Durante una jornada informativa con medios de comunicación para dar su balance de gestión del control gubernamental en el 2021, se informó que con los informes de control posterior, bajo la modalidad de Auditorías de Cumplimiento (AC) y Servicios de Control Específico (SCE), se examinaron recursos públicos por S/ 18 606 millones, de los cuales se realizaron observaciones al manejo de S/ 5954 millones y se determinó un perjuicio económico de S/ 2502 millones.

“Con el control posterior (Auditorías de Cumplimiento y Servicios de Control Específico) hemos determinado numerosos hechos irregulares en las entidades públicas y presunta responsabilidad administrativa, civil y/o penal en 7740 funcionarios y servidores públicos. En total hemos identificado 15 526 responsabilidades, de las cuales 8514 son administrativas, 3706 son civil y 3306 son de índole penal”, subrayó.

Entre los casos emblemáticos de mayor impacto realizados en el 2021 figura el perjuicio de más de S/ 1100 millones en la refinería de Talara debido a la demora en la ejecución de las obras de la Unidades Técnicas y Trabajos Complementarios; los “pagos fantasmas” por más de S/ 36 millones en municipalidades y gobiernos regionales; las demoras en obras relevantes como el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón en Puno o la autopista Pimente – Chiclayo de Provías Nacional, entre otros.

Shack Yalta indicó que el año pasado se concluyeron 35 823 informes de control gubernamental, de los cuales 22 182 corresponden al control simultáneo, con el que se alertaron situaciones adversas a los gestores públicos, y 13 472 son de control posterior, que identifican irregularidades y a sus responsables.

Los informes de control simultáneo permitieron detectar un total de 36 742 situaciones adversas en diversas entidades públicas y el 49% (17 995 situaciones adversas) se detectaron gracias a la modalidad de control concurrente que ejecuta la Contraloría, con la cual se brinda un acompañamiento a las intervenciones públicas.

Sin embargo, el titular de la Contraloría lamentó que en el 53% (19 484) de situaciones adversas detectadas no se han tomado acciones preventivas o correctivas por parte de los gestores públicos, mientras que en el 37% (13 535) si se tomaron acciones para resolverlas o están en proceso de concretarse.

Por nivel de gobierno, la mayor cantidad de situaciones adversas sin acciones correctivas se aprecian en los gobiernos locales con un total de 13 418, lo que significa el 60% del total de situaciones detectadas en dicho nivel (22 395); le siguen los gobiernos regionales con 55% (3146) del total (5725) y a nivel del gobierno nacional se tiene el 34% de situaciones sin acción alguna.

Agenda 2022

Con miras a la labor de la Contraloría en el 2022, Shack anunció que se tiene previsto realizar 35 735 servicios de control, de los cuales 19 184 son de control posterior, 16 454 son de control simultáneo, y 97 de control previo.

Muchos de esos servicios de control se ejecutarán como parte de diversos operativos sectoriales a nivel nacional, tales como: “Buen Inicio del Año Escolar 2022”, “Prestación del servicio de Limpieza Pública en municipalidades”, “Empresas de Saneamiento”, “Universidades Públicas”, “Empresas de Gestión Eléctrica” y “Supervisión de gastos en consultorías”.

A estos se suma la labor de control que se realizará en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2022 y los 12 Megaoperativos de Control a desarrollarse en las regiones de Pasco, Madre de Dios, Arequipa, Junín, Cusco, Lima Metropolitana, Tacna, Apurímac, Moquegua, Huancavelica, San Martín y Lima Provincias.

Otro hito importante en el control gubernamental del 2022 será la ejecución de las Auditorias de Cumplimiento y de Desempeño a procesos misionales del Estado, con las que se verificará el cumplimiento normativo, así como la gestión eficiente de los recursos públicos. Además, se realizarán “Auditorías a las personas”, que incluyen a los funcionarios claves en la gestión pública nacional.

También se realizará un operativo de control a funcionarios claves en la gestión pública. Una alerta de control, como resultado de la interoperatibilidad en el análisis de información y comportamientos que analizan los equipos de control, ha detectado que se habría favorecido a autoridades, funcionarios y familiares con contrataciones irregulares con el Estado. Al respecto, Shack mencionó que en el período 2019-2021 se ha detectado que 94 autoridades del gobierno nacional, regional y local y/o sus parientes habrían contratado con el Estado pese a estar impedidos por la Ley de Contrataciones.

“Estos actos irregulares, que serán auditados, representan 294 procesos de contratación por un importe de S/ 561.9 millones de recursos públicos en obras y servicios adjudicados”, anotó.

Investigaciones en curso

El Contralor General también se refirió a las investigaciones en curso, entre ellas el registro y publicación de la agenda de actividades y visitas del Despacho Presidencial, y adelantó que en las próximas semanas se emitirán los informes de control posterior respectivos.

Asimismo, manifestó que en el transcurso del mes de marzo se conocerán los resultados de los servicios de control relacionados a la compra de biocombustible de Petroperú y combustible por parte de la Fuerza Aérea del Perú, así como las designaciones en PerúPetro y las licitaciones realizadas por Provías Nacional.

Finalmente, hizo un llamado al Congreso de la República para aprobar el proyecto de ley enviado por la Contraloría para establecer requisitos mínimos para la designación de funcionarios públicos. Adelantó que en relación a las designaciones en PerúPetro, ya la Contraloría acreditó una comisión de control, y entre hoy y mañana se acreditará una comisión de control ante la Procuraduría General y el Ministerio de Justicia para la recopilación de información y revisión de los antecedentes sobre las designaciones de funcionarios. 

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Astrid Geraldine LL, llevaba entre sus pertenencias una (1) memoria micro chip, mientras que Carlos Alberto JS, se le encontró dos (2) chips telefónicos.

Ambos jóvenes iban a dejar víveres para el economato del interno Porfirio Coronel Lacerna, recluido en el pabellón D – Régimen Cerrado Ordinario.

Los intervenidos fueron puestos a disposición de la Policía Nacional para las investigaciones de ley.

El INPE recuerda que se encuentra vigente la Ley 29867, la cual penaliza hasta con 20 años de prisión el ingreso de objetos prohibidos a los establecimientos penitenciarios del país.

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Keiko Fujimori salió esta mañana de la carceleta del Poder Judicial custodiada por policías y enmarrocada, luego fue ingresada a un vehículo del INPE para su traslado al penal.

Con el rostro desencajado y cargando una mochila y una colcha, fue captada por las cámaras de Canal N, esa fue la última vez que fue captada por las cámaras pues su ingreso al recinto carcelario fue dentro de la unidad del INPE.

Ayer el juez Víctor Zúñiga Urday, tras una larga audiencia -desde las 9 de la mañana-, anunció su decisión sobre el pedido de prisión preventiva que presentó el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato.

Keiko Fujimori, se pronunció luego que el juez Víctor Zúñiga ordenó la medida tras nuevos indicios entregados por el Ministerio Público.

Dijo que se le envía injustamente a prisión pese a que el Tribunal Constitucional (TC) se pronunció por su libertad, por ello incluso anunció que recurrirá a organismos internacionales.

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Esta vez la ministra de Justicia, Ana Teresa Revilla Vergara, afirmó que se debe investigar si el expresidente Alberto Fujimori ingresó un teléfono celular al penal de Barbadillo para coordinar la candidatura al Congreso de un dirigente puneño.

«El señor Fujimori tiene, efectivamente, un teléfono en la prisión desde el cual se puede comunicar externamente como los prisioneros, lo que hay que investigar es si ingresó o no un teléfono celular, eso es lo que se tiene que investigar», dijo a Peru21.

Además Ana Teresa Revilla dijo que debe investigarse las visitas de tema político a Alberto Fujimori, quien cumple una condena de 25 años, ya que la participación política de un preso está prohibida.

«Normalmente personas privadas de su libertad tiene derecho a ser visitadas, pero hay que ver cuál es el margen para que, efectivamente, pueda entrar a visitar cualquier persona», indicó.

La ministra respondió además sobre un eventual cambio de régimen más restringido para el padre de Keiko Fujimori y aseguró que esperará al pronunciamiento del Instituto Nacional Penitenciario de Perú (INPE).

«Una vez que se lee el procedimiento, ahí se va a poder dar solución o ver qué es lo que procede, no se puede actuar de inmediato sancionando a alguien», manifestó Ana Teresa Revilla y no descartó alguna responsabilidad del INPE en esta caso.

A Fujimori incluso se le podría dar un aislamiento preventivo y un riguroso control de visitas e ingreso de víveres o elementos de limpieza de confirmarse que ingresó un celular al penal señalaron fuentes penitenciarias de este portal.

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La lideresa de Fuerza Popular permaneció durante más de 13 meses en prisión y finalmente anoche salió en libertad gracias a un hábeas corpus que el Tribunal Constitucional (TC) aceptó como legal.

Esta mañana Keiko Fujimori expresó en sus redes sociales: «Doy gracias a Dios y a la vida por esta nueva oportunidad». Además aparece sonriente con sus hijas y su esposo.

Justamente la liberación de Keiko Fujimori coincidió con el cumpleaños de una de sus hijas que cumplía 12 años, quien aparece en la foto con una torta.

La ex candidata presidencial fue enviada a prisión preventiva el 31 de octubre de 2018. La justicia la acusó entonces de haber obstruido las investigaciones de la fiscalía anticorrupción sobre los aportes millonarios que había recibido presuntamente de la constructora Odebrecht para su campaña.

Los simpatizantes la recibieron con arengas de «Keiko Libertad» y «Keiko presidente», en medio de gritos de euforia y aplausos.

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Como se recuerda el Tribunal Constitucional (TC) dispuso la excarcelación de Keiko Fujimori, en virtud de un hábeas corpus que presentó su hermana Sachie Fujimori y que fue sustentado por su abogada.

No obstante, la excongresista continuará siendo investigada por la presunta recepción de dinero ilícito para sus campañas electorales del 2011 y 2016, cuando postuló a la presidencia del Perú.

En breves declaraciones a los periodistas, Keiko Fujimori sostuvo que el TC corrigió un gran daño, producto de un proceso que la mantuvo en prisión injustamente.

“El Tribunal Constitucional ha corregido un gran daño en un proceso lleno de abuso. Me corresponde seguir enfrentando la investigación y seguir colaborando con la justicia», indicó.

Añadió que en esos casi 400 días tuvo la oportunidad de reflexionar y darse cuenta que he podido hacer mejor.

«Salgo del penal anexo de Chorrillos para ayudar a miles de hombres y mujeres que están en las cárceles sin sentencia. Me voy a tomar un tiempo para reencontrarme con mi familia y recuperar mi salud y decidiré que haré en esta etapa de mi vida», explicó.

Por ello, la lideresa de Fuerza Popular invoco a sus opositores políticas a dejar de lado los odios y a trabajar juntos” por el bien del país.

Asimismo la ex candidata presidencial expresó su fe en Dios a quien agradeció por recuperar su libertad. «Es el momento más doloroso de mi vida, quiero dar gracias a Dios por haberme dado fuerzas para resistir», indicó.

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La requisa que ejecutada por agentes de la División de Alta Complejidad de la Policía Nacional, se cumplió pasada la medianoche, a fin de encontrar elementos que indiquen la supuesta planificación del atentado, que estaría encabezado por un interno involucrado en el delito de sicariato.

Durante la requisa, los representantes del Ministerio Público encontraron libretas con números telefónicos y un cargador de celular, los cuales fueron incautados con el acta respectiva.

En las diligencias participaron los fiscales Juan Carrasco Millones, Luis Jaramillo Cubas y Paolo Bazán Mezarina, así como policías de alta complejidad.

En las siguientes horas, se procederá al análisis de los documentos incautados para determinar si existe alguna relación con el posible atentado.

Señalan al Zurdo

“Tomamos conocimiento que posiblemente el interno conocido como “El Zurdo o Serrano”, investigado por el asesinato del auditor de la Sunat, Luis Cieza Herrera; estaría planificado el asesinato del fiscal Germán Montero Ugaz, tal y como lo señalan los informes de la Policía Nacional”, señaló el fiscal Juan Carrasco Millones, titular de la Fecor.

Los representantes del Ministerio Público y la Diviac procedieron a la revisión de cuatro celdas; entre ellas, la del “Zurdo”, encontrando manuscritos con números telefónicos y un cargador de celular, los cuales fueron incautados con el acta respectiva.

En las siguientes horas se procederá al análisis de los documentos incautados a fin de determinar si existe alguna relación con el posible atentado.

Como se recuerda, el 8 de diciembre del año 2016, Fulgencio Rivera Maza (a) “El Zurdo”, fue recluido en el penal de Chiclayo, junto a Alexander Siesquén Sampén (a) “Cojo”, supuestos integrantes de la banda criminal “La Hermandad del Norte” y por haber tenido participación en el crimen del auditor de la Sunat, Luis Cieza Herrera.

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Así lo dispone el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en respuesta al requerimiento que hizo el Poder Judicial, tras una pericia médica que señala que el expresidente está estable.

En una comunicación a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, precisa que en este centro penal hay un servicio de salud a cargo de un médico general y de tres técnicas en enfermería, con turno de 24 por 48 horas.

El centro de salud, además, cuenta con una cama clínica y una camilla, así como un vehículo multiusos para eventuales traslados a un centro asistencial a fin de que reciba atención especializada.

“Es necesario indicar, como es de público conocimiento, que Alberto Fujimori Fujimori estuvo privado de su libertad entre los años 2007 y 2017 en este mismo establecimiento penitenciario”, señala el documento.

Vía legal en caso de Alberto Fujimori

Precisa también que cuando una persona es detenida por un mandato judicial, es conducida por la Policía Nacional al Establecimiento Transitorio de Procesados del INPE, conocido como carceleta, donde es evaluado por la Junta Técnica de Clasificación integrada por un abogado, un psicólogo y un trabajador social.

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema envió ayer lunes un oficio al INPE para que señale, en un plazo de 48 horas, el establecimiento penal en el que Alberto Fujimori continuará con su tratamiento ambulatorio.

Formuló el pedido luego de que una junta médica estableció que la salud de Alberto Fujimori, internado por más de 100 días en la Clínica Centenario, es estable.

Alberto Fujimori fue sentenciado a 25 años de prisión por el caso La Cantuta y Barrios Altos. Recibió un indulto humanitario del expresidente Pedro Pablo Kuczynski el 24 de diciembre de 2017, medida que fue declarada nula por el Poder Judicial.

La La Sala Penal Especial de la Corte Suprema debe resolver la apelación presentada por la defensa del expresidente al fallo que revoca el indulto humanitario.

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De acuerdo con una resolución judicial de la Sala Penal Especial, la junta médica del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público determinó que Alberto Fujimori “se encuentra en condiciones estables”.

“Al momento de la evaluación, el paciente se encuentra en condiciones estables, por lo que podría recibir tratamiento en forma ambulatoria, teniendo en cuenta además que disminuiría el riesgo de comorbilidades intranosocomiales por estancia prolongada”, concluyeron los médicos de acuerdo con la resolución.

El ex mandatario, quien se encuentra internado en la clínica Centenario de Pueblo Libre desde hace más de cien días, fue llevado a dicho centro de salud desde que el Poder Judicial anuló los efectos del indulto humanitario.

El indulto para Alberto Fujimori

Alberto Fujimori se benefició con un polémico indulto del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski en diciembre del 2017, el mismo que fue cuestionado.

Según la resolución conocida el viernes por la noche, el ex mandatario se encuentra estable y puede recibir un tratamiento de forma ambulatoria.

Asimismo, el documento precisa que los médicos que evaluaron al sentenciado ex jefe del Estado (1990-2000) indicaron que si Alberto Fujimori cumple una serie de condiciones, este puede retornar a un centro penitenciario.

Notificación al INPE

La resolución también dispone comunicar al INPE los resultados del informe de la junta médica del Instituto de Medicina Legal.

Además, le solicitan que indique a qué establecimiento penitenciario puede ser enviado el expresidente Fujimori, quien ya lleva más de 100 días internado en una clínica de Pueblo Libre, tras la anulación de su indulto.

“(Se dispone) Poner en conocimiento del INPE el precitado certificado médico; y, con vista de aquel y del informe cardiológico expedido por el Dr. Jorge Bravo Manucci, que emita en el término del segundo día un informe en el que indique en cuál de los establecimientos penitenciarios que cumplen las condiciones requeridas podrá ser internado el señor Alberto Fujimori”, dice un documento.

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Luego de que el Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori, el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) dispuso el traslado de la lideresa de Fuerza Popular al penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.

De esta manera, la lideresa de Fuerza Popular, debe cumplir la orden de 36 meses (tres años) de prisión preventiva que dictó el juez Richard Concepción Carhuancho.

Según diversas fuentes, Keiko Fujimori permanece en un ambiente unipersonal, con enseres básicos y no tiene comunicación con otras internas.

Trascendió que fue clasificada de forma similar al caso de Nadine Heredia, exprimera dama de la Nación y esposa de Ollanta Humala.

NOTA PREVIA

Luego de la medida dictada, Keiko Fujimori pasó la noche en la carceleta de Palacio de Justicia.

Fuentes del Inpe no descartaron que Fujimori ocupará un ambiente especial del penal de mujeres de Chorrillos, similar en el que se recluyó a la ex primera dama Nadine Heredia.

Anoche acudieron a la carceleta judicial, la abogada Guliana Loza, así como los congresistas Miguel Torres y Úrsula Letona.

Letona se mostró indignada por la decisión judicial y dijo que el fiscal José Domingo Pérez hace política.

Como se recuerda, el juez Richard Concepción Carhuancho. declaró fundado el pedido de la Fiscalía de 36 meses de prisión.

Fujimori está siendo investigada por el delito de lavado de activos. En los exteriores de la Sala Penal Nacional se encuentraban los simpatizantes de Keiko Fujimori apoyándola.

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“Estoy convencido que con el liderazgo que ha tenido la ministra de Justicia y el presidente del INPE, junto con el alcalde y la comunidad, hoy el penal se convierte en una oportunidad. Una oportunidad para que las autoridades miren y sobre todo trabajen para el desarrollo económico y social de Cochamarca”, aseguró.durante el acto ceremonial.

Además, el premier sostuvo ante los pobladores de la comunidad campesina de Cochamarca, que no deben temer por la cercanía del penal, pues es un establecimiento seguro y además viene acompañado de desarrollo, a través de un centro técnico productivo (CETPRO) que ofrecerá diversas especialidades para que los reclusos puedan desarrollarse en áreas técnicas con talleres equipados y también un centro de educación básica alternativa (CEBA) que permitirá que los internos que no han culminado sus estudios de educación básica regular, tengan la oportunidad de hacerlo.

Cabe mencionar que el penal de Cochamarca – de acuerdo a los datos otorgados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – albergará inicialmente 224 internos que proceden del establecimiento penitenciario de Cerro de Pasco y que fueron trasladados con el propósito de reducir los niveles de hacinamiento en el recinto carcelario de origen.

El referido establecimiento penitenciario tiene capacidad para albergar a 1,224 personas. En su construcción e implementación se ha tenido en cuenta la rehabilitación de los internos, por lo que se han instalado diversos talleres de trabajo.

Del mismo modo, la prisión cuenta con diversos talleres de trabajo de carpintería, zapatería, artesanía y confección, en dónde los presos podrán aprender, laborar y posteriormente vender su producción, lo que les ayudará a auto sostenerse y tener la posibilidad de emprender una actividad empresarial.

El jefe del Gabinete Ministerial realizó la visita al penal de Cochamarca junto con la titular de Justicia y Derechos Humanos, Maria Soledad Pérez Tello, y el presidente del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Carlos Vásquez Ganoza;.

Foto: Presidencia del Consejo de Ministros.

Por: Luis Miguel Guerrero.

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El ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, expresó este domingo esa posición en declaraciones a los medios bolivianos sobre la situación de Belaunde, exasesor del presidente de Perú, Ollanta Humala y que está acusado de presuntos actos de corrupción en su país.

«Ojalá que la Justicia peruana pida a su similar de Bolivia la revocatoria de la detención domiciliaria de Martín Belaunde Lossio y pida la detención preventiva en un recinto penitenciario», dijo Moldiz.

Según el ministro boliviano, Belaunde debe estar en una cárcel «que es donde mejor va estar hasta el día en que tenga que irse, porque siempre hay la posibilidad de la fuga».

Belaunde se encuentra bajo detención domiciliaria en una casa de sus familiares bolivianos en La Paz, por una decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia. Ese tribunal ha fijado el 21 de mayo como plazo para la vigencia de esa medida mientras Perú tramita la extradición del empresario.

Moldiz reconoció que la situación del peruano «es complicada» y que él como ministro está deseoso de que su país salga de una vez de este problema por el camino que sea y en el marco de la ley.

Comentó que para Bolivia la vía más rápida es tomar una decisión administrativa que consiste en poner en la frontera a Belaunde porque ingresó irregularmente a territorio boliviano, pero a la vez está en curso la petición de extradición hecha por Perú.

Asimismo, reiteró que es necesario «compatibilizar» los tiempos de la actuación judicial y de las medidas administrativas para que Belaunde responda en Perú por los delitos de los que se le acusa.

La Comisión Nacional del Refugiado (Conare) de Bolivia rechazó dos veces, la segunda de forma definitiva, la petición de Belaunde de refugio al considerar que no probó ser un perseguido político.

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