Esto terminó provocando que Odebrecht demande al Estado peruano ante el CIADI e incluso se tenga que pagar a la citada empresa brasileña una indemnización.

El excongresista Víctor Andrés García Belaunde y su exasesora Katherine Ampuero solían criticar duramente la estrategia del Estado, tanto al Ejecutivo como a la Fiscalía frente al caso Lava Jato, más aún ahora que Odebrecht optó por demandar al Estado peruano ante la Ciadi.

Katherine Ampuero, contratada como asesora por dicho excongresista apenas salió de la Procuraduría Ad Hoc y fue reemplazada por el saliente Jorge Ramírez, lanzaba críticas al trabajo corporativo.

Resulta que la demanda de Odebrecht al Estado peruano ante la Ciadi no es la única. Originalmente, en el 2014, el consorcio Gasoducto Sur Peruano que ganó la licitación estaba integrado por la española Enagás y la empresa de Odebrecht Infraestructura en Ductos, Graña entra después.

El primer caso a cargo del fiscal Reynaldo Abia, investiga por colusión a Edgard Ramírez quien era el presidente de Proinversión que otorgó la buena pro y a Claudia Hokama como representante del consorcio, en el año 2015.

La Procuraduría Anticorrupción logró en junio del 2016 incorporarse como actor civil con la posibilidad de que en el futuro se pueda incorporar a las empresas del consorcio como terceros civilmente responsables, medida que se solicita al Poder Judicial en marzo del 2017.

La exprocuradora Ampuero no solicitó al Poder Judicial la incorporación de la española Enagás, esto a pesar de que en el relato de la solicitud se le menciona, pero la exonera.

En julio del 2018, Enagás aprovecha y demanda al Estado Peruano ante la Ciadi por la suma de 500 millones de dólares, pero esa no fue la única omisión de la exasesora de Vitocho, Katherine Ampuero.

En audiencia en Julio del 2017, Ampuero desiste de incorporar también a la Concesionaria GSP como tercera civilmente responsable, lo cual obra en un escrito ante el juzgado en donde deja expreso su inexplicable desistimiento.

Lo único que quedaba era solicitar incorporar como tercero civilmente responsable a la empresa de Odebrecht que formaba parte del consorcio “Inversiones en Infraestructura de Transportes por Ductos SAC”, pero fue presentado de manera extemporánea por Katherine Ampuero.

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“El jueves 13 de julio fue convocada por la ministra de Justicia (Marisol Pérez Tello) y  a manera de ultimátum, me pide que destituya a la procuradora Ampuero por pedido del presidente y del premier Fernando Zavala. Nuevamente mi respuesta fue “no voy a sacar a la procuradora Ampuero. Si desean sacarla señora ministra, ya saben cuál es el camino, tendrán que sacarme a mí’ primero», detalló.en una conferencia de prensa.

Relató  que dicha situación se había producido día antes, exactamente el 10 de julio, “La ministra Pérez Tello manifestó muchísima incomodidad y no solamente de parte de ella, sino incomodidad del Ejecutivo. Me transmitió la incomodidad del presidente Pedro Pablo Kuczynski y del premier Fernando Zavala. Acaso fungió de mensajera la señora ministra? Ante ello mi respuesta fue “No voy a sacar a la procuradora Ampuero”, remarcó. .

Además, Julia Príncipe aseguró que la incomodidad del Ejecutivo surge desde marzo del presente año, por la denuncia (pedido de investigación preliminar por colusión) del procurador Amado Enco contra el exministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra por la Adenda suscrita en el contrato del Aeropuerto Internacional de Chinchero.

A ello se suma, la denuncia formulada por la procuradora Ampuero contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski, por supuestos depósitos realizados por la empresa brasileña Odebrecht  a firmas vinculadas al dignatario.

“Esa incomodidad, se tradujo que precisamente al día siguiente que Enco presenta el pedido de investigación por el caso Chinchero, salió el premier Fernando Zavala a pedir correctivos para los procuradores. A qué tipo de correctivos se refería? No lo dijo”, puntualizó.

Como se recuerda el día de ayer, en el Programa TODO SE SABE de RPP Televisión, la ministra de Justicia, María Soledad Pérez Tello,  anunció que la procuradora Katherine Ampuero ya no continuaría en el cargo, por haber presentado un recurso que evitará que la empresa brasileña Odebrecht pague una reparación civil al Estado por los sobornos repartidos en el país.

Segundos después, Pérez Tello anunciaría que Julia Príncipe renunciaba al cargo que asumió el 7 de septiembre del 2016, hecho que fue desmentido por la misma ex procuradora en comunicación telefónica.

“Estoy sorprendida por la declaración de la ministra. Ella ha anunciado que yo renuncié, yo no he renunciado. La ministra me está separando del cargo porque no acepté destituir a la procuradora Katherine Ampuero. Marisol Pérez Tello me está botando. Yo me acabo de enterar con la entrevista que me sacan del cargo”, expresó.

Por: Luis Miguel Guerrero Dávila.

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Primero, en declaraciones a RPP Noticias, Julia Príncipe, aseguró que su salida del cargo no es una decisión que ella haya tomado, sino que la decidió la titular de esa cartera.

«Estoy sorprendida por la declaración de la ministra. Ella ha anunciado que yo renuncié, yo no he renunciado. La ministra me está separando del cargo porque no acepté destituir a la procuradora Katherine Ampuero. Marisol Pérez Tello me está botando. Yo me acabo de enterar con la entrevista que me sacan del cargo», dijo la funcionaria.

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Previamente la ministra de Justicia anunció que le «ha perdido la confianza» a la procuradora Katherine Ampuero y que planteó su salida. Ante esta decisión, Príncipe renunció a su cargo. Pérez Tello le había pedido quedarse, pero ella no accedió.

«Me pidió que la separara del cargo (a Ampuero) por el pedido de inhibición que formuló la procuradora ante el juez (Concepción) Carhuancho, que fue quien declaró fundado el requerimiento de la procuradora por el caso Olmos«, dijo Julia Príncipe a RPP.

Para la funcionaria, el Ejecutivo tiene que ver con su salida del cargo. Recordó que durante la gestión del presidente Ollanta Humala, también fue separada del cargo. «No es la primera vez que pasa», comentó.

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El origen de este caso se remonta a un pedido que hizo la procuraduría para que, mediante una acción legal, se impida que la empresa brasileña Odebrecht venda las acciones que tiene en el proyecto Olmos y así garantizar que paguen la reparación civil que le deben al Estado en el proceso que se les sigue por casos de corrupción. Esta medida contó con el respaldo del juez Richard Concepción Carhuancho.

Sin embargo, un grupo de los bancos, que tienen parte de las acreencias, presentaron un recurso ante la Sala Penal de Apelaciones para que la sanción quede sin efecto. Lo que se pide es que el decreto que impide que las acciones sean vendidas se prorrogue más allá de febrero de 2018, fecha límite del proceso. Según Katherine Ampuero, procuradora que presentó el pedido, ya se han recuperado al menos 57 millones de soles en favor del Estado.

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La acusación de la procuradora Katherine Ampuero Meza incluye a José Alejandro Graña Miró Quesada y a su representada Graña & Montero, además se denuncia a Fernando Camet Piccone y su empresa JJC Constratistas Generales. Como se recuerda este último es hijo del ex ministro fujimorista Jorge Camet Dickman.

En la lista también fue denunciada la empresa Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A., al igual que su representante Fernando Castillo Dibos.

La denuncia penal fue presentada el pasado 10 de mayo ante el Fiscal Superior Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios por delito de colusión y en agravio del Estado.

«Los hechos que motivan esta denuncia se encuentran vinculados al pago de coimas efectuados por la empresa Odebrecht a favor de funcionarios públicos a efectos de que el consorcio Concesionaria Interoceánica Sur – Tramo 2 S.A. y Tramo 3 S.A., conformada por Constructora Norberto Odebrecht, Graña y Montero, JJC Contratistas Generales e Ingenieros Civiles y Contratistas generales, sea beneficiada irregularmente con el proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú – Brasil», señala un comunicado de prensa.

[COMUNICADO] La Procuraduría Ad Hoc para el Caso Odebrecht, informa lo siguiente: pic.twitter.com/HTpUk2peCt

— Defensa del Estado (@CDJE_Peru) May 15, 2017

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“Creo que todos los profesionales debemos seguir un procedimiento de comportamiento, según nuestras reglas profesionales. Un abogado no hace acusaciones sin fundamentar y menos el procurador del Estado La Procuraduría tiene que cuidar el bien público y ellos tienen que preservar el prestigio de la Procuraduría”, expresó.

Acto seguido, la también congresista de la bancada de Peruanos Por el Kambio, criticó a la procuradora, por no haber leído el Informe Lava Jato del ex congresista Juan Pari, que daba cuenta de la información de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), a la cual, Ampuero, dice no tener acceso.

“La información de la Unidad de Investigación Financiera estaba en el Informe Pari, que decía que de las más de 60 personas que le habían dado el reporte de sus cuentas, sólo seis de ellas tenían alguna cosa que debía investigarse porque había algo que no estaba claro, y entre ellos no estaba el señor presidente de la República”, detalló

En tal sentido, Aráoz afirmó que la procuradora, actuó con ligereza y le aconsejó prácticamente dejar el protagonismo de lado,  “Eso, que ella sí dice que lo tiene (el informe Pari), por qué no lo revisó?. Ese es el tema de la ligereza con la que ha actuado Yo creo que menos televisión para la señora (Katherine Ampuero) y que trabaje más investigando”, resaltó.

Asimismo, la parlamentaria insistió que Ampuero no ha hecho un buen trabajo, pues no hizo siquiera el cruce de información y ante los hechos, la Fiscalía debe rechazar el pedido de investigación contra el presidente Kuczynski.

“Yo creo que la Fiscalía debe rechazar el pedido de la Procuraduría y está claro en el informe Pari. Si hubiera cruzado información (la procuradora Ampuero), consultado con la UIF,…por qué no hizo su trabajo? , es lo mínimo para hacer el contraste. Ustedes como periodistas hacen contraste de información, no lanzan una idea y dicen esto es una acusación formal”, argumentó. .

En otro momento, Mercedes Aráoz, manifestó que  “los procuradores o procuradoras deben seguir procedimientos mínimos de trabajo, nadie coacta su libertad de investigar, de levantar casos, cuando hay algo que es una infracción”.

NO HAY TENSIÓN  CON LA MINISTRA PEREZ TELLO

Por otro lado, la segunda vicepresidenta de la Nación, aclaró que no existe ninguna tensión con la ministra de Justicia y Derechos Humanos, María Soledad, Pérez Tello, precisamente por las críticas a la Procuraduría.

“No es tensión, simplemente es un hecho fáctico. La responsabilidad de las áreas de la Procuraduría viene del Ministerio de Justicia. Me han visto con ella (con Pérez Tello), y estamos en una muy buena relación, nunca hemos tenido tensión”, aseguró.

Del mismo modo, consideró que los pedidos de investigación (Incluido el del titular de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, por la Adenda del Aeropuerto de Chinchero), no es un tema que pasa por ella, sino de personas con falta de profesionalismo.

“Estamos convencidos de que las medidas que ha propuesto, son parte de ese actuar responsablemente, frente a actos que nosotros consideramos -que no es responsabilidad directa de ella (María Soledad Pérez Tello) – sino que son de estas personas (los procuradores) que no están hechos con el profesionalismo debido”.

Finalmente, Mercedes Aráoz aseveró que el propio Gobierno ha apoyado la independencia de las Procuradurías que ha propuesto Pérez Tello. “Ella propone, la ministra, el reglamento de un Decreto Legislativo que todos hemos apoyado, que es la independencia de las Procuradurías, pero una independencia con profesionalismo, con responsabilidad” remarcó. .

Por: Luis Miguel Guerrero Dávila.

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