En las investigaciones efectuadas por la OCMA, se corroboró que el Juez Ramos Álvarez no fue a laborar cinco días consecutivos, y para justificar su inasistencia presentó un certificado médico falso.

Además, al verificar el Cuaderno de Control de Asistencias de los Jueces Especializados del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), se observa que firmó su asistencia, pretendiendo hacer ver que sí asistió a sus labores con total normalidad, percibiendo indebidamente el pago de sus honorarios; lo cual constituye inconducta funcional.

La resolución también señala que, el Juez, al abandonar injustificadamente sus labores durante cinco días, expuso al quebrantamiento de las audiencias con reos en cárcel programadas en ese distrito judicial, así como las diligencias, por lo que se tuvo que designar provisionalmente a una magistrada para que se haga cargo del despacho, y evitar la frustración de las mismas.

Cabe resaltar que, hasta que se resuelva en definitiva la situación jurídica del citado magistrado, la Jefatura Suprema consideró ineludible, dictar de manera simultánea una medida cautelar de suspensión preventiva en el cargo.

Al respecto, la Jefa de la OCMA recalca que este Poder del Estado, tiene como una de sus funciones, promover la transparencia y las buenas prácticas entre los magistrados y servidores, para lo cual desarrolla políticas destinadas a efectuar un control respecto del cumplimiento de los deberes, en relación al horario de trabajo.

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De esta manera, desde tempranas horas, el magistrado del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, determinará si la lideresa de Fuerza Popular vuelve a ser encarcelada, de acuerdo al pedido del fiscal que solicitó el plazo de 18 meses y dos días, mientras continúa la investigación del Caso Odebrecht.

“Hoy voy a seguir la decisión del juez Victor Zúñiga junto a mi familia desde la casa de mi mamá, para poder cumplir con lo que corresponda. Tengo mucha fe en que la justicia prevalecerá”, escribió Keiko Fujimori en sus redes sociales.

En noviembre del año pasado, el Tribunal Constitucional anuló la orden de cárcel preventiva que la excandidata presidencial cumplía.

El juez Zúñiga estimó que se tomará entre 8 y 11 horas para leer su fallo. En la última audiencia, realizada el jueves pasado, dijo que tenía “que revisar documentación […] presentada por las partes. Voy a hacerlo lo más resumido posible, pero me tomará unas 8, 10, 11 horas”.

Keiko Fujimori no acudirá a la lectura de resolución. Su abogada Giulliana Loza señaló que “no es obligatorio” que esté en la audiencia, pero que ella, como defensa, sí participará.

El domingo pasado, luego de emitir su voto, Fujimori adelantó que esperará la decisión del juez en su vivienda de Santiago de Surco. “El día martes voy a estar con mi familia a la espera de que la justicia se imponga”, aclaró.

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Como se recuerda Telesup no logró el licenciamiento de Sunedu con lo cual debió cerrar sus puertas, pero impugnaron la decisión en un juzgado en Bagua donde ni siquiera existe una sede de dicha universidad.

En un comunicado, Sunedu expresó «su extrañeza por la celeridad de esta decisión judicial, y por los argumentos que utiliza el juzgado».

«No se ha tenido en cuenta que el pronunciamiento de la SUNEDU a través de la resolución del Consejo Directivo y el informe técnico de licenciamiento tienen más de 200 páginas en donde se explica con detalle las razones del incumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad, lo mismo respecto a la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, que consta más de 50 páginas», precisa el comunicado sobre la decisión del juez.

Ante ello, la Superintendencia, a través de su Procuraduría Pública, anunció que «impugnará esta decisión judicial e insistirá en que este caso no sea visto en el distrito judicial de Bagua por carecer de competencia».

Además, la SUNEDU solicitará que se investigue al juez Alberto Cohen Vela, quien tiene jurisdicción en Bagua. «La SUNEDU considera que decisiones judiciales de esta naturaleza tan cuestionable representan una nueva forma de ataque al proceso de licenciamiento de universidades«, precisaron.

En ese sentido, la Superintendencia invocó a la opinión pública a permanecer vigilante, y anuncia que recurrirá a todos los mecanismos legales a su disposición para defender la legalidad de las decisiones tomadas por su Consejo Directivo.

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Según un reporte policial el incidente se registró a las 9:30 p.m. de ayer, cuando efectivos de la comisaría del distrito de Miraflores intervenían a vehículos en el Óvalo Salaverry de esa jurisdicción, entre ellos al automóvil del magistrado.

Tras dar positivo en la prueba del alcoholímetro, Bejar Pereyra se resistió a ser trasladado a la comisaría y, según denunció la Policía, agredió con un golpe de puño en la nariz al suboficial de tercera PNP, Víctor Hugo Leandro Arce, a quien también «le dobló el dedo anular de la mano izquierda».

El juez fue reducido por otros agentes, esposado y llevado al local de la sanidad de la Policía, donde agredió nuevamente con un puntapié al mismo efectivo, al resistirse a la prueba de dosaje etílico.

El magistrado permanece detenido bajo los cargos de los presuntos delitos de peligro común y resistencia y violencia contra la autoridad.

En un video grabado en la comisaría se ve al juez en visible estado de ebriedad, negando a gritos que haya agredido a un agente. En varios momentos los efectivos le piden que se calme.

Investigado por Odecma

La Oficina Desconcentrada de la Magistratura (Odecma) abrió un proceso disciplinario contra el juez, en el que se determinará las infracciones cometidas por Bejar Pereyra

El presidente de la Odecma, Johnny Cáceres dijo a medios de comunicación arequipeños que el juez superior, Luis Rodríguez se encargará de la investigación y que en una semana se determinará las faltas cometidas.

De confirmarse infracciones contra el decoro y la investidura judicial, el magistrado podría ser suspendido o destituido, por tratarse de faltas graves.

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El programa periodístico «Cuarto Poder» difundió conversaciones distintas entre Walter Ríos, ex magistrado del Callao y miembro de la presunta organización criminal «Los Cuellos Blancos del Puerto» y Aldo Figueroa.

Las conversaciones, según informó el dominical, fueron entre enero y abril del 2018 y los audios muestran la cercanía entre Aldo Figueroa y Walter Ríos, el ex presidente de la Corte Superior del Callao que hoy está en prisión por el caso «Los Cuellos Blancos del Puerto«.

En el primer audio, que es de la mañana del 23 de enero del 2018, el ex juez superior llama al número de Aldo Figueroa y solo le dice: «Habla Walter Ríos, del Callao, de ahí te llamo, buenas noticias con la doctora Mónica, un abrazo». El actual magistrado de la Corte Suprema le responde con un «gracias».

Cabe recordar que IDL Reporteros reveló el año pasado un audio, que databa del 16 de enero del 2018, en el que Walter Ríos y su asistente Gianfranco Paredes hablaban abiertamente de la recomendación del juez supremo Aldo Figueroa para contratar a la abogada Mónica Hoyos como jueza supernumeraria, un puesto otorgado por los presidentes de corte cuando no existen disponibles jueces titulares ni provisionales. El nombramiento de Hoyos fue el 22 de enero.

Otro audio

En el segundo audio (23 de enero a las 4:42 p. m. de 2018), Walter Ríos le menciona a Aldo Figueroa que Mario Mendoza (empresario textil) desea reunirse con él para conversar, propuesta que el juez que ahora verá el caso Keiko Fujimori, aceptó.

Debemos recordar que el Ministerio Público allanó la oficina de siete jueces de la Corte Superior de Lima. Los involucrados magistrados asistieron a una reunión de camaradería que efectuó Mario Mendoza, perteneciente a la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’; él habría sido favorecido en procesos judiciales. Vale mencionar que no allanaron la de Figueroa.

En el tercer audio (24 de enero a las 5:04 p. m. de 2018) se logra escuchar que Walter Ríos y el juez Oswaldo Espinoza se encuentran juntos; Ríos le dice por teléfono a Figueroa que le pasará el teléfono a Espinoza porque quiere hablar con él. Los jueces coordinan reunirse para hablar de un tema determinado.

Finalmente, en el cuarto audio (16 de abril a las 8:19 a. m. de 2018) Aldo Figueroa le cuenta a Walter Ríos que el haber recomendado a Mónica Hoyos le trajo una serie de problemas con su esposa.

Por otro lado, un colaborador eficaz ha informado que Aldo Figueroa recibió favores de integrantes de Los Cuellos Blancos del Puerto para llegar a ser juez supremo.

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El juez se encargó de llevar a cabo diversos procesos en casos emblemáticos como los de Odebrecht y ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

En agosto del año pasado, el magistrado dictó 36 meses de prisión preventiva contra 12 integrantes de dicha organización criminal. En diciembre pasado, negó el pedido de prisión preventiva para el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo, por este mismo caso.

Hace unos días, dictó 36 meses de prisión preventiva para el empresario Gonzalo Monteverde, implicado en las coimas hechas por Odebrecht. También intervino en el proceso contra la exalcaldesa Susana Villarán.

En una resolución publicada este miércoles en el diario El Peruano, se señala que Manuel Chuyo Zavaleta dimitió al puesto por razones estrictamente familiares, personales y académico profesionales.

A partir de ahora, el juez se desempeñará como titular del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, aceptó la renuncia y designó en el cargo al magistrado Jorge Luis Chávez Tamariz, que se desempeñó hasta ahora como titular del Sexto Juzgado Penal de Investigación Preparatoria del Santa, en Áncash.

Según precisó Lecaros, esta designación «no debe generar el quiebre o afectación a las audiencias» en vigencia en el órgano jurisdiccional de origen. Por tanto, Chávez Tamariz «deberá asistir a las audiencias programadas con su intervención».

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El juez Richard Concepción Carhuancho rechazó de manera tajante haber mantenido conversación telefónica alguna con el investigado por el delito de lavado de activos Edwin Oviedo Picchotito.

Como se recuerda en su edición de hoy el diario limeño Expreso, señaló que el magistrado del Poder Judicial, Richard Concepción Carhuancho. tuvo comunicaciones con Oviedo en noviembre del 2018, según folios de un expediente judicial.

“Totalmente falso lo que está escrito en esa nota periodística, jamás he tenido contacto personal ni por llamadas telefónicas con ese señor (Oviedo), no lo conozco”, dijo el magistrado en entrevista con una radioemisora.

Concepción Carhuancho niega vínculo

Asimismo, descartó haber tenido algún tipo de vínculo directo e indirecto por ninguna vía con Oviedo Picchotito.

Concepción Carhuancho, a cargo del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, aseguró, en ese sentido, que el número telefónico que le atribuye la nota periodística, y con el que supuestamente Oviedo Picchotito lo habría contactado en noviembre pasado, no le pertenece.

“Yo soy titular de una sola línea telefónica, y ese teléfono que sale en la nota periodística no es mío, nunca me perteneció”, expresó el juez Concepción Carhuancho.

Refirió que solo cuenta con un número telefónico personal, el cual cada cierto tiempo cambia por cuestiones de seguridad al tener a cargo casos complejos que involucran a organizaciones criminales.

“Yo solamente me entrego a mi trabajo, el cual cumplo con independencia y estaré ahí para dar la cara ante toda campaña de desprestigio que trate de dañar mi honor”, indicó.

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La presidenta de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado, fue incluida en la lista de 16 Campeones del Activismo Contra la Violencia de Género a través de una publicación del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

Barrios Alvarado, quien es ubicada en la segunda ubicación del ranking, fue seleccionada junto a otras representantes de Túnez, Ecuador, Palestina, Vietnam, Indonesia, Turquía, Ucrania, Etiopía, Filipinas, Tanzania, Bangladesh, India y República Democrática del Congo.

El recurso informativo recoge los testimonios de las mujeres delegadas en todo el mundo sobre su experiencia en la lucha contra la violencia de género.

SISTEMA MÁS INCLUSIVO

En ese sentido, la jueza suprema del Perú expresó que su objetivo es hacer que el sistema de justicia peruano “sea más inclusivo, fortalecer su credibilidad, y restaurar la confianza en las personas para así poder erradicar la violencia de género”.

Asimismo, señaló que “un mito común sobre la violencia es que la ley por sí sola puede resolver este problema. La realidad es que, si las personas no internalizan la realidad social de las mujeres, si no visualizamos las grandes y múltiples formas de violencia que existen en nuestro entorno, no lograremos cambios significativos”.  

Añadió que “todos los ciudadanos deben participar en la lucha contra la violencia a las mujeres, desde el hogar, desde el sistema educativo y desde las organizaciones públicas. Es hora de romper los estereotipos que alimentan la violencia”.

Cabe resaltar Barrios Alvarado, en como presidenta de la Comisión de Justicia de Género, ha impulsado la creación y puesta en funcionamiento de ocho módulos judiciales integrados en diversos distrito judiciales del país, para atender a las víctimas de la violencia familiar, entre otras acciones.    

OTRAS SELECCIONADAS

Por su parte, Paola Mera Zambrano, Secretaria Técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género de Ecuador, también incluida en la lista, refirió que “la violencia de género contra las mujeres con discapacidades prevalece, sin embargo, nosotros como sociedad no reconocemos que existe, porque aceptar eso sería reconocer la crueldad social”.

Desde Palestina, Mariam Shaqura, Directora de Asuntos de la Mujer en la sociedad ‘Media Luna Roja, en Gaza, también seleccionada, señaló que “las personas piensan que la violencia de género implica solo el abuso físico. Pero las sobrevivientes a menudo consideran que el abuso psicológico y la humillación son mucho más devastadores que la agresión física”, manifestó.

Por su parte, Sri Danti Anwar, Viceministra del Ministerio de Empoderamiento de las Mujeres y Protección Infantil de indonesia, considera que los reportes de las víctimas son importantes porque los datos permiten captar los diversos tipos de violencia, prevalencia, agresores, lugares y antecedentes de las mujeres que lo experimentan.

En esa línea, Mokhlesur Rahman, Inspectora general de la Policía de Bangladesh, refiere que por el hecho de que su país es una sociedad dominada por hombres, aún se niega la existencia de datos oficiales que muestran una alta prevalencia de violencia contra las mujeres.

Belogn Mack, trabajadora social  de Etiopía, considera que la posición desfavorable de las mujeres y las niñas en su comunidad se debe a barreras culturales y representa una amenaza a sus derechos.

“Los hombres todavía consideran a las mujeres como inferiores”, señaló.

Para consultar el fotorreportaje completo visite https://www.unfpa.org/es/16-campeones-del-activismo-contra-la-violencia-de-g%C3%A9nero

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De esta manera, el juez Richard Concepción Carhuancho, declaró fundado el pedido del Ministerio Público de dejar sin efecto la regla de conducta de “dar aviso” al juez, e imponer a los investigados -entre ellos Nadine Heredia- la obligación de contar con una autorización judicial cuando deseen salir del territorio nacional.

El cambio de esta regla de conducta también alcanza a los investigados Ilan Heredia Alarcón (hermano de Nadine Heredia), Rocío del Carmen Calderón Vinatea, Antonia Alarcón Cubas (madre) y Mario Julio Torres Aliaga.

Según el magistrado, adoptó esta decisión al advertir que existen nuevas circunstancias en el desarrollo de la investigación, que convierten a la norma de conducta de “dar aviso” al juez, en frágil e ineficaz en el caso de Nadine Heredia que involucra a Ollanta Humala y otros.

Además, porque la anterior regla no cumple con la finalidad del mandato de comparecencia con restricciones, que es evitar el peligro de fuga de los procesados.

Asimismo, porque al permitir una salida fácil del país, los investigados estaban exentos de un control por parte de la autoridad judicial.

Concepción Carhuancho, igualmente, comunicó su decisión a la Superintendencia Nacional de Migraciones, a fin de que ejerza el control correspondiente sobre los mencionados investigados cuando salgan del país.

El magistrado notificó la resolución expedida esta tarde al representante del Ministerio Público y a los abogados de los investigados.

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El Tercer Juzgado Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Justicia del Santa dictó dicha medida por un plazo de 40 días.

Como se recuerda el Ministerio Público y la procuraduría pidieron dicha orden para evitar una posible fuga y garantizar el desarrollo de la investigación.

La orden fue emitida tras una audiencia pública que empezó a las 8 de la noche donde se escuchó las argumentaciones de la fiscalía y de la defensa legal de Álvarez.

Además, el presidente regional es investigado por presuntamente haber comprado la línea editorial de algunos medios periodísticos. En ese proceso están incluidos también seis periodistas.

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Como se recuerda su hermano Antauro Humala y un grupo de etnocaceristas tomaron por asalto la dependencia policial y luego asesinaron a varios policías en un supuesto acto de rebelión.

Dicha fallo fue vital para apartar de este espinoso caso a Humala Tasso, quien se proyectaba a postular como candidato a las elecciones generales del 2011.

Según reveló el diario Correo, han pasado cinco años y según consta en varios documentos, Yalico Contreras está estrechamente vinculado al actual gobierno de Gana Perú.

DEFENSA, PRODUCE Y CONGRESO. Cuando el legislador nacionalista José Urquizo se desempeñó como Ministro de Defensa, Yalicó pasó a su asesor de la Alta Dirección de dicha cartera.

En diciembre del 2011, cuando se desempeñó como Ministro de la Producción, Urquizo también se llevó a Yalico, esta vez como asesor, pero fue duramente cuestionado por el controvertido tema de la cuota de la merluza.

Ideele Reporteros reveló el año pasado que incluso el Sindicato de Pescadores de Anchoveta del Puerto de Pisco envió en enero un oficio a la Comisión de Producción del Congreso para que solicite a Urquizo investigar la participación de Yalico en las cuestionadas resoluciones que otorgaron permisos de pesca a naves protegidas por medidas cautelares. 

En la actualidad el exjuex Edwin Yalico, es asesor de Urquizo Maggia en el Congreso con el nivel SP-9.

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El Consejo Ejecutivo del PJ (CEPJ) acordó la sanción sin goce de haberes al concluir una investigación en su contra por su desempeño como juez superior provisional de la Tercera Sala Superior Penal para Reos Libres de Lima en el caso La Parada.

El órgano de gobierno adoptó esta decisión por unanimidad, sin la intervención del Presidente del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, doctor Enrique Mendoza Ramírez, porque en su condición de Jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) en el año 2011, fue él quien impuso dicha medida.

Votaron a favor de la sanción los integrantes del CEPJ doctores Vicente Walde Jaúregui, Víctor Ticona Postigo, Bonifacio Meneses Gonzáles, Darío Palacios Dextre y Ayar Chaparro Guerra.

Cargos La medida se impone por haber señalado en forma irregular –cuando integraba el tribunal arriba indicado conjuntamente con el juez Jorge Aguinaga Moreno– fecha para la vista de causa de un pedido de nulidad dentro de un proceso en trámite, haber declarado nula su propia resolución aduciendo que carecía de motivación suficiente, y haber dilatado innecesariamente la tramitación del proceso penal, vulnerando lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El CEPJ estimó que los jueces Urbina La Torre y Aguinaga Moreno incurrieron en irregularidad funcional en el ejercicio de su cargo, por lo que acordó confirmar al medida de la OCMA y hacer efectiva la suspensión. La sanción disciplinaria también fue ratificada al juez Jorge Aguinaga Moreno por el mismo período de tiempo.

La medida será ejecutada inmediatamente después de ser notificada la resolución correspondiente.

Otra sanción Otro de los acuerdos del CEPJ fue ratificar la sanción disciplinaria de suspensión de 15 días impuesta, en diciembre del 2011, por la Jefatura de la OCMA en el marco de otra investigación también al doctor Malzon Urbina La Torre, así como a la jueza Aurora Quintana-Gurt Chamorro.

En este caso, la medida se tiene por cumplida al haber estado ambos ya con medida cautelar de suspensión preventiva.

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