A través de estos acuerdos, ambas personas reconocen graves delitos de corrupción y se comprometen a colaborar con la justicia peruana entregando valiosa información, documentos y testimonios respecto a seis carpetas fiscales: el caso “Club de la Construcción” y los procesos vinculados a los proyectos Gasoducto Sur Peruano, IIRSA Norte, Vía Expresa Sur, Línea 1 del Metro de Lima e IIRSA Sur Tramos 2 y 3.

Los convenios establecen además que tanto Graña Miró Quesada como Graña Acuña pagarán al Estado montos de reparación civil de S/ 39.9 millones y S/ 17.7 millones, respectivamente.

Así, el monto total que recibirá el Estado como indemnización será de S/ 57.6 millones, por los daños que causaron ambas personas a través de los delitos que cometieron.

Conforme a las cláusulas fijadas en los acuerdos, la cancelación total de los pagos de reparación civil se realizará entre los 60 y 120 días después de que sean aprobados judicialmente. Los acuerdos fueron presentados al Poder Judicial el pasado 27 de enero.

“Estos convenios permitirán la entrega de información clave para que las investigaciones en seis procesos penales lleguen a juicio, donde esperamos que el resto de investigados reciban todo el peso de la ley y sean condenados”, señaló la procuradora ad hoc para el caso Lava Jato, Silvana Carrión Ordinola.

La abogada del Estado indicó que estos acuerdos también son importantes porque permitirán el cobro efectivo de la reparación civil en un plazo corto de tiempo. “Es un logro para la Procuraduría ad hoc. Hemos diseñado cláusulas que permiten asegurar los pagos acordados, los cuales están respaldados por los embargos que hemos realizado contra ambas personas al inicio de los procesos”, resaltó.

Carrión concluyó que hasta el momento “estamos ante las reparaciones civiles más altas de la historia del país que serán pagadas por personas naturales, en lo que se refiere a casos de corrupción”.

Cabe señalar que los pagos que realizarán ambas personas son adicionales a los S/ 480 millones que pagará la compañía Aenza (antes Graña y Montero), según el pre- acuerdo de colaboración eficaz que firmó esta empresa con la Procuraduría ad hoc y el Equipo Especial en mayo de 2021.

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La decisión judicial la tomó el juez Richard Concepción Carhuancho en el marco de la investigación por el caso Metro de Lima. Para el juez hay “alta probabilidad” de que los implicados han participado en lavado de activos.

El magistrado también ordenó el pago de una caución de un millón de soles, para el caso de José Graña, y 250 mil para Hernando Graña, los cuales deben ser cancelados dentro de 45 días.

La defensa del primero sostuvo que Enriqueta Graña Miró Quesada iba a realizar el pago del dinero, debido a que José Graña no tendría la cantidad establecida por el Poder Judicial, de un millón de soles.

Asimismo, se dictó comparecencia con restricciones, poniendo como condiciones que ambos imputados no pueden dejar Lima sin una orden judicial ni comunicarse con otros investigados.

Durante la audiencia, el fiscal José Domingo Pérez sustentó el pedido con la declaración de Jorge Barata y Carlos Nostre de Odebrecht, con lo que señaló que habría un acuerdo con José Graña.

Cabe recordar que la Fiscalía había desistido del pedido de prisión preventiva para Graña Miro Quesada y Graña Acuña, a raíz de que ambos se acogieron a la colaboración eficaz por el caso del Metro de Lima, adjudicado al consorcio integrado por Odebrecht y Graña y Montero.

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La medida se dictó está madrugada contra cuatro de los cinco empresarios de Graña Montero, JJ Camet e ICCGSA, socias de la constructora brasileña Odebrecht en el Proyecto Vial Interoceánica Sur, tramos 2 y 3.

La medida dictada por Richard Concepción Carhuancho, titular del primer Juzgado de Investigación Preparatoria, alcanza a Fernando Gonzalo Camet Piccone, José Fernando Castillo Dibós, Hernando Alejandro Graña Acuña y José Alejandro Graña Miró Quesada.

Se informó que en el caso de Gonzalo Ferraro Rey se le dará arresto domiciliario en la clínica Angloamericana por encontrarse delicado de salud.

El fiscal anticorrupción Hamilton Castro había advertido el peligro de fuga de los representantes de las empresas asociadas con la constructora Odebrecht en Perú.

Durante la audiencia , el fiscal señaló que “los imputados pertenecen al empresariado más prominente del Perú” y tienen capacidad económica para eludir a la justicia.

Los cargos contra los exrepresentantes de las empresas socias de Odebrecht son por delito de colusión y por lavado de activos.

El fiscal Hamilton Castro detalló que las empresas socias de Odebrecht en la construcción de dos tramos de la carretera Interoceánica sur en el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) cedieron parte de sus utilidades a la constructora brasileña como compensación por el soborno de 20 millones de dólares que se entregó al exmandatario, actualmente prófugo en Estados Unidos.

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