El sistema fue comprado por la DINI en 2013 a la empresa Verint Systems Ltd., una compañía israelí de inteligencia electrónica que comercializa tecnología de última generación, por S/.55 millones según El Comercio. Tiene capacidad para interceptar simultáneamente tres mil líneas telefónicas y se habría adquirido para ser usado en la lucha contra la criminalidad organizada y el narcotráfico.

Este Diario pudo conocer que la millonaria adquisición es investigada por la Contraloría General de la República y la Comisión de Inteligencia del Congreso. Ello, por cuanto la DINI no realizó una licitación internacional y existen algunas observaciones al proceso de compra.

Los equipos adquiridos tienen un costo de S/.55 millones, tal y como fue revelado en julio por el semanario “Hildebrandt en sus trece’. El Perú ha pagado a Verint Systems casi la totalidad de ese monto. Aún adeuda S/.3 millones, lo que genera que el Estado deba pagar intereses adicionales.

Existe otro costo, que corresponde al de la infraestructura que se construye para instalar los equipos que forman el sistema de interceptación. Estos suman alrededor de S/.10 millones. En total, el llamado sistema o proyecto Pisco viene costando S/.65 millones.

El proceso de adquisición empezó en el 2012. El entonces jefe del gabinete de asesores de la DINI Iván Kamisaki Sotomayor pidió cotizaciones a seis empresas: Digitro, de Brasil; Penlink y Frost & Sullivan, de Estados Unidos, Utimaco, de Alemania; y Nice Systems y Verint Systems, de Israel. 

El 17 de setiembre de ese año, Kamisaki elevó su análisis comparativo de equipos y precios al entonces director del organismo máximo de inteligencia, Víctor Gómez Rodríguez.

El proceso de compra se inició un mes después, en octubre, y concluyó en abril del 2013. En ese período, personal de la compañía visitó el país y entrenó a los primeros agentes. También se adquirió un equipo satelital y empezó la construcción de la infraestructura mencionada en la sede de la DINI, en Chorrillos.

Fuentes de la Comisión de Inteligencia del Congreso y de la Contraloría General de la República señalan que, pese a la magnitud de la compra, la DINI no efectuó una licitación. Ello ha sido confirmado a El Comercio por el actual director general de la DINI, Manuel Sevilla Echevarría.

Todo partió de una orden presidencial, como ha quedado evidenciado en una carta firmada por el ex jefe de la DINI Víctor Gómez.

ORDEN SUPREMA A inicios de este año, cuando la Comisión de Inteligencia y la contraloría tomaron conocimiento de la adquisición del Proyecto Pisco, pidieron información de esta a la DINI.

En febrero pasado, el entonces recientemente nombrado jefe de la DINI Javier Briceño solicitó a su antecesor Víctor Gómez que le explicara cómo se había efectuado la compra, a qué necesidad obedecía y quién tomó la decisión de hacerla.

Gómez envió su respuesta el 19 de febrero, en la cual informaba que el procedimiento de compra fue secreto y que la indicación para adquirir el sistema de interceptaciones provino del presidente Ollanta Humala.

La carta que remitió Gómez a Briceño fue reconocida en una entrevista telefónica sostenida con El Comercio, el viernes en la noche, por el actual jefe de la DINI, Manuel Sevilla. Él reconoció que la institución no realizó licitación ni concurso, pero defendió el procedimiento secreto que cuestiona la contraloría.

“No [no hubo licitación], porque yo puedo evaluar en el mercado, pero no tengo que seguir necesariamente los procedimientos de la Ley de Contrataciones. No estoy obligado”, dijo Sevilla a este Diario.

Indicó que el procedimiento seguido para la compra está regulado por la Directiva 003-2006, referida a gastos reservados. “La directiva fue aprobada por la DINI con la opinión favorable previa de la contraloría”, señaló Sevilla.

Denuncian que la DINI infiltró agentes en San Isidro mientras PCM lo niega | Política | Periodismo en Línea http://t.co/yCTMLHbqMo

— Periodismo en Línea (@periodismoperu) julio 19, 2015

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El espacio televisivo sustenta su denuncia en documentos donde mencionan a Milagritos Bernui, quien se desempeña como subgerenta de Catastro de la Municipalidad. Ella sería una agente e ingresó a trabajar con la finalidad de lograr que agentes ingresen a viviendas.

Como se recuerda en la actualidad la DINI se encuentra en reorganización y se entiende que está desactivada, no obstante saltó esta nueva denuncia.

En los papeles se menciona que Bernui comentó que con ella podrían ingresar otras tres personas más. Incluso se menciona que ya se logró colocar un dispositivo en una de las viviendas.

Las personas aludidas en la nota no dieron su descargo pues se perdió comunicación con ellas. Mientras que la Municipalidad de San Isidro confirmó que Bernui trabaja en la comuna.

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PCM RESPONDE. Al respecto, la presidencia del Consejo de Ministros (PCM) rechazó que la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) esté realizando acciones de inteligencia operativa y, en tal sentido, descartó que este organismo haya intentado infiltrar agentes a la Municipalidad distrital de San Isidro.
 
En esa línea, la PCM precisó que en la actualidad la DINI se encuentra en reorganización al amparo del decreto supremo 013-2015-PCM, el cual establece que mientras dure este proceso se suspenderá la ejecución de acciones de inteligencia operativa, contrainteligencia y consolidación de apreciaciones a cargo de la DINI.
 
No obstante, y pese a que la DINI no está realizando ninguna actividad de inteligencia operativa, la PCM ha dispuesto que se realicen las investigaciones a que hubiere lugar.

Cosito @Ollanta_HumalaT y su promoción! @periodismoperu: Dinileaks: Gob oficializa relevo de altos mandos de la DINI http://t.co/djODwVCGdX

— OSCAR ROJAS A. (@OscarRojasA) marzo 22, 2015

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Según el registro de 322 mil búsquedas que hoy publicado el diario Correo, se muestran los números de DNI, nombres completos y otros datos de diversos personajes, pero también las bellas modelos.

Entre las modelos rastreadas figuran Milett Figueroa, Vania Bludau, Karen Schwarz, Tilsa Lozano, Michelle Soifer, Alejandra Baigorria, Melissa Loza y Sheyla Rojas. La información que obtuvo la DINI fueron fotografías, identificación y otra información personal con las que les hicieron seguimiento.

Durante este gobierno, las acciones de rastreo y seguimiento a los personajes se hizo más evidente y terminó por la suspensión de las actividades del servicio de inteligencia. Sorprende que no haya sido solo figuras de la política sino también del espectáculo que hayan estado implicadas en los rastreos.

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Un informe de Cuarto Poder muestra los planes de inteligencia denominados ‘Alex’, ‘Leyla’, ‘Toto’ y ‘Pisco’, cuyos informes eran acompañados de seguimientos en video a los opositores al gobierno.

El Plan de inteligencia ‘Alex’, correspondería al ex presidente Alan García y se incluía la búsqueda de denuncias contra el líder del Apra, al extremo de forzar una supuesta acusación de nepotismo que agentes de inteligencia encontraron en la secretaria del exmandatario.  

No sólo eso, el plan «Alex» revelaba que varias actividades públicas y privadas de Alan García Pérez fueron seguidas por la DINI. El documento revela además las operaciones de inteligencia pero sobre todo los sobrenombres de agentes y lista de equipos a usar.

Otro afectado por el reglaje es Jorge Paredes Terry, quien salió del Nacionalismo y ha revelado detalles a la prensa de la supuesta vinculación de Ollanta Humala, Nadine Heredia y otros nacionalistas con el chavismo y un supuesto financiamiento electoral.

No obstante, el informe de inteligencia admite haber cometido errores en seguimiento al citado ex nacionalista.

Pero los documentos revelan además operaciones de reglaje contra Keiko Fujimori. Dicho plan fue denominado «Leyla» y tiene similitudes con Plan Álex.

Finalmente Cuarto Poder reveló que la DINI pagó cerca de S/ 50 millones por equipos de interceptación telefónica aunque el detalle es su alto precio y el secretismo de la compra.

La DINI se negó a abrir sus cuentas a la Contraloría General de la República para una auditoria. La oposición teme que dichos equipos se estén utilizando para espiar a politicos.

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En cumplimiento a la decisión anunciada por la Jefa del Gabinete Ministerial, Ana Jara Velásquez, durante su presentación en el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo concretó los relevos mediante dos resoluciones supremas de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), publicadas en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. 

Mediante resolución suprema N° 074-2015-PCM, el Gobierno aceptó la renuncia presentada por Briceño Carpio al cargo de director de Inteligencia Nacional del citado organismo. Briceño se desempeñó en dicho puesto desde comienzos de enero de este año.

Y a través de la resolución suprema N° 075-2015-PCM, el Poder Ejecutivo dio por concluida la designación de Kamisaki Sotomayor como director ejecutivo de la DINI.
 
CASTAÑEDA Y CHÁVEZ En cumplimiento a lo que anunció la jefa del Gabinete Ministerial en el último Pleno del Congreso, se dio por concluida la designación de Mauro Castañeda Prada como director de la Dirección de Contrainteligencia de la DINI, mediante una resolución de fecha 20 de marzo, firmada por el todavía director de la DINI, Javier Briceño Carpio. 
 
Respecto a Rosendo Chávez, la titular de la PCM informó hoy que solicitó a la Fiscalía de la Nación que este agente de la DINI sea incluido en las investigaciones sobre denuncias contra la DINI.

Sobre Rosendo Chávez, he pedido a la Fiscalía de la Nación q este agente sea incluido en las investigaciones sobre denuncias contra la DINI.

— Ana Jara Velásquez (@anajarav) marzo 22, 2015

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Como se recuerda hace mas de un mes se cuestionó la labor de la DINI que habría sido utilizada para hostigar y hacer reglaje contra políticos de oposición al régimen de Ollanta Humala e incluso a personalidades del gobierno como Marisol Espinoza.
 
Al respecto, recién hoy mediante Decreto Supremo 013-2015-PCM, publicado en la fecha en el boletín de normas legales del diario Oficial El Peruano, se actuó conforme lo anunció la Presidenta del Consejo Ministros, Ana Jara Velásquez.

​En el documento se señala que el objetivo de la norma está orientado a fortalecer la rectoría del sistema de inteligencia nacional, lograr mayores niveles de confianza en la ciudadanía y eficiencia en la producción de inteligencia en materia de seguridad nacional.
 
En esa línea, la norma considera la creación de una Comisión Reorganizadora de Alto Nivel, que se encargará de evaluar y proponer las normas que resulten necesarias para su reorganización en los aspectos de profesionalización, racionalización, y de modificación de los aspectos operativos, administrativos, técnicos normativos, procesos y de procedimientos.
 
Dicha Comisión Reorganizadora estará integrada por tres personalidades de distinguida e intachable trayectoria personal y profesional, quienes ejercerán sus funciones ad honorem, y deberán ser designados en un plazo no mayor de 10 días calendarios siguientes a la publicación del Decreto Supremo.
 
Asimismo establece que la mencionada Comisión podrá invitar a especialistas, representantes de entidades públicas e instituciones privadas, sociedad civil, así como de organismos internacionales.  
La Comisión tendrá un plazo de vigencia de 150 días calendarios, contados a partir de la designación de sus integrantes para presentar el Informe Final a la Presidencia del Consejo de Ministros, que deberá contener las propuestas y recomendaciones correspondientes.
 
Con el fin de brindar apoyo técnico y administrativo, la Comisión Reorganizadora contará con una Secretaría Técnica de manera permanente, que estará adscrita a la DINI.  La norma precisa que tanto los integrantes de la Comisión Reorganizadora y de la Secretaría Técnica están obligados a guardar reserva y mantener el carácter de secreto de los documentos e información que sean de su conocimiento por razones de función, aún después del término del mandato.

 El Decreto Supremo establece que para su aplicación, el financiamiento se hará con cargo al presupuesto de la DINI y no demandará recursos adicionales al tesoro público. El dispositivo también establece que mientas dure el proceso de reorganización se suspenderá la ejecución de acciones de inteligencia operativa, contrainteligencia y consolidación de apreciaciones a cargo de la DINI, que estarán a cargo de los órganos de inteligencia de los sectores de Defensa, Interior y Relaciones Exteriores.  
 
En tanto concluya el proceso de reorganización y con el objeto de prevenir, reducir riesgos y amenazas a la seguridad nacional, los órganos de inteligencia de los sectores mencionados, además de sus funciones, se encargarán de producir Inteligencia Nacional para el Presidente de la República y el Consejo de Ministros.  
 
Finalmente, se precisa que mientras dure el proceso de reorganización, las solicitudes de información formuladas por los Poderes Públicos continuarán siendo atendidas por la DINI, en el marco de la normativa vigente. 

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La titular del Consejo de Ministros, Ana Jara, hizo ese anuncio tras el encuentro que encabezó el presidente Ollanta Humala con los líderes políticos de oposición donde hubo notorias ausencias como la del líder del Apra, Alan García y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

“Se ha recogido (durante el diálogo político) la propuesta que la PCM hizo al inicio de la sesión: la reorganización de la DINI. Se ha acordado su cierre temporal y veremos cuál es el marco legal que debe darse», manifestó.

La primera ministra, quien aseguró que la propuesta ha sido bien recibida por quienes han participado del diálogo, explicó que la DINI “entrará en un proceso de reestructuración”.

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Los hacktivistas han difundido en sus redes sociales dos paquetes de archivos comprimidos de 180 MB de peso.

«Target : mail.fach.mil.cl (Correo de la FUERZA AEREA DE CHILE – ESTRICTAMENTE MILITAR) /// Contenido : Contratos militares, comunicaciones, etc /// Autor : @lulzsecperu», se lee en una sumilla adjunta a los archivos descargables.

Los hackers agregaron: «Lo que nos hicieron en el 2009 se lo devolvemos, saludos», en alusión a una supuesta irrupción de chilenos en servidores del Estado Peruano.

Finalizaron expresando con ironía que la DINI y FAP del Perú, deberían aprovechar esta información.

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Según un reporte de gastos elaborado por el despacho del legislador Juan Carlos Eguren para www.diariocorreo.pe, en lo que va del año, la DINI ya invirtió S/. 36 millones126 mil de dicho lo que implica una fuerte inversión en temas amparados por el secreto militar.

La citada cifra difiere completamente de los montos invertidos años atras. El 2012 la DINI gastó S/. 18.7 millones en asuntos de reserva, el 2011 S/. 10.2 millones y el 2010 S/. 10.4 millones.

Entre el monto invertido entre el 2012 y el monto dispuesto para el presente año, la DINI gastará un 295% más. Ante ello Eguren expresó su extrañeza por el monto invertido.

“La cuestionada Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) ha mostrado un alto grado de eficiencia al ejecutar el 48.8% de los recursos orientados al rubro de gastos reservados (36 millones de soles de un total de 74 millones asignados)”, ironizó el legislador.

En cuanto a la distribución de gastos, del monto total de S/. 110 millones presupuestados para la DINI, 29 millones se irán en personal y obligaciones sociales, S/. 5 millones 723 mil en bienes y servicios, mientras que sólo S/ 1’307 mil se van en gasto de inversión.

OTRAS CIFRAS. Al término del primer semestre del año, los ministerios solo gastaron el 26.4% de su presupuesto para inversiones, mientras que en los tres niveles de Gobierno (Nacional, Regional y Local) dicho porcentaje alcanza el 30%, reveló Eguren.

Eguren consideró que se han registrado algunos avances en el manejo del presupuesto para obras con relación al mismo periodo del año anterior.

“Sin embargo, aún hay mucho por hacer porque no es posible que en un país con grandes carencias haya serias deficiencias en la gestión de los recursos dirigidos a mejorar la calidad de vida de los sectores menos favorecidos”, subrayó.

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El programa Cuarto Poder reveló que Wendy Paola Toro Gonzales fue sorprendida haciendo reglaje, junto a otras cinco personas, frente al edificio Mallorca en Miraflores y muy cerca a las oficinas de Rospigliosi. En la zona también vive el exministro Gino Costa y trabaja Carlos Basombrío, ambos muy cercanos a Rospigliosi.

Todo empezó cuando Wimber Rodríguez Vílchez notó inusuales desplazamientos de transeuntes frente el citado inmueble y pensó que él era víctima de dicho seguimiento pues integra la ONG «Unidos por la Justicia» que denuncia a jueces y policías corruptos.

Al percartarse de la presencia de por lo menos cinco personas, durante varios días, Rodríguez decidió registrar con su celular todos los inusuales movimientos hasta que un día decidió llamar a serenazgo para que se intervenga a los sospechosos.

«Habían 5 personas, 4 varones y una mujer..Siempre que me acercaba escuchaba, que novedades con el punto», comentó Rodríguez. Cuando llegaron los serenos y un policía, se logró retener en el lugar a Wendy Paola Toro Gonzáles, quien tuvo que entregar su DNI a un efectivo policial presente en el lugar.

«Yo estaba con mi enamorado y este señor se acercó», dijo temerosa sin percatarse de que era grabada. Otro agente de serenazgo en el lugar, le comentó al denunciante Wimber Rodríguez que cuando intervino a las otras cuatro personas, estas le informaron que eran policías y esperaban detener a un supuesto requisitoriado de construcción civil.

Tras el incidente, Cuarto Poder buscó información sobre Wendy Paola Toro Gonzales y confirmó que su nombre a aparece en la Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional, ingresó a laborar al Estado en 1999 y en la actualidad pertenece a la división de Búsqueda 1 de la DIRIN.

Lo más grave, es que Rodríguez Vílchez luego acudió a la comisaría de Miraflores para averiguar la suerte de la intervenida, pero inexplicablemente encontró que la intervenida era otra persona. En el libro de ocurrencia policial no aparecía el nombre de la mujer, sino a otra persona identificada como Emilia Carreño Toro Ordaya quien negó a Cuarto Poder que haya sido intervenida. 

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En declaraciones a Abre los Ojos, Castañeda pidió realizar una investigación ponderada sobre el tema. «Aquí si hay algo que no está claro..que haya una investigacion ponderada sobre el tema», indicó.

Consultado sobre la conducta de los legisladores solidarios Martín Belaunde y Gustavo Rondón, Castañeda dijo sentirse bien y mal por la actitud de los parlamentarios que se opusieron a no investigar a Alejandro Toledo en la comisión de Fiscalización.

«No coincido con lo que dijo Belaunde quien fue embajador y zar anticorrupción de Toledo, Michael Urtecho habló con el y pidió que lo entendieran. Osea la decisión no es de Solidaridad Nacional, sino de Martín Belaunde, comprendo su posición pero no la comparto», dijo Castañeda.

En otro momento Castañeda pidió aclaraciones al gobierno sobre la supuesta actuación de los organismos de inteligencia para una campaña de desprestigio contra candidatos presidenciales y posibles rivales de Nadine Heredia. 

«Yo quiero dar el beneficio de la duda y tratar de pensar bien del gobierno, pero si se presta a suspicacias…por eso que salga del gobierno y aclare. Muchas veces los procuraqdores en haras de un lucimiento personal y con fines políicas se lanzan en acusaciones..Existe susícacia y nada mejor que el gobierno lo aclare más aún cuando se habla de una candidatura de Nadine», expresó.

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