Se trata de José Elice Navarro, abogado de profesión y experto en derecho constitucional y parlamentario, que se venía desempeñando como secretario general del Despacho Presidencial.

Elce asume el máximo cargo del Ministerio del Interior (Mininter), tras conocerse la dimisión del general (r) Cluber Aliaga, por no estar de acuerdo con el pase al retiro de 18 generales para nombrar como comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP) a César Cervantes.

“He dado un paso al costado por razones de principios” señaló, esta noche Aliaga en el programa de Milagros Leiva por Willax TV, para explicar que entró en discrepancias, por el tema en mención, con la premier Violeta Bermúdez.

Cluber Aliaga había jurado como titular del Ministerio del Interior, el miércoles, 2 de diciembre, en sustitución de Rubén Vargas, quien renunció dos semanas después de asumir la máxima función en el Mininter, al trascender que es medio hermano de Zenón Vargas, sentenciado por terrorismo y mano derecha del genocida y líder de la agrupación terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán.

DEBES SABER QUE…

El nuevo ministro del Interior, José Elice, fue oficial mayor del Congreso de la República y postuló para congresista en las elecciones de enero de este año por el Partido Morado.

Fotos: Prensa PCM.

Por: Luis Miguel Guerrero Dávila.

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Con la presencia del ministro del Interior, Carlos Morán, también se expulsó del país a otro grupo de intervenidos en operativos realizados en Huancayo en el marco del Plan Migración Segura.

«Tenemos la certeza de que están involucrados en tráfico de drogas, homicidio y extorsión. Algunos tienen registros de estar purgando prisión en Venezuela, pero están aquí. Otros tienen vinculación con la organización criminal el Tren de Aragua«, explicó Morán.

Carlos Morán dijo que las personas que están siendo expulsadas no forman parte de los miles de migrantes venezolanos honrados que han venido a labrarse un futuro mejor en nuestros país. «Por esa razón el Gobierno está impulsando esta política de separar la paja del trigo», explicó.

El ministro del Interior, recordó que se trata de la sexta expulsión del Plan Migración Segura. «Aquí se encuentran los intervenidos en el hotel de Punta Negra, donde funcionaba un búnker de delincuentes con armas, drogas y artículos robados», indicó.

De los intervenidos en el operativo de Punta Negra serán expulsados 102 venezolanos (95 hombres y 7 mujeres) que permanecían siendo investigados en la sede de la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI) de la Policía Nacional.

También serán expulsados 29 venezolanos (27 hombres y 2 mujeres) intervenidos en Huancayo por situación migratoria irregular y por estar implicados en hechos delictivos.

En esta actividad participará el Comandante General de la PNP, general de Policía José Lavalle; el Director Nacional de Orden Público y Seguridad, Teniente General Gastón Rodríguez; el Director Nacional de Investigación Criminal (DIRNIC), General PNP Max Iglesias; el jefe de la Dirección de Investigación Criminal, General PNP Juan Carlos Sotil; y el jefe de la Brigada contra la Migración Delictiva, coronel PNP Víctor Revoredo.

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Como se recuerda, recientemente Adriano Pozo Arias fue condenado a 11 años de prisión, por agredir a Arlette Contreras e incurrir en el delito de tentativa de feminicidio.

Hoy, el Ministerio del Interior ofrece 30 mil soles por información de su paradero para su ubicación y captura, a través del sistema de recompensas y la web recompensas.pe

Como se recuerda, el hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del hostal donde ocurrieron los hechos en Ayacucho en julio 2015.

El condenado no se presentó a la audiencia, en la que el Juzgado también ordenó el pago de una reparación civil por S/20,000 en favor de Contreras. Durante la audiencia no se anunció ninguna medida restrictiva contra Pozo Arias.

La Corte Superior de Justicia de Lima Norte aclaró que el Juzgado Penal Colegiado Permanente, tras imponerle 11 años de pena privativa de libertad dispuso su orden de captura a fin de dar cumplimiento a la sentencia impuesta.

Sin embargo -asegura- esta comunicación fue enviada pero no recibida por la oficina de la policía judicial de Lima Norte. En el comunicado, precisan que la sede policial adujo que este tipo de mandatos judiciales se reciben dentro del horario administrativo; es decir, hasta las 5 de la tarde.

El 12 de julio de 2015 Adriano Pozo golpeó y arrastró a Arlette Contreras por el piso de un hotel en Ayacucho, todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento y las imágenes dieron la vuelta al mundo.

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María Barbieri Burgos, continúa con resguardo policial y viene siendo orientada y acompañada en todas las diligencias que corresponden para interponer las denuncias del caso en las comisarías y dependencias policiales.

Precisamente, hace unos días, tras recibir un audio amenazante, la agraviada recibió la inmediata asistencia del comisionado policial, quien la acompañó a colocar la denuncia correspondiente, y apoyó en las gestiones para que los actuados sean derivados a la Fiscalía de Familia.

Frente a estos hechos, Sánchez Bermúdez ordenó al comisario de Villa (Chorrillos) que brinden resguardo en todo momento a la denunciante, y se dispuso investigar este nuevo caso de amenazas contra Barbieri.

De igual manera, hace unos meses, el comisionado policial realizó las gestiones para que el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Surco realice las investigaciones para identificar a las dos mujeres que agredieron a María Barbieri y a su sobrina cuando se retiraba de su ex vivienda.

Actualmente, esta investigación se encuentra en manos del Ministerio Público, mientras que la agraviada, además del resguardo policial, cuenta con medidas de protección otorgadas por el Poder Judicial.

Cabe mencionar que, en diciembre de 2018, cuando se hizo pública la denuncia, el propio ministro del Interior, Carlos Morán, se reunió con Barbieri Burgos y le expresó su preocupación por esta situación, así como su apoyo y solidaridad.

Días después, se dispuso que el oficial agresor sea cesado como agregado policial en España, e incluso a raíz de este caso ya ha sido sancionado con el pase al retiro en la Policía Nacional por medida disciplinaria.

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“Una cosa son los Chávez Sotelo como cabecillas de una organización criminal que utiliza la extorsión para obtener algunos réditos a su favor, y otra es la situación de los comuneros que han sido utilizados por estas personas”, dijo.

Carlos Morán Soto recordó que la Fiscalía de Crimen Organizado realiza la investigación a los supuestos dirigentes que alientan la protesta, y aseguró que el Poder Ejecutivo respetará los fueros judiciales.

Añadió que hay elementos suficientes en esa fiscalía para demostrar una acción ilegal detrás de las protestas en esa zona del país, en la que estarían involucrados Frank y Jorge Chávez Sotelo, con detención preliminar desde el pasado 21 de marzo.

“La Fiscalía de Crimen Organizado viene realizando una investigación donde, al tenor de las últimas informaciones, tiene elementos suficientes que acreditan la responsabilidad de una organización criminal”, acotó el titular del Interior.

Solución pacífica

El ministro Carlos Morán resaltó, asimismo, que el Gobierno busca una solución pacífica al conflicto social presentado en Apurímac en torno a la empresa minera Las Bambas.

“Esta demanda tiene que ser atendida en torno a un diálogo sostenido con el Gobierno y la empresa privada. Nosotros hemos insistido e insistiremos en que este conflicto se pueda solucionar de una manera pacífica”, comentó.

Descartó, además, que se esté criminalizando la protesta de los comuneros de Fuerabamba, que continúan apostados en el ingreso principal al complejo minero de Las Bambas.

“No se criminaliza la protesta popular, lo que se criminaliza son los actos delictivos, y en este caso de una organización criminal”, indicó.

Finalmente, Morán desmintió que se haya dispuesto una movilización de dos mil policías y militares a la zona, como informaron algunos medios.

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Como se recuerda recientemente altos funcionarios de Odebrecht revelaron responsabilidades en la entrega de dinero que implican a varios políticos, empresarios y otras personalidades del Perú.

Por ello Carlos Morán consideró que permitir a un investigado por corrupción, sobre quien pesan fuertes indicios de culpabilidad, transitar libremente por todo el territorio nacional es prácticamente darle “carta abierta” para fugar y, por tanto, urge tomar acciones para impedir que ello ocurra.

Morán Soto afirmó que las revelaciones surgidas en torno al caso Odebrecht, tras los testimonios de los directivos de la empresa brasileña, complicarán la situación de muchos políticos, por lo cual se debe evitar que evadan a la justicia.

“No podemos tener una actitud contemplativa. No pido que se adopte una medida tan extrema como la prisión preventiva, pero considero que la Fiscalía, con todos los elementos que está reuniendo, debería solicitar arresto domiciliario para los políticos investigados por corrupción”, recalcó.

Para el titular del Interior, el arresto domiciliario de los investigados permitiría a la Policía Nacional del Perú (PNP) ejercer un control efectivo sobre estas personas, pues sería ilegal hacerles seguimiento o intervenir sus comunicaciones.

Casos de prófugos

Sobre la información publicada en un medio escrito, según la cual el exgobernador regional del Callao, Félix Moreno, estaría quintuplicando el monto de recompensa ofrecido por su captura, a fin de no ser delatado, comentó que ello está en el terreno de la especulación.

En ese sentido, se mostró contrario a aumentar el monto ofrecido por información sobre el paradero de Moreno.

“Si quintuplicamos el monto de su recompensa y luego sale que él (Moreno) ofrece 10 veces más, entonces ¿qué hacemos? ¿lo volvemos a subir? Esto no es una subasta”, enfatizó.

Explicó que las recompensas son una ayuda adicional al trabajo de la PNP, pero de ninguna manera pueden reemplazarlo. Por ello, agregó, los agentes del orden continúan trabajando para dar con el paradero de Moreno.

Según recordó, el exgobernador chalaco se encontraba detenido, pero una decisión judicial le otorgó comparecencia, pese a que su situación era complicada, lo cual terminó facilitando su fuga.

“Me parece importante impedir que esto vuelva a pasar. Félix Moreno debe ser capturado con trabajo policial y estoy seguro vamos a tener resultados positivos”, acotó.

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Destacó que se trata de una operación sin precedentes en la lucha contra este flagelo en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, donde confluyen delitos como la trata de personas, explotación sexual y laboral, el sicariato, entre otras.

Al supervisar el inicio de la operación, Morán Soto explicó que contingentes policiales y militares se desplazaron a esta zona de 11,000 hectáreas, como parte de este gran operativo multisectorial iniciado por el Gobierno.

“Es una decisión valiente del Gobierno en su lucha contra la criminalidad, la delincuencia común, la violencia hacia la mujer, contra la corrupción y la impunidad, porque vemos cómo se ha deforestado la Amazonía”, manifestó.

Acompañado del ministro de Defensa, José Huerta, comentó que este tipo de modalidades delictivas no se pueden permitir en un Estado de Derecho y en pleno siglo XXI, por lo que el Estado se ha hecho presente en esta zona, mediante 13 sectores, entre ministerios y organismos adscritos.

Del mismo modo, el titular del Interior puso en relieve que la operación “Mercurio 2019” ha demandado la participación de 1,200 policías, 300 militares y 70 fiscales, cuya intervención impondrá el Estado de Derecho en la zona.

Precisó que en los primeros 14 días de operaciones se desarrollará una fase de intervención, para luego pasar a la etapa de consolidación, que durará seis meses, y, finalmente, efectuar un trabajo sostenido hasta el año 2021.

“Este mensaje es el que estamos dando al mundo: En el Perú tenemos que respetar a la autoridad y al Estado de Derecho. Hemos llegado a La Pampa para quedarnos”, subrayó.

La operación es realizada contra la minería ilegal y sus delitos conexos, de manera que no se interviene a mineros informales o en vías de formalización, quienes vienen regularizando su situación con las entidades competentes.

En el marco de este plan también se realiza un trabajo coordinado en materia de interdicción, intervención, investigación y mantenimiento del orden público en el marco del respeto a los derechos humanos de la población afectada.

Presencia del Estado

Por su parte, el titular de Defensa resaltó que esta operación marca el inicio de una presencia permanente del Estado en esta zona, y enfatizó que las Fuerzas Armadas trabajarán de forma conjunta con la Policía en ese objetivo.

Adelantó que, así como en el Vraem se instalan bases antisubversivas, en La Pampa se implementarán bases de protección de la Amazonía, porque la intención es “erradicar totalmente” la minería ilegal en esa zona protegida.

“La idea es que durante todo el periodo del presidente Martín Vizcarra, las Fuerzas Armadas se queden acá permanentemente y, si es necesario reforzar este contingente de 300 hombres, así lo haremos”, remarcó Huerta.

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El Ministerio del Interior (Mininter), por orden de su titular, Carlos Morán, realizará una labor independiente de control sobre todas las adquisiciones hechas por la Intendencia Nacional de Bomberos durante los años 2017-2018.

La disposición busca esclarecer la adquisición de equipos de respiración autónoma – EPRA por emergencia, valorizados en S/ 3’095,820.00, efectuada por la Intendencia Nacional de Bomberos en julio del año 2017.

La compra se hizo directamente a la empresa Firemec S.A.C y los 200 respiradores costaron S/ 3’095.320, el detalle es que estos equipos eran para uso industrial pero lo más irónico es que no funcionaban expuestos al agua.

Ya que los equipos no contaban con instructivo, algunos bomberos habían encontrado el manual de este respirador, publicado por el fabricante 3M Scott en su web.

En la página 2, se lee: “El respirador no debe utilizarse debajo del agua, para incendios estructurales interiores ni para otros usos no autorizados…”. El dato corrió como pólvora de compañía en compañía.

Responsables

Según El Comercio, el entonces comandante general del CGBVP, César Leigh, autorizó la citada compra por emergencia, es decir, sin licitación, en junio del 2017. Así lo señala el informe de auditoría N° 007-2017-2-3601, del órgano de control interno de la Intendencia Nacional de Bomberos (INB).

El 7 de agosto del 2017, el entonces jefe de la Dirección General de Operaciones de los Bomberos, Carlos Campos Valdivia, dio conformidad a la recepción de los aparatos.

Y el 4 de octubre del 2017 estos fueron distribuidos a todas las compañías de Lima y Callao. Recién en ese momento los primeros cuestionamientos comenzaban a prenderse.

Varios oficiales de los bomberos contaron a El Comercio que cada compañía recibió entre uno y dos de estos equipos modelo Air Pak 75i de la marca americana Scott Safety. Pero a las dos semanas fueron devueltos a la comandancia general.

SIn distribución

Dichos equipos, a pesar del tiempo transcurrido, no vienen siendo distribuidos para las funciones propias de los bomberos, y se encuentran almacenados en dicha intendencia, afectando así los nobles fines de la institución.

Las acciones de control dispuestas también servirán para poder fiscalizar otras adquisiciones, sus costos, operatividad y distribuciones, con el fin de cuidar la integridad del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, y en aras de la transparencia.

Esa labor de control contará con la participación y supervisión de la Oficina General de Integridad Institucional del Mininter, así como con la disponibilidad absoluta y facilidades logísticas por parte del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) para que se realicen las inspecciones necesarias.

De los resultados de estas acciones se podrán establecer las responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan.

Lo dispuesto se enmarca en la política de gobierno del presidente de la República, Martín Vizcarra, quien estableció como eje importante de su gestión la integridad y la lucha contra la corrupción a nivel nacional, en todos sus frentes y con el compromiso de todos los sectores, incluyendo a la Policía Nacional del Perú y al CGBVP.

El Ministerio del Interior dispondrá, además, que se otorgue al CGBVP todas las facilidades para el ejercicio de sus funciones, y brindará los requerimientos logísticos necesarios para el cumplimiento de las acciones encomendadas. (NP 1663-2018).

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Un total de 56 candidatos y representantes a los distritos de la zona sur de la capital participaron del evento “Diálogo por la Seguridad Ciudadana con candidatos a los distritos de Lima Sur”, organizado por el Ministerio del Interior (Mininter), en el cual se explicó la política pública y acciones en seguridad ciudadana para gobiernos locales.

En la reunión sostenida en el distrito de San Juan de Miraflores, el director general de la Policía Nacional, general de Policía Richard Zubiate Talledo, detalló la estrategia policial Vecindario Seguro de naturaleza preventiva y proactiva que busca fortalecer la gestión de la seguridad ciudadana usando el sistema de cuadrantes.

Mencionó que en la lucha contra el crimen organizado se han efectuado megaoperativos y se ha capturado a requisitoriados incluidos en el Programa de Recompensas.

El jefe de la División Policial (Divpol) Sur 3, coronel PNP Raúl Artica Sotomayor, detalló que Lima Sur cuenta con 19 comisarías distribuidas en dos divisiones policiales. Explicó los factores de riesgo y las estrategias que se están ejecutando, las cuales demandan la participación de las municipalidades en la prevención del delito y detalló los avances alcanzados en la lucha contra la criminalidad.

Por su parte, el director de seguridad ciudadana del Mininter, Enrique Castro Vargas, informó que la estrategia Barrio Seguro se ha aplicado en tres localidades de Lima Sur, entre ellos Sector 6 en Villa El Salvador, Micaela Bastidas en Villa María del Triunfo y Pompeyo en San Juan de Miraflores. En todos ellos la presencia policial aumentó en un 20%.

En el evento participaron 56 candidatos y representantes de los distritos de Lurín, Pachacamac, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, San Juan de Miraflores, Santa María del Mar, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, quienes felicitaron la iniciativa y manifestaron su compromiso para trabajar de forma articulada por la seguridad ciudadana.

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Dicho sistema contabilizó los kilómetros de recorrido promedio por vehículo de estas dependencias, entre el 23 y el 29 de julio de este año.

De acuerdo con este sistema georreferencial que monitorea los GPS de los patrulleros, se realizaron 638.24; 548.02 y 480.46 kilómetros promedio de recorrido de patrullaje respectivamente.

Siguen en la lista del ranking de patrullaje, las comisarías de San Antonio Anexo 22B, La Huayrona (San Juan de Lurigancho), Las Praderas (La Molina), Salamanca (Ate), San Borja, Chacarilla del Estanque (San Borja) y Pachacútec (Ventanilla).

Intensificar el patrullaje y monitorear su ejecución en las unidades policiales son los objetivos del Sipcop en las 131 comisarías de Lima y Callao. Cabe destacar, que el sistema ofrece a los comisarios la posibilidad de conocer la hora en la que un determinado patrullero o motocicleta comenzó y terminó su recorrido, la ruta, velocidad y kilómetros de patrullaje. Toda la información queda registrada en un archivo histórico para su posterior evaluación.

Sipcop en Trujillo

Las comisarías de Ayacucho y La Noria, ambas del distrito de Trujillo y Sectorial Moche del distrito de Moche, lideran el décimo sexto ranking de patrullaje entre el 23 y el 29 de julio. Los vehículos de dichas dependencias recorrieron 611.91; 563.53; y 541.33 respectivamente.

Las comisarías que completan el ranking son: Buenos Aires (Víctor Larco Herrera), El Alambre (Trujillo), Nicolás Alcázar (El Porvenir), Sánchez Carrión (El Porvenir), Bellavista (La Esperanza), Florencia de Mora, y Huanchaco. (NP 1154–2018).

MIRA AQUÍ EL Top 50

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En un breve anuncio, el jefe de Estado “bautizó”  al futuro gabinete Aráoz como el de la “reconciliación”. Me encuentro trabajando con la Premier Mercedes Aráoz en nuestro nuevo gabinete de la reconciliación. Muy pronto novedades”, manifestó.

Reconciliación es una de las palabras que utilizó Kuczynski el jueves 21 de diciembre, fecha en la que se salvó de ser vacado. Hoy, al igual que Araoz, el mandatario volvió a repetir el término, en circunstancias que es criticado por el indulto concedido al expresidente Alberto Fujimori.

Lo cierto es que se vienen muchos más cambios en el Gabinete Aráoz, debido al indulto al presidente Fujimori, hecho que ha originado también,  esta mañana,  la renuncia del titular de Cultura, Salvador Del Solar.

Días atrás, el  exministro del Interior, Carlos Basombrío, también decidió alejarse del gobierno, aunque él tomó la determinación, al hacerse público la presunta vinculación entre la firma brasileña Odebrecht y la empresa Westfield Capital, de propiedad del presidente Kuczynski.

https://twitter.com/ppkamigo/status/946180551949651973

Foto: Diario El Comercio.

Por Luis Miguel Guerrero Dávila.

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El nuevo titular del MININTER, se desempeñó como director de la Policía Nacional del Perú entre agosto de 2015 y septiembre de 2017. Anteriormente, había jefaturado la Dirección Ejecutiva Antidrogas (DIRANDRO) entre 2013 y 2014.

Asimismo, Romero es especialista en orden interno, gestión pública y proyectos de inversión. Además de ser analista de inteligencia, es licenciado en Administración.

Es importante mencionar que,  luego de seis años, un efectivo policial asume la cartera del Interior. El último policía  en ocupar dicho cargo fue el también general en situación de retiro, Miguel Hidalgo (23 de noviembre de 2010 al 28 de julio de 2011).

https://twitter.com/pcmperu/status/946081313722978305

DEBES SABER QUE…

Carlos Basombrío renunció como titular del Mininter tras hacerse público las presuntas vinculaciones  entre Odebrecht  y la empresa Westfield Capital, de propiedad del presidente Kuczynski.

El jefe de Estado aceptó la renuncia varios días después y tras no prosperar la vacancia en su contra

Foto: Agencia Andina.

Por Luis Miguel Guerrero Dávila.

Se busca: recompensa por estos 20 denunciados por feminicidio

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