”De comprobarse que efectivamente cometieron éste delito, según la Ley Penal Antiterrorista, la pena no será menor de 20 años  y no mayor de 25 años”, dijo en alusión a la detención de 34 personas, entre ellos Alfredo Crespo, Manuel Fajardo y otros activistas de la ideología de Abimael Guzmán.

Salazar Miranda, autor de dicha ley, promulgada en noviembre del 2012 sostuvo que de ser condenados por los delitos de terrorismo y financiamiento del mismo, no podrán acogerse a ninguno de los beneficios penitenciarios establecidos en el Código Penal.

“La ley es clara: es sujeto de esta sanción el que provea, aporte, recolecte fondos o recursos financieros dentro o fuera del país con la finalidad de cometer delitos de terrorismo… asimismo es delito el aporte o recolección de fondos para conseguir los fines de un grupo terrorista.”

El parlamentario,  precisó que si bien existe el marco legal, no se puede actuar de una manera triunfalista, más bien con mucha cautela y prudencia hasta ver el desenlace de los hechos y sobre todo de la investigación.

“Confiamos que el actual Ministro del Interior, Walter Alban ha estado al tanto de toda esta operación  y lo avala su condición de hombre de leyes y de  ex Defensor del Pueblo. Por el momento nos toca saludar el trabajo conjunto de la Policía y Fuerzas Armadas en la prevención de este tipo de ilícitos”

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