Según el letrado, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, adelantó opinión en múltiples entrevistas y ya tiene las conclusiones de su informe, responsabilizando al mandatario de las reuniones ocurridas en el inmueble limeño, con funcionarios y empresarios.

Espinoza considera que la Comisión de Fiscalización «no tiene potestad» para investigar al presidente de la República en funciones, puesto que ni la Fiscalía puede hacerlo, según la ley. «No hay garantías mínimas del debido proceso», sostuvo.

«Dicen que ‘el lunes 27 tomarán la declaración y el miércoles 29 presentarán el informe’. La comisión está viciada porque dicen que tienen pruebas que la propia Fiscalía de la Nación no tiene. Pero ¿cuál es el objetivo útil? Van a recomendar abrir investigación, lo que ya hizo la Fiscalía», mencionó el abogado de Pedro Castillo en Canal N.

Como se recuerda, el jefe de Estado envió un oficio a la comisión para comunicarles su predisposición de contestar el interrogatorio. Fue el propio mandatario quien planteó el lunes 27 de junio, lo que fue aceptado por el grupo de trabajo.

Sin embargo, horas antes de materializarse la toma de declaración, Pedro Castillo optó por no recibir a los legisladores.

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En un oficio firmado por el fiscal Rafael Vela Barba, coordinador de la Fiscalía Especializada de Lavado de Activos y dirigido a la Mesa Única de Partes del Ministerio Público, se da cuenta de la negativa de Lilia Paredes a responder en calidad de testigo en referencia a declaraciones de la aspirante a colaboradora eficaz, Karelim López.

La denuncia penal contra la primera dama Lilia Paredes es por el delito contra la administración pública.

Paredes se negó a brindar su versión de los hechos, amparándose en su derecho de abstenerse a contestar por la figura de autoincriminación a otra persona: su cónyuge.

Vale recordar que, López testificó ante el Ministerio Público que el exsecretario presidencial Bruno Pacheco coordinó para que la pareja presidencial obtenga su maestría en la UCV con «documentos falsos».

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Ante la comisión de Fiscalización del Congreso, López sostuvo que Bruno Pacheco sólo cumplía órdenes del mandatario y ratificó el vínculo de Castillo con la organización que investiga la Fiscalía.

«Yo corroboro que el presidente maneja esa organización, el es el cabecilla y él daba las órdenes. Yo no pedí cita al mandatario, yo era amiga de Bruno Pacheco», anotó. Además confesó que ella y el presidente iban a ser los padrinos de la hija de Bruno Pacheco.

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Se trata de un diálogo protagonizado por Marcio Chumacero dueño de una empresa que estaría implicado en una investigación fiscal.

«Justo tengo dos compras…dos emergencias por el tema de remediación, una por 10 millones, otra por 14 millones. Si la empresa tiene experiencia o puede importar experiencia o puede hacer esa gestión, lo podemos mover, podemos manejar el proceso ¿ya? Pero simplemente quiero saber si es que pueden hacerlo para poder involucrar… total ya le sacaste ya el registro de proveedor ahí, en Petro», se escucha en el mensaje de voz enviado WhatsApp y remitido entre fines de enero y comienzos de febrero pasado.

De acuerdo con el informe periodístico, la voz en el audio sería de Marcio Chumacero, gerente general y dueño del 95 % de las acciones AVP y Seguridad SAC, empresa que actualmente tiene una relación contractual con Petroperú y que se encuentra comprendida en una investigación de la Fiscalía anticorrupción por la presunta desaparición de información del registro de visitas de la sede principal de la empresa en el caso Karelim López y Samir Abudayeh.

«Sí parece que es mi voz, pero no trato temas que no sean los de seguridad, no entiendo ese audio de dónde proviene», señaló. «No reconozco eso, yo nunca tuve ninguna conversación, porque no veo temas de Petroperú, veo netamente temas de seguridad de la empresa», indicó Marcio Chumacero sobre al audio.

Servicio de seguridad

La empresa de Marcio Chumacero brinda el servicio de protección personal para la alta dirección de Petroperú desde el 9 de diciembre del 2021 por un costo de más de S/ 560 000. Es decir, para el entonces gerente general Hugo Chávez y para el presidente del directorio de la empresa, Mario Contreras.

«Esto es un servicio especial de cuidado de dignatarios, son gente muy preparada. En cambio, los otros servicios son de vigilantes, control de puertas. Y la verdad se tomó en un momento de emergencia, porque tuvimos que botar a una empresa que cuidaba y a otra más, porque encontrarmos una serie de debilidades», dijo Hugo Chávez a Punto Final.

Según el informe técnico de la contratación de servicio, la única empresa que remitió cotización fue AVP y Seguridad SAC e inmediatamente fue contratada. Marcio Chumacero afirmó que el servicio les llegó por correo electrónico de Petroperú bajo un proceso formal.

El otro accionista de AVP y Seguridad SAC es Hans Heysen Arévalo, quien admitió tener una relación amical con Hugo Chávez desde años. Sin embargo, Hugo Chávez sostuvo que solo es un conocido. Heysen registra visitas a Petroperú el 24 de noviembre y el 1 de diciembre del 2021, días antes que AVP y Seguridad SAC presentara su cotización y fuera contratada. Chumacero, por su parte, ingresó a Petroperú el 9, 10, 13 y 22 de diciembre del 2021.

Contratos de remediación

En relación con los contratos nombrados en el audio, Punto Final halló dos únicos contratos de remediación suscritos durante la gestión de Hugo Chávez en Petroperú para atender derrame de petróleo del oleoducto Norperuano. Uno producido el 31 de diciembre del 2021 en la zona de Tuyunza y el otro ocurrido el 21 de enero del 2022 en la zona de Nueva Alianza.

La Contraloría General de la República observó el contrato firmado en marzo por el Consorcio Hermes (conformado por Hermes Organización EIRL y Global Services Villacrez SRL) para la remediación de la zona de Nueva Alianza, con un monto de casi 13 millones de soles, debido a que no cumplía la experiencia exigida. Monto y tema nombrados en el audio.

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Los diarios La República, El Comercio y el editor de Hildebrandt en sus Trece, Américo Zambrano, revelan que López relató una serie de hechos que no sólo ocurrieron en Palacio de Gobierno, sino en la casa de Breña, ubicada en el pasaje Sarratea, donde se registraron encuentros grabados por el programa Cuarto Poder.

En el primer relato ofrecido se implica al presidente de la República, Pedro Castillo, a 5 congresistas de Acción Popular y dos ministros de Estado.

«Karelim López ha iniciado el proceso de colaboración eficaz con una declaración pormenorizada en la que implica en actos de corrupción al presidente. Desde que habló con la Fiscalía de Lavado de Activos empezó a recibir amenazas de muerte, según las fuentes», señaló Zambrano.

La decisión de la empresaria de responder ante el «Equipo Especial del caso Lava Jato» se da lueto del congelamiento de sus cuentas bancarias.

«Inicialmente, la lobista había intentado declarar ante la Fiscalía Anticorrupción, pero no le hicieron caso», relató Zambrano.

Mafia en el MTC

Según El Comercio, Karelim López reveló que hay una mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), conformada por el presidente Pedro Castillo Terrones, el ministro Juan Silva, las empresas chinas Consorcio Conservación Vial Mazocruz (China Civil Engineering Construction Sucursal del Perú), y otras, siempre con participación de la empresa peruana INIP Ingeniería Integración de Proyectos S.A.C., conformada por Roberto Jesús Aguilar Quispe, de aproximadamente 27 años de edad.

Aclaró que también participa en esta mafia Zamir Villaverde García, quien es el cajero; los sobrinos del presidente: Fray Vásquez Castillo, Gian Marco Castillo Gómez, Rousbelt [Rudbel] Oblitas Paredes [sobrino por el lado de su esposa], y cinco congresistas de Acción Popular.

Entre los legisladores se menciona a Raúl Felipe Doroteo Carbajo, y otros a quienes Pedro Castillo y Bruno Pacheco se refieren como ‘Los Niños’ porque obedecen todo lo que dice Pedro Castillo, que son ganadoras de millonarias licitaciones en el MTC desde el 2021

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La medida, presentada ante el Fiscal Provincial Penal Corporativo de Lima, se da al amparo del artículo 47 de la Constitución Política y se sustenta en la elaboración y presentación de pruebas de diagnóstico de COVID-19 falsificadas y otros documentos similares, con los que la empresaria justificó su ausencia, el 12 de enero pasado, ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría, que cuenta con facultades para investigar el caso de las reuniones y visitas a la casa del pasaje Sarratea, en Breña.

La denuncia, presentada el martes 15 de febrero, señala que López “fue válidamente citada con la finalidad de que preste declaración respecto a hechos que son de su conocimiento y cuya investigación –previamente entablada- se ventila en la citada comisión parlamentaria, perjudicando con ello el óptimo devenir de la indagación en curso así como mermando los recursos de esta institución destinados a la materialización de la misma”.

También señala que la inasistencia de Karelim López a la citación para comparecer y declarar ante el Parlamento Nacional, configura el ilícito de negativa a colaborar con la administración de justicia, estipulado en el artículo 371 del Código Penal, que señala: “El testigo, perito, traductor o intérprete que, siendo legalmente requerido, se abstiene de comparecer o prestar la declaración, informe o servicio respectivo, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con prestación  de servicio comunitario de veinte a treinta jornadas”.

Además, precisa que “la negativa de prestar dicha colaboración implica la asunción de una responsabilidad, en cuanto esa omisión ha de generar un trastorno dentro del proceso y de la orientación que este sigue, lo que repercute de un modo directo en el servicio de justicia, ya sea retardándolo o paralizándolo”

La denuncia también alcanza al enfermero del Policlínico Luz de Salud, Christian Vila Salcedo, como presunto autor del delito contra la fe pública – falsedad genérica – en agravio del Congreso.

Finalmente, el procurador del Parlamento solicita al fiscal provincial “aperturar investigaciones preliminares y posteriormente disponer la formalización y continuación de la investigación preparatoria correspondiente”.

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El Megaoperativo Resplandor 2022, que se desarrolla en conjunto con la Policía Nacional, incluye diligencias en Palacio de Gobierno; así como en las viviendas de personajes relacionados a la investigación como el gerente de Heaven Petroleum Operators, Samir Abudayeh; el gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo; Karelim López, entre otros.

El operativo también comprende los inmuebles de los funcionarios de la empresa estatal Muslaim Abusada Sumar, Gunther Documet Celis, Roger Liy Lion y Gregorio Sáenz Moya.

Los allanamientos se ejecutan en distintos distritos de la capital como Lince, Breña, San Miguel, San Isidro y el Cercado de Lima.

La Fiscalía Anticorrupción investiga el supuesto favorecimiento a la empresa Heaven Petroleum Operators en un contrato con Petroperú para la adquisición de Biodiésel B100 por US$ 74 millones.

El pasado 4 de febrero, el Poder Judicial ordenó impedimento de salida del país contra Karelim López, Samir Abudayeh y Hugo Chávez Arévalo.

Los presuntos delitos por los que se les investiga se relacionan con la administración pública en la modalidad de colusión simple y la negociación incompatible en agravio del Estado.

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