La medida fue dictada por el juez supremo Juan Carlos Checkley Soria, quien declaró fundado el requerimiento del Ministerio Público al considerar que así se podrá asegurar que se cumpla los fines del proceso y evitar dilaciones ante la posible ausencia del investigado.

Previamente, el magistrado había advertido que el exministro no cuenta con arraigo laboral, pues no acreditó ninguna ocupación desde su renuncia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en febrero de este año.

Durante la audiencia virtual del caso realizada el último jueves, Juan Silva se allanó al requerimiento de impedimento de salida del país. A través de su abogado, el exministro rechazó las imputaciones en su contra por el caso Puente Tarata – Provías Descentralizado.

De acuerdo con la tesis fiscal, el exministro Juan Silva habría cometido hechos presuntamente irregulares en licitaciones de obras, contratación de funcionarios, favorecimiento de empresarios, entre otros.

Sobre congresistas

Fiscalía había solicitado que se imponga nueve meses de impedimento de salida del país para los congresistas de Acción Popular; Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Carlos Mori, Jorge Flores, Darwin Espinoza e Ilich López.

Al respecto, el juez Checkley declaró fundado el pedido para Doroteo y Espinoza, mientras que para los demás rechazó la medida.

El magistrado explicó su decisión y sostuvo que en el caso de Juan Silva, Raúl Doroteo y Darwin Espinoza “existe suficiencia de intervención indiciaria”, mientras que para los demás investigados “no se evidencia el incremento del nivel de sospecha con los elementos de convicción detallados por el representante del Ministerio Público”.

Todos estos legisladores fueron sindicados por la empresaria Karelim López, como ‘Los niños’ y actualmente son investigados por tráfico de influencias agravado.

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La medida fue dictada por el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, quien declaró fundado el requerimiento del Ministerio Público formulado contra excandidato presidencial hoy investigado por presuntamente recibir dinero de Odebrecht.

Julio Guzmán planeaba viajar a los Estados Unidos para dedicarse a la docencia en la Universidad de Yale, sin embargo, ya no podrá hacerlo.

El pedido fiscal

De acuerdo con la resolución judicial, el requerimiento fiscal cumple con todos los presupuestos exigidos por el ordenamiento procesal, por lo cual se accede al mismo.

Remarcó además que se trata de un tiempo razonable para que se practiquen las diligencias faltantes y se pueda decidir en relación con la denuncia presentada.

En una audiencia realizada el lunes pasado, el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción, dejó al voto el pedido fiscal.

Durante la audiencia, el representante del Ministerio Público expuso los fundamentos de su solicitud, y señaló que el ex candidato presidencial habría recibido 400,000 dólares de la constructora brasileña.

Dice que denunciará a fiscales

Por su parte, el excandidato aseveró el pasado 17 de junio que están vulnerando sus derechos y aseguró que evalúa denunciar a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato que lo investigan.

“Estamos evaluando, con mi abogado, denunciar a los fiscales que están haciendo esto, porque es un abuso de poder. Lo que están haciendo es una violación de mis derechos básicos.

Algo que me parece muy sospechoso, ese documento ingresa hoy (miércoles) cuando ayer yo doy declaraciones políticas controversiales”, dijo a Canal N.

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El Poder Judicial actúa en menos de 1 hora y luego de recibido el pedido del 3° despacho de la 1° Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar, a cargo de la fiscal Giannina Luna Gamarra.

De esta manera, el 46° Juzgado Penal de Lima tramitó y ordenó 15 días de impedimento de salida del país para Adolfo Bazán Gutiérrez investigado por el delito de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento.

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Luis Alva Castro está incluido en una investigación por lavado de activos referido a aportes irregulares en la campaña presidencial aprista en el año 2006.

La medida fue impuesta tras cumplirse, según el juzgado, las exigencias procesales necesarias como la acreditación de elementos de convicción respecto a la supuesta participación de Alva Castro, como intermediario en los aportes de origen ilícito por parte de la empresa Odebrecht en un valor de US$ 200 mil a favor del Apra en la referida campaña electoral.

Asimismo, un pronóstico de pena superior a tres años por el delito imputado en este caso, que es sancionado en el Código Penal con un mínimo de ocho años de cárcel.

Medida contra Alva Castro es idonea

De acuerdo con la resolución dictada por el magistrado Richard Concepción Carhuancho, a cargo del referido juzgado, la medida es indispensable, idónea, proporcional y prudencial.

La disposición judicial busca asegurar la averiguación de la verdad en este proceso con la presencia física de Alva Castro en la diligencias programadas por la Fiscalía a cargo de la investigación de este caso.

Cabe anotar que la medida cautelar, tras girarse los oficios correspondientes ante las autoridades pertinentes para el cumplimiento de la misma, empieza a computarse desde hoy y vencerá el 10 de octubre del 2020

Debe señalarse que la defensa legal de Alva Castro decidió allanarse en audiencia pública al referido requerimiento fiscal planteado en su contra.

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El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria ordenó impedimento de salida del país por nueve meses contra Pedro Chávarry, presuntamente por la sustracción de documentos de unas oficinas lacradas que habían sido allanadas por el fiscal José Domingo Pérez.

El tribunal, a cargo del magistrado Hugo Núñez Julca, precisó que Chávarry es investigado por los presuntos delitos de encubrimiento real y otros.

Pedro Chávarry en zona lacrada

El pasado 5 de enero fue vulnerado el lacrado de la oficina de Juan Manuel Duarte, quien fuera asesor del exfiscal de la Nación Pedro Chávarry.

En las imágenes, se ha podido reconocer que este último se encontraba en su despacho y que acompañó a su personal tras el hecho.

Incluso la declaración de uno de sus custodios de seguridad señalaba que Pedro Chávarry dio la orden para la sustracción de documentos de la zona lacrada del Ministerio Público.

Así lo dio a conocer el diario El Comercio, que ha difundido las imágenes de las cámaras de seguridad en las que aparece Pedro Chávarry llegando al noveno piso del Ministerio Público en compañía de uno de los policías investigados por el deslacrado.

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Mark Vito Villanella, esposo de Keiko Fujimori, está impedido de abandonar el país por un plazo de 36 meses según dictaminó el juez Richard Concepción Carhuancho.

La medida del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional, a cargo del citado juez, declaró fundada la solicitud de impedimento de salida del país por 36 meses para el investigado.

Según informó la abogada de Mark Vito, Giulliana Loza, a través de su cuenta en Twitter, se trata de una medida arbitraria.

«Acabamos de ser notificados de esta arbitraria decisión que apelaremos. Una vez más se comete una injusticia en contra de la familia Fujimori», escribió.

Durante audiencia del 21 de noviembre, Pérez Gómez sostuvo que el investigado ocultó información a la Fiscalía sobre un terreno de 1,035 metros cuadrados ubicado en el condominio “La Quebrada Luxury” en Cieneguilla, que no estaría inscrito en Registros Públicos.

También sostuvo que hay sospecha del dinero utilizado para adquirir los lotes 8 y 9 de la manzana “N” Lomas de la Chutana, distrito de Chilca (Cañete), por el cual habría pagado la suma de 178,937 dólares.

Para la Fiscalía, era necesario imponer la referida medida, debido a que deben realizarse diligencias como pericias contables y grafotécnicas, reconocimiento de documentación, levantamiento de secreto bancario, ampliación de declaración del investigado, entre otras.

NO PIDE ASILO

Giuliana Loza, señaló al diario Correo, que no está en mente del esposo de la lideresa de Fuerza Popular pedir asilo político tras la decisión que le otorgó el juez Richard Concepción Carhuancho al declarar fundada 36 meses de impedimento de salida.

«No está en mente del señor Mark Vito pedir algún tipo de asilo. Él viene enfrentando la investigación desde hace muchos años. Esta investigación en contra de Mark Vito viene durando tres años, él siempre ha enfrentado y demostrado todo los documentos y cargos que se le han atribuido los ha desvirtuado uno por uno», dijo Loza en exclusiva para el Diario Correo.

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El Ministerio Público solicitó hoy al Poder Judicial, el impedimento de salida del país contra el expresidente Alan García, tras la difusión de nueva información del caso Lava Jato.

Como se recuerda hoy el portal IDL Reporteros, reveló que Odebrecht le pagó a Alan García de la caja 2, por supuestas conferencias en el extranjero usando un intermediario.

 La solicitud de la Fiscalía de impedimento de salida del país contra Alan García, debe ser resuelta por el juez de investigación preparatoria del Poder Judicial, Juan Carlos Sánchez Balbuena.

Ampliada investigación a Alan García

En tanto fue ampliada la investigación preliminar seguida contra el ex presidente Alan García por el caso de los presuntos sobornos de Odebrecht para la adjudicación de la línea 1 del metro de Lima, también llamado tren eléctrico.

La disposición lleva la firma del fiscal anticorrupción José Domingo Pérez. Precisamente el magistrado tenía programado tomar este jueves la declaración del también líder del Apra, pero este informó que la diligencia se suspendió por segunda vez.

Como se recuerda, en marzo del 2017, el equipo especial —entonces encabezado por Hamilton Castro— inició una investigación preliminar por el presunto delito de tráfico de influencias contra Alan García.

También incluyó a Enrique Cornejo, ex ministro de Transportes en el segundo gobierno aprista, y a Oswaldo Plasencia, ex presidente de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE).

Ahora, la disposición de Pérez Gómez amplía la pesquisa contra Alan García, Enrique Cornejo y Iswaldo Plascencia por la presunta comisión del delito de colusión agravada en agravio del Estado peruano.

Además, solo en el caso de García, se amplía la investigación preliminar atribuyéndole también el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado.

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El Ministerio Público solicitó impedimento de salida del país para Mark Vito Villanella, esposo de Keiko Fujimori, quien hoy es investigado por la presunta comisión de lavado de activos.

El requerimiento será evaluado el miércoles 21 de noviembre a las 9:00 de la mañana por el juez Richard Concepción Carhuancho.

El titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional, encabezará la audiencia en la sede de la Sala Penal Nacional, ubicada en la avenida Tacna, en el Cercado de Lima.

La semana pasada, el Ministerio Público formalizó una investigación preparatoria contra Mark Vito Villanella por la adquisición que hizo de dos lotes de terreno en el centro industrial La Chutana, en Chilca.

La hipótesis fiscal es que los fondos utilizados por la pareja de la lideresa de Fuerza Popular para la compra de los dos terrenos, transacción realizada entre el 2015 y 2016, serían de origen ilícito. El monto pagado supera los 600,000 soles.

Keiko Fujimori se encuentra actualmente recluida en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, a raíz de los presuntos aportes de la multinacional Odebrecht a la campaña electoral de Fuerza 2011.

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Como se recuerda el citado magistrado solicitó recientemente vacaciones mientras la Sala Suprema Transitoria que presidía sólo cumplirá funciones hasta el 31 de julio.

Vía Twitter el Ministerio Público informó: «Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, solicitó impedimento de salida del país para el juez supremo César Hinostroza Pariachi en el marco de la investigación que se le sigue en su despacho».

https://twitter.com/FiscaliaPeru/status/1017606584216809473

Juez de los «10 verdecitos»

Previamente la decana del Colegio de Abogados del Callao Flor Deur Morán no descartó que el juez supremo Walter Ríos, otro implicado en los escandalosos audios, también haya abandonado el país pues está de licencia en el Poder Judicial.

Será el Poder Judicial quien debe resolver el pedido de medidas preventivas contra magistrados implicados en este escándalo.

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Se trata de una solicitud del Equipo Especial del Ministerio Público que pide al Poder Judicial la medida restrictiva preventiva para Pedro Pablo Kuczynski.

El pedido fue presentado ante el Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional especializado en delitos de corrupción de funcionarios.

Se supo que la decisión fue tomada dado que el Ministerio Público considera que es necesario asegurar que PPK no abandone el país, mientras está en curso la investigación relacionada con los pagos efectuados por empresas del grupo Odebrecht a las empresas Westfield y First Capital.

Como se recuerda el presidente renunciante recibió depósitos de dinero cuando fue funcionario público (Ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros), durante la gestión de Alejandro Toledo.

Pedro Pablo Kuczynski abandonó Palacio de Gobierno a las 14:15 horas de hoy 21 de marzo, tras enviar su carta de renuncia al Congreso de la República.

La Junta de Portavoces acordó esta tarde aceptar la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia de la República, la cual será debatida por el pleno del Parlamento mañana jueves a las 16:00 horas.

Luis Galarreta, titular del Congreso, dio cuenta del acuerdo e informó que el Legislativo estará a la altura de las circunstancias, a fin de resolver esta crisis política dentro del marco de la Constitución y las leyes.

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Como se recuerda recientemente testimonios de Jorge Barata, ex directivo de Odebrecht, y el publicista Valdemir Garreta, confirmaron que financiaron esta campaña de Susana Villarán y la apoyaron en su estrategia publicitaria.

Luego de disponer la apertura de una investigación preliminar contra la ex burgomaestre de Lima, el Ministerio Público pidió al Poder Judicial que se dicte el impedimento de salida del país de Susana Villarán.

En cuanto a montos, la constructora brasileña habría financiado con US$3 millones la publicidad de la campaña contra la revocatoria de Susana Villarán, en el 2013.

https://twitter.com/FiscaliaPeru/status/934061079180713989

Las fuentes señalaron además que Susana Villarán será citada nuevamente, ya que originalmente el fiscal la convocó para declarar hoy viernes en horas de la mañana.

Susana Villarán, previamente, rechazó haber haber «negociado» con Garreta el pagó de US$3 millones, que supuestamente fueron cancelados por Odebrecht y OAS, por la publicidad y asesorías a la campaña del No. También negó haber buscado a Jorge Barata, para agradecerle el apoyo económico.

La ex alcaldesa ha señalado que está «siempre dispuesta a colaborar con la justicia y a aclarar esta seguidilla de falsedades de los colaboradores eficaces». «Hoy, mi abogado entregará mi apersonamiento ante la oficina del fiscal Hamilton Castro para que mi verdad se establezca ante la justicia», anunció esta mañana.

Poder Judicial: «no se ha quitado caso Odebrecht a jueces de Sala Penal»

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Así lo expuso esta mañana el referido abogado de Nadine Heredia ante la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, que preside el juez superior doctor César Sahuanay Calsín, e integran los doctores Iván Quispe Aucca y Jessica León Yarango.

En consecuencia, sobre Nadine Heredia continuará aplicándose dicha medida por cuatro meses, así como las normas de conducta que dispuso el mencionado Juzgado. 

Roy Gates, en cambio, pidió al colegiado que deje sin efecto, el monto de la caución de 50 mil soles que impuso a Heredia Alarcón, porque según argumentó la medida no tiene sustento y no fue debidamente fundamentada por la Fiscalía. 

Indicó que su patrocinada Nadine Heredia solo tiene ingresos por 10 mil soles mensuales que percibe como presidenta del Partido Nacionalista, que los destina para atender  la carga familiar. 

Por su parte, el abogado Francisco Álvarez Dávila  pidió al colegiado que revoque el impedimento de salida del país de su patrocinado Ilan Heredia, así como su comparecencia con restricciones y la caución de 50 mil soles. En cambio, solicitó que se le imponga una medida de comparecencia simple. 

El abogado Mario Rodríguez Hurtado, defensor de Antonia Alarcón Cubas, madre de Nadine Heredia e Ilan, consideró que no es necesario imponer a su defendida una caución y comparecencia simple, por lo que planteó se deje sin efecto dichas medidas. 

La defensa de la procesada Rocío Calderón Vinatea desistió también de apelar el impedimento de salida y la comparecencia con restricciones, pero solicitó al tribunal disminuir el monto de la caución de 50 mil soles, porque no tiene la suficiente la capacidad económica. 

Por su parte, la abogada del encausado Mario Torres Aliaga, doctora Marlene Espinoza Goyena, desistió de apelar las decisiones contra su defendido. 

El juez Sahuanay Calsín anunció que el tribunal emitirá su decisión sobre esta investigación por el delito de lavado de activos y la notificará en el plazo de ley.    

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