Fueron estos dos últimos fiscales supremos -involucrados con presuntos manejos irregulares del caso citado- quienes cuestionaron la investigación que realiza Pablo Sánchez e incluso señalaron que no era competente para ver sus casos.

«El fiscal supremo Pablo Sánchez, desde setiembre del 2018, viene realizando actos de investigación contra fiscales supremos, y continúa en esos casos desde enero de 2019 por disposición de mi despacho…La Junta de Fiscales Supremos carece de atribuciones para apartar a fiscales que conducen investigaciones», precisó Zoraida Ávalos.

Zoraida Ávalos recordó además a Chávarry y Gálvez que existen mecanismos procesales como la tutela de derecho, entre otros, a los cuales los investigados pueden recurrir para el ejercicio de su defensa, pero no pretender apartar a un fiscal de ciertas investigaciones a través de la Junta de Fiscales Supremos.

«Como presidenta de la Junta de Fiscales Supremos tampoco nunca puse en agenda el pedido del fiscal Tomás Gálvez para apartar a Pablo Sánchez de las investigaciones», aclaró Zoraida Ávalos tras recordar que fue a raíz de un escrito presentado por Gálvez donde se intercambiaron opiniones.

Ante ello la Fiscal de la Nación dijo que Pablo Sánchez continuará investigando el caso «Cuellos Blancos del Puerto». «En tanto mi despacho no tome alguna decisión, las investigaciones delegadas continuarán su trámite», indicó.

¿Maniobra de Chávarry Gálvez?

En otro momento, Zoraida Ávalos, sostuvo que los cuestionamientos contra Pablo Sánchez buscan la nulidad de la investigación.

«Advierto con suma preocupación que lo que se estaría pretendiendo es la nulidad de todo lo actuado en más de 20 carpetas fiscales que han merecido más de un año de trabajo fiscal», finalizó.

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“No quiero dejar pasar la oportunidad de manifestar en nombre del Poder Ejecutivo nuestro malestar y nuestro rechazo a esta nueva oportunidad de blindaje que ha cometido el Congreso de la República”, dijo el Mandatario antes de ingresar a la reunión con los gobernadores regionales del sur del país.

El presidente Vizcarra cuestionó que una vez más se haya “blindado y exculpado de una investigación criminal al fiscal supremo Pedro Chávarry Vallejos”.

“No solo ello, sino que el Congreso ha determinado que continúe en sus funciones”, refirió el Jefe del Estado, al recordar que una propia investigación del Ministerio Público y de legisladores era la que pedía que se inicie el proceso.

“Se ha cerrado este tema en la máxima instancia del Parlamento. El pleno ha determinado que no se le investigue por organización criminal y eso es un blindaje que rechazamos enérgicamente”, enfatizó momentos previos a la cita que se efectúa en Arequipa para ver el tema de Tía María.

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Esta vez el Ministerio Público emitió un comunicado en el que «expresa su preocupación y lamenta» la decisión de esta comisión del Parlamento, controlado por mayoría fujimorista.

En este escrito señala que la «decisión congresal mutila la denuncia», es por esta razón que la investigación contra el ex fiscal de la Nación no procederá.

El Ministerio Público añadió que decisiones como esta «debilitan la lucha contra el crimen y la impunidad» que la institución realiza.

«La Fiscalía de la Nación expresa su preocupación y lamenta que, a pesar de la solidez del documento, este grupo de trabajo haya declarado improcedente la imputación formulada por los delitos de encubrimiento personal y real; evitando de esta manera que los hechos sean investigados», se lee en el comunicado.

Otra vez protegen a Pedro Chávarry

De acuerdo con la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ambos delitos ya fueron materia de pronunciamiento en otra denuncia interpuesta contra el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, la misma que fue declarada improcedente en abril pasado.

Sobre el delito de instigador del delito de atentado contra la conservación e identidad de objeto, para la secretaría técnica del grupo de trabajo «existirían indicios razonables que el denunciado Pedro Chávarry habría instigado a que su ex asesora Rosa Venegas incurra en la comisión del delito denunciado.

Este argumento lo sustenta y sostiene la fiscalía de la Nación denunciante, motivo por el cual debe declararse la procedencia en este extremo y ser investigado el presunto ilícito penal».

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El video demuestra las reuniones que mantuvieron ambos y que fueron registradas por las autoridades judiciales y que además incluyen a influyentes miembros del entonces Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que nombraba y destituía jueces y fiscales.

En los videos se puede observar a Pedro Chávarry saliendo de la casa de César Hinostroza en horas de la noche. «Video confirma amistad tantas veces negada. Pedro Chávarry saliendo de una reunión de «hermanitos» en casa de César Hinostroza. Esta noche solo en @PanoramaPTV», dice la sumilla del video.

Incluso, aparece la esposa de Hinostroza quien acude a despedir amablemente a Chávarry al término de una cena en honor al entonces presidente del CNM, Orlando Velásquez.  

También, se aparece Hinostroza despidiendo a otras personas como el exconsejero del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Marcelo Gerber, el expresidente del CNM, Orlando Velásquez, el asesor de Velásquez, Pablo Morales y Agustín López de la fiscalía provincial de Huaura. 

Como se recuerda, en los audios que se filtraron hace un año, se encuentra una conversación entre Pedro Chávarry y César Hinostroza.

César Hinostroza llama a Pedro Chávarry para coordinar reunión porque “el amigo de Paseo de la República” (donde se ubica el CNM), quería “ver un tema”.

César Hinostroza (CH): Aló.

Pedro Chávarry (PCH): Aló, hermano, ¿qué tal? Buenos días.

CH: dime, Gonzalito.

PCH: Hermano, ayer estuve con el amigo de Paseo de la República.

CH: Ya.

PCH: Ya, y dice qye tenía que darme un dato..

CH: Quiere reunirse con nosotros, contigo y conmigo.

PCH: Ya, pues (ininteligible)

CH: Para un tema, digamos, que no tiene nada que ver con tus proyectos y que de todas maneras él quiere que… podrías atenderle, ¿no?

PCH: Ya, ya, pues, pero dime tú cuándo…

CH: Entonces, ¿dónde sería, pues?

PCH: ¿Es urgente?

CH: Hay que buscar seguridad.

PCH: Porque esta semana tú sabes que somo con las actividades del Ministerio Público.

CH: Ya, entonces, mira, yo lo voy a llamar para decirle si es a partir del lunes de la otra semana.

PCH: Hermano, y es más, si puede ser el sábado al mediodía o sino la próxima semana, pues.

CH: Ah ya, perfecto. Te devuelvo la llamada más tarde.

PCH: Ya, hermanito, quedamos.

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El jefe del Estado anunció la decisión en mensaje a la Nación emitido en Palacio de Gobierno en compañía del Gabinete de Ministros y de los miembros de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR).

Dijo que, poniendo cono testigos a todos los peruanos, respetando el sistema democrático y en estricto cumplimiento de las facultades que la Constitución confiere, el gobierno decidió presentar la cuestión de confianza respecto a políticas de estado de fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción que se manifiestan en la aprobación de cinco proyectos, sin vulnerar su esencia.

«Iremos en esta lucha, hasta las últimas consecuencias, por ello poniendo como testigo a todos los peruanos, respetando el sistema democrático y en estricto cumplimiento de las normas, el gobierno ha decidido presentar cuestión de confianza, respecto a las políticas de Estado institucional y lucha contra la corrupción», explicó.

Como se recuerda, los proyectos en mención plantean cambios a la inmunidad parlamentaria, impedir a los sentenciados ser candidatos, permitir a la población participar en la selección de candidatos en elecciones internas, eliminar el voto preferencial, garantizar la participación política de las mujeres con paridad y alternancia, así como prohibir el «dinero sucio» en campaña.

Critica al Congreso

En otro momento, Martín Vizcarra, dijo que el Congreso «viene lastimosamente protagonizando un descarado blindaje» y remarcó que pese a todos los indicios que exigían iniciar una investigación en los fueros correspondiente, la mayoría congresal archivó las denuncias contra el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

«Comparto la indignación..Ante semejante boicot en la lucha anticorrupción, el gobierno y la ciudadanía expresan su preocupación. Una mayoría parlamentario sigue dándole la espalda a los ciudadanos y al Perú, ¿hasta donde quieren llegar?», se preguntó.

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La Comisión Permanente del Congreso, controlada por el fujimorismo, no ratificó la recomendación de acusar a Pedro Chávarry, por el delito de presunta organización criminal por el caso ‘Los cuellos blancos del puerto’, previsto en el artículo 317 del Código Penal.

En este tema el aprista Mauricio Mulder se abstuvo en un inicio, pero, posteriormente, cambió su voto favoreciendo al extitular del Ministerio Público.

Con 15 votos en contra y 10 a favor, el grupo de trabajo decidió también no destituir ni suspender ni inhabilitar por 10 años de la función pública al extitular del Ministerio Público por supuestas infracciones a los artículos 39, 41, 43 y 158 de la Constitución Política.

Con el apoyo de los parlamentarios de Fuerza Popular y el Apra, la Comisión Permanente no aprobó acusar a Pedro Chávarry por el delito de encubrimiento personal, pero sí por supuesto encubrimiento real con 12 a favor, 9 en contra y 2 abstenciones.

De igual forma, votó por el archivamiento de la denuncia constitucional contra el exfiscal de la Nación por presunta infracción a los artículos 139.3, 146.2 y 159.2 de la Carta Magna.

El pasado 17 de mayo, el parlamentario Juan Sheput presentó el informe final sobre las denuncias en contra del fiscal supremo Pedro Chávarry cuando ocupaba el cargo de titular del Ministerio Público.

Caso Tomás Gálvez

La Comisión Permanente también rechazó acusar al fiscal supremo Tomás Gálvez por el delito de organización criminal, así como por el delito de tráfico de influencias previsto en el artículo 400 del Código Penal.

El grupo de trabajo tampoco aprobó acusarlo por el delito de omisión de denuncia ni por infracción al artículo 158 de la Constitución, ni inhabilitarlo por 10 años.

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Por amplia mayoría, los legisladores integrantes de este grupo de trabajo pidieron que se investigue al ahora fiscal supremo. Pablo Sánchez tenía a su cargo la investigación contra el exmagistrado César Hinostroza como el presunto cabecilla de la organización delictiva ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

En un principio la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales había votado por declarar improcedente la denuncia con Pablo Sánchez; sin embargo, un informe elaborado por el dominical Panorama replanteó la propuesta. El un reportaje explicaba que César Hinostroza contaba con una orden de videovigilancia, además de su impedimento de salida del país, cuando se fugo por la frontera de Perú y Ecuador a España.

César Hinoztroza se fugó el 7 de octrubre de 2018 y el Gobierno informó este hecho el 17 de octubre del mismo año, cuando el magistrado ya se enconraba en España. «Hoy no queda duda de que si el fiscal supremo había solicitado la vigilancia y era informado constantemente. Hay responsabilidad del fiscal a cargo de la investigación. Ahora vamos a ver los blindadores de Pablo Sánchez», dijo la congresista Karina Beteta.

REACCIONES

A este pedido se sumó la legisladora Karina Beteta, quien aseguró que existen nuevos indicios para que esta denuncia sea devuelta al grupo de trabajo y se incluya al titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, César Villanueva y al ministro de Justicia, Vicente Zeballos.

“Me sumo y sustento la cuestión previa que ha planteado el colega Juan Carlos del Águila. Este Congreso no puede ser ajeno a una realidad. Todo el pueblo peruano se ha indignado por la forma tan vil como se ha escapado César Hinostroza cuando tenía un pedido por parte del entonces fiscal a cargo de la investigación, Pablo Sánchez”, dijo.

Yeni Vilcatoma también respaldó la solicitud e incluso señaló que la denuncia debía ser ampliada para considerar también al presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva. Agregó que presentará un pedido de interpelación contra este por presuntamente no haber informado sobre la videovigilancia solicitada contra Cesar Hinostroza.

De parte de Peruanos por el Kambio, Mercedes Araoz aseguró que no hay temor desde el Ejecutivo para que se investiguen presuntas responsabilidades por la fuga de César Hinostroza tras recordar que el Gobierno asumió su responsabilidad con la renuncia del ex ministro del

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La medida fue dictada por la Segunda Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y según la resolución, dicha fiscalía dispuso que la investigación tenga un plazo de 120 días.

Asimismo, refiere que la presunta comisión del delito de abuso de autoridad, para ambos magistrados, está previsto en el artículo 376 del Código Penal.

Dicho artículo señala que aquel funcionario público que, abusando de sus atribuciones, comete u ordena un acto arbitrario que cause perjuicio a alguien, será reprimido con pena privativa de libertad “no mayor de tres años”.

En tal sentido, agrega la resolución, se le otorgan cinco días hábiles para que José Domingo Pérez Gómez y Richard Concepción Carhuancho presenten un informe de descargo respecto a la comisión del referido delito.

Esta medida no contrasta con otra investigación que involucra también al exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, por la supuesta sustracción de documentos lacrados.

Rechazo a ciertos delitos

La resolución agrega que se rechazó de plano la denuncia penal interpuesta por el exfiscal Pedro Chávarry contra Pérez, por el delito de violencia contra la autoridad y prevaricato.

De igual modo, también se rechazó la denuncia contra Concepción Carhuancho por el delito de prevaricato.

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El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria ordenó impedimento de salida del país por nueve meses contra Pedro Chávarry, presuntamente por la sustracción de documentos de unas oficinas lacradas que habían sido allanadas por el fiscal José Domingo Pérez.

El tribunal, a cargo del magistrado Hugo Núñez Julca, precisó que Chávarry es investigado por los presuntos delitos de encubrimiento real y otros.

Pedro Chávarry en zona lacrada

El pasado 5 de enero fue vulnerado el lacrado de la oficina de Juan Manuel Duarte, quien fuera asesor del exfiscal de la Nación Pedro Chávarry.

En las imágenes, se ha podido reconocer que este último se encontraba en su despacho y que acompañó a su personal tras el hecho.

Incluso la declaración de uno de sus custodios de seguridad señalaba que Pedro Chávarry dio la orden para la sustracción de documentos de la zona lacrada del Ministerio Público.

Así lo dio a conocer el diario El Comercio, que ha difundido las imágenes de las cámaras de seguridad en las que aparece Pedro Chávarry llegando al noveno piso del Ministerio Público en compañía de uno de los policías investigados por el deslacrado.

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La magistrada suprema reemplaza en el cargo al renunciante Pedro Chávarry, cuestionado por su falta de independencia en el Ministerio Público y bloquear la labor de los fiscales del caso Odebrecht y Lava Jato.

En conferencia de prensa, Zoraida Ávalos señaló que asume con coraje y valentía el reto de conducir el Ministerio Público en una circunstancia difícil y compleja, en aras de salvaguardar el trabajo honesto y responsable de muchos fiscales.

“Afrontaré de forma cabal y sin tregua la lucha contra la corrupción. Para ese cometido es indispensable que el Ministerio Público se conduzca con autonomía”, enfatizó al referir que toda injerencia afecta la función institucional y la moral interna del personal.

“Dada la situación tan difícil que afronta nuestra institución y hasta que la Junta Nacional de Justicia se instale, dispongo declarar en emergencia el Ministerio Público”, puntualizó.

Respaldo a fiscalías

Con ese fin, subrayó, adoptará un conjunto de medidas, entre ellas el apoyo al Equipo Especial Lava Jato, la Fiscalía Provincial Especializada contra el Crimen Organizada del Callao y la Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos.

Tras precisar que ello no significa que se descuidarán los requerimientos de otras fiscalías, adelantó que brindarán apoyo logístico y de personal para los casos CNM audios y Cuellos Blancos del Puerto.

“Se formará un equipo especializado para la escucha de audios aún no transcritos para identificar qué funcionarios de la administración de justicia están inmersos en redes de corrupción”, añadió.

Asimismo, sostuvo que fortalecerá el área de prevención de la Fiscalía Suprema de Control Interno y las oficinas desconcentradas a través de visitas inopinadas.

Ley de Carrera Fiscal

Además, Zoraida Ávalos informó que presentará un proyecto de modificación de la ley de carrera fiscal para ser más drásticos en las medidas impuestas a fiscales que hayan incurrido en actos de corrupción.

En otro momento, anunció que elaborará un diagnóstico del estado actual de las fiscalías especializadas en violencia contra la mujer y presentará un proyecto sustitutorio de la gestión anterior sobre la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Recordó que la ley orgánica data de 1981 y se requiere una normativa moderna que permita cumplir a los fiscales su tarea como defensores de la legalidad.

“La crisis es una oportunidad de cambio real y sustantivo. Exhorto a todos los integrantes del Ministerio Público a que realicemos un trabajo juntos, en esta difícil pero no imposible tarea”, remarcó Ávalos.

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Por ser el fiscal de mayor edad le correspondía al fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde asumir como Fiscal de la Nación, pero éste declinó a favor de la magistrada suprema Zoraida Ávalos.

La renuncia de Pedro Chávarry se produce justo cuando los fiscales del caso Lava Jato Rafael Vela y Domingo Pérez hicieron una grave denuncia  por el ingreso no autorizado a una oficina lactada de uno de sus asesores.

La oficina corresponde a Juan Manuel Duarte Castro quien es investigado por tener en su poder expedientes sobre Keiko Fujimori y otros elementos probatorios de dicho caso.

Perfil de Zoraida Ávalos

Zoraida Ávalos Rivera, ahora de 62 años, es fiscal suprema titular desde el 18 de diciembre de 2013.

Su carrera como magistrada del Ministerio Público empezó en junio de 1984, cuando juró como fiscal adjunta provincial provisional de Loreto. Posteriormente, pasaría por los distritos judiciales de Lima, San Martín, Ucayali y Chosica.

En mayo de 1994, luego de diez años como provisional, pasó a ser fiscal superior titular de Lima.

En enero de 2002, trabajó en la Primera Fiscalía Superior en lo Civil y en febrero de 2008, se la designó como fiscal suprema provisional de la Fiscalía Suprema Transitoria en lo Civil. Al siguiente año, también como fiscal suprema provisional, entró a la Fiscalía Suprema en lo Contencioso Administrativo. Para octubre de 2011, fue ratificada.

Como fiscal suprema titular, Ávalos ha estado a cargo de la Fiscalía Suprema Transitoria en lo Contencioso Administrativo (de enero a mayo de 2014), la Fiscalía Suprema en lo Civil (de mayo de 2014 a agosto de 2018) y de la Fiscalía Suprema de Control Interno (desde el 22 de agosto de 2018 hasta la actualidad).

Carrera en el Estado

De acuerdo con la hoja de vida que entregó al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y con datos comparados de la Superintendencia Nacional de Educación (Sunedu), Ávalos cuenta con el título de abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

El portal de la Sunedu no precisa la fecha de esta licenciatura. En el documento que Ávalos presentó al CNM, especifica que sus estudios universitarios de Derecho y Ciencia Política iniciaron en 1974 y terminaron en 1979. Su colegiatura, ante el Colegio de Abogados de Lima, es vigente desde el 22 de enero de 1981.

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Como se recuerda, anoche el fiscal Superior, Rafael Vela, reveló que a través de cámaras de seguridad detectaron un ingreso irregular a la oficina del también asesor de  Juan Manuel Duarte Castro, lacrada por el fiscal José Domingo Pérez.

La Fiscalía investiga a Duarte Castro por guardar documentación relacionada a varios casos, como el de Keiko Fujimori y otros, así como información reservada.

Versión policial sobre asesora

Según la DIVIAC, en el video entregado por la Oficina de Seguridad del Ministerio Público se observó «movimientos inusuales y sospechosos» de parte del personal de la PNP.

Uno de estos realizó la manipulación «con sus manos» de los precintos de seguridad y lacrado de la oficina de Duarte para que Venegas abra la puerta con una llave y retire una caja. El retiro de documentos se repitió hasta en tres oportunidades.

Posteriormente, el mismo efectivo policial vuelve a realizar la manipulación del rotulado y lacrado con sus propias manos, mientras que otro agente se encargó de distraer al personal civil que prestaba servicios de seguridad al interior del Ministerio Público.

La información obtenida desde la PNP da cuenta que una mujer vigilante, al percatarse de estos movimientos sospechosos, le pregunta a este último agente lo que estaba ocurriendo y como respuesta obtuvo que cumplían «órdenes superiores de parte del fiscal de la Nación».

Tras la visualización del material, el personal de la DIVIAC logró identificar a estos efectivos policiales como los que laboran en el Departamento de Protección de Personalidades y Funcionarios que estuvieron involucrados en estos actos.

• Juan Víctor Arias Contreras, contuvo y distrajo al personal DIVIAC.
• James Duran Rodríguez Zavaleta, manipuló los precintos de seguridad del lacrado de la puerta de la oficina del asesor Juan Manuel Duarte Castro.
• Hugo Gerardo Robles Chiong, distractor del personal civil de seguridad del Ministerio Público.
• Rosa María Mercedes Venegas Mello, asesora del fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry, ingresó con llave a la oficina y sustrajo documentos.
• Rafael Arturo Rivera Fernández, Donald Kelvin Portocarrero Del Águila y Mary Elena Yantas Galarza, personal civil de empresa de seguridad en el interior del Ministerio Público.

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