Los bolsonaristas tomaron el Congreso Nacional, Palacio del Planalto y Supremo Tribunal Federal (STF) y no sólo actuaron son descontrol sino que cometen actos vandálicos.

Ellos se concentraron en el Cuartel General del Ejército, en Brasilia, y descendieron hacia la Explanada durante toda la tarde.

Destrozaron el interior del Congreso, el Palacio del Planalto y el STF, en acciones grabadas y difundidas en redes sociales. Alrededor de Planalto, los bolsonaristas se enfrentaron con la policía y subieron la rampa, una semana después de la toma de posesión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) en el mismo lugar.

El secretario de Seguridad Pública del DF, Anderson Torres, se manifestó inicialmente en sus redes sociales, calificando los hechos golpistas como «escenas lamentables en la Esplanada dos Ministérios».

Torres, exministro de Justicia en el gobierno de Bolsonaro, no está en Brasilia este domingo. En otra publicación en sus redes, minutos después, Torres adoptó un discurso más firme:

«El desorden es inconcebible y el irrespeto a las instituciones es inaceptable. He determinado que todo el personal de PM y Policía Civil actúe con firmeza para restaurar el orden con la máxima urgencia. El vandalismo y la depredación se combatirán con los rigores de la ley», escribió Torres.

Más temprano, el ministro de Justicia, Flávio Dino, dijo que había hablado con los gobernadores sobre los actos antidemocráticos que ocurren en todo el país y dijo que esperaba que la policía no necesitara actuar para contener los actos violentos de estos grupos. El sábado, Dino firmó una ordenanza que autoriza el uso de la Fuerza Nacional para contener las protestas en la Esplanada dos Ministérios.

“Ayer (sábado) hablé con gobernadores, incluso con los que no son de nuestro campo político. Queremos que prevalezca la ley y que no haya delitos. Estoy en Brasilia, espero que no ocurran hechos violentos y que la policía lo haga. no es necesario actuar», escribió.

El PM incluso usó bombas aturdidoras para tratar de contener a los manifestantes. Un coche de la policía legislativa se estrelló contra el espejo de agua del Congreso. Videos compartidos en las redes sociales también muestran a algunos policías hablando con bolsonaristas, en tono amistoso, mientras a pocos metros se producían las invasiones del STF y del Congreso.

El ministro de Defensa, José Múcio Monteiro, el ministro de Justicia, Flavio Dino, y el jefe de la Oficina de Seguridad Institucional (GSI), general Gonçalves Dias, acompañan las manifestaciones de este domingo en Brasilia. Diputados de los tres Poderes consideran pedir intervención federal en seguridad pública del DF.

Tras lograr acceder al pleno del STF, los golpistas promovieron un motín en el lugar, sede del Poder Judicial. También hay registros de actos de vandalismo en el tercer piso del Palacio del Planalto, donde despacha el presidente Lula, titular del Poder Ejecutivo. Más temprano, Lula viajó este domingo a Araraquara (SP), para monitorear las consecuencias de los daños causados ​​por las lluvias en la ciudad.

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La decisión juez Danilo Pereira dispuso la excarcelación del ex mandatario en base a que es inconstitucional la prisión de una persona en segunda instancia.

«La decisión del STF le ha dado [a Lula] una luz de esperanza de que pueda haber justicia. Nuestra batalla jurídica continúa y nuestro foco es la anulación de todo el proceso que llevó a su condena», comentó el abogado del petista Cristiano Zanin.

Se espera que Lula ofrezca un discurso ante sus simpatizantes, que se encuentran frente a la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba, en el estado de Paraná, en el sur de Brasil, donde ha estado durante un año y siete meses.

Después está previsto que viaje a su residencia en Sao Bernardo do Campo, en Sao Paulo, en un avión fletado por el Partido de los Trabajadores (PT). Según el diario la Folha de S. Paulo, la idea es que descanse hasta el domingo, cuando realizará un acto en el Sindicato de Metalúrgicos de ABC, donde habló por última vez antes de entrar en prisión.

El expresidente (2003-2010), de 74 años, cumplía desde abril de 2018 una pena de 8 años y 10 meses de prisión por lavado de dinero y corrupción pasiva en el caso de un departamento triplex, en el marco de la ‘Lava Jato’.

El jueves por seis votos a cinco, en un cambio de la jurisprudencia de 2016, los jueces del STF decidieron que una persona no puede ser considerada culpable hasta que se haya dictado una sentencia final, es decir, cuando no hay más recursos judiciales en proceso. Al antiguo líder sindical le quedan todavía recursos pendientes, por lo que ha quedado en libertad.

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