Mediante el Decreto Supremo Nº 011-2026-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano, el Poder Ejecutivo declaró formalmente este periodo como el “Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”, cerrando así el breve vacío administrativo que marcó el inicio del calendario.

Aunque para muchos ciudadanos esta denominación puede parecer un detalle menor, dentro del aparato público cumple una función normativa, simbólica y política de gran relevancia.

El nombre del año no solo ordena la documentación oficial, sino que también sintetiza las prioridades, valores y el enfoque que el Gobierno busca proyectar durante todo el periodo anual.

A diferencia de otros países, donde los años pueden asociarse a tradiciones culturales o referencias simbólicas sin carácter obligatorio, en el Perú el nombre del año es una exigencia administrativa que orienta la comunicación institucional del Estado en todos sus niveles: nacional, regional y local.

¿Cuándo y cómo se definió oficialmente el nombre del año 2026?

En condiciones habituales, la denominación anual se aprueba en las últimas semanas de diciembre o durante los primeros días de enero.

En el caso del 2026, el proceso se concretó el 22 de enero, fecha en la que el Ejecutivo emitió y publicó el decreto supremo correspondiente.

Una vez firmado por el Presidente de la República y refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, el decreto fue difundido a través del Diario Oficial El Peruano, acto que le otorgó plena validez legal y carácter obligatorio para todas las entidades del Estado.

Desde ese momento, el uso del nombre del año se volvió imperativo en oficios, resoluciones, memorandos, informes y comunicaciones oficiales.

Aunque el sector privado no está obligado a emplearlo, muchas empresas, instituciones educativas y organizaciones civiles lo adoptan de manera voluntaria como señal de alineamiento institucional.

¿Qué denominación se utiliza ahora en los documentos oficiales?

Con la publicación del Decreto Supremo Nº 011-2026-PCM, todas las entidades públicas deben consignar obligatoriamente la frase:

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

Este encabezado reemplaza cualquier fórmula provisional utilizada durante los primeros días del año y pasa a formar parte de la estructura formal de la documentación estatal en los tres niveles de gobierno.

Adicionalmente, el decreto dispone que el Ministerio de Cultura establezca la traducción oficial del nombre del año a las lenguas indígenas u originarias, para su uso en distritos, provincias y departamentos donde estas predominan, conforme al Mapa Etnolingüístico del Perú.

Denominaciones oficiales de los años en el Perú (2010–2026)

Las denominaciones anuales reflejan con claridad los distintos momentos políticos, sociales e históricos que ha atravesado el país:

• 2010: Año de la consolidación económica y social del Perú
• 2011: Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo
• 2012: Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad
• 2013: Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria
• 2014: Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático
• 2015: Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación
• 2016: Año de la Consolidación del Mar de Grau
• 2017: Año del Buen Servicio al Ciudadano
• 2018: Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional
• 2019: Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad
• 2020: Año de la Universalización de la Salud
• 2021: Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia
• 2022: Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional
• 2023: Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo
• 2024: Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho
• 2025: Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana
• 2026: Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia

Cada una de estas frases condensó el contexto y las prioridades del Estado en su respectivo periodo.

El rol clave del Diario Oficial El Peruano

El Diario Oficial El Peruano cumple un papel central en la oficialización del nombre del año. La denominación solo adquiere validez legal cuando el decreto supremo es publicado en sus páginas.

Sin esta publicación, el nombre del año no tiene efecto administrativo ni uso obligatorio. Aunque la denominación anual no crea derechos ni obligaciones directas para la ciudadanía, sí establece una pauta imperativa para la documentación pública y garantiza la uniformidad institucional del Estado.

Por ello, la publicación en El Peruano no es un trámite menor, sino el acto formal que marca el inicio pleno del periodo administrativo anual.

¿Cuál es el valor político detrás del nombre del año 2026?

Más allá de su función administrativa, el nombre del año tiene un fuerte componente político y comunicacional.

En la práctica, funciona como un gran eslogan institucional que se repite de forma constante en documentos, discursos y comunicaciones oficiales.

La denominación del 2026 se sustenta en la Política General de Gobierno 2025–2026 y pone énfasis en la defensa del orden constitucional, la transición democrática, el fortalecimiento de la institucionalidad, el respeto a la libertad de prensa, la autonomía de los organismos electorales y la lucha contra la corrupción.

Cada palabra elegida comunica una prioridad. Hablar de esperanza y democracia implica marcar el tono de la gestión pública en un contexto político sensible, donde la estabilidad institucional y la confianza ciudadana se convierten en ejes centrales del discurso estatal.

Una costumbre obligatoria con raíces históricas

La práctica de asignar un nombre oficial a cada año calendario se remonta a 1963, durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, cuando se adoptó la denominación “Año de la Alfabetización en todo el territorio patrio”.

Desde entonces, esta costumbre se institucionalizó progresivamente hasta convertirse en una norma administrativa obligatoria.

A lo largo de más de seis décadas, ha sobrevivido a cambios de gobierno, crisis políticas y distintos escenarios económicos, consolidándose como parte del protocolo estatal peruano.

Hoy, el nombre del año no es solo un encabezado: es una referencia simbólica que acompaña la acción del Estado y define el marco institucional bajo el cual se desarrolla cada periodo anual.

¿Qué pasa en otros países y cómo se compara el caso peruano?

En otros países existen prácticas similares, aunque con alcances distintos. En China, cada año se asocia a un animal del zodiaco chino, una tradición cultural sin carácter administrativo. Japón utiliza nombres de eras imperiales que acompañan al calendario oficial durante el reinado de cada emperador.

En Europa y América del Norte, es común la proclamación de “años temáticos” dedicados a causas específicas, como la juventud, la igualdad o la sostenibilidad.

Sin embargo, estas denominaciones no son obligatorias ni forman parte de la documentación oficial.

El caso peruano destaca por su carácter normativo, ya que el nombre del año se integra de manera obligatoria al funcionamiento cotidiano del Estado, convirtiéndose en una herramienta única de identidad institucional.

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El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) fue la institución pública que ejecutó el 100% de su presupuesto en proyectos de acuerdo al ranking actualizado de Transparencia Económica.

No obstante el monto asignado al Midis es de solo S/ 548,225, ya que la mayoría de los montos altos son asignados asignados a programas sociales que tienen mayor cercanía con la población.

Siguen en el ranking el Fuero Militar que de los S/. 343,685 que recibió ejecutó el S/. 335 mil lo que significa un avance del 97.6% de su presupuesto. Sigue la Defensoría del Pueblo con un monto asignado de S/ 243,200, ejecutando un devengado de S/. 200,597.

Pero si hablamos de cifras «gruesas» es el Ministerio del Interior el más eficiente, pues recibió un presupuesto público de S/. 939’272,405 de los cuales ejecutó S/. 854’760,548, es decir un 91% de avance.

Entre las obras y proyectos de inversión desarrollados el 2019 figura la compra de dos helicópteros de gran envergadura y un nuevo avión Antonov AN 178 para la PNP, con lo cual se renueva la flota de la Aviación Policial luego de 25 años.

Además, en el año 2019 se invirtió en mejorar las escuelas de formación de suboficiales, como las de Tarapoto, Arequipa y San Bartolo; y la de oficiales de Chorrillos, así como se mejoraron los servicios policiales de la División Policial Paiján, en La Libertad y otras regiones.

Otras instituciones

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables recibió S/. 12’156,472 y ejecutó S/. 10’516,984 con un avance del 86,5%.

Mira el ranking general aquí.

Ranking 2019: Instituciones del Estado que gastaron mejor su presupuesto en proyectos by Antonio Manco on Scribd

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Al respecto el ministro de Cultura, saludó esta sentencia la cual venía siendo planteada desde hace más de 15 años “Fue una contienda larga, el demostrar que el complejo arqueológico es de propiedad del Estado y no de propiedad privada fue muy tedioso, sin embargo hoy anunciamos que Machu Picchu es del Estado y de todos los peruanos”, indicó el titular de Cultura

Precisó que al igual que este litigio hubo otros, los cuales se extendieron por años, como el caso de la familia Zavaleta.

“Estos litigios que se dieron en el Cusco eran una suerte de espada de Damocles para el Estado Peruano, pero este Dictamen es contundente y pone fin a cualquier duda sobre esta ciudadela considerada como una de las maravillas del mundo moderno.

Es importante recordar que el problema surge en el año 2003 cuando Roxana Abrill, interpuso una demanda de reivindicación de la propiedad contra el Estado Peruano para que le devuelvan el terreno, el cual argumentaba había sido de propiedad de sus familiares. Este terreno esta ubicado en el sureño Cusco.

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Desde Chiclayo, el mandatario argumentó que el gobierno necesita informar a la población sobre las diversas campañas que viene realizando para cumplir con prioridades como por ejemplo, derrotar la anemia y la desnutrición crónica. “Nosotros no estamos de acuerdo con esa norma, el Estado debe tener la facilidad de comunicar a la población todo lo que requiere de apoyo de ella para cumplir los objetivos”.

En este sentido, aseguró que observará la ley impulsada por el congresista aprista Mauricio Mulder. Lo primero que haríamos sería observarla porque no estamos de acuerdo con que se nos limite la capacidad al Estado para poder informar a través de los medios de comunicación, obviamente siempre los hemos dicho, con racionalidad, sin excesos y cuidando los recursos públicos”, remarcó.

Subrayó además que el gobierno necesita del compromiso de todos los peruanos y por ellos es importante contar con los medios de comunicación. “Es fundamental que el gobierno pueda hacer este sistema de información de comunicación con la población”, aseveró.

En otro momento, Vizcarra manifestó que el Ejecutivo seguirá esforzándose con las instituciones para proporcionar los suplementos vitamínicos y ferrosos en la lucha contra la anemia y desnutrición crónica. “Eso tenemos que darlo a comunicar a la población para que sepan de estas campañas, se involucren y participe”, recalcó.

Sobre los cuestionamientos de que se habrían realizado gastos excesivos de publicidad en algún sector, el jefe de Estado indicó que es un tema de análisis, “pero lo que no se puede limitar es la necesidad de información que el gobierno tiene que dar a la población como en temas de salud, educación o seguridad ciudadana”, puntualizó.

DEBES RECORDAR QUE…

Ayer, la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República aprobó por mayoría, el dictamen que recomienda la INSISTENCIA para regular el gasto de publicidad del Estado peruano en los medios de comunicación.

Foto: Secretaria de Prensa del Palacio de Gobierno.

Video: TV PERÚ Noticias.

Por: Luis Miguel Guerrero Dávila.

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En comunicado del Ministerio Público se informó que se realizarán una serie de diligencias preliminares en un plazo de 30 días y que incluyen recoger los descargos del parlamentario, debidamente documentados, así como testimonios de trabajadores y su personal.

La Fiscalía pedirá además a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos información sobre las empresas Copy Depot S.A.; Maquinarias Jaam S.A.; Representaciones Jaam S.A; Digital Copier Solution E.I.R.L; Nuevo Mundo Alternativo E.I.R.L; Margen Discrecional E.I.R.L y Editorial Gráfica Gagó S.R.L; así como de otras empresas que se encuentren registradas a nombre del congresista, de sus hermanos y de Amancio Virgilio Armas Vílchez.
 
Por último, se tiene previsto recibir las declaraciones de Armancio Virgilio Armas Vílchez; gerente general de Copy Depot S.A. y de Adrián y Carmen Gagó Pérez, respectivamente. El primero se desempeña como gerente general de Maquinarias Jaam S.A. y la segunda, como  apoderada de Representaciones Jaam S.A.

Como se recuerda, recientemente varios programas dominicales revelaron que Gagó sería dueño encubierto de una empresa supuestamente que seguiría contratando con el Estado pese a su condición de legislador.

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El funcionario sostuvo que este resultado se obtuvo gracias a la sanción oportuna y eficaz de la corrupción en el ámbito penal. Explicó que entre los delitos que destacan como los tipos penales con mayor índice de condena, se encuentran peculado con 452, colusión con 142, cohecho activo con 137.

La autoridad judicial refirió que a nivel de los Distritos Judiciales, Lima registra el mayor número de condenas impuestas por ese tipo de delitos con 187, seguido de Junín con 77, Puno 48, Ayacucho 44, Loreto 40, Huancavelica 35 y Lambayeque 33.

Además, San Martin con 32, Lima Norte y Madre de Dios 30, Moquegua 27, Piura 26, Arequipa, Cajamarca y Ucayali con 25, Apurímac y Lima Sur con 24, Cusco y Huánuco con 23, Cañete e Ica con 21, Callao 19, Amazonas 14, entre los más significativos.

Lima registra el mayor número de condenas impuestas por ese tipo de delitos con 187. Los tipos penales con mayor índice de condena, se encuentran peculado con 452 casos.

Mendoza Ramírez indicó que Huaura es el Distrito Judicial que registra el menor número de condenas. Señaló que durante su gestión al frente del Poder Judicial su  compromiso en la lucha contra la corrupción será con firmeza y entrega, no solo en cumplir un programa, sino ganando la confianza de la ciudadanía.

El Presidente del Poder Judicial doctor Enrique Mendoza Ramírez junto a los titulares del Consejo de Ministros, el Congreso de la República, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, el Consejo Nacional de la Magistratura y la Contraloría suscribieron un compromiso de trabajo y de lucha contra la corrupción, en el cual se establece el papel que al respecto deberá desempeñar cada uno de ellos.

En la declaración se indica que el Poder Judicial dará celeridad a los procesos referidos a este tema, así como a aquellos relacionados con la inconducta funcional de sus magistrados.

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Humala sostuvo que su gobierno continuará trabajando para que durante el 2013 el beneficio de la inclusión social llegue a todos los peruanos.

“Este nuevo año va a hacer mejor para todos, ese es nuestro compromiso de seguir trabajando, dejamos un año en el cual hemos avanzando en programas sociales e infraestructura”, manifestó en la Plaza Mayor de Lima.

Asimismo, agregó que su gobierno sigue avanzando y “vamos a llevar el Estado a la punta del cerro; vamos a trabajar con mayor compromiso para que el próximo año el beneficio de la inclusión social llegue a todos, ese es nuestro compromiso, empezando por los más jóvenes, por nuestros hijo e hijas”.

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Como se sabe el menor sufre de un mal congénito en la piel que le causa lesiones al menor roce.

«Estos fondos deben ser para la salud de Adrianito. Creo que el dinero debe ser dispuesto inteligentemente para que él pueda ser operado en el extranjero«, dijo.

Añadió que hay dos salidas, primero que una entidad del Estado, «quizá el ministerio de la Mujer» asuma los fondos y se haga responsable para que el dinero sea retirado de la cuenta del padre Raul Castañeda y se le de un correcto uso.

Agregó que la otra opción es crear un fideicomiso, es decir que el dinero vaya a un banco para su distribución a determinados usos de una manera númerica y metódica. «El problema es que el banco cobra por este servicio», dijo Miyashiro.

El conductor de TV añadió que se reunió con el padre del menor y le explicó que es imprescindible que se haga esto. «La suma es de 370 mil dólares y debe ser destinada para Adrianito», concluyó.

Finalmente Miyashiro pidió terminar con las frases de grueso calibre y agravios en las redes sociales para no afectar esta campaña. 

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Como se recuerda se indagan presuntas irregularidades en las contrataciones que hizo con el Estado y en las que estaría implicado Humala, hermano del presidente de la República.

El titular del Ministerio Público indicó que la indagación está avanzada y que “la fiscalía ya viene trabajando las conclusiones para emitir el pronunciamiento final”.

El plazo inicial de la investigación preliminar vencía ayer,por eso Peláez mencionó el tema de la prórroga.

El caso está en manos del fiscal supraprovincial especializado en corrupción de funcionarios Óscar Miranda Orrillo, quien investiga a Alexis Humala por haber contratado con organismos públicos a pesar de que la Ley de Contrataciones del Estado lo prohíbe.

Sobre este caso, el hermano del mandatario ha sostenido en su descargo que vendió sus acciones en Krasny del Perú antes de que su hermano fuera presidente. Sin embargo, Humala necesita mostrar la escritura pública para demostrar que transfirió su participación.

En el Congreso de la República también se está investigando a Alexis Humala. Justamente la Comisión de Fiscalización lo ha citado para que preste su declaración el 7 de setiembre.

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Jiménez Mayor ratificó la voluntad de lucha contra la corrupción del gobierno y advirtió sanciones a quienes se hicieron de la vista gorda.

«Yo no se que tiene en la cabeza el señor Alexis Humala, lo que le puedo decir es que la norma es clara y no permite a estas personas (familiares del presidente) tener contratos con el Estado, vamos a defender las normas. Quienes se hayan hecho de la vista gorda serán sancionados«, indicó Jiménez al programa Panorama. 

Añadió que ninguna persona, por más pariente del presidente que sea, no tendrá privilegios con el Estado.

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Ahora resulta que la citada empresa arequipeña logró contratos con el Estado por un monto S/. 12’967.416, según el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado.

La cifra representa un incremento, aproximadamente, del 130% con respecto al 2011, ya que la compañía ganó ese año licitaciones por un monto de S/. 4’844.620. Las adjudicaciones del año pasado fueron logradas antes de que Ollanta Humala asumiera el poder.

La buena estrella de Apoyo Total se vio reflejada hace poco con una licitación realizada por la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancía (SUTRAN), adscrita y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Apoyo Total tiene vinculación con José Paredes Rodríguez, hermano del ministro del sector, Carlos Paredes Rodríguez.

José Paredes es accionista principal de la empresa Peruana de Vigilancia y Protección S.A., que ha formado parte del consorcio Apoyo Total.

El 8 de junio pasado, SUTRAN otorgó a dedo la buena pro a Apoyo Total para que brinde un servicio de monitoreo y control de unidades de transporte interprovincial, según informó el semanario Hildebrandt en sus Trece.

Apoyo Total brinda servicios de monitoreo satelital GPS, mensajería, desarrollo de software, publicidad y marketing. Tiene como presidenta del directorio a Gloria Sobenes Vizcarra y como vicepresidente a Eduardo Sobenes Vizcarra. 

Sobenes contrató a Nadine Heredia, el 2 de junio del 2008, pagándole US$5.555 mensuales por una misteriosa consultoría de marketing. El contrato duró un año y nunca se supo explicar en qué consistió la asesoría, según el semanario.

Sobenes, quien había aportado S/.33.120 para la campaña de Humala del 2006, está casado con Mariela Indacochea Ballón, hermana del exgeneral montesinista Carlos Indacochea. Mariela Indacochea es directora de Apoyo Total.

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Desde la región La Libertad y tras declarar la viabilidad de la III etapa del proyecto Chavimochic, sostuvo que trabajará para evitar la injusticia, la lucha contra la corrupción y la inseguridad que afecta al país.

«El Estado no puede ser panzón y obeso, tiene saber trepar cerros, no debe tenerle miedo al soroche, tiene que pasar de los andes, tiene que llegar a la selva y la frontera. Ese es el Estado agil y atlético que necesitamos«, sostuvo en alusión a regímenes anteriores como el de Alan García.

Humala ratificó además su propuesta de poner en servicio temas como el Seguro Oncológico para que a la tercera edad no les falte el tratamiento por falta de plata.

«Voy a seguir recorriendo el Perú y mi patria para poner orden. Voy a trabajar por la lucha anticorrupción», dijo.

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