Como se recuerda el Congreso aún permite que sus integrantes sesionen de manera remota, muchos de ellos no encienden la cámara y se desconoce si están o no trabajando.

Sin embargo, eso no fue lo que sucedió con Tania Ramírez, quien se arreglaba las pestañas mientras el presidente de la comisión, José Luna intervenía.

De inmediato el video se difundió en Twitter generando varias reacciones, en especial de rechazo. ¿Tu qué opinas?

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En medio del debate, el parlamentario respondió al llamado de la lista, pero con la cámara apagada escuchaba atentamente, participando de la sesión con normalidad.

Sin embargo, cuando el presidente de la comisión hizo una pausa, Guerra García activó la cámara de su celular y dejó ver su momento veraniego. Aunque intentó ocultar el lente, no pudo borrar lo evidente.

Luego, en declaraciones a RPP, Guerra García explicó que estaba de viaje en el norte del Perú con su familia.

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Se trata de Miguel Castro Grandez, ex parlamentario fujimorista y hoy de Alianza para el Progreso, quien fue sorprendido por las cámaras de Reporte Semanal, no precisamente cumpliendo sus funciones legislativas.

El congresista presentó un informe dando cuenta de que presuntamente cumplió con realizar actividades durante toda la semana de representación de junio pasado, y cobró los viáticos respectivos. Sin embargo, de esos cinco días, solo estuvo tres en su región Amazonas.

Un reportaje de “Punto Final” da cuenta, incluso, que el legislador estuvo haciendo ejercicio en un gimnasio de Surco, en Lima, el 24 de junio a las 10:54 a.m. Por si fuera poco, el martes 25, el legislador de 44 años permaneció en la capital.

Lo extraño es que en el informe que presentó sobre las actividades que realizó en su región, no mencionó que de los cinco días -por lo que cobró-, solo estuvo en tres, pues recién viajó el 26.

Miguel Castro se defiende

En su defensa el legislador Miguel Castro, envió al oficial mayor del Congreso Giovanni Forno, un oficio en el que afirmaba que estuvo en su jurisdicción el miércoles 26 de ese mes y que «en caso que dicha situación vulnere alguna norma administrativa relacionada a gastos de representación, se proceda como corresponde».

«Mire lo que yo gano en realidad en el Congreso, desde donde yo vengo, es irrisorio. No prima el dinero. Me deberían pagar más, ah», se le escuchó decir a Miguel Castro en una charla con el reportero de la investigación.

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Luz Salgado Rubianes fue trasladada primero al hospital Casimiro Ulloa de Miraflores y luego internada en el INCOR, ubicado en Jesús María, para recibir atención médica especializada.

La vocera de la bancada fujimorista, Milagros Salazar, confirmó el internamiento de su colega e hizo votos por su pronta recuperación.

«La congresista Luz Salgado se encuentra delicada de salud y está pasando por evaluación médica», escribió en su cuenta de Twitter.

«En la bancada esperamos que te recuperes pronto Luz, estamos contigo!», agregó la portavoz.

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El ingreso del familiar de la legisladora se concretó hace un año y es que este ingresó al Congreso de la República, pero negó ser pariente de la legisladora en su declaración jurada con el fin de asegurarse el puesto de trabajo.

En un reportaje de Punto Final, se supo que el proceso de contratación de Meléndez Salazar como auxiliar en la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología —que preside el fujimorista Carlos Ticlla— ocurrió el 17 de agosto del 2018 por un salario de S/2600 mensuales pese a no poseer estudios superiores ni relacionados al cargo que iba a ejercer.

En torno al evidente caso de nepotismo, la legisladora Milagros Salazar afirmó desconocer si su sobrino trabaja o no en el Hemiciclo. «Yo no contrato al personal. Yo no respondo por otro despacho, lo correcto es ir a esa comisión a preguntar si trabaja o no», expresó.

Su ingreso

Se supo que el congresista Carlos Ticlla tras asumir como presidente de dicha comisión envió la solicitud al oficial mayor del Legislativo para promover la contratación del sobrino de Milagros Salazar.

Solo cuatro días después, el pariente de la fujimorista se convirtió en auxiliar del grupo legislativo que trabaja de la mano con la Comisión de Educación que presidente Milagros Salazar.

«Cuando asumí la presidencia de la Comisión de Ciencias, se apersonaron muchas personas a solicitar un puesto de trabajo…entonces, el joven Joel llegó suplicando, que lo necesitaba urgente y tuve que contratarlo como asistente», indicó Ticlla al dominical.

Según el Código de Ética del Congreso, un legislador no puede contratar a un pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad. En tanto, la Ley General de Nepotismo señala que los congresistas que contraten a parientes, serán procesados en el Poder Judicial.

Al finalizar la emisión del reportaje, Latina dio a conocer que Joel Melendez Salazar renunció a la Comisión de Ciencias con fecha de cese registrado el 10 de junio; sin embargo el documento fue sellado el 19 del mismo mes.

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La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria de la Corte Suprema de Justicia, a través del escrito N° 05-2019, sustentó el pedido tratarse de una prisión efectiva se debe cumplir la decisión judicial. 

“(…) Es decir, si ante la presunción razonable de un delito flagrante cabe arrestar con la autorización congresal, ante la condena a prisión efectiva con mayor razón “a maiori ad minus” corresponde hace cumplir la decisión judicial”, señala el documento suscrito por los jueces supremos Francisco Távara, Jorge Salas Arenas y Carlos Arias Lazarte.

La comisión recordó, asimismo, que el Juzgado Penal Unipersonal de Vraem inició proceso al parlamentario en el 2007, antes de ser proclamado parlamentario por lo tanto no era necesario requerir autorización de su pedido.

El escrito señala, seguidamente, que esta demanda, además, debe respetarse en cumplimento del Artículo 412 del Código Procesal Penal, el cual señala que la condena debe ejecutarse aun cuando estuviera impugnada la decisión.

Como se recuerda, Joaquín Dipas fue condenado por su desempeño como alcalde de la Municipalidad Distrital de Pichari, tras ser hallarlo responsable de haberse aprovechado de su cargo para aprobar de manera ilegal la exoneración del proceso de adquisición de tres hectáreas de terreno para construir un laboratorio de biotecnología.

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A Joaquín Dipas lo hallaron responsable del delito de colusión ilegal y a criterio del Poder Judicial, este debe ir cinco años a prisión efectiva al ser hallado responsable penal de delito, antes que sea electo.

La fiscal Edith Palomino, de la Fiscalía Provincial Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Ayacucho acusó al congresista de aprovecharse de su cargo de alcalde de Pichari, Cusco, para aprobar ilegalmente la exoneración del proceso de adquisición de cuatro hectáreas de terreno.

El terreno, valorizado en 140,000 soles, fue destinado a la construcción de un laboratorio de Biotecnología en Pichari, obra realizada el 2008, en su segundo periodo municipal.

Corresponde informar de esta sentencia a la Comisión de Levantamiento de Inmunidad del Congreso de la República de la Corte Suprema, encargada de solicitar el levantamiento del fuero parlamentario.

El Poder Judicial solicitó al Congreso levantar el fuero congresal a ocho legisladores, pero la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria solo declaró improcedente tres solicitudes, las otras cuatro fueron devueltas para subsanación.

Los congresistas a quienes se le levantó la inmunidad son:

Benicio Ríos Ocsa, de Alianza por el Progreso (APP), quien está recluido en el penal de Cusco donde cumple una sentencia de 7 años de prisión por la sobrevaloración de un terreno cuando era alcalde de Urubamba.

Edwin Donayre Gotzch, de Alianza para el Progreso (APP), quién se encuentra prófugo y debe cumplir una condena de cinco años de cárcel por el caso “El Gasolinazo”.

Moisés Mamani Colquehuanca, para ser investigado por el delito de tocamientos en agravio de una trabajadora de una aerolínea.

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Como se sabe la legisladora fue denunciada por presuntamente haber pagado al director de un colegio para conseguir un certificado de estudios falsos.

Fueron los votos de las parlamentarias fujimoristas Milagros Salazar, Milagros Takayama más el voto dirimente del presidente de la comisión, los que permitieron que el caso pase al archivo.

El archivamiento de la denuncia fue aprobado por el voto dirimente del presidente de la comisión, Juan Carlos González, también miembro de Fuerza Popular, quien zanjó el empate registrado en la votación.

Como se recuerda, Yesenia Ponce fue acusada de haber pagado S/ 10,000 al director de un colegio para conseguir un certificado de estudios falso, a fin de probar que terminó los estudios de primaria, tal como lo aseguró en su hoja de vida presentada cuando postuló al Congreso.

La denuncia fue presentada por Aldo Rodríguez, ex colaborador de la congresista, quien presentó como prueba el comprobante del depósito bancario realizado en la cuenta del director del colegio que expidió el certificado de estudios.

¿Compañeros fantasma?

En tanto Ponce niega no haber concluido sus estudios, así como haber pagado para obtener un certificado. En su defensa, entregó una lista de sus supuestos compañeros de promoción. No obstante, el programa periodístico Cuarto Poder comprobó que las personas mencionadas por Ponce no existen en la base de datos del Registro de Identificación y Estado Civil (Reniec).

La decisión de la Comisión de Ética fue criticada por el legislador aprista Jorge del Castillo, quien cuestionó que este grupo de trabajo, donde Fuerza Popular tiene la mayoría, archive las denuncias contra miembros de ese partido.

https://www.youtube.com/watch?v=mEdfL5kwjYU

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El informe señala que se tratarían de miles de soles reembolsados por el Parlamento al legislador, a través de facturas que habrían sido coordinadas con el empresario Julio Tuesta.

Resulta que Tuesta es dueño de un negocio de alquiler de camionetas 4X4 en San Martín, y cobra S/. 250 por día, pero denunció que siempre inflaba las boletas a S/. 1,250 para favorecer a Reátegui.

Según el empresario, en cada viaje de representación solo le alquilaban un día el vehículo, pero él lo hacía pasar irregularmente por cinco días. Tuesta refiere que alteraba las facturas por orden de Ronald del Castillo, asesor del congresista Rolando Reátegui.

Según su versión, siempre infló las facturas durante la semana de representación, lo que habrían sumado un total de S/. 38,481 que nunca habría cobrado por alquiler. «Yo le alquilo las camionetas hace varios años al congresista. (Me pagaba) a la mano. Se facturaban cinco días, pero si se habían usado dos, entonces me pagaban dos días nomás», dijo.

El programa periodístico mostró varias facturas de diversas fechas que señalaban el monto de S/. 1,250 por el uso de las camionetas, pero que el empresario negó haber cobrado en todo momento. Sin embargo, el legislador de las filas de Fuerza Popular, negó en todo momento haberse aprovechado de las arcas del Congreso de la República.

«Siempre se contrata por cinco días (la camioneta), lo que dure la semana de representación. Él (Julio Tuesta) asegura que no recibe los cinco días, porque no entrega el vehículo los cinco días. Bueno, nosotros tenemos cinco días la camioneta. Es su palabra contra la nuestra», señaló el congresista al programa.

Reátegui agregó que siempre paga los cinco días que se usa el vehículo a través de su asesor Del Castillo. «(Se paga) lo que me dice mi asesor, yo tengo que creer en él. No tengo que creerle a la otra parte», comentó.

EL ACCIDENTE. En otra parte del reportaje, el empresario Julio Tuesta denunció que Reátegui y su comitiva sufrieron un accidente hace un tiempo, dejando en muy mal estado la camioneta alquilada y por la que no se habría hecho responsable.

El mencionado accidente ocurrió el pasado 26 de setiembre y afortunadamente Reátegui y otros tres ocupantes resultaron ilesos, pero la camioneta se llevó la peor parte. El empresario asegura que la reparación de la camioneta le ha costado un promedio de US$ 22 mil, monto que está siendo costeado por él mismo y no por el parlamentario.

«Ni siquiera por cortesía preguntaron ‘qué fue’. Nada. Pasó el accidente y chau. Así como suena, pasó el accidente, chau, nomás. Total (he gastado) como unos 22 mil dólares», narró.

Agregó que es él quien busca al parlamentario y sus asesores y hasta les mandó una carta notarial para que asumieran su responsabilidad, pero no lo han hecho hasta la fecha. Sin embargo, Reátegui asegura que su asesor Del Castillo sí llegó a un acuerdo con el empresario para arreglar la camioneta, y que éste se está cumpliendo.

«Mi asesor llegó a un acuerdo con él. Ellos se programaron, hubo un cronograma. Primero, cinco mil dólares. Luego creo que mil dólares mensuales», explicó.

SU VERSIÓN. Esta denuncia fue rechazada por el legislador, quien aseguró que él utilizaba la camioneta los cinco días de su semana de representación. “Es su palabra contra la mía. Yo no he emitido facturas infladas”, sostuvo.

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El exfuncionario fue investigado, procesado y condenado por la Corte Suprema a 5 años de prisión por la irregular compra a Bielorrusia de los aviones MIG-29 y Sukhoi 25, durante los años noventa.

Con respecto a la acusación de enriquecimiento ilícito, por el cual fue condenado en el 2006, cuando era jefe del ejército, se comprobó que el ex ministro del interior tuvo un desbalance patrimonial por dos millones de dólares.

Saucedo, también ex ministro de Defensa del régimen fujimorista, tuvo como secretario entre los años 1997 y 2000 a Adrian Villafuerte, actual asesor en temas de seguridad del presidente Ollanta Humala.

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El congresista Héctor Becerril, vocero alterno del partido Fuerza Popular, dijo a RPP que su colega  también dejará la presidencia de la Comisión de Cultura del Congreso de la República.

Como se recuerda, Bardález es investigado por contratar los servicios de Elina Yépez como trabajadora de su despacho congresal, pero que en realidad se dedicaba a prestar servicios personales a la madre del referido legislador, en Moyobamba.

Los miembros del grupo fujimorista tomaron esta decisión luego de una reunión que se prolongó por más de cuatro horas.  

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La propuesta busca que los vendedores de emoliente de nuestro país tengan su actividad regulada por ley, la cual incluya su protección laboral y de salud, tema que ya fue analizado durante la Asamblea Nacional Ampliada realizada por la Federación Nacional de Trabajadores Emolienteros del Perú.

Pilicarpio Patio Laura, presidente de la FENTEP, informó que ya existe en el Congreso un proyecto de ley que permitirá regular la actividad de los trabajadores vendedores de emoliente, quinua y afines, actividad considerada ancestral y que, lamentablemente, jamás ha sido protegida.

Al respecto, Angel Neyra Olaychea, presidente de la Comisión de Producción, Mype y Cooperativas, precisó que desde el Congreso la República impulsará esta propuesta, pues se trata de velar por la protección de más de 25 mil personas que se dedican directamente a esta actividad en todo el país y que tiene como participantes a un 75% de mujeres.

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