La Segunda Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de La Libertad presentó el requerimiento contra Maricsa Alfaro Cerna, de 32 años, quien es señalada de atropellar al trabajador de seguridad en Trujillo.

El vigilante murió después de permanecer cinco días en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Belén.

Fiscalía pide prisión efectiva y millonaria reparación civil

El fiscal provincial Joan Balladares solicitó una condena de cinco años y cuatro meses de prisión efectiva para la investigada.

Además, pidió que se imponga el pago de una reparación civil de 329 mil 280 soles a favor de los familiares de la víctima.

La Fiscalía también planteó la inhabilitación definitiva para conducir vehículos, argumentando la gravedad de los hechos y las circunstancias en las que ocurrió el atropello.

Inicialmente, el Ministerio Público había solicitado comparecencia con restricciones y el pago de una caución económica, medidas que fueron aceptadas por el Poder Judicial mientras avanzaban las diligencias preliminares.

Conductora tenía licencia vencida y dio positivo en dosaje etílico

Las investigaciones fiscales y policiales revelaron que Maricsa Alfaro Cerna manejaba con la licencia de conducir vencida desde 2022.

A ello se suma que el examen de dosaje etílico arrojó un resultado de 1.84 gramos de alcohol por litro de sangre al momento del accidente.

Debido a las restricciones judiciales impuestas, la investigada no puede abandonar la ciudad. La Policía Nacional mantiene vigilancia en su vivienda ubicada en la urbanización Las Palmas del Golf, cerca del lugar donde ocurrió el atropello.

El caso ha generado gran repercusión en Trujillo debido a las condiciones en las que se produjo el accidente y al desenlace fatal de la víctima.

Víctima sufrió graves fracturas y permaneció en UCI

De acuerdo con el reporte médico, Juan Martínez Torres sufrió fracturas múltiples en las costillas, pelvis y columna vertebral, lesiones que deterioraron progresivamente su estado de salud.

Los especialistas indicaron que el vigilante presentó muerte cerebral antes de sufrir un paro cardíaco que finalmente provocó su fallecimiento.

Su muerte llevó a la Fiscalía a modificar la tipificación penal y endurecer el pedido de sanción contra la conductora investigada.

El Ministerio Público sostuvo que continuará con las diligencias para esclarecer completamente las responsabilidades derivadas del accidente de tránsito ocurrido en La Libertad.

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La medida fue autorizada por el Poder Judicial, a pedido del Fiscal de la Nación, por presunto enriquecimiento ilícito al consignar declaraciones juradas falsas.

Como se recuerda la presidenta exhibió relojes y joyas de importante valor, las cuales no fueron consignadas en sus declaraciones juradas.

Varios relojes de la exclusiva marca Rolex así como una joya de la marca Cartier valorizada en 50 mil dólares, motivaron que la Fiscalía de la Nación actuara con rapidez.

De esta manera, al promediar las 10:45 a.m. los efectivos policiales llegaron al cruce de la calle Los Halcones y las Gaviotas en el distrito de Surquillo.

Los efectivos de la Diviac, encabezados por Harvey Colchado, tocaron en dos ocasiones el timbre de la casa de la presidenta y al no obtener respuesta tumbaron la puerta.

Según fuentes policiales, la presidenta no se encontraba en su domicilio al momento de la intervención policial. Sólo su hijo permanecía al interior y minutos después llegó el abogado de la presidenta, Mateo Castañeda.

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Según diversas fuentes, el presidente Pedro Castillo habría sugerido que su cuñada se ponga a derecho acompañada Lourdes Huanca, dirigenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP).

Esta mujer estuvo reunida con el presidente al mediodía del miércoles 10 de agosto, según consta en videos y fotos que el área de prensa de Palacio de Gobierno difundió.

La hipótesis de la Fiscalía, es que Yenifer Paredes siempre estuvo en Palacio de Gobierno y salió oculta para reunirse con Huanca y ponerse a derecho respaldada por un grupo de ronderos a la sede del Ministerio Público.

Los videos muestran incluso una conversación entre la hoy detenida y los ronderos en el frontis de la Fiscalía. Hoy, las autoridades evalúan dicha conducta como obstrucción a la justicia.

Como se recuerda, Paredes fue buscada el pasado martes en Palacio de Gobierno y no fue encontrada por Agentes de la Diviac y los Fiscales. Previamente, las autoridades encargadas de la diligencia tuvieron que esperar una hora para ingresar a la sede del Ejecutivo.

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Según informó el Ministerio Público, la citación a la esposa de Pedro Castillo fue programada para el 8 de julio a las 9:00 a.m.

Esta citación se ha dispuesto luego de que el fiscal Jony Peña hallara durante la diligencia de exhibición de documentos, realizada al libro de visitas de Palacio de Gobierno, el registro de una reunión entre Jhony Espino, representante de JJM Espino Ingeniería, y la primera dama.

También se ha programado la toma de declaración de Yenifer Paredes para el 11 julio a las 9:30 horas y del empresario Jhony Espino, para el 12 de julio en el mismo horario.

Fuentes del Ministerio Público alertaron que se ha solicitado información a varias instituciones del Estado sobre los conrtatos de JJM Espino Ingeniería y de cómo logró ganar licitaciones.

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El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró infundada la tutela de derechos con la que el mandatario buscaba anular las pesquisas en su contra que realizaba el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde.

A través de su abogado, el presidente Castillo presentó dicho recurso argumentando una presunta violación a los principios constitucionales de legalidad procesal y al principio de seguridad jurídica.

Al respecto, el juez Juan Carlos Checkley considera que si bien el jefe de Estado solo puede ser acusado por los supuestos que contempla el artículo 117 de la Constitución, ello no anula la posibilidad de iniciar una investigación preliminar siempre que existan justificaciones razonables.

La investigación preliminar había sido aprobada por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, quien interrogó a Castillo Terrones el pasado 15 de junio en la sede principal del Ministerio Público.

El pasado 31 de mayo, la defensa de Castillo presentó un recurso de nulidad ante el Ministerio Público solicitando que se anule la decisión de investigar a Castillo sin suspensión y se dicte una nueva disposición al sostener que la “Carta Magna prohíbe la persecución del presidente de la República -en funciones- en los casos no previstos en su artículo 117″.

Abogado del presidente apelará

Al respecto, el abogado de Pedro Castillo, Benji Espinoza, anunció que apelarán la decisión por considerarla “incorrecta”.

«El JIP de la Corte Suprema ha declarado infundada la tutela de derechos que presentamos a favor del SPR Pedro Castillo. En ejercicio del derecho a recurrir, apelaremos la decisión por considerarla incorrecta dentro del plazo de 3 días hábiles», señaló en su cuenta Twitter.

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PRUEBAS TESTIMONIALES:

A lo largo de ocho sesiones del juicio, el fiscal provincial Jimmy Mansilla Castañeda interrogó a siete testigos:

• El padre, la madre y tres amigos de Solsiret, quienes dieron a conocer la situación conflictiva que existía entre la víctima, la familia de su pareja Brayan Villanueva Castillo y los acusados. Además, de las circunstancias de acoso y expresiones de odio de Kevin Villanueva y Andrea Aguirre en contra de la agraviada, respectivamente.
• Uno de los testigos fue el albañil que realizó trabajos para cambiar las losetas del baño y de la habitación de Kevin Villanueva, lugar donde ocurrió el crimen. Este interrogatorio contribuyó en la teoría del Ministerio Público respecto a que Yolanda Isabel Castillo García (madre de los gemelos) y Brian Alexander Villanueva Castillo intentaron desaparecer evidencia del delito (encubrimiento de los hechos).
• El otro declarante fue el padre de los gemelos, quien dijo que recomendó a su hijo Brayan Villanueva denunciar a Solsiret por abandono de hogar, cuando conoció que supuestamente ella se fue de la casa.

PRUEBAS PERICIALES:

El representante de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao examinó a siete peritos que explicaron los resultados de sus prácticas forenses:

• Examen químico con el reactivo luminol realizado en la escena del crimen (departamento N°501 del condominio Alameda Colonial, calle Lambda 285) y que evidenciaron la existencia de charcos de sangre que fueron limpiados.
• Análisis biológicos que corroboran que los residuos encontrados en el lugar del delito son sangre.
• Exámenes médico, antropológico y odontológico forense de los únicos restos óseos hallados de Solsiret (cabeza y pierna), los cuales mostraron que hubo lesiones y contusiones antes y después de la muerte de la víctima.
• Evaluaciones psiquiátricas de los acusados, mediante las cuales se conoció que Andrea Aguirre y Kevin Villanueva tienen personalidad disocial y alteraciones psicopatológicas; que ambos tienen capacidad intelectual para discernir entre lo bueno y lo malo y para defenderse.
• Visualización de las llamadas y mensajes que se registraron en el celular de Solsiret, luego de reportarse su desaparición. 

INTERROGATORIO A LOS ACUSADOS:

Posteriormente, cuando la acusada Andrea Aguirre decidió declarar en el juicio, el fiscal Mansilla Castañeda la interrogó y solicitó detalles de cómo había pasado el forcejeo con Solsiret, cómo y porqué la golpeó con un tacho metálico, de quienes estuvieron involucrados en el cercenamiento del cuerpo de la víctima, quiénes pagaron los trabajos del albañil en el lugar del crimen y cómo llegaron a su poder algunas partes del cuerpo.

De igual forma, el representante del Ministerio Público preguntó a Kevin Villanueva sobre su versión de los hechos, qué hizo cuando llegó a su casa tras el llamado de su entonces enamorada, quién cambió las losetas y la alfombra del piso de su habitación, entre otras preguntas oportunas para el caso.

DATOS:

Al 28 de mayo de 2022, falta que el Ministerio Público oralice las pruebas documentales que ofreció en la acusación y que comparta las conclusiones de un perito psicólogo y el testimonio del policía que recibió la denuncia interpuesta por Brayan Villanueva.

Además, se precisa que, la madre y el padre de la acusada Aguirre Concha se reservaron el derecho a declarar en la audiencia.

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Recientemente se reveló la filtración del examen de docentes que organizó el Ministerio de Educación a través de WhatsApp y en beneficio de ciertos docentes.

Al respecto el fiscal Reynaldo Abia Arrieta, del 3er Despacho de la 2da Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios de Lima, ha solicitado una serie de documentación en la diligencia por la investigación sobre la filtración del examen de nombramiento denunciado públicamente.

Entre la documentación requerida por el fiscal, se encuentra la relación de los funcionarios y servidores que tuvieron acceso a todas las etapas de preparación del examen, así como la relación de personas que tenían a su cargo la custodia de los exámenes.

Asimismo, el fiscal Reynaldo Abia ha requerido acceso a los servidores del Ministerio de Educación y correos electrónicos, de quienes elaboraron la prueba, así como otros archivos digitales y la relación de ingresos y salidas a las áreas vinculadas al proceso de evaluación de docentes.

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Esta mañana se hicieron presentes al menos cuatro fiscales adjuntos y policía anticorrupción para solicitar documentación, entre registro de visitas y otros elementos que puedan servir para la investigación.

Como se recuerda Pacheco es investigado por su intervención en ascensos de las Fuerzas Armadas y favorecimientos a empresarios solicitados a altos funcionarios como el Jefe de la SUNAT.

La investigación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, bajo la coordinación del fiscal superior Omar Tello Rosales, está motivada en la información pública sobre presuntas gestiones irregulares de Pacheco ante la SUNAT a favor de empresas privadas

El 4to Despacho de la 2da Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en el marco de sus investigaciones, verificará si existen elementos de convicción que determinen si hay causa probable de imputación penal.

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Los intervenidos forman parte de la organización «Los Dinámicos del Centro» y son investigadas por los delitos de organización criminal, cohecho pasivo propio y tráfico de influencias.

La diligencia la realizó hoy el Segundo Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF) de Junín, con el apoyo de 40 fiscales anticorrupción y más de 350 policías de la División de Alta Complejidad (Diviac) y otras dependencias.

La intervención, conducida por la fiscal provincial Bonnie Bautista Catunta, se efectuó dentro del plazo legal establecido, en el marco de la investigación preliminar abierta contra la presunta red delictiva denominada “Los Dinámicos del Centro”.

Dicha organización estaría dedicada a lucrar mediante la ejecución de trámites ilegales para favorecer a postulantes o conductores en la obtención de licencias de conducir originales u otras autorizaciones que emite la Dirección General de Transportes y Comunicaciones de dicha región.

Medio millón de soles incautado

Entre los involucrados figuran funcionarios y servidores de la referida entidad regional, así como tramitadores que individual o colectivamente vendrían colaborando mediante la conformación de personas jurídicas, a cargo de las Escuelas de Manejo, Clínicas o Centros Médicos autorizados u otros afines, contando también con el apoyo de personas conocidas como jaladores.

En el operativo se encontró una maleta con cerca de medio millón de soles, tras el operativo realizado por el Segundo Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín, a cargo de la fiscal Bonnie Bautista. 

El operativo se realizó desde la madrugada de hoy y contó con la participación de 40 fiscales de los Distritos Fiscales de Junín, Huancavelica, Pasco, Ayacucho, Selva Central, Lima, Lima Sur, Callao y Lima Este para allanar un total de 36 inmuebles de los investigados, así como nueve locales donde funcionan las oficinas de algunos de ellos. 

Como parte del allanamiento, incautación y detención preliminar por el plazo de quince días, autorizada por el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Supraprovincial Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huancayo, se incautó o inmovilizó documentos, objetos y bienes de interés para la investigación o para el decomiso en el caso de dispositivos legales. 

Asimismo, se dispuso el levantamiento del secreto de las comunicaciones en los equipos de comunicación, informáticos y electrónicos que almacenen información relacionada con la investigación.

La coordinación de apoyo logístico y de personal laboral fue monitoreada por el personal asignado de la Coordinación Nacional de las FECOF, a cargo del fiscal superior Omar Tello Rosales.

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Los cargos contra Keiko Fujimori y otras 41 personas, dos de ellas jurídicas, incluidas en el caso 55-2017, son por los presuntos delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia, falsa declaración en procedimiento administrativo.

En el caso de Keiko Fujimori, Vicente Silva Checa, Pier Figari, Ana Herz, Jaime Yoshiyama, José Chlimper y Adriana Tarazona las penas solicitadas por el Ministerio Público son de 30 años y 10 meses de prisión, por los delitos antes mencionados, mientras que para otros 33 acusados las penas van desde los seis a los 22 años de cárcel.

La acusación también incluye al partido Fuerza Popular (antes Fuerza 2011) y la empresa MVV Bienes Raíces SAC, como imputados para que, en caso de lograr una sentencia condenatoria, se pida su disolución y liquidación.

El Ministerio Público, además, incluye en el requerimiento acusatorio la aplicación de varias medidas cautelares personales para Keiko Fujimori Higuchi y los demás acusados.

Cabe mencionar que la investigación preparatoria de este caso se formalizó el 19 de octubre de 2018 y concluyó el 11 de marzo de 2021, desarrollándose durante 2 años, 4 meses, 11 días.

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Tras la publicación de la lista con nombres de quienes recibieron la inoculación, el Ministerio Público realizó una diligencia en la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), a cargo de los ensayos clínicos de la vacuna china, incautando importante documentación.

Fuentes de Fiscalía informaron que en la diligencia encabezada por el Fiscal Adjunto Supremo Ramiro González, se solicitó a los responsables del estudio documentación probatoria sobre las supuestas consultorías que incluyeron a decenas de médicos y especialistas.

El fiscal solicitó todo elemento probatorio sobre servicios prestados por los beneficiarios de las vacunas, además de la sustento claro sobre la inmunización a familiares y allegados.

Contraloría recopila información

La Contraloría inició, a través de varios servicios de control, la recopilación de información en diversas entidades públicas para comprobar si el Estado cumplió la supervisión de las acciones relacionadas a los ensayos clínicos de la vacuna contra el Covid-19, para identificar y determinar posibles irregularidades y responsabilidades que se hubieran cometido.

A través del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se solicitaron las copias de las respuestas obtenidas y la información consolidada del pedido formulado a los diferentes ministerios respecto a la relación de los altos funcionarios que hayan sido vacunados sin ser parte de los ensayos clínicos a cargo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

En el marco de la investigación, el servicio de control también comprende el análisis de la relación de personas que recibieron dosis de vacunas, así como los actuados por el Ministerio de Salud (MINSA); en ese sentido también se ha requerido información sobre el «Proceso de Ejecución de Ensayo Clínico y proceso de suscripción del acuerdo de compra-venta de la vacuna contra el SARS-COV2 suscrito con la empresa Sinopharm».

En tanto, otras comisiones de auditores se hicieron presentes ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), Instituto Nacional de Salud (INS), entre otros, para el recojo de información.

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La fiscal provincial Jackeline Villavicencio Cano, emitió la disposición en relación a la recepción, distribución y aplicación de vacunas contra el Covid-19, con el fin de evitar ilícitos penales, omisiones de funciones, rehusamiento y/o demora de actos funcionales del director regional de Salud y la Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas, así como del Área de Estrategia de Inmunizaciones de la DIRESA.

En el documento, la fiscal de prevención, recomienda al director regional de Salud, tomar las acciones urgentes e inmediatas, correspondientes e inaplazables y bajo responsabilidad, para implementar, cumplir y respetar las fases de la vacunación, los parámetros, indicadores y  patrones establecidos, conforme a la Directiva Sanitaria para la vacunación contra el Covid-19.

La fiscal Jackeline Villavicencio Cano, visitó el almacén de vacunas de la Dirección Regional de Salud – DIRESA, para verificar el desarrollo, distribución, destino final y lugares de aplicación de las mencionadas vacunas. El Ministerio Público, se encuentra en estado de alerta permanente, resguardando el derecho a la salud y el bienestar de la población en general.

La entrada Fiscalía exhorta a DIRESA estricto cumplimiento del plan nacional de vacunación contra la Covid-19 se publicó primero en Periodismo en Línea.