El Fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, abrió investigación preliminar por un plazo de 60 días por el presunto delito de concusión contra la congresista de la República, Lizbeth Hilda Robles Uribe.

La citada congresista quien habría obligado a dos de sus asesores a entregar parte de sus remuneraciones de forma ilegal y arbitraria.

La investigación fue dispuesta a partir de denuncias formuladas por los exasesores José Félix Altez Rodríguez y Sara Griselda Milla Abarca, a través de diversos medios de comunicación en abril pasado.

De acuerdo a los primeros indicios, desde el 2016 la legisladora por la región Lima habría obligado a sus asesores a entregarle el 50% de los haberes que percibían como empleados de confianza asignados a su despacho del Congreso de la República, a cambio de asegurar su continuidad laboral.

Congresista benefició a su pareja

Asimismo, estos montos habrían sido entregados a la pareja de la congresista, Edward Rojas Rujel, y habrían incluido parte de gratificaciones, bonos excepcionales, escolaridad, aguinaldos, entre otros.

Entre la diligencias dispuestas por Chávarry Vallejos se encuentra la toma de declaración de la congresista Robles Uribe, así como la solicitud al Congreso de la República de copias certificadas de boletas de pago y planillas, correspondientes al pago de las remuneraciones y de todo concepto que habrían percibido los exasesores.

Además, se solicitó a Milla Abarca proporcione los presuntos audios en los que se habrían registrado los pedidos de dinero exigidos a favor de la congresista, para su correspondiente análisis y peritaje.

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Según una alta fuente de la Mesa Directiva del Parlamento, la Comisión de Constitución que preside Fredy Otárola discutirá un dictamen que propone modificaciones al Código de Ética Parlamentaria y que impediría sancionar a los parlamentarios que mintieron en sus hojas de vida.

«La Comisión planea sesionar a las 8:30 am, sospechosamente en el punto 4 de la agenda plantean quitarle facultades a la comisión de Ética para que no indage las hojas de vida de los congresistas, cuando hay casos como el de Emiliano Apaza y el ministro de Defensa José Urquizo que habría mentido en sus declaraciones juradas de vida«, dijo la fuente.

Se trata de modificar la disposicion prevista en el artículo 4.8 del Reglamento de la Comisión de Ética Parlamentaria -que sanciona la falsedad en documentos- y considerarla inválida por «no observar los principios de legalidad y orden del procedimiento administrativo». La fuente advirtió que se trata de una suerte de interpretación antojadiza de las normas.

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