Recientemente se reveló la filtración del examen de docentes que organizó el Ministerio de Educación a través de WhatsApp y en beneficio de ciertos docentes.

Al respecto el fiscal Reynaldo Abia Arrieta, del 3er Despacho de la 2da Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios de Lima, ha solicitado una serie de documentación en la diligencia por la investigación sobre la filtración del examen de nombramiento denunciado públicamente.

Entre la documentación requerida por el fiscal, se encuentra la relación de los funcionarios y servidores que tuvieron acceso a todas las etapas de preparación del examen, así como la relación de personas que tenían a su cargo la custodia de los exámenes.

Asimismo, el fiscal Reynaldo Abia ha requerido acceso a los servidores del Ministerio de Educación y correos electrónicos, de quienes elaboraron la prueba, así como otros archivos digitales y la relación de ingresos y salidas a las áreas vinculadas al proceso de evaluación de docentes.

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Esta mañana se hicieron presentes al menos cuatro fiscales adjuntos y policía anticorrupción para solicitar documentación, entre registro de visitas y otros elementos que puedan servir para la investigación.

Como se recuerda Pacheco es investigado por su intervención en ascensos de las Fuerzas Armadas y favorecimientos a empresarios solicitados a altos funcionarios como el Jefe de la SUNAT.

La investigación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, bajo la coordinación del fiscal superior Omar Tello Rosales, está motivada en la información pública sobre presuntas gestiones irregulares de Pacheco ante la SUNAT a favor de empresas privadas

El 4to Despacho de la 2da Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en el marco de sus investigaciones, verificará si existen elementos de convicción que determinen si hay causa probable de imputación penal.

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Entre los casos emblemáticos, destacan las condenas obtenidas contra los gobernadores regionales de Pasco y Tumbes, Klever Meléndez y Gerardo Viñas, respectivamente. Asimismo, contra el exalcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos. De otro lado, destacan los avances en las investigaciones contra el gobernador regional de Cusco, Jorge Acurio Tito; y sus homólogos de Ancash, César Álvarez; del Callao, Félix Moreno; y de Cajamarca, Gregorio Santos.

Al conocer el reporte, el fiscal superior coordinador de las fiscalías anticorrupción, César Zanabria, resaltó la importancia de la labor desempeñada durante este año: “El trabajo de lucha anticorrupción ha permitido que se dicte sentencias ejemplares contra gobernadores regionales y otros funcionarios que defraudaron a sus electores y al Estado; este es el resultado de un trabajo dedicado y que logra poco a poco terminar con la impunidad en nuestro país”, sostuvo.

El magistrado resaltó también el apoyo de la Unidad de Cooperación Internacional y del Instituto Basel Governance de Suiza en la recuperación de más de 15 millones de dólares vinculados al exasesor Vladimiro Montesinos Asimismo, que existen US$ 24.6 millones en trámite de pérdida de dominio.

De otro lado, dio a conocer que se obtuvo prisión preventiva en más del 68% de requerimientos solicitados por los fiscales de todo el país, vinculados a casos de corrupción. Asimismo, que se ha resuelto más del 40% de la carga procesal a nivel nacional que ingresó durante este año.

Equipo Especial

A nivel de los logros del Equipo Especial, creado por el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, para atender las investigaciones vinculadas al caso Lava Jato, este tiene 24 investigaciones en trámite. De estas, 17 se encuentran bajo investigación preliminar y el resto en investigación preparatoria. A ello se suman 17 investigados con prisión preventiva y uno se encuentra bajo mandato de arresto domiciliario. Adicionalmente, hay 17 colaboradores eficaces nacionales y extranjeros.

De otro lado, el Equipo Especial ha recabado información financiera mediante mecanismos de cooperación judicial internacional de Brasil, Inglaterra, Suiza, Gran Caimán y Andorra. En virtud a esta información y a las investigaciones realizadas en el país, se han logrado identificar más de 2,000 operaciones financieras y a 56 empresas off shore en paraísos fiscales. Asimismo, se han congelado 64 cuentas bancarias y se ha allanado 50 inmuebles.

Entre los casos emblemáticos en los que se obtuvo prisión preventiva resalta la que se dictó contra el expresidente Alejandro Toledo, por presuntamente haber recibido 20 millones de dólares en sobornos de la empresa Odebrecht. Asimismo, la que se impuso contra los altos directivos de las empresas Graña y Montero, JJC Contratistas Generales e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales, quienes se habrían coludido en la adjudicación de la buena pro de los tramos 2 y 3 del proyecto vial Interoceánica Sur, a cambio del pago de coimas. También, el caso del ex viceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba, junto a Edwin Luyo Barrientos, Miguel Navarro y la exvoleibolista Jessica Tejada, por el caso de la Línea 1 del Metro de Lima.

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