ha tomado el juez. El caos, la delincuencia y el desorden que en estos meses se redujo en las inmediaciones de La Parada se pierden con esta decisión”, sostuvo el burgomaestre.

Sánchez Aizcorbe también teme que con este fallo se interrumpa el plan para combatir la tuberculosis que su comuna implementó en los alrededores de La Parada.

“La Victoria es el primer distrito que, en Lima Metropolitana, registra la mayor cantidad de pacientes con este mal. La Parada es la más afectada. Y si vuelve el caos, no podremos erradicar esta enfermedad que por años afecta en la zona”, señaló.

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Según informó el magistrado Urbina a la redactora judicial de Epensa, Karem Barboza, se declaró fundado el recurso de Hábeas Corpus (HC) -a favor de los comerciantes- en torno al impedimento del libre tránsito y trato discriminatorio.

Sin embargo, declaró «infundado» el recurso en torno a una supuesta responsabilidad delictiva de los efectivos policiales que realizaron el desalojo en la zona.

Como se recuerda los comerciantes formularon un Hábeas Corpus contra la decisión de la Municipalidad de Lima de cercar el local ubicado en las primeras cuadras de la avenida Aviación.

La decisión judicial estima además que la alcaldesa de Lima, Susana Villarán y el ministro del Interior cometieron delito doloso.

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Si bien los vehículos no son de las mismas características que los que acostumbraban llegar al otrora mercado mayorista –son mucho más pequeños–, no deja de llamar la atención.

De otro lado, continúan la vía crucis de los vendedores minoristas de La Parada. Una comerciante informal pidió a la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, que los traslade a la zona denominada “Tierra prometida”, un terreno ubicado al lado del Gran Mercado Mayorista de Lima (GMML) en Santa Anita.

“Es un terreno del Estado al costado del mercado mayorista. Ahorita está lleno de desmonte. Eso estamos pidiendo para los trabajadores informales”, dijo a RPP Noticias.

“(Pedimos a la alcaldesa) que por favor nos considere allá en Santa Anita, pero como minoristas porque nosotros no tenemos grandes capitales para ingresar como mayoristas”, agregó.

En tanto, los mayoristas del mercado de La Parada continúan sin dejar ingresar a los medios de comunicación a sus instalaciones.

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