El Megaoperativo Resplandor 2022, que se desarrolla en conjunto con la Policía Nacional, incluye diligencias en Palacio de Gobierno; así como en las viviendas de personajes relacionados a la investigación como el gerente de Heaven Petroleum Operators, Samir Abudayeh; el gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo; Karelim López, entre otros.

El operativo también comprende los inmuebles de los funcionarios de la empresa estatal Muslaim Abusada Sumar, Gunther Documet Celis, Roger Liy Lion y Gregorio Sáenz Moya.

Los allanamientos se ejecutan en distintos distritos de la capital como Lince, Breña, San Miguel, San Isidro y el Cercado de Lima.

La Fiscalía Anticorrupción investiga el supuesto favorecimiento a la empresa Heaven Petroleum Operators en un contrato con Petroperú para la adquisición de Biodiésel B100 por US$ 74 millones.

El pasado 4 de febrero, el Poder Judicial ordenó impedimento de salida del país contra Karelim López, Samir Abudayeh y Hugo Chávez Arévalo.

Los presuntos delitos por los que se les investiga se relacionan con la administración pública en la modalidad de colusión simple y la negociación incompatible en agravio del Estado.

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La cifra fue difundida por la Fiscalía, como parte del proceso de generación de evidencia que, busca contribuir con la política institucional de lucha contra este delito, en cumplimiento de la Ley N° 30364; Ley para la Prevención, Sanción y Erradicación de Violencia contra la Mujer.

En el último año (2019), se contabilizaron 115 feminicidios y 105 posibles feminicidios, de los cuales, 32 son clasificados en el tipo I (investigación por el delito de feminicidio en etapa preliminar) y 73 en el tipo II (investigación por el delito de homicidio simple, homicidio calificado, parricidio, violación sexual seguida de muerte, u otro delito, pero que se encuentra en etapa preliminar).

Asimismo, se conoce de la muerte de 31 mujeres que ingresaron al Registro de Feminicidio bajo la sospecha de una muerte por razones de género, sin embargo, producto de la investigación fiscal se corroboró que fallecieron en el contexto de otro delito, cuyo estado se encuentra con formalización de la investigación preparatoria, acusación fiscal o sentencia.

En tanto, en lo que va del 2020, se identificaron 12 casos de feminicidio; 8 posibles feminicidios del tipo I y 12 del tipo II, así como 1 muerte de mujer en otras circunstancias.

Cabe indicar que los posibles feminicidios son investigaciones que hacen sospechar que se trataría de un feminicidio. Dichos casos son monitoreados por el Observatorio de Criminalidad, a través de las fiscalías responsables de cada investigación en el territorio nacional, ya que a través de las diligencias dispuestas por el fiscal (componente fáctico, jurídico y probatorio), se determina si constituyen feminicidios o no, lo cual permite actualizar las cifras permanentemente.

Víctimas y victimarios

El 89,9% fue cometido por la pareja, ex pareja o familiar (feminicidio íntimo); mientras que el 10,1% por un conocido o desconocido (feminicidio no íntimo).

Aproximadamente, 6 de cada 10 víctimas tenían entre 18 y 34 años, sin embargo, se registra un 12,9% que corresponde a víctimas menores de 18 años.

El 80,4% de los feminicidios fue presuntamente cometido por la pareja o ex pareja (esposo, conviviente, ex esposo, ex conviviente, novio, enamorado, pareja sentimental o ex enamorado), el 9,5% por un familiar (padre, padrastro, cuñado, hijo, yerno, tío, ex yerno, nieto u otro), el 5,6% por un conocido (amigo, vecino, compañero de trabajo, persona que conoció en un casino, discoteca, fiesta o reunión social), el 3,5% por un desconocido que atacó sexualmente a la víctima y el 1% restante por el cliente de trabajadoras sexuales.

Respecto de los victimarios, 6 de cada 10 imputados tenían entre 18 y 34 años, evidenciándose que se trataría de hombres jóvenes en su mayoría.

El 30,7% de las víctimas fue asfixiada o estrangulada, el 25,9% fue acuchillada, el 18,3% fue asesinada a golpes, el 15,3% fue baleada y el 9,8% corresponde a otras formas. Además, el mayor porcentaje de los feminicidios ocurrió dentro de la casa, siendo que, aunque la tendencia es considerar la casa como el lugar al que se acude para sentirse más seguro, este se tornó el espacio más inseguro para algunas mujeres.

Política institucional

Mientras tanto, continúan implementándose las mesas de coordinación interinstitucional para fortalecer la ‘Estrategia 360°. Detección y protección de mujeres en riesgo y seguimiento de investigaciones de feminicidio en grado de tentativa y feminicidio’; así como el Protocolo para casos de feminicidio y violencia de género.

De otro lado, las Unidades de Atención a las Víctimas y Testigos (UDAVIT), brindan atención multidisciplinaria a víctimas de violencia e intento de feminicidio.

Igualmente, el Ministerio Público cuenta con la plataforma web del Registro Único de Víctimas y Personas Agresoras (RUVA), un instrumento de información multisectorial del Sistema Especializado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar; integrado por el Poder Judicial, la Policía Nacional, y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Se prevé la incorporación del Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y el Instituto Nacional Penitenciario.

Cabe resaltar el rol de las Fiscalías Especializadas de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar, creadas en el 2018, como servicios de atención de denuncias de cualquier tipo de violencia contra la mujer y las niñas víctimas de violencia. Forman parte del Sistema Nacional Especializado de Justicia.

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La fiscal superior penal, Delma Carpio Arias, fue la responsable de la sustentación frente a los abogados del procesado Adriano Pozo Arias, y los defensores legales de la víctima.

En la audiencia pública realizada el miércoles último, la magistrada solicitó a la Sala Penal Superior que se incremente la pena de cárcel efectiva.

“El Ministerio Público considera que se debe incrementar a 13 años de prisión efectiva la condena para el sentenciado, porque cometió delito de tentativa de feminicidio».

Carpio Arias sostuvo que los jueces de primera instancia no consideraron este delito y, que por el contrario, incluyeron como causal la embriaguez del acusado, cuando el sentenciado estaba lúcido en el momento de los hechos.

En otra parte de su intervención, la fiscal superior se opuso al pedido de la defensa de que el caso sea transferido nuevamente en la Corte Superior de Ayacucho. Se recordó que la Corte Suprema de la República resolvió y ordenó su continuación en la Corte Superior de Lima Norte, por razones de imparcialidad procesal.

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La intervención de la Fiscalía y de la Policía se realiza principalmente en la sede del Comando de Instrucción y Doctrina del Ejército (Coede) en el distrito de Chorrillos.

La intervención que también se ejecuta en las ciudades de Tarapoto, Cajamarca, Cusco y Huancavelica implica además de las detenciones, el allanamiento de diversos inmuebles.

El fiscal Omar Tello, a cargo de la diligencia, afirmó que entre los delitos que se le imputan a los investigados por el robo de diésel se encuentran peculado, cohecho, encubrimiento real, entre otros.

La autoridad confirmó que en este operativo fueron detenidos los generales Augusto Javier Villarroel Rossi y Carlos Martín Mayca Vásquez. Ellos y el resto de intervenidos permanecerán detenidos preliminarmente por diez días para las investigaciones del caso.

El representante del Ministerio Público detalló que estas detenciones se suman a las realizadas en abril del año pasado y en mayo de este año, en el caso denominado ‘Los capos del diésel’.

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Se trata del cabo EP, Eusebio Bendezú Rebata, que a los 18 años fue víctima de la guerra contra el Ecuador en 1995, que fue reconocido gracias al estudio antropológico del Servicio de Antropología de la Unidad de Tanatología Forense y al análisis de ADN del Laboratorio de Biología Molecular del Instituto de Medicina legal y Ciencias Forenses.

El hallazgo se realizó en febrero pasado, tras una exploración de desminado, procediendo a los estudios para su reconocimiento y ahora entrega de sus restos a sus padres, Tito Aquilino Bendezú Misaico y Cirila Anastasia Rebata Aguilar, naturales de Ayacucho.

El fiscal provincial titular, César Sotomayor Jara, hizo el pedido de estudios a la División de Tanatología Forense, a través del subgerente Benjamín Tello Arriola, para lo cual se adjuntó el certificado de inhumación y protocolo de necropsia.

La entrega de los restos fue dispuesta en junio por la Fiscalía Provincial de Condorcanqui de Amazonas.

La ceremonia de entrega de los restos se realizó en el cuartel Alfonso Ugarte de la Primera División Aerotransportada y Fuerzas Especiales de Las Palmas, en Chorrillos, donde realizó su servicio militar en el batallón Comandante Espinar BIP 19, y a la cual asistieron exsoldados de su promoción.

Del acto también participó el arqueólogo forense Flavio Estrada Moreno, responsable de los estudios antropológicos, y el teniente coronel EP, Jaime Arévalo Pereyra.

Los padres señalaron que los restos serán enterrados en Ayacucho, de donde también procedía el exmilitar.

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Fueron estos dos últimos fiscales supremos -involucrados con presuntos manejos irregulares del caso citado- quienes cuestionaron la investigación que realiza Pablo Sánchez e incluso señalaron que no era competente para ver sus casos.

«El fiscal supremo Pablo Sánchez, desde setiembre del 2018, viene realizando actos de investigación contra fiscales supremos, y continúa en esos casos desde enero de 2019 por disposición de mi despacho…La Junta de Fiscales Supremos carece de atribuciones para apartar a fiscales que conducen investigaciones», precisó Zoraida Ávalos.

Zoraida Ávalos recordó además a Chávarry y Gálvez que existen mecanismos procesales como la tutela de derecho, entre otros, a los cuales los investigados pueden recurrir para el ejercicio de su defensa, pero no pretender apartar a un fiscal de ciertas investigaciones a través de la Junta de Fiscales Supremos.

«Como presidenta de la Junta de Fiscales Supremos tampoco nunca puse en agenda el pedido del fiscal Tomás Gálvez para apartar a Pablo Sánchez de las investigaciones», aclaró Zoraida Ávalos tras recordar que fue a raíz de un escrito presentado por Gálvez donde se intercambiaron opiniones.

Ante ello la Fiscal de la Nación dijo que Pablo Sánchez continuará investigando el caso «Cuellos Blancos del Puerto». «En tanto mi despacho no tome alguna decisión, las investigaciones delegadas continuarán su trámite», indicó.

¿Maniobra de Chávarry Gálvez?

En otro momento, Zoraida Ávalos, sostuvo que los cuestionamientos contra Pablo Sánchez buscan la nulidad de la investigación.

«Advierto con suma preocupación que lo que se estaría pretendiendo es la nulidad de todo lo actuado en más de 20 carpetas fiscales que han merecido más de un año de trabajo fiscal», finalizó.

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Así señala la acusación fiscal que formuló el jefe del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela, la cual además incluye un nuevo pedido de extradición contra Alejandro Toledo por el caso Ecoteva.

Días atrás, el fiscal superior destacó que el interrogatorio del fiscal José Domingo Pérez al empresario Josef Maiman fue «fundamental» para poder acusar al exmandatario.

Como se recuerda, Toledo concretó la adquisción de costosas propiedades en la capital a nombre de su suegra Eva Fernenbug a través de la empresa Ecoteva Consulting Group.

Eliane Karp y Avi Dan On

El magistrado lo acusó por el presunto delito de lavado de activos y solicitó similar penal para su esposa, Elian Karp, y Abraham Dan On, quien se encargo de la seguridad del ex jefe de estado. Ambos están implicados en el caso Ecoteva.

También pidió 10 años de cárcel para Eva Fernenbug. En tanto, solicitó 13 años y 4 meses de cárcel para su exapoderado legal David Esquenazi, así como para Shai Dan On, hijo de Abraham Dan On, también implicados en el caso.

Reparación civil

El fiscal coordinador del Equipo Especial para el caso Lava Jato pidió que cada una de estas personas pague la suma de 6 millones 370 mil soles por concepto de reparación civil a favor del Estado.

Esta acusación fiscal fue presentada ante la Cuarta Sala Penal de Reos Libres de Lima para el inicio del correspondiente juicio oral. Vela Barba pidió a esta instancia judicial que se inicien los trámites para requerir la extradiccion de Alejandro Toledo, Elian Karp, Abraham Dan On y su hijo por el caso Ecoteva.

«Ya está culminada la acusación en el caso Ecoteva (…) Eso es parte de los procedimientos estratégicos que el equipo especial se ha decantado. No han sido fáciles, son bastante complicados: se han tenido que dar viajes muy largos como a Israel, donde hemos tenido que realizar una serie de actividades propias de la colaboración eficaz», señaló el pasado sábado.

Durante un foro sobre las investigaciones del caso Lava Jato y la reforma judicial organizado por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, el fiscal consideró que estos pedidos de extradición representan «una herramienta sumamente utilitaria». En ese sentido, señaló que resulta «una necesidad urgente» que sea atendida por la justicia norteamericana.

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Pese al amparo de su inmunidad presidencial, el jefe del Estado, Martín Vizcarra, envió la misiva al Ministerio Público para facilitar el esclarecimiento de las investigaciones en su contra, aunque anota que todo fue archivado en su momento.

La carta de Martín Vizcarra fue dirigida al fiscal Walker Fredy Ríos Calisaya, del Segundo Despacho Especializado Anticorrupción, el pasado 24 de mayo.

En el documento remitido por el mandatario y su abogado Álvaro Rubianes se señala que la fiscalía de Moquegua «conoce mejor que nadie el casi medio centenar de denuncias abiertas» contra él por su gestión como gobernador regional de Moquegua (2011-2014) y que ha asistido a las diligencias en las que ha sido requerido.

Indicó que ha asistido a cuanta citación y/o diligencia se le ha requerido, para así, «una a una, aclarar las dudas y demostrar mi absoluto apego a la ley durante mi gestión, razón por la cual se archivaron las investigaciones correspondientes»,

«A pesar de lo expuesto, quiero ponerme a su disposición para que usted realice las investigaciones que considere pertinentes y estoy dispuesto a presentarme ante su despacho cuantas veces fuera necesario, a fin de demostrar una vez más mi correcta participación en la función pública», indicó.

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“Mi gestión será neutral e imparcial. Mis esfuerzos estarán dirigidos a velar y garantizar la independencia y autonomía del Ministerio Público frente a cualquier intromisión o atisbo de intromisión, sea esta de carácter político o de cualquier otro interés subalterno”, enfatizó al iniciar su discurso de honor, luego del acto de juramentación.

A continuación, reflexionó sobre el difícil momento que en los últimos meses experimentó el sistema de justicia, señalando ser consciente que recuperar la confianza de la ciudadanía tomará su tiempo, pero que serán sus acciones las que darán cuenta de su compromiso serio y honesto para ejercer sus funciones, con absoluto respeto a la Constitución y la ley.

Como primer lineamiento básico de su gestión, lucha contra la corrupción externa, anunció la política de ‘tolerancia cero’ y el fortalecimiento de las fiscalías que tienen a su cargo investigaciones emblemáticas como ‘Lavajato’, ‘Cuellos Blancos’, ‘Caso Orellana’; entre otras, asignando las herramientas logísticas, administrativas y de apoyo necesarios.

Específicamente, en el caso ‘Cuellos Blancos’, indicó que propiciará reuniones periódicas con los fiscales para diseñar en equipo, en el marco del respeto a la reserva de la investigación y la autonomía de los fiscales, a fin de consolidar una estrategia única, coordinada y articulada para enfrentar con eficacia y firmeza este caso.

En la lucha contra la corrupción interna, segundo lineamiento básico, dio a conocer que la Fiscalía Suprema de Control Interno ha diseñado el ‘Mapa de riesgo de infracciones disciplinarias’, para detectar inmediatamente inconductas funcionales, y adoptar las medidas que sean necesarias, para la prevención y sanción de las mismas. 

Para evitar que se extienda la impunidad en la inconducta de fiscales en el ejercicio de sus funciones, la doctora Ávalos Rivera señaló que presentará en los próximos días un proyecto de ley ante el Congreso de la República para modificar el artículo 60 de la Ley de la Carrera Fiscal.

Esta iniciativa se sumará a la propuesta que formuló el mes pasado al Hemiciclo para la modificación del artículo 59 de la misma ley, con el objetivo de permitir que las medidas cautelares dictadas a fiscales en investigación puedan ser prorrogadas y evitar que estos magistrados retornen a sus despachos luego de seis meses, una vez terminada dicha medida.

En materia de delincuencia, sostuvo que su gestión impulsará la coordinación con las instituciones respectivas para materializar el sistema distrital de justicia, que no solo contemple fiscalías, sino también juzgados. “Creo que con esta propuesta estaríamos haciendo eco al clamor de la ciudadanía”, remarcó.

Frente a la problemática de la violencia hacia la mujer, informó que desde el inicio de su gestión, hace dos meses, dispuso la conversión de diversas fiscalías a 12 despachos especializados en violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, que se pondrán en marcha este 1 de abril, como parte de un subsistema corporativo especializado.

“Mi gestión creará la Coordinación Nacional para el tema de Violencia contra la Mujer, con la finalidad de monitorear el funcionamiento de este subsistema especializado. Así también, se está creando una Coordinación Nacional para trabajar el tema de igualdad de género y personas en situación de vulnerabilidad”, precisó. Adicionalmente, se han incrementando cuatro fiscalías más a las cuatro ya existentes en Lima Centro, para trabajar el tema de prevención de este tipo delitos.

En el campo de innovación tecnológica para la persecución del delito, señaló que se ha adquirido el software ‘Forense Transcriptor Audio’, que procesa audios y los digita automáticamente, que será de gran utilidad, por ejemplo, en el caso ‘Cuellos Blancos’.

Dio a conocer, también, que ahora el Ministerio Público cuenta con un ‘Escaner Facial 3D Modelo Spider’, para la identificación de personas captadas en videos de vigilancia y, próximamente, se adquirirá el software ‘DVR Examiner Forense’, que recupera imágenes de video alteradas y borradas.

Finalmente, anunció que en mayo se inaugurará, con la colaboración de la Embajada de Estados Unidos y la ONG Conservación Amazónica (ACCA), la Oficina Desconcentrada de peritajes en Madre de Dios, que atenderá peritajes de medio ambiente, tala ilegal, minería ilegal, trata de personas; entre otros, y que estará a disposición de los fiscales de Madre de Dios, Puno, Cusco y Abancay. 

Por su parte, el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció una transferencia de S/ 24.5 millones de soles destinados a acortar las brechas en el presupuesto del Ministerio Público. Estos recursos se destinarán a fortalecer con más personal y equipamiento operativo las Fiscalías Especializadas en delitos de Corrupción de Funcionarios, Lavado de Activos, Criminalidad Organizada; además del Área de Peritajes del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

“Es el primer decreto supremo de transferencia de la demanda adicional que han pedido, vendrán, en función de la justificación correspondiente, continuas transferencias adicionales”, precisó Vizcarra Cornejo, tras manifestar su respaldo al Ministerio Público y el respeto a la separación de poderes y a la autonomía de las instituciones, que son esenciales para la democracia y el Estado de Derecho. Sostuvo que su gobierno no va a interferir en el trabajo de las instituciones de la administración de justicia.

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De esta manera, el equipo liderado por el fiscal José Domingo Pérez entregó los folios y elementos probatorios para el control de legalidad respectivo.

El documento fue entregado por el fiscal adjunto Henry Amenábar y será revisado por la jueza María de los Ángeles Álvarez, titular del Primer Juzgado Nacional del Sistema Nacional Especializado en Delitos de corrupción de Funcionarios.

El acuerdo, firmado el pasado 15 de febrero en Brasil, consta de 739 tomos que contienen un total de 147,801 folios.

Según destacó el fiscal Rafael Vela, jefe del Equipo Especial lava Jato, el acuerdo permitirá la entrega de pruebas y testimonios para las investigaciones en cuatro casos en los cuales Odebrecht admite actos de corrupción.

Con esa opinión coincidió José Domingo Pérez, fiscal principal del caso quien está fuera del país.

Comprende los proyectos Línea 1 del Metro de Lima, tramos 2 y 3; carretera Interoceánica, tramos 2 y 3; vía de Evitamiento en Cusco y la Costa Verde del Callao

La empresa brasileña, según el acuerdo, se compromete al pago de una reparación civil de 610 millones de soles y a brindar testimonio, pruebas e información contenida en los servidores My Web Day y Drousys, usados para encubrir el pago de coimas a través de la Caja 2.

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Según informó este domingo a través de su cuenta en Twitter dicha institución, la fiscal Katharine Borrero de la Fiscalía Especializada en Violencia Contra La Mujer, se encargará de indagar dicho caso.

Además, agregó que la fiscal ya solicitó el informe de la investigación al Congreso de la República.

Como se recuerda el último viernes, el congresista de Acción Popular, Yonhy Lescano, fue señalado como presunto acosador de una periodista, a través de conversaciones de Whatsapp que se hicieron públicas en redes sociales y medios de comunicación.

Lescano negó la acusación y dijo que esta forma parte una «conspiración del fujiaprismo», que busca sacarlo del Parlamento.

La Comisión de Ética del Congreso anunció que este martes sesionará de manera urgente para analizar la denuncia que involucra al referido legislador.

La respuesta de Lescano

A su turno Yonhy Lescano dijo que la investigación no es contra su persona sino contra los que resulten responsables, con lo cual dijo, «no hay indicios que lo señalen».

«Esto demuestra técnicamente que aquí hay una vulneración del debido proceso. Yo voy a dar la cara siempre, soy un hombre de bien, yo voy a esta ahí, porque esta es una patraña vil del fujiaprismo», dijo.

En otro momento, Lescano dijo que la mafia del Perú no lo quiere en el Congreso. «Pero quieren sacarme del Congreso de todos modos», dijo.

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Como se recuerda desde temprano el Fujimorismo evitó que la situación de Pedro Chávarry y la declaratoria de emergencia de la Fiscalía se vea en el Pleno del Parlamento.

A la salida, el vocero de la bancada, Carlos Tubino, indicó que algunos parlamentarios emitieron comentarios ofensivos e insultos hacia su agrupación.

Daniel Salaverry lamenta bochornosos espectáculo

Poco antes de cerrar la sesión del Pleno del Congreso, su presidente Daniel Salaverry, dijo sentirse avergonzado por el «bochornoso espectáculo» que dio el Parlamento.

«Yo lamento sinceramente que hoy, la ciudadanía, la población haya tenido que apreciar un bochornoso espectáculo del cual siento vergüenza ajena», comentó el parlamentario.

«Estas son las cosas que nos alejan de la población«, añadió antes de suspender la sesión del pleno, en la cual no había quórum. Ello ocurrió luego que la mayoría de Fuerza Popular se retirara del hemiciclo en señal de protesta.

Uno de los motivos por los cuales los fujimoristas decidieron dejar el pleno fue por considerar que el presidente del Congreso no había atendido su pedido para que se convoque un Consejo Directivo previo para establecer la agenda del debate y someter a votación la creación de nuevas bancadas.

Estuvo en la agenda

En respuesta a esto, Daniel Salaverry aseguró que la agenda del pleno siempre es elaborada por el presidente de la Mesa Directiva desde hace siete años.

«Desde el 21 de agosto del 2012, el Consejo Directivo acordó autorizar al presidente del Congreso para que pueda definir el contenido de la agenda que debe publicarse antes de cada sesión del pleno. Esto se viene haciendo hace siete años», comentó.

En ese sentido, recordó que ni durante la presidencia de Luz Salgado ni la de Luis Galarreta se convocaba a Consejo Directivo para que establecer los temas a discutir en el pleno.

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