“Como una información preliminar sabemos que existen 224 obras a nivel nacional que han sido inventariadas, las cuales estarían en el inicio de sus respectivos procesos para reactivarse durante este primer semestre del año en el marco de la aplicación del Decreto de Urgencia N° 008-2019”, reveló.

Agregó que en el transcurso de las próximas semanas, la Contraloría se encargará de hacer una revisión de dicha información para elaborar un informe sobre el nivel de cumplimiento de lo establecido en el Decreto de Urgencia N° 008-2019, cuyo plazo final para actualizar el inventario de obras paralizadas venció el 31 de diciembre del año pasado.

Recordó que este marco legal permite a las entidades públicas retomar el control de sus obras paralizadas, incluso de aquellas involucradas en procesos de arbitraje o procesos de litigio, y puedan ser culminadas.

También mencionó que las entidades públicas que no cumplieron con hacer el inventario de las obras paralizadas serán sometidas a medidas administrativas y “más allá de posibles sanciones que correspondan, han perdido una gran oportunidad de reactivar obras paralizadas en su jurisdicción”.

“Habrá una gran frustración por parte de la ciudadanía porque va a ver que su autoridad política no tuvo la precaución, la diligencia y la preocupación necesaria para implementar el Decreto de Urgencia N° 008-2019, que es un marco legal excepcional y lo que está inventariado debe ser priorizado en su reactivación”, señaló.

Recientemente, el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que evaluará modificar los alcances del DU N° 008-2019 para incluir también a las obras paralizadas que fueron adjudicadas por administración directa. “Eso no contemplaba el DU, entonces también estamos viendo para que se incluyan las obras por administración directa que están en situación de paralizadas”, indicó el Jefe de Estado.

Reactivación de obras públicas paralizadas a nivel nacional – DU 008-2019

Como se recordará, el pasado 31 de octubre de 2019 se publicó el Decreto de Urgencia N° 008-2019 que establece medidas extraordinarias para la reactivación de obras públicas paralizadas a nivel nacional, con el fin de garantizar su continuidad y puesta en funcionamiento, mejorando el servicio público y la inversión pública.

Esta iniciativa fue promovida por la Contraloría General con el fin de impulsar la reactivación de las obras públicas paralizadas en diversas regiones del país, en materia de educación, salud, saneamiento (agua potable y alcantarillado), así como obras viales, entre otras, que la propia población reportó durante las jornadas de supervisión y audiencias públicas que realiza la entidad superior de control. Esto motivó un estudio por el cual la Contraloría General identificó 867 obras paralizadas solo a nivel de gobiernos regionales.

El DU estableció etapas para su implementación o activación. Al 31 de diciembre de 2019, las autoridades debieron, bajo responsabilidad, realizar el inventario de obras públicas paralizadas a su cargo, paso fundamental y necesario para la reactivación.

Reunión con MEF y AMPE

El pasado lunes, el Contralor General Nelson Shack participó en una reunión de trabajo organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) y planteó implementar medidas más estructurales para así aumentar la ejecución del gasto público en los municipios del país.

Durante la reunión, Shack puso a disposición del Ejecutivo y las municipalidades toda la capacidad técnica de la Contraloría para ayudar a mejorar la ejecución del gasto en los gobiernos locales. Asimismo, aprovechó la presencia del presidente Martín Vizcarra en la reunión para plantear que se haga una regulación urgente de las obras que se ejecutan bajo la modalidad de administración directa.

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Descartó que se trate de una persecución política contra dichos magistrados, o una interferencia en sus resoluciones jurisdiccionales, pero sí dijo que es necesario investigar la conducta de estos magistrados, para determinar si cometieron actos dolosos.

En declaraciones a ATV+, explicó que Orellana tenía tres cooperativas, la famosa Coopex, Fianzas y Garantías y Construye, ni una de ellas contaba con autorización de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) para dar cartas fianza, pero perjudicaron al Estado con 80 millones de soles en obras.

Refirió que este monto incluye no solo al gobierno de Áncash, sino a otros gobiernos regionales, alcaldías provinciales y distritales.

Aclaró que las conclusiones de su comisión sobre estos ocho magistrados, no necesariamente van a terminar en una denuncia, sino que dichos informes podrían derivarse a la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), que ya ha realizado sus propias indagaciones.

De otro lado, Mesías Guevara señaló que el 15 de diciembre se cumple el plazo de la comisión, y recién entonces se debatirá prorrogar el trabajo del grupo con la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano.

El parlamentario se mostró a favor de esta ampliación, pues dijo se trata de una investigación compleja, que ya lleva de 15 a 20 cuadernos, y que implica pesquisas a instituciones como el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Consejo Nacional de la Magistratura.

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