Según el reporte oficial del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), se registraron 144 emergencias a nivel nacional entre la medianoche y las 12:56 p.m.

La madrugada de fuego: Incendios lideran las cifras

La tranquilidad duró poco. Apenas seis minutos después de las 12:00 a.m., las sirenas se encendieron en el Cercado de Lima para atender el primer incendio de estructura del año en la Av. Aviación con Jr. García Naranjo. A partir de ese momento, la central 116 no paró de recibir alertas.

Los siniestros se concentraron en distritos populosos. San Juan de Lurigancho, Callao, San Martín de Porres y Villa El Salvador fueron los puntos más críticos.

En San Juan de Lurigancho, por ejemplo, se combatieron múltiples incendios de viviendas de material noble en zonas como la Av. Independencia y Mariátegui.

En el Callao, el fuego afectó viviendas y almacenes en jirones como Washington y Andrés Santiago Vigil durante la madrugada.

El motivo recurrente detrás de estas cifras apunta al uso irresponsable de pirotécnicos. Un gran número de reportes fue clasificado como «Incendio de Terreno Baldío», incidentes que suelen ocurrir cuando cohetes o «ratas blancas» caen sobre maleza seca o lotes vacíos, amenazando con expandirse a casas vecinas. Casos de este tipo se registraron repetidamente en Villa El Salvador y Carabayllo.

Accidentes de tránsito: Cifras bajas pero con riesgo latente

A diferencia de la abrumadora cantidad de incendios, los accidentes vehiculares ocuparon un segundo lugar con una incidencia menor, bordeando las 20 atenciones en las primeras 13 horas.

Aunque la cifra es baja comparada con años anteriores, la gravedad no estuvo ausente. Los despistes de motos lineales fueron la constante en las vías rápidas.

Se reportaron accidentes en la Panamericana Sur (Lurín y San Juan de Miraflores) y en la Panamericana Norte (Los Olivos y Puente Piedra). En Chincha Alta, incluso se registró un accidente que involucró a una mototaxi.

Fugas de gas y emergencias médicas

La manipulación de las cocinas para la cena de Año Nuevo y el recalentado también generó sustos. Los bomberos atendieron cerca de 10 incidentes por materiales peligrosos, específicamente fugas de gas GLP.

Se controlaron situaciones de riesgo por balones de gas domésticos y vehiculares en distritos como San Miguel, Breña, Ancón y Villa María del Triunfo.

Adicionalmente, las ambulancias de los bomberos asistieron cerca de 35 emergencias médicas, que incluyeron desde caídas y dificultades respiratorias hasta heridos por agresión y arma blanca, como se reportó en Ica durante la mañana.

Recomendaciones: La prevención continúa

Con el verano recién empezando y el fin de semana largo por delante, es vital mantener la guardia alta. Los bomberos recomiendan:

• No queme basura ni maleza: Los incendios en terrenos baldíos fueron una constante esta madrugada; evite arrojar colillas o pirotécnicos sobrantes en estas zonas.
• Revise sus balones de gas: Tras la intensa cocina de anoche, verifique que las válvulas estén bien cerradas. Si huele a gas, ventile y no genere chispas.
• Manejo defensivo: Si va a retornar de las playas por la Panamericana Sur o Norte, hágalo descansado y sobrio. Las motos lineales deben transitar con especial cuidado.

Las cifras no mienten: más de 90 incendios en pocas horas es una alerta que no podemos ignorar. La seguridad de su familia depende de la prevención. Ante cualquier emergencia real, el 116 está a su servicio las 24 horas.

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Con ese propósito se aprobó, por unanimidad, el texto sustitutorio del Proyecto de Ley que declara de interés nacional y necesidad publica establecer acciones prioritarias para la descontaminación, conservación y protección de cuencas hidrográficas de las regiones Puno y Moquegua.

La propuesta se orienta a exponer la contaminación hídrica que vienen sufriendo las cuencas hidrográficas en las que se ubica el lago Titicaca, así como las cuencas hidrográficas de la región de Moquegua, que perjudican la vida y las actividades de los pobladores que se sitúan en zonas aledañas, entre las que se encuentran las orientadas al sector agrícolas.

Los proyectos de ley 6892/2020-CR y 6979/2020-CR aluden al estudio realizado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), respecto de las causas que amenazan la calidad del agua del lago Titicaca. Debido a ello se propone declarar en emergencia ambiental los afluentes de este lago a fin de masificar y ejecutar planes de acción inmediatas y de corto plazo.

En el análisis se da cuenta de las acciones emprendidas por la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente para la prevención y recuperación ambiental integral del lago Titicaca y sus afluentes, creada mediante Ley 29906, Ley que declara de necesidad y utilidad pública la prevención y recuperación ambiental integral del lago Titicaca y sus afluentes. Por esto, se estima conveniente proponer una ley declarativa dirigida a la ejecución prioritaria de proyectos de inversión orientados al tratamiento de aguas residuales en la cuenca del lago en mención.

Arapa Roque explicó que la situación de alerta se debe mantener para contrarrestar medidas sobre la intangibilidad del lago Titicaca. Por tanto, es necesario garantizar que en su zona de influencia solo se realice actividades de agricultura, acuicultura, turismo y otras que no lo contaminen.

La ANA ha identificado fuentes contaminantes del lago sagrado, por lo cual es necesario aprobar marcos normativos que declaren también en emergencia ambiental las siete cuencas de los ríos afluentes, ya que estos afrontan problemas graves de contaminación.

El presidente de la Comisión Agraria, Raúl Machaca Mamani (Frepap), recordó que el Titicaca es un lago que compartimos con Bolivia y no queremos que se contamine con metales generados por la minería, el objetivo es que no se sigan vertiendo estos contaminantes si no queremos llegar a la situación del lago Popo o del lago Copaisa, que ya se han secado. Hay estudios que nos previenen de ello y si no se toman acciones preventivas, el Titicaca podría secarse en 50 años, advirtió.

El legislador Lenin Bazán informó que en la Comisión de Pueblos Andino, que él preside, existen también once proyectos que proponen para los ríos en condiciones de contaminación, por lo que es necesario tomar acciones prioritarias para su remediación y acciones eficaces contra la contaminación, dijo. Además, pidió consensuar proyectos de ambas comisiones, medida que finalmente se aprobó.

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La propuesta prohíbe a los empleadores reducir las remuneraciones económicas de los trabajadores a su cargo, mientras dure el estado de emergencia nacional por el coronavirus.

En el régimen laboral privado, la infracción a lo dispuesto por la presente Ley es considerada como muy grave, conforme a los lineamientos de la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo. En el caso de tratarse de entidades públicas se aplica la normativa vigente sobre la materia.

En sus disposiciones complementarias final, indica que el Poder Ejecutivo adecúa el Decreto Supremo 019-2006-TR, Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, dentro de un plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir de la vigencia de la presente ley.

DECRETO DE URGENCIA

Asimismo, el grupo de trabajo aprobó, por unanimidad, el Proyecto de Ley que propone la Ley que modifica el artículo 3 del Decreto de Urgencia 038-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas complementarias para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores ante la COVID-19 y otras medidas.

La iniciativa plantea que los empleadores que no puedan implementar la modalidad de trabajo remoto o aplicar la licencia con goce de haber, por la naturaleza de sus actividades o por el nivel de afectación económica que tienen a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto de urgencia, pueden adoptar las medidas que resulten necesarias a fin de mantener la vigencia del vínculo laboral y la percepción de remuneraciones, privilegiando el acuerdo con los trabajadores.

Además, y excepcionalmente, mientras dure el estado de emergencia nacional y la emergencia sanitaria, los empleadores referidos en el numeral precedente pueden optar por la suspensión perfecta de labores exponiendo los motivos que la sustentan.

Para lo cual deben presentar por vía remota una comunicación a la autoridad administrativa de trabajo con carácter de declaración jurada, según formato que como anexo forma parte del presente decreto de urgencia, el cual se publica en el portal institucional del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (www.gob.pe/mtpe), en la misma fecha de la publicación de la presente norma en el diario oficial El Peruano. Dicha comunicación está sujeta a verificación posterior a cargo de la Autoridad Inspectiva de Trabajo, en un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles de presentada la comunicación de los aspectos mencionados en el numeral.

La autoridad administrativa de trabajo expide resolución dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de efectuada la verificación posterior a que se refiere el numeral precedente. De no expedirse dicha resolución, se aplica el silencio administrativo negativo, por lo queda sin efecto la suspensión perfecta de labores, y se puede reincorporar el trabajador a su centro laboral aun cuando la resolución fuere impugnada.

De comprobarse la falta de correspondencia entre la declaración jurada presentada por el empleador y la verificación realizada por la Autoridad Inspectiva de Trabajo o la afectación a la libertad sindical, la autoridad competente deja sin efecto la suspensión de labores. Por lo que el empleador debe de abonar las remuneraciones por el tiempo de suspensión transcurrido y, cuando corresponda, la reanudación inmediata de las labores. El periodo dejado de laborar es considerado como de trabajo efectivo para todo efecto legal.

Los empleadores beneficiarios del Programa Reactiva Perú, establecido por Decreto Legislativo 1455, del otorgamiento del subsidio para la recuperación del empleo formal, establecido por Decreto de Urgencia 127-2020 u otros de similar naturaleza, reincorporan a sus labores habituales o similares a sus trabajadores con suspensión perfecta de labores, cumpliendo con las normas de bioseguridad, y respetando las remuneraciones y la categoría del cargo que tenían antes de la suspensión.

Los empleadores que no cesaron en sus actividades económicas reincorporan a sus labores habituales o similares a sus trabajadores con suspensión perfecta o imperfecta de labores, cumpliendo con las normas de bioseguridad, y respetando las remuneraciones y la categoría del cargo que tenían antes de la suspensión.

La negativa a cumplir lo establecido en los numerales 3.5 y 3.6 genera la obligación de pagar las remuneraciones dejadas de percibir por los trabajadores a partir de la vigencia de la presente ley, sin perjuicio de la correspondiente multa administrativa laboral.

La Autoridad Inspectiva de Trabajo en el plazo de quince (15) días hábiles inspecciona a las empresas no comprendidas en los numerales 3.5 y 3.6, a fin de verificar la procedencia de la suspensión perfecta o imperfecta de labores, para los fines de ley.

SALAS CUNA

Se sustentó, debatió y aprobó el predictamen recaído en los proyectos de ley 775/2016-CR, 6082/2020-CR, 6647/2020-CR y 7023/2020-CR, que propone la Ley que establece la implementación de salas cuna o guarderías en los centros de trabajo.

El objeto de la presente ley es disponer que los centros de trabajo del sector público y del sector privado, donde el 20 % o más del total de trabajadores, bajo cualquier régimen laboral, sean madres, padres o responsables del cuidado de menores de tres años, implementen salas cuna o guarderías en sus instalaciones a fin de otorgarles servicios de cuidado y atención a dichos menores.

La propuesta también tiene como finalidad mejorar las condiciones laborales, productivas y emocionales de los trabajadores que son padres, madres o responsables del cuidado de menores de tres años, así como velar por su protección y el desarrollo integral, comprendido en la presente ley.

SUSTENTACIÓN

Previamente, la congresista Luz Cayguaray Gambini (Frepap) sustentó su Proyecto de Ley que propone la Ley que regula las relaciones laborales de los trabajadores estibadores terrestres que realizan sus actividades en centros comerciales, mercados, terminales terrestres o en establecimientos análogos.

De igual manera, sustentó su iniciativa legislativa el parlamentario Marcos Pichilingue Gómez (FP), que propone la Ley que modifica el artículo 31 de la Ley 30003, Ley que modifica el artículo 31 de la Ley 30003, Ley que regula el régimen especial de seguridad social para los trabajadores y pensionistas pesqueros.

Asimismo, la legisladora María Retamozo Lezama (Frepap) dio a conocer su proyecto de ley, el cual propone la Ley que crea un régimen de seguridad social diferencial para trabajadores vendedores de diarios, revistas y afines.

Finalmente, la congresista Tania Rodas Malca (APP) sustentó su iniciativa, la cual propone la Ley que autoriza que los trabajadores contratados asistenciales bajo la modalidad de suplencia durante el Estado de Emergencia Sanitaria Nacional-COVID19 en el Ministerio de Salud, en los gobiernos regionales, Essalud, en las sanidades de las Fuerzas Armadas, en la sanidad de la Policía Nacional, en el Instituto de Medicina Legal y en las universidades públicas sean nombrados o contratados a plazo indeterminado, según corresponda.

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Según norma publicada hoy en el diario oficial El Peruano, el Decreto Supremo N° 190-2019-PCM señala que durante el plazo de esta emergencia se ejecutarán acciones, inmediatas y necesarias, destinadas a la reducción del muy alto riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación en caso amerite.

Los distritos declarados en estado de emergencia por peligro inminente ante el periodo de lluvias 2019-2020 son Comas, Los Olivos, Puente Piedra, San Martín de Porres, Ate, Chaclacayo, El Agustino, Lima, Lurigancho, Rímac, San Juan de Lurigancho, Cieneguilla, Lurín y Pachacámac.

La Municipalidad Metropolitana de Lima y los gobiernos locales de los distritos comprendidos en esta medida ejecutarán las acciones inmediatas destinadas a la reducción del muy alto riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación en caso amerite.

Para ello contarán con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), y la participación de los ministerios de Salud, Vivienda, Construcción y Saneamiento; Agricultura y Riego, Transportes y Comunicaciones, Interior, Defensa, y demás entidades competentes en cuanto les corresponda.

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Así lo reveló el contralor general Nelson Shack quien dio a conocer los resultados del operativo de control “Por una salud de calidad 2019”.

En ese sentido la Contraloría General hizo un llamado al Ministerio de Salud (Minsa), en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de Salud, para que adopte una serie de acciones que permitan asegurar la continuidad y mejorar el servicio en los establecimientos de salud públicos a la población, en términos aceptables de seguridad, oportunidad y calidad.

Cifras de preocupación

Los mayores porcentajes de carencia del «código de alarma de emergencia para paciente de Prioridad I» se reflejan en los establecimientos visitados bajo el ámbito de los gobiernos regionales (61%) y EsSalud (22%).

El operativo tuvo como objetivo determinar el grado de implementación de acciones respecto a los riesgos comunicados en el 2018 y si la gestión sanitaria y atención de emergencias en los establecimientos de salud públicos del segundo y tercer nivel de atención (mediana y alta complejidad, respectivamente), bajo el ámbito del Minsa, gobiernos regionales, EsSalud, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, guardan concordancia con las disposiciones y normativa aplicable.

Un total de 757 auditores a nivel nacional visitaron 248 establecimientos de salud públicos durante el operativo, que se realizó del 20 al 24 de mayo de 2019.

Los auditores detectaron que el 26% de los establecimientos públicos visitados, no cuenta con los recursos humanos requeridos en la norma técnica vigente de manera suficiente para la atención en el Servicio de Emergencia.

Sin información de presupuesto y gastos

Otra situación advertida es que el 32% de establecimientos visitados carece de información correspondiente a presupuestos y gastos realizados en los mismos, lo que genera la posibilidad de afectar la calidad y oportunidad de la atención de los usuarios al limitar la toma de decisiones en los establecimientos de salud,

En el caso de los establecimientos de salud que sí cuentan con información de presupuestos y gastos se comprobó que en los períodos 2017 y 2018 se destinó menos de la mitad al rubro de bienes, servicios y obras. También se detectó que el gasto destinado al rubro “Mantenimiento” fue un escaso 1% del gasto total.

Otro hecho detectado en el informe es que el 32% de los establecimientos de salud visitados no hicieron uso o desconocen si el abastecimiento de medicamentos proviene de compras corporativas a cargo del Minsa, lo que afecta la eficiencia en el uso de los recursos financieros del Estado y la oportunidad en la atención de los pacientes.

Asimismo, el 43% de los establecimientos de salud públicos visitados, carece de una resolución de categorización vigente, situación que incumple el Decreto Supremo N° 013-2006-SA y afecta la calidad de atención de las referidas entidades. Los mayores porcentajes de incumplimiento se registran en establecimientos bajo el ámbito de gobiernos regionales (47%) y de EsSalud (43%).

En el actual periodo 2019, las camas «habilitadas» (camillas, sillas de ruedas, etc.) en el servicio de emergencia constituyen más del 100% de las camas de observación en dicho servicio, lo cual afecta la calidad de atención brindada a los ciudadanos que acuden a estas entidades por ser informal e insegura.

El promedio del porcentaje del grado de cumplimiento de horas médicas programadas consignado en los establecimientos de salud públicos visitados en el año 2018 fue del 73%, sin embargo si consideramos  los  médicos programados en Consulta Externa consignados por los referidos establecimientos de salud en este operativo , de acuerdo a la Ley  del Trabajo Médico (equivalente a 100 horas mensuales, es decir 1,100 horas anuales descontando un mes de vacaciones) encontramos que este cumplimiento llega al 27%, es decir que de acuerdo al ajuste anterior, tenemos un incumplimiento del 73% de las horas asignadas a la consulta externa en los establecimientos de salud públicos del segundo y tercer nivel en el país. Esta situación viene afectando la oportunidad y la calidad  en la atención de los ciudadanos que requieren acceder a una cita médica  por consultorios externos.

Resultados 2018

Sobre el grado de implementación de acciones para resolver los riesgos advertidos en el 2018, el operativo del presente año permitió detectar el 66% de los hechos advertidos en los informes del operativo “Por una salud de calidad 2018” y comunicados a los titulares de los establecimientos de salud, aún persistían a la fecha de realizada las visitas de control del presente año, lo que evidencia una preocupante inobservancia de las Normas Técnicas de Salud que regulan el funcionamiento de las Unidades Prestadoras de Servicios de Salud (UPSS) de Emergencia, Consulta Externa, Patología Clínica, Diagnóstico por Imágenes y Farmacia, que fueron visitadas en el año 2018.

En el 2018, el operativo de control “Por una salud de calidad” identificó un alto nivel de incumplimiento de las Normas Técnicas de Salud en los principales servicios que brindan los hospitales e institutos especializados de salud públicos a nivel nacional, lo que genera el riesgo de una inadecuada atención a los pacientes.

En dicho operativo se identificaron diversos riesgos, entre los cuales figura que en materia de consulta externa, el 38% de los establecimientos visitados no cumple con la normativa aplicable al funcionamiento y operatividad en dicha unidad. Mientras que en emergencia, el 43% de los establecimientos de salud visitados no cuenta con los recursos humanos suficientes para dicha unidad.

En el tema de farmacia, en el 63% de establecimientos visitados, los medicamentos considerados en el Listado de Productos Farmacéuticos para la Compra Corporativa correspondiente al abastecimiento del año 2017, aprobado por el Ministerio de Salud, no son solicitados para su compra corporativa o centralizada.

Recomendaciones

En este escenario, la Contraloría General hizo de conocimiento del Ministerio de Salud el informe y resultados derivados del operativo “Por una Salud de Calidad 2019” con la finalidad de que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, con el objeto de asegurar la continuidad del servicio y el logro de objetivos de mejora en la provisión de prestaciones de salud a la población, en términos socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y calidad.

La titular del Minsa debe comunicar al Órgano de Control Institucional (OCI) de dicha entidad, a través del plan de acción, las acciones preventivas o correctivas que implemente respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente informe.

La ciudadanía puede acceder al resumen ejecutivo y al informe de control completo en www.contraloria.gob.pe, sección Transparencia e Informes de control y también a través del nuevo buscador de resultados de operativos de control con datos estadísticos completos de cada operativo realizado por la Contraloría.

DATOS:

–          La Contraloría alcanzó un informe a cada uno de los establecimientos de salud públicos del segundo y tercer nivel de atención visitados con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan a nivel local.

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No obstante, si se aplica la metodología de evaluación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), esa cifra supera los 4,300 muertos anuales, considerando los fallecimientos ocurridos dentro de los 30 días de ocurrido el accidente.

Pese a que contamos con una población que bordea los 32 millones de habitantes y con más de 4.6 millones de vehículos en circulación, en nuestro país y en toda la región andina, no existe un sistema de rescate con helicópteros dedicado exclusivamente para atender emergencias no solo de tránsito, sino también por desastres naturales, accidentes de turismo, en centros de trabajo o en zonas remotas.

Tomando el ejemplo de Alemania, la población supera los 90 millones de habitantes y cuenta con más de 49 millones de vehículos. Pese a ello, los accidentes de autobús registrados en el 2017 no superaron los 13 y la cifra de muertes anuales por accidentes vehiculares fue de 2,700, según la OMS.

Esto gracias a la implementación de uno de los mejores sistemas en emergencias médicas prehospitalarias del mundo, que ha destinado 90 helicópteros exclusivos para este servicio.

La mayoría de los gobiernos ignora los costes económicos y daños causados por los accidentes. Sin embargo, el riesgo de morir en accidentes viales es el más alto en los países emergentes por lo tanto urge una adopción de medidas, ya que según la OMS y del Banco Mundial, las muertes y lesiones en el transporte por carretera, causan pérdidas económicas que ascienden al 5% del PIB.

Traslados aéreos

Por ello, en busca de replicar este modelo de atención en situaciones de alto riesgo y reducir la tasa de mortalidad, el gobierno de Alemania, a través de la DEG (Sociedad de Desarrollo de Alemania que financia proyectos privados), junto a la Steinbeis International University, Airbus y Servicios Aéreos de los Andes, están evaluando constituir una fundación que lidere la formación de capacidades y la implementación de servicios médicos de rescate con helicópteros en Perú, para los países de la región andina.

Este proyecto permitirá la creación de un sistema de atención de emergencias médicas prehospitalarias mediante el uso de helicópteros que, además, sirva como un sistema multifuncional para atender rescates en montañas y zonas remotas, lagunas y ríos, prestación de asistencia rápida después de desastres naturales, entre otros.

Así, con esta iniciativa, se espera reducir la mortalidad causada por accidentes de tránsito hasta en un 80% y prevenir el 31% de casos de invalidez provocados por una atención primaria inadecuada. Considerando que son los jóvenes, el grupo de población de edad más productivo, quienes forman parte del mayor número de víctimas.

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El propósito es fortalecer las condiciones que garanticen una adecuada cobertura de las prestaciones de salud a la población que presenta este diagnóstico y agilizar las compras de medicamentos que aseguren la provisión de servicios de atención médica a los pacientes.

Así, el Ejecutivo emitió el decreto supremo N° 013-2019-SA, publicado en el suplemento de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

De esta forma, el Estado refuerza las acciones adoptadas para entregar a los ciudadanos una respuesta eficaz en términos de seguridad, oportunidad y calidad de las condiciones sanitarias, luego que el Minsa, a través del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, informara que los casos actuales del síndrome de Guillain Barré presentan características inusuales y atípicas que requieren de un tratamiento de inicio rápido.

Asimismo, el Minsa y el Instituto Nacional de Salud (INS) deberán establecer un plan de acción en el marco de sus competencias, destinado a garantizar el servicio público de salud en los casos en que exista un riesgo elevado o daño a la salud.

El decreto supremo, que lleva las rúbricas del presidente de la República, Martín Vizcarra, y de la titular de Salud, Zulema Tomás, señala que el Ministerio de Salud cuenta actualmente con una partida presupuestal de S/ 6 740 000 para financiar la atención de la emergencia sanitaria, monto que corresponde al presupuesto institucional del pliego, es decir que no irrogará recursos adicionales al tesoro público en el presente año.

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La medida fue dispuesta a través de un decreto supremo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), publicado en las Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, edición extraordinaria.

El estado de emergencia en el distrito de Challhuahuacho, de la provincia de Cotabambas del departamento de Apurímac es por 15 días calendario, a partir del 29 de marzo de 2019.

Además, se prorroga el estado de emergencia por 15 días calendario, a partir del 29 de marzo de 2019, en parte del Corredor Vial Apurímac – Cusco – Arequipa, desde el kilómetro 130 (Ref. Sector Muyu Orcco) hasta el kilómetro 160 (Ref. Sector Tiendayoc), de la Ruta Nacional PE-3SY, que comprende el distrito de Colquemarca de la provincia de Chumbivilcas, departamento del Cusco.

La medida incluye los 500 metros adyacentes a cada lado del Corredor Vial en mención.

En la medida del Ejecutivo se precisa que la Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

“Durante el estado de emergencia a que se refieren los artículos precedentes y en las circunscripciones señaladas, quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio y a la libertad de reunión, comprendidos en los incisos 9) y 12) del artículo 2 de la Constitución Política del Perú”, precisa la resolución.

La intervención de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas se efectúa conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, y en el Decreto Legislativo N° 1095, Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, respectivamente.

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«Hemos hecho una evaluación del impacto ocasionado en la zona y hemos decidido declarar en estado de emergencia el área afectada», precisó al referir que su sector será el coordinador de las acciones.

Tras una reunión de coordinación multisectorial con los titulares de Salud, Zulema Tomás; de Vivienda, Javier Piqué, y autoridades locales, dijo que se ha formulado el trámite correspondiente ante la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para que se declare la emergencia.

Dicha disposición, remarcó, busca facilitar las acciones de atención de los organismos del estado, y permitir que todos sectores participen activamente en la limpieza, fumigación y reparación.

Según remarcó, las Fuerzas Armadas continuarán mañana con la limpieza de las calles, jardines, veredas y viviendas, y con el abastecimiento de agua para las zonas afectadas.

Para ello, dijo, se ha instalado diez surtidores de agua de 500 galones cada uno, a fin de que mañana toda la población de la zona afectada tenga agua para uso personal y de limpieza de sus domicilios.

Sobre falta de agua en San Juan de Lurigancho

Respecto al problema de falta de agua en zonas no afectada, mencionó que se ha coordinado 43 puntos de distribución de agua y 53 cisternas que realizarán el abastecimiento en todo el distrito en base al plano otorgado por el municipio distrital.

El abastecimiento con cisternas, añadió, será acompañado por agentes policiales, a fin de guardar el orden, por lo que llamó a la ciudadanía a respetar el itinerario ya dispuesto.

«Después de solucionar el problema de la limpieza, el Ministerio de Salud hará la fumigación para evitar contagios», puntualizó el ministro.

El Gobierno, subrayó, seguirá presente en San Juan de Lurigancho con los ministerios de Defensa, Salud y de Vivienda hasta solucionar el problema en el distrito.

Huerta pidió a la ciudadanía conservar paciencia, al remarcar que Sedapal despliega todos sus esfuerzos para solucionar el aniego.

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Como se recuerda en el cruce de la av. Tusílagos con la av. Próceres de la Independencia, en el distrito de San Juan de Lurigancho, se produjo la rotura del colector primario de desagüe.

Ello provocó la inundación de decenas de casas y ha dejado al menos unos 2 mil personas damnificadas, la mayoría de las cuales ha tenido que abandonar sus inmuebles temporalmente.

La declaratoria de emergencia en San Juan de Lurigancho es consignada en norma publicada hoy en el diario oficial El Peruano.

La Resolución Ministerial N° 008-2019-MINAM señala que dicha medida se prolongará por un plazo de 45 días hábiles, durante los cuales se busca garantizar el manejo sostenible de la zona afectada.

Para ello, señala, se están realizando los correspondientes trabajos de recuperación y remediación para mitigar la contaminación ambiental, a fin de proteger la salud de la población.

La norma ordena aprobar el Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo para la atención de la emergencia ambiental en el área geográfica descrita en la presente Resolución Ministerial.

La ejecución del Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo está a cargo de las entidades públicas involucradas con su cumplimiento, en coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima.

La presente Resolución está refrendada por la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz.

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Tras concluir la reunión del Consejo Ejecutivo Nacional del Poder Judicial, Rodríguez hizo el anuncio acompañado de 35 presidentes de Cortes superiores del país. “Formalmente se ha tomado el acuerdo de declarar en emergencia todo el Poder Judicial que comprende desde la Corte Suprema hasta los Juzgados de Paz Letrados”, señaló.

No obstante, dejó en claro que el organismo que administra justicia no está muerto, sino herido. “El Poder Judicial, es verdad, está herido, pero no está herido de muerte. El Poder Judicial no está muerto. El Poder Judicial es capaz de enfrentar la grave crisis que tenemos, trabajando”, aseguró.

En otro momento, afirmó que solicitarán la intervención de la Contraloría General de la República “para que pueda revisar cualquier tema que pudiera tener un contenido sospechoso”.

Precisó que una de las medidas principales que se adoptarán será la de revisar de inmediato el mecanismo de selección de los jueces supernumerarios. “”No son jueces titulares, nunca dieron un examen, no pasaron un concurso y sin embargo son jueces y por allí muchas veces se abren las puertas de la corrupción”, aseveró.

Además, manifestó que las decisiones tomadas se implementarán de forma gradual.

Foto: Poder Judicial.

Video: TV PERÚ Nacional.

Luis Miguel Guerrero Dávila.

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“Este es un paso muy importante para iniciar las tareas de prevención, de cara a la próxima temporada de lluvias. Esperamos próximamente desplegar las mismas labores con un segundo grupo de ríos, trabajando de manera estrecha con los gobernadores regionales, alcaldes, el Ministerio de Agricultura y la ANA», afirmó Pablo de la Flor, el director ejecutivo  de la Autoridad para la RCC.

Precisamente, luego de la elaboración de las mencionadas fichas,  el Ministerio de Agricultura y Riego y los gobiernos regionales quedarán a cargo de la realización de los trabajos de descolmatación de los principales puntos críticos de los referidos ríos en las regiones más afectadas: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash y Lima.

De la misma, manera, el Gobierno Regional de Piura, ejecutará las obras de descolmatación y rehabilitación de dos importantes drenes en Piura, así como la rehabilitación de los diques en ambos márgenes del río.

Cabe precisar, que el primer paso previo al proceso señalado,  es el financiamiento de las labores de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) con el objetivo de preparar fichas técnicas  detalladas.

DEBES SABER QUE…

La Reconstrucción con Cambios viene elaborando el catastro de daños con la información recogida de los sectores y autoridades, a partir de lo cual priorizará las iniciativas que formarán parte del Plan de Reconstrucción que debe quedar listo máximo en tres meses.

Foto: Presidencia del Consejo de Ministros.

Por: Luis Miguel Guerrero Dávila.

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