Así lo informó el magistrado al canal del Poder Judicial Justicia TV, en el marco de la Jornada Judicial Extraordinaria de descarga procesal, denominada “Descargatón Judicial” que realiza en la referida Corte Superior.

“Hoy se lleva a cabo la audiencia Nro. 36 de la etapa intermedia del ‘caso Cócteles’ y, como ya lo anuncié, esta debe estar culminando en el mes de agosto aproximadamente”, indicó.

Añadió que una vez concluida la etapa intermedia el expediente estará expedito para que se emita el auto de enjuiciamiento y luego iniciar la fase de juicio oral, en uno de los casos más complejos que tramita esta Corte Superior.

El titular de la CSN refirió que en esta jornada judicial extraordinaria se espera romper el propio récord de la Corte que emitió 15 sentencias en un solo día, el 26 de noviembre de 2021.

Por otro lado, el juez a cargo del ‘caso Cócteles’, Víctor Zúñiga Urday, informó que el requerimiento acusatorio del ‘caso Cócteles’ consta de más de 15 000 páginas y que la subsanación que realizó el Ministerio  Público comprende más de 2500 folios.

“Ahora estamos revisando la subsanación que las mismas partes han requerido”, añadió el magistrado Zúñiga.

Respecto a la jornada judicial extraordinaria de descarga, Zúñiga Urday indicó que “los jueces también nos hemos puesto la camiseta y estamos realizando labores extraordinarias con la finalidad que se emitan las resoluciones dentro de los plazos razonables”.

“Hoy desarrollamos la audiencia del ‘caso Cócteles’ hasta las 19:00 horas, luego emitiremos las resoluciones para la descarga”, destacó.

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La declaración de Dionisio Romero fue ante el fiscal José Domingo Pérez precisando que el aporte fue para financiar la campaña presidencial de Keiko Fujimori para las elecciones 2011.

Pero el diario Peru21 confirmó además la existencia de una carta enviada por Romero a su equipo de colaboradores donde confirma el aporte.

Romero señala que en sus declaraciones de esta mañana informó a la Fiscalía que Credicorp Ltd realizó donaciones por ese monto a la campaña de Fujimori.

“En mi declaración, informé a la Fiscalía sobre las donaciones que Credicorp Ltd. realizó a la campaña de Fuerza 2011 durante las elecciones presidenciales de aquel año. Siento que es necesario escribirles esta carta para explicar las circunstancias y especialmente las razones tras la decisión de realizar dichos aportes”, se puede leer en la carta.

Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular) declaró a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) haber recibido 18 millones 263 mil 737 soles en aportes para usarlos en sus actividades proselitistas de ese año.

En una declaración que hizo el 4 de noviembre último, Jorge Yoshiyama aseguró que su tío, Jaime Yoshiyama, y Keiko Fujimori, en el 2015, le informaron que sabían que Odebrecht había aportado a la campaña presidencial del 2011, información que ambos le pidieron que oculte ante las investigaciones fiscales.

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Vizcarra declaró a la prensa desde Cajamarca, en el marco de su participación en la clausura del I Gore Digital por la Integridad, y se pronunció sobre la decisión del fujimorismo de postular en las elecciones 2020.

“Definitivamente (Fuerza Popular reconoce como válida la disolución) porque creo que como partido político, si la cuestionaran legalmente, no participarían. Pero si están participando, es porque están reconociendo la validez de las decisiones que tomamos el 30 de setiembre”, dijo Martín Vizcarra en declaraciones difundidas por el diario Correo.

Caso Luciana León

Consultado sobre el allanamiento al departamento de Luciana León, integrante de la Comisión Permanente, Vizcarra dijo que es un tema de competencia exclusiva del Ministerio Público y el Poder Judicial.

«Respetamos la independencia de poderes y esperemos, como siempre, que lo hagan con todo el respaldo legal correspondiente. Como Ejecutivo, tenemos el rol de ejecutar, construir desarrollar, el Ministerio Público y Poder Judicial tienen su propio rol y nosotros respetamos esa competencia», añadió.

De igual forma, el mandatario sostuvo que el Ejecutivo, ante cualquier cuestionamiento o investigación sobre alguno de sus integrantes, siempre está en la disposición de colaborar.

Respecto a la presunta participación del ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Jorge Meléndez, en la contratación de la madre de su hijo en el despacho de la Comisión de Ética del Congreso, sostuvo que «cualquier funcionario tiene que estar dispuesto a la investigación y veremos los resultados».

Comentó que no se ha evaluado su renuncia porque se quiere ver los resultados de la investigación.

Al ser preguntado por la denuncia que presentó el excongresista Ángel Neyra por la disolución constitucional del Parlamento, dijo que ello debe seguir su trámite en las instancias correspondientes.

«Respetamos el derecho de los ciudadanos de hacer uso de elementos y herramientas legales para defender cualquier
derecho», añadió.

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Indicó que mañana, antes de que se produzca la elección, el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, estará en el Congreso acompañado del Gabinete Ministerial en pleno para sustentar la cuestión de confianza anunciada el viernes.

“Así lo tomaría (denegada la confianza) porque ha sido anunciada por el presidente y hay un documento ingresado el día viernes al Congreso. El premier, acompañado por el Gabinete, estará en las 8:30 de la mañana en el Congreso para que, antes de que inicie el pleno, pueda presentar y sustentar la cuestión de confianza como dice la norma”, refirió

Sostuvo que el Congreso debe estar a la altura de las circunstancias y escuchar el sustento de la cuestión de confianza para modificar las reglas de nombramiento de los magistrados del TC, una facultad propia del Parlamento.

Aseguró que no se trata de una disputa entre el presidente y algunos parlamentarios sino de luchar contra la corrupción, contra los blindajes y contra la inmunidad que se usa como impunidad.

El mandatario precisó que la cuestión de confianza busca la transparencia en la elección de los miembros del TC, objetivo en el cual está también la ciudadanía y debiera ser atendido por los legisladores al momento de tomar una decisión.

Argumentó que el pedido de confianza que planteará del Solar se sustenta en las políticas de gobierno de lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de las instituciones.

Con la Constitución

En declaraciones a Cuarto Poder, el presidente Vizcarra afirmó también que si mañana el Congreso no da paso a la presentación del jefe del Gabinete antes de la elección de los magistrados del TC, actuará en función de la Constitución.

“La Constitución dice que puede disolver el Congreso, disolvería el Congreso” preguntó la entrevistadora, a lo cual el jefe de Estado respondió que en forma afirmativa, «en aplicación estricta de la Constitución”.

“Ante un tema de tanta relevancia como es la elección del TC, que es el máximo ente institucional que vela por el respeto de la Constitución, si se deniega la confianza, debemos actuar según la Constitución”, inssitió.

Sostuvo que asume toda la responsabilidad que implica el ejercicio del cargo de presidente de la República, entre ellos una eventual vacancia, porque actúa en función de la ley y la Constitución y tomando todas las acciones en bien del país y no de intereses particulares.

El jefe de Estado también indicó que conversó con la vicepresidenta Mercedes Aráoz sobre los escenarios posibles como una eventual vacancia o renuncia al cargo de presidente de la República, y ella le señaló que continuará en el cargo hasta completar el mandato.

“Me ha dicho que continuaría si pasa los dos aspectos, que ha cambiado de posición. Hay predisposición de la vicepresidenta de continuar, esa fue la conclusión de la reunión”, aseveró.

Adelanto de elecciones

El mandatario también se refirió a la decisión de la Comisión de Constitución de archivar el proyecto de adelanto de elecciones propuesto por el Ejecutivo.

“El tema no está cerrado, después del lunes, en que se verá lo del TC, nuevamente analizaremos el tema para empezar”, afirmó.

Manifestó que el reglamento del Congreso, en el artículo 70, dice que la comisión propone el archivo pero la única instancia que puede determinar el archivo de un dictamen es el pleno, camino que no ha seguido la iniciativa del Ejecutivo.

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En RPP Noticias, detalló que la norma -aclaración a la Ley del Emolientero– es promovida por el fujimorista Ángel Neyra y se ha convertido en una traba para la comuna y los acuerdos que tenía el alcalde George Forsyth con emolienteros para favorecer su formalización.

Estos pagaban 25 soles diarios a manera de tributo por utilizar la vía pública, pero con la norma se ha visto afectada pues esta prohíbe la firma de convenios con una transacción económica de por medio.

«Teníamos a 78 emolienteros dentro de Gamarra, para lo cual ellos aportaban de forma voluntaria 25 soles al día, que son 750 soles al mes. Con esto no consigues un local porque está muy por debajo del precio comercial. Ellos felices lo firmaron, pero luego un congresista saca una aclaración donde dicen que no pueden pagar y que tienen que trabajar gratis», dijo.

George Forsyth explicó que la actividad de un emolientero en las calles hace que su distrito tenga que disponer un equipo de fiscalizadores para supervisar que cuente con registro sanitario y que cumpla con el orden y la limpieza, lo cual representa un gasto.

Forsyth también comentó que se reunió con el congresista Neyra -accesitario de Kenji Fujimori-, quien lo citó al Parlamento cuando inició el reordenamiento de Gamarra.

Asimismo, comentó que a raíz de este problema ha recibido el llamado de otros alcaldes, quienes les han manifestado los problemas que se han generado por la modificación de la ‘Ley de Emolienteros’.

«Se hizo para fregar a La Victoria porque es una pelea que tienen conmigo, pero ya está afectando a todo el Perú, así que ahora nos vamos a juntar todos los alcaldes para que nos cambien esto (‘Ley de Emolienteros’). El Congreso no va a venir a regalar mi país», dijo.

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La primera indagación fue a pedido del legislador Héctor Becerril (Fuerza Popular) y por ello, la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso aprobó hoy la formación de un grupo de trabajo que «investigue la metodología y las acciones que emplean las empresas encuestadoras para obtener sus resultados publicados».

La subcomisión estará integrada por los congresistas Yeni Vilcatoma (Fuerza Popular), Mauricio Mulder (Apra), Marco Miyashiro (Fuerza Popular) y Horacio Zeballos (Nuevo Perú).

Durante el debate, el legislador Mauricio Mulder se sumó a esta propuesta y pidió que se investiguen también “los posibles casos de manipulación propagandística así como su vinculación con la Presidencia de la República”.

Esta vez el Fujimorismo permitió con sus votos que estas investigaciones se lleven adelante.

Votaron a favor Segundo Tapia (quien preside la comisión), Luis López, Héctor Becerril, Juan Carlo Yuyes, Marco Miyashiro, Mario Mantilla, Esther Saavedra y Yeni Vilcatoma, de Fuerza Popular.

También respaldaron esta propuesta Mauricio Mulder (Apra), Horacio Cevallos (Nuevo Perú), Janet Sánchez (Contigo); Rebeca Cruz (APP) y Glider Ushñahua (Unidos por la República).

En tanto, el congresista Yonhy Lescano (Acción Popular) votó en contra y Alberto Oliva (Peruanos por el Kambio) se abstuvo.

En ese contexto, se aprobó por unanimidad que la legisladora Vilcatoma sea quien coordine este grupo de trabajo. También estará integrado por los parlamentarios Miyashiro y Zeballos.

Apunta a Martín Vizcarra

Pero la Comisión de Fiscalización también aprobó el pedido de la congresista Janet Sánchez -Ex Peruanos por el Kambio- para que se otorgue a este grupo parlamentario facultades para investigar las presuntas irregularidades que habría cometido el presidente Martín Vizcarra por presuntamente no haber sometido a debate ante el Consejo de Ministros su Mensaje a la Nación en el que planteó el proyecto de reforma constitucional de adelanto de elecciones.

La moción de orden del día dirigida al congresista Segundo Tapia, presidente de la Comisión de Fiscalización, solicitó un plazo de 90 días para realizar esta investigación que tiene como sospecha que el presidente Martín Vizcarra «habría vulnerado el mandato constitucional» que exige que el Mensaje a la Nación, y por lo tanto el proyecto de reforma constitucional, cuente con la aprobación previa del Gabinete Ministerial antes de presentarlo al Parlamento.

¿Citación al mandatario?

En declaraciones a la prensa momentos después de la aprobación del pedido, el legislador Segundo Tapia, presidente de la Comisión de Fiscalización, señaló que, si este pedido es ratificado en el Pleno del Congreso, la comisión podría citar al presidente Martín Vizcarra si lo considera necesario, pese a que la Constitución prohíbe investigarlo.

«Si la comisión decide en su momento entrevistar al presidente, está en su facultad. Él debe ser el más interesado en aclarar este tema. Si en su momento la comisión decide acudir a Palacio para recibir su testimonio, también es facultad del presidente recibirla o no«, señaló luego de aclarar que el presidente puede responder o no.

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Esta vez el Ministerio Público emitió un comunicado en el que «expresa su preocupación y lamenta» la decisión de esta comisión del Parlamento, controlado por mayoría fujimorista.

En este escrito señala que la «decisión congresal mutila la denuncia», es por esta razón que la investigación contra el ex fiscal de la Nación no procederá.

El Ministerio Público añadió que decisiones como esta «debilitan la lucha contra el crimen y la impunidad» que la institución realiza.

«La Fiscalía de la Nación expresa su preocupación y lamenta que, a pesar de la solidez del documento, este grupo de trabajo haya declarado improcedente la imputación formulada por los delitos de encubrimiento personal y real; evitando de esta manera que los hechos sean investigados», se lee en el comunicado.

Otra vez protegen a Pedro Chávarry

De acuerdo con la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ambos delitos ya fueron materia de pronunciamiento en otra denuncia interpuesta contra el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, la misma que fue declarada improcedente en abril pasado.

Sobre el delito de instigador del delito de atentado contra la conservación e identidad de objeto, para la secretaría técnica del grupo de trabajo «existirían indicios razonables que el denunciado Pedro Chávarry habría instigado a que su ex asesora Rosa Venegas incurra en la comisión del delito denunciado.

Este argumento lo sustenta y sostiene la fiscalía de la Nación denunciante, motivo por el cual debe declararse la procedencia en este extremo y ser investigado el presunto ilícito penal».

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De los parlamentarios presentes, 44 congresistas votaron en contra y hubo 3 abstenciones. El maratónico debate duró unas 15 horas, entre ayer y el día de hoy, con la última intervención del congresista Luis Yika a las 12:40 pm.

El presidente del Parlamento, Daniel Salaverry, informó que la decisión adoptada por el Pleno será notificada de inmediato al Poder Ejecutivo, a través de un oficio, cuyo tenor fue leído tras la votación en el Pleno y según lo establece la Constitución Política.

122 congresistas estuvieron presentes en la sesión de hoy. La sesión fue levantada a las 12:50 pm por el titular del Parlamento, Daniel Salaverry.

Fujimorismo dividido

Pero la bancada de Fuerza Popular (Fujimorismo) voto dividida, pese a que en el discurso algunos como Carlos Tubino, Luz Salgado o Karina Beteta cuestionaban al gobierno, finalmente terminaron marcando verde, es decir a favor de la confianza.

Hector Becerril, Rosa Bartra y otros mantuvieron su posición y rechazaron darle la confianza al gobierno del presidente de la República, Martín Vizcarra.

En total fueron 13 los Fujimoristas que marcaron verde mientras que en el Apra los 4 legisladores hicieron lo propio.

Finalmente 17 legisladores de Izquierda, conformada por el frente Amplio y Nuevo Perú, votaron en bloque en contra de la confianza y por ende el cierre del Congreso.

En tanto, el congresista de Nuevo Perú, Richard Arce, dijo que el Fujimorismo no tiene mayoría pero cuando se trata de blindar y proteger a implicados en delito, votan juntos.

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Según reveló Cuarto Poder, el testigo reveló que tras las elecciones presidenciales del 2016, la cúpula fujimorista aseguró que le habían arrebatado el resultado de las elecciones generales del 2016, a través del entonces jefe de la ONPE, Mariano Cucho.

Como se recuerda, en dichos comicios Pedro Pablo Kuczynski (PPK) derrotó a Keiko Fujimori por una mínima diferencia, por ello -según el aspirante a colaborador eficaz- «idearon y planificaron un acercamiento y copamiento del CNM», contando con el apoyo de sus miembros Guido Aguila, Iván Noguera y Julio Gutiérrez Pebe.

En estas coordinaciones estarían incluídos los congresistas Héctor Becerril, Miguel Torres y Karina Beteta, además añadió el informante que uno de sus primeros fines era lograr que no ratifiquen a Mariano Cucho como jefe de la ONPE por el perjuicio al fujimorismo.

«Ellos iniciaron coordinaciones de trabajo con Guido Aguila, Julio Gutiérrez Pebe e Iván Noguera, por ello, Mariano Cucho no fue ratificado como jefe del CNM», señala.

Ahora el colaborador tendrá que probar lo dicho y las autoridades investigar los hechos. Otros hechos revelan que a través de la bancada fujimorista se pretendía otorgar más poder al CNM de Orlando Velásquez e incluso luego que estos fueron descubiertos tras el escándalo de «Los Cuellos Blancos del Puerto» se evitó denunciarlos desde el Congreso como organización criminal.

Las llamaditas

Pero otro elemento probatorio tiene que ver con los intercambios de llamadas telefónicas entre los fujimoristas, Apra y los integrantes de Los Cuellos Blancos del Puerto.

Por ejemplo, entre el 2017 y 2018, el congresista del Apra, Mauricio Mulder, llamó 5 veces a César Hinostroza y recibió tres llamadas de este magistrado supremo.

Además Mulder habló por teléfono con el presidente del CNM, Orlando Velásquez y otros miembros del CNM. En su defensa Mulder dijo que Hinostroza lo llamó por un Pleno Casatorio.

Javier Velásquez Quesquén del Apra, también intercambió llamadas con Orlando Velásquez hasta en 16 oportunidades. «Orlando Velásquez me llamó porque quería que se ayudara a promover la nivelación de los ingresos de los consejeros con la Corte Suprema», explicó Velásquez.

Sobre los fujimoristas el récord de llamadas lo tiene Héctor Becerril quien intercambió comunicaciones con César Hinostroza hasta en 14 oportunidades. En tanto Karina Beteta también se comunicó con Orlando Velásquez.

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La Comisión Permanente del Congreso, controlada por el fujimorismo, no ratificó la recomendación de acusar a Pedro Chávarry, por el delito de presunta organización criminal por el caso ‘Los cuellos blancos del puerto’, previsto en el artículo 317 del Código Penal.

En este tema el aprista Mauricio Mulder se abstuvo en un inicio, pero, posteriormente, cambió su voto favoreciendo al extitular del Ministerio Público.

Con 15 votos en contra y 10 a favor, el grupo de trabajo decidió también no destituir ni suspender ni inhabilitar por 10 años de la función pública al extitular del Ministerio Público por supuestas infracciones a los artículos 39, 41, 43 y 158 de la Constitución Política.

Con el apoyo de los parlamentarios de Fuerza Popular y el Apra, la Comisión Permanente no aprobó acusar a Pedro Chávarry por el delito de encubrimiento personal, pero sí por supuesto encubrimiento real con 12 a favor, 9 en contra y 2 abstenciones.

De igual forma, votó por el archivamiento de la denuncia constitucional contra el exfiscal de la Nación por presunta infracción a los artículos 139.3, 146.2 y 159.2 de la Carta Magna.

El pasado 17 de mayo, el parlamentario Juan Sheput presentó el informe final sobre las denuncias en contra del fiscal supremo Pedro Chávarry cuando ocupaba el cargo de titular del Ministerio Público.

Caso Tomás Gálvez

La Comisión Permanente también rechazó acusar al fiscal supremo Tomás Gálvez por el delito de organización criminal, así como por el delito de tráfico de influencias previsto en el artículo 400 del Código Penal.

El grupo de trabajo tampoco aprobó acusarlo por el delito de omisión de denuncia ni por infracción al artículo 158 de la Constitución, ni inhabilitarlo por 10 años.

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Tanto Ushñahua como Castro y Ponce presentaron sus respectivas cartas de renuncia ante el vocero de la bancada fujimorista, Carlos Tubino. Rolando Reátegui, adelantó que mañana jueves hará entrega del documento.

Glider Ushñahua atribuyó su dimisión a una secuela de hechos y desaciertos políticos en los que incurrió la bancada, los cuales, refirió, no responden a una planificación mesurada y reflexiva sino a posiciones poco prudentes.

“Mi lealtad no puede estar por encima de mis convicciones y valores personales y conciencia”, escribió en su carta de renuncia.

Por su parte, Miguel Castro indicó que su decisión obedece a “razones de divergencia y dispersión de los ideales políticos” que tuvo la agrupación, lo que hacía insostenible su permanencia.

Tras referir que debido a las diferencias partidarias hubo una permanente discriminación y desigualdad de trato hacia él, acusó de inacción y omisión a la anunciada reforma dentro de Fuerza Popular.

A su turno, Rolando Reátegui, recordó que en una carta suya publicada el 24 de octubre de 2018 advirtió la problemática del partido y de la bancada, y propuso una reconstitución total de la dirigencia nacional y regional.

Sin embargo, consideró que el comité de crisis no ha dado ningún resultado y lo ocurrido en el pleno del 7 de enero decepcionaron aún más “el ideal de reforma y promesa de gobernabilidad”.

“Todo ello contribuye al debilitamiento del partido y la imagen del Congreso”, subrayó.

Yesenia Ponce, en tanto, advirtió que “los últimos acontecimientos han evidenciado un alejamiento de la bancada” respecto de las exhortaciones hechas por Keiko Fujimori, a fin de dejar de lado las confrontaciones y trabajar por un país unido. Asimismo, reconoció que han existido conductas infraternas.

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El voto indistinto de la bancada de Fuerza Popular sobre la  cuestión de confianza al Gabinete de César Villanueva, también fue coordinado y no necesariamente hubo libertad entre los parlamentarios fujimoristas.

Como se recuerda el 19 de setiembre por la noche,  32 de los congresistas de Fuerza Popular que votaron a favor del pedido de confianza, 11 en contra y 13 se abstuvieron, cuando normalmente votan en bloque.

Al día siguiente, la congresista Rosa María Bartra declaró: “En la bancada hubo libertad […], hubo la posibilidad de que cada uno votara de acuerdo al análisis personal que hiciera”. El legislador Miguel Torres dijo a RPP: “La votación ha reflejado las distintas sensaciones que han tenido nuestros parlamentarios”.

Sin embargo, las conversaciones del chat La Botica que hoy publica El Comercio registran las coordinaciones de ese día, y se aprecia que cada legislador estaba asignado a un grupo que debía votar en un sentido determinado.

—El debate sobre las reformas—
Otra conversación se relaciona con la fotografía publicada por el diario “Perú 21” el 24 de setiembre. Ese día, el medio dio a conocer la existencia del chat denominado La Botica y registra el momento en el que Letona calificó de “porquería” los proyectos del Ejecutivo.

El grupo trataba el tema de la bicameralidad y el aumento del número de congresistas. Aquí participó la lideresa del partido, Keiko Fujimori.

También se habló de una fotografía en la que se ve al politólogo y actual asesor de la Presidencia del Consejo de Ministros Carlos Meléndez saliendo de almorzar con Cecilia Valenzuela, directora de “Perú 21”. “Nos pasaron una foto […] Decían que estaban viendo titulares de mañana”, escribió Luz Salgado.

Valenzuela expresó su malestar por las insinuaciones de Salgado. “Solo veo los titulares con mi equipo periodístico”, indicó.

Al ser consultada por estas expresiones, la legisladora señaló a este Diario: “Son conversaciones internas y se vulnera mi derecho a la intimidad”.

El Comercio pidió la versión de los legisladores que integraban este chat y de la propia Keiko Fujimori, pero hasta el cierre de esta edición no respondieron.

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