Este es el tercer año consecutivo que la firma presenta el estudio “Conflictividad Tributaria en Cifras Z&A” mostrando, en este Reporte 2021, la realidad de las controversias tributarias en nuestro país. Así, quedó en evidencia el monto total que se discute en estos conflictos, los resultados obtenidos en las distintas instancias y los tiempos de demora.

Fernando Zuzunaga, socio del Estudio Zuzunaga, Assereto & Zegarra Abogados indicó que del total del stock de expectativa de deuda que maneja SUNAT a junio del 2021 ascendente a 110 mil millones, “los montos en controversia administrativa en manos de la SUNAT y Tribunal Fiscal están alrededor de 31 mil millones de soles, lo que es una constante desde hace años.

A diferencia de ello se advierte que hay mayor litigiosidad en el Poder Judicial (Deudas judicializadas por el contribuyente) con un monto aproximado de 20 mil millones, habiendo aumentado de un 8% a un 19% dentro de la composición del stock.  Por último, en cuanto a las deudas exigibles coactivamente se observa un mejor manejo de ellas ya que se redujeron a 57 mil millones, habiendo bajado su participación en el stock de un 67% a un 52% que siguen siendo un monto exorbitante, esto entre el 2020 al 2021”

Además, agregó que si tenemos en cuenta que el presupuesto de nuestro país de los últimos años (salvo el 2020 por razones obvias) en cuanto a recursos ordinarios asciende a poco más de 100 mil millones, entonces ese stock de deuda de 110 mil millones representaría un año de ingresos fiscales.

Por su parte, Socorro Núñez, Directora del Estudio Zuzunaga, Assereto & Zegarra Abogados, resaltó que “si bien la controversia tributaria en la etapa administrativa se mantiene en alrededor de 30 mil millones de soles de modo constante, encontramos algunos cambios en su composición.

Así, en el 2021 el 15% está en instancia de reclamación y el 85% en apelación, en cambio, en el 2020 teníamos solo el 6% en reclamación y el 94% en apelación”. Además, señaló “Que, si bien en la primera instancia administrativa a cargo de la SUNAT no hay demora en la resolución de los reclamos, sí llama la atención cómo se resuelven los mismos. En efecto, en el 2021 el 78% del monto reclamado se declaró INFUNDADO por la misma SUNAT. Es decir, se resuelve rápido pero casi todo se confirma, lo que hace necesario que el contribuyente acuda en apelación ante el Tribunal Fiscal.”

Asimismo, Lorgio Moreno, Socio de Z&A, mencionó que “del universo de casos en que la Corte Suprema modifica la Resolución del Tribunal Fiscal, el 75% es a favor de la SUNAT y el 25% a favor del contribuyente (…) la conclusión general es que el Tribunal Fiscal es el gran ganador a nivel global, pero si vemos a detalle, los procesos e intervenciones de estos dos actores, contribuyentes y SUNAT, este último cada vez que interpone una demanda tiene mayores posibilidades de éxito”

Fernando Zuzunaga, socio de Z&A, finalizó el evento destacando “Con el estudio podemos concluir que contamos con una SUNAT que, si bien gestiona eficientemente sus montos en controversia, porque resuelve dentro de los plazos, no se observa esa eficiencia en cuanto a sus decisiones como órgano resolutor de conflictos en las reclamaciones; tenemos un Tribunal Fiscal, donde se advierte imparcialidad y especialización en el 50% de casos de enmienda a la plana a la Sunat, pero no toma en cuenta al resolver su pasivo de 27 mil millones de soles, prolongando las controversias de montos por alrededor de 4 años; y con un Poder Judicial que tiende repetir los fallos del tribunal fiscal o dilatarlos, aunque en menor medida que en años anteriores, pero sigue siendo una constante”

El evento, en el que, además, se plantearon propuestas de solución y se sentó posición sobre el derecho de los contribuyentes a la Reserva Tributaria y el deber de transparencia de la administración, se realizó el 27 de octubre y contó con la participación de Fernando Zuzunaga y Lorgio Moreno, ambos socios de Z&A y Socorro Núñez, directora de la firma. Como panelista estuvo el ex Defensor del Pueblo Walter Albán Peralta, profesor principal del Departamento de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

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Según informe de la SUNAT N° 000015-2020, el monto total de las 158 empresas es de S/9,256,970,935 ; equivalente al 5% del presupuesto público para el año 2021, el 43% de los recursos públicos asignados a la lucha contra el Covid, al 1.3% de las ventas de las 500 mayores empresas del Perú, prácticamente el presupuesto anual del sistema de pensiones y 5 veces más que la deuda de la corrupción fujimorista de los 90’. Se observa que, la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A ha invocado la prescripción de S/2,083,106,484 seguido de Scotiabank Perú SAA con S/1,076,546,420 ; en este orden continúan compañías mineras como: Antapaccay S.A., Las Bambas S.A, Cerro Verde S.A.A entre otras.

“El Tribunal constitucional debe decidir a favor de la sociedad y no de las grandes empresas. Con el dinero de las deudas lograríamos cubrir gran parte del pago a los pensionistas de la ONP, pago a los fonavistas, bono universal y equipamiento en salud para combatir el Covid 19”, sustenta el parlamentario por el Frente Amplio Lenin Bazán.

El Estudio Gálvez & Dolorier que patrocina en temas tributarios a gran parte de estas empresas ha promovido esta declaratoria de inconstitucionalidad. Uno de los socios de este estudio de abogados, José Gálvez Rosasco, fue quien llevó la idea al Colegio de Abogados de La Libertad (CALL), a través de la abogada Martha Bringas Gómez. Después de este encuentro, el exdecano del CALL, Manuel Montoya Cárdenas, el 1 de febrero presenta la demanda de inconstitucionalidad contra la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo Nº 1421 para que las deudas de las grandes empresas prescriban.

Resulta sospechoso que el exdecano le otorgue facultades generales de representación a los abogados Silvia Muñoz Salgado y José Carlos Gálvez Rosasco, socios del Estudio Gálvez & Dolorier; asimismo, cabe indicar que la casilla de notificaciones y el domicilio procesal en Lima de la parte demandante (CALL) es la misma dirección donde funciona el Estudio Gálvez & Dolorier, en la Av. El Derby 254, Oficina 804, en Surco.

En la Audiencia Pública llevada a cabo en Arequipa el 29 de noviembre de 2019, la señora Silvia Muñoz Salgado participó representando al Colegio de Abogados de La Libertad, cuando mediante Oficio Nº 099-2020/D-MAMG, el decano actual informa al congresista Lenin Bazán y agremiado a ese Colegio, que no existen pagos por parte de la Orden a dicha abogada, es decir, no existe relación laboral con los representantes del demandante.

Además, mediante un comunicado, 16 de setiembre de este año, el Consejo Directivo actual indica que no ha destinado gasto alguno para dicha acción de inconstitucionalidad, y señala que no han sido informados por el abogado a cargo, es decir, la abogada del Estudio Gálvez & Dolorier, que ha venido actuando sin coordinar con su patrocinado y “gratuitamente”.

Es decir, el estudio de abogados que patrocina a los deudores tributarios, buscaron que el Colegio de Abogados de La Libertad interponga la acción de inconstitucionalidad, pusieron su domicilio procesal y abogados “gratis” para defender dicho proceso; actuando sin informar al nuevo Consejo Directivo del CALL. Entonces, el colegio profesional autorizado por la Constitución para interponer acciones de inconstitucionalidad ha sido utilizado y gestionado por privados para intereses distintos a los que debería proteger dicho gremio.

El congresista Lenin Bazán ha denunciado al exdecano Manuel Montoya por faltas éticas cometidas, al haber transgredido los deberes de actuar con lealtad a sus agremiados y el principio de buena fe, pues sospechosamente aprovecha las facultades otorgadas por la Constitución Política del Perú al Colegio de Abogados de La Libertad para favorecer intereses particulares y no orientando su actuación al servicio preferente de la sociedad como lo ordena el Código de Ética del Abogado, y haber utilizado al Colegio de Abogados de La Libertad como un instrumento de las grandes empresas para liberarse de pagar sus impuestos adeudados al Estado.

Además, en el informe solicitado a la SUNAT, se encuentra como una de las principales deudoras a Scotiabank Perú SAA. En este sentido, José Luis Sardón de Taboada, uno de los magistrados del Tribunal Constitucional, cuyo hermano, Francisco Sardón de taboada, es gerente general de Scotiabank Chile; debería abstenerse de votar como ya lo hizo en abril de 2017 en el caso del Exp. Nº 00222-2017-PA/TC, donde Scotiabank Perú S.A. era parte.

“Existen grandes intereses para declarar la inconstitucionalidad de Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo Nº 1421. Blume ya presentó su proyecto de sentencia, favoreciendo a las grandes empresas. Todo ello, a pesar que el Colegio de Abogados ya desistió de su demanda. Además, he remitido un oficio al TC solicitando información sobre si el magistrado José Luis Sardón ha realizado algún pedido de abstención o si éste es de conocimiento del Pleno.”, menciona el congresista Lenin Bazán.

Además, el parlamentario ha informado todas las irregularidades de este proceso al presidente del Congreso para que el poder legislativo pueda pronunciarse y ejercer su rol de representante de los intereses ciudadanos. Asimismo, invoca a la ciudadanía a que se pronuncie y estemos todos alertas a la decisión del Pleno del TC, considerando el grave estado de necesidad en el que nos encontramos.

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El legislador José Luna Morales, Presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso señaló que el congelamiento por 90 días de los intereses busca darle un respiro económico a las miles de familias que vienen siendo afectadas en esta pandemia, ante la eventualidad de que hay más de 2 millones 300 mil peruanos que ha perdido sus empleos, solo en Lima.

La Comisión de Defensa del Consumidor recomendó plantear la suspensión o congelamiento del cobro de las tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, créditos personales, fideicomiso, capital de trabajo y todo tipo de endeudamiento contraída por personas naturales con empresas bancarias y financieras por un plazo de 90 días calendarios, sin aplicar moras, multas en intereses, ni afectar la calificación crediticia.

Luna Morales indicó que los cargos permitidos para tarjetas de crédito serán por membresía anual, modificación de fecha de pago, reposición de tarjeta de crédito, duplicado de contrato u otros documentos, emisión de constancias y servicios asociados a la tarjeta de crédito.

CAJAS DE AHORRO

“Las cajas de ahorro municipal representan 5.5 % de los préstamos en general. Por ello, estamos viendo la opción de dejar fuera de este grupo a las cajas municipales de ahorro y solamente incluir a los bancos que representan el 93.5% del mercado financiero de préstamos de consumo, vivienda y vehiculares, pues tienen más espalda financiera para poder aguantar postergación del sistema de pagos.

José Luna Morales señaló que con esta mora de tres meses de emergencia cerca de 300 mil préstamos vehiculares van a vencer y sus propietarios tienen el riesgo a perder sus vehículos y además alrededor de 100 mil créditos hipotecarios también vencerían, es decir, se estarían enviando a la calle a la gente, teniendo en cuenta que hay más de 2 millones de peruanos que han perdido sus empleos. 

“El plazo de congelamiento máximo es de 90 días porque los bancos han demostrado  sólo en el primer trimestre del año 2020 una utilidad aproximada de S/ 2,094 millones y un ingreso por intereses de casi 8,800 millones de soles, ante ello la comisión presentará el jueves ante el pleno, el dictamen para su aprobación y convertirla en ley, por ello estamos trabajando con la Comisión de Economía para lograr antes, la confirmación de un pre dictamen conjunto” precisó.

Luna Morales explicó que vencida la fecha, la entidad acreedora podrá reanudar el cobro correspondiente. Las cuotas congeladas serán fraccionadas entre las demás cuotas hasta el vencimiento del crédito, sin cargo alguno a elección del beneficiario.

El proyecto propone la suspensión de los cobros judiciales o extrajudiciales en los procesos de ejecución judicial la ejecución de garantías mobiliarias o inmobiliarias, la ejecución forzada, remates públicos y en general toda clase de acciones judiciales y extrajudiciales por un plazo de 120 días calendarios.

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Recuerda tener tu DNI a la mano o los datos de la persona sobre la que deseas consultar a través de las plataformas online.

Reporte de deudas Infocorp

Paso 1 – Ingresar a la web de la SBS dando click a este link.

Paso 2 – Llenar los datos solicitados como DNI, Apellidos paterno y materno y pre nombres. Ojo que puedes marcar un casillero si tienes un sólo apellido.

Paso 3 – Si bien el siguiente paso es el mismo formulario, pero es importante llenar fecha de nacimiento, ubigeo y fecha de emisión del DNI.

Paso 4 – Usted puede encontrar el número de ubigeo en el DNI o buscar en este link seleccionando buscar por aproximación.

Paso 5 – Luego de ello usted debe seleccionar el departamento, provincia y distrito en el que nació la persona a la que busca, el número resultante será el Ubigeo que colocará en el formulario

Paso final – Finalmente es necesario marcar el casillero «no soy un robot» e ingresar.

Usted recibirá el reporte de sus deudas en el sistema financiero, así como la calificación crediticia del ciudadano consultado dividida en cinco colores. Además el sistema te proporciona un reporte en PDF descargable.

Infocorp gratis

PASO 1 – Si queremos acceder a nuestro reporte Infocorp gratis a través de internet debemos ingresar a el sitio de Soluciones Equifax en este link.

PASO 2 – Luego deberá escribir su DNI y luego el código captcha que aparece en la web.

PASO 3 – Luego que el sistema valide tus datos, llegarás al registro, donde es necesario completar los datos requerimos y proceder a la validación presionando continuar.

PASO 4 – Finalmente, cuando todo está confirme, es necesario aceptar los términos y condiciones, para finalizar el proceso.

PASO 5 – Recibirás luego el mensaje solicitud exitosa, donde te informan que en dos minutos recibirás tu reporte vía email (correo electrónico), además te enviarán notificaciones sobre alertas de Equifax.

No olvida que se trata de un servicio gratuito así que no se deje sorprender por inescrupulosos.

¿Cómo salir de Infocorp?

Si pagaste tus deudas y tu nombre aún aparece en el reporte de Inforcorp tienes que realizar el siguiente trámite:

1.- Dirigir una solicitud a Equifax Perú S.A. indicando el motivo de revisión de la información.

2.- Detallar Nombres y Apellidos, N° DNI y Dirección física para recibir la información: Incluir Distrito/ Provincia/Departamento y correo electrónico.

3.- Copia legible del DNI. Si el trámite es realizado por un tercero, la persona que realiza el trámite debe presentar la copia de su DNI y una carta poder simple que autorice el procedimiento.

4.- Copia legible de los documentos de pago, constancia de no adeudo o cualquier otro documento que pruebe la cancelación de la deuda.

Nota: La respuesta a la solicitud es 12 días calendario desde la fecha de la solicitud

En el caso de ser atendido en esta rango de las fechas llame al (01) 415-0330, Opción 0 para consultar el procedimiento de la solicitud.

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En mensaje a la Nación, Martín Vizcarra dijo que este «ingreso es muy necesario para el desarrollo de obras y políticas públicas que beneficien a todos los peruanos».

«Por ello, se conformará una Comisión Ad Hoc integrada por los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, entre otras instituciones, con el propósito de generar mecanismos de pago», detalló Vizcarra.

En ese sentido dijo esperar que con la recuperación de ese dinero se pueda dinamizar más obras para los más necesitados y a la vez sanean las cuentas fiscales. «Vamos a mejorar las cuentas fiscales, mejorando la fiscalización y la administración tributaria», precisó.

En otro momento, Vizcarra Cornejo reafirmó que el crecimiento del país se alcanzará en base a inversiones y con una mejor recaudación.

Finalmente, informó que esta noche aceptó la renuncia del ministro de Economía y Finanzas, David Tuesta. «Reconocemos sus logros en esta etapa, y agradecemos profundamente su compromiso y el servicio brindado al país en estos meses de duro trabajo», puntualizó.

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– Antes de usar su tarjeta de crédito, evalúe bien el monto a pagar considerando intereses, tenga en cuenta que los productos cancelados con tarjetas de crédito son más costosos.

– Es importante conocer cuál será el monto total a pagar por el producto a adquirir o servicio a contratar. Esta suma resulta del precio al contado, los intereses, comisiones y gastos administrativos adicionales. Infórmese en su banco o entidad financiera sobre los costos asociados a su tarjeta de crédito.

– En caso el  establecimiento comercial o proveedor ofrezca promociones con la modalidad de cuotas, debe informar por escrito y de manera sencilla, los detalles del financiamiento otorgado en el que se incluya: el precio al contado, monto de la cuota inicial y de las cuotas a pagar posteriormente, la tasa de costo efectivo anual (TCEA) y el costo final del producto o servicio.

– Es recomendable que solo acepte deudas por montos acordes con su capacidad de pago, pues ello impedirá sobrendeudamientos. Tenga siempre presente que no es recomendable retirar dinero en efectivo de la tarjeta de crédito, debido a que la tasa de interés por esta operación es la más alta.

– Recuerde que los consumidores tienen el derecho a pagar de forma anticipada sus créditos. Este pago podrá ser efectuado de  forma parcial o total, así lo establece el Código de Protección y Defensa del Consumidor.
 
Canales de atención:
Los consumidores que no reciban un producto o servicio adecuado y oportuno, pueden solicitar el Libro de Reclamaciones del proveedor para registrar sus reclamos y quejas de Indecopi. También pueden comunicarse con el Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) del Indecopi, a través del teléfono 224-7777 para Lima y  0800-4-4040 para regiones.
 
Del mismo modo, pueden escribir un correo electrónico a  sacreclamo@indecopi.gob.pe; o realizar su reclamo de forma virtual a través del aplicativo móvil ‘Reclamos Indecopi’, que puede descargarse gratis en los dispositivos Android.

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A muchas personas no les gusta recibir llamadas telefónicas automáticas, y a Araceli King seguramente menos, ya que recibió 153 de ellas sólo de parte de una de ellas, la estadounidense Time Warner Cable.

Pero ahora la empresa de TV paga deberá abonar 229.500 dólares por el reclamo de especialistas en seguros por haber realizado 153 llamadas automatizadas en menos de un año al teléfono celular de King, que en realidad estaban destinadas a otra persona, incluso después que ella pidió que esas comunicaciones se detuvieran, según determinó un juez federal de Manhattan.

King, de Irving, Texas, acusó a Time Warner Cable de haberla acosado dejándole mensajes para Luiz Pérez, quien una vez consiguió su número de teléfono móvil, incluso después de que ella dejó en claro eso durante una discusión de siete minutos con un representante de la compañía.

Las llamadas se hicieron a través de un sistema de «respuesta de voz interactiva», diseñado para los clientes que se encuentran retrasados con sus pagos.

Sin embargo, Time Warner Cable respondió que no era responsable ante King bajo el Acta Federal de Protección al Consumidor Telefónico, una ley destinada a frenar los abusos de las llamadas automáticas y el telemarketing, ya que creía que estaba llamando Pérez, quien había dado su consentimiento para recibir esas llamadas.

Pero en la triple indemnización por daños de 1.500 dólares por llamada por violar intencionalmente esa ley, el juez de distrito Alvin Hellerstein dijo que «una empresa responsable» se hubiera esforzado más para encontrar a Pérez y abordar el problema.

También dijo que 74 de esas llamadas habían sido realizadas luego de que King inició su demanda en marzo de 2014, y que era «increíble» creerle a Time Warner Cable cuando dijo que aún no sabía cuál era el reclamo de la mujer.

Mientras tanto, la vocera de Time Warner Cable, Susan Leepson, dijo la compañía con sede en Nueva York que está revisando la decisión.

«Las empresas están utilizando las computadoras para marcar números de teléfono», dijo Sergei Lemberg, abogado de King, durante una entrevista telefónica. «Se benefician de la eficiencia, pero hay un costo cuando hacen miserable la vida de la gente. Y éste fue uno de esos casos».

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Como se sabe, la noticia acerca de la muerte de Robin Williams causó tal conmoción mundial que muchos comenzaron a preguntarse las causas detrás del suicidio del gran actor de Hollywood.

«Se veía muy mal y estaba atormentado por sus problemas poco antes de suicidarse», reveló un vecino del intérprete, que se cree que fue el último vecino que lo vio con vida.

Pues Robin Williams, ya había hablado antes de su «miseria» al tener que volver a los 63 años a la televisión y tener que asumir papeles en películas que él no quería, además de dos divorcios que le habían costado 20 millones de euros.

El actor se había casado tres veces y según diversas fuentes, estaba bajo presión financiera e incluso exigencias de dinero. «Robin se veía muy mal. Había perdido todo su peso y lucía excepcionalmente demacrado. Era como si no hubiera nada detrás de sus ojos; sólo una cáscara «, agregó el vecino del tranquilo barrio residencial en donde vivía la estrella del cine.

Sus amigos cuentan que se trataba de una persona generosa, que donaba plata para ayudar a los demás. «Fue muy duro para Robin tener que aceptar nuevamente un papel en la TV por dinero. Él no pensaba estar en ese lugar en este momento de su vida», aseguró una fuente, según el Daily Mirror, acerca del papel en The Crazy Ones.

Un amigo de la familia que recientemente habló con Robin dijo: «Todo lo que podía hablar era sobre sus serios problemas de dinero. Robin sonaba distante durante las conversaciones telefónicas. Era conocido por ser generoso con sus amigos y familiares durante la cumbre de su éxito, y ayudaría a cualquier persona que lo necesitara».

«También hubo frustración en Robin expresada en el hecho de tener que volver a la televisión y estar obligado a tomar papeles en películas que no quería, pero lo tuvo que hacer para afrontar los pagos», agregó.

Robin se divorció de Valerie en 1988, después de 10 años de estar juntos. Ellos tuvieron un hijo, Zachary. En 1989 se casó con la niñera de Zachary, Marsha Garces, y tuvieron dos niños: Zelda (25) y Cody (22).

Pero la pareja se separó en 2008. Robin dijo entonces sobre las rupturas matrimoniales: «El divorcio es caro. Se rasga tu corazón a través de tu billetera». Sin embargo, esas experiencias no le impidieron casarse por tercera vez en 2011. En ese caso, lo hizo con la diseñadora gráfica Susan Schneider. / Con información de Infobae

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Según “Sin medias tintas” uno de los deudores tributarios es el congresista nacionalista Fredy Otárola, quien debe pagar por concepto de retención de la renta de quinta categoría, impuesto extraordinario de solidaridad y Essalud, del 2002.

Sobre ello, el legislador de Gana Perú dijo que no maneja su contabilidad. “Lo maneja mi contador y haré las averiguaciones del caso”, aseguró en el informe periodístico.

Otros congresistas que deben son Teófilo Gamarra, Aldo Bardales, Juan Castagnino, Víctor Grandez, Agustín Molina, pero quien tiene una de las deudas más altas es el parlamentario Rogelio Canches, quien no ha cumplido con pagar S/.139.493 en impuestos desde el 2010.

También se suma a la lista de deudores el legislador fujimorista Héctor Becerril tiene una deuda de S/.500 desde 1999 por una microempresa, Esther Saavedra, Amado Romero, Roberto Angulo, Ángel Neyra, Mariano Portugal, y Rofilio Neyra.

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El dirigente explicó que el club está ahora en manos de los acreedores pues no puede pagar una serie de deudas que mantiene. 

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