Así lo dio a conocer el contralor Nelson Shack Yalta durante su intervención ante la Comisión Investigadora Multipartidaria del Congreso, encargada de investigar las presuntas irregularidades y posibles actos de corrupción en el Gobierno Regional del Callao.

Detalló que los perjuicios económicos evidenciados en las Unidades Ejecutoras son: Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao (6´000,000), Hospital de Ventanilla (3’620,384), Gobierno Regional del Callao (141’772,521), Dirección Regional de Educación del Callao (7’302,711), Dirección Regional de Salud I Callao (469,859), Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión (2’338,887) y Hospital San José (13,802).

Detalló además que en el periodo 2011-2018, se halló responsabilidad penal, civil y administrativa en 250 funcionarios de estas unidades del primer puerto.

Evaluación de Declaraciones Juradas

Recordó que ya ha dispuesto la evaluación de las Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas de todos los Jefes de los Órganos de Control Institucional (OCI) de la Región Callao, tanto de los recientemente nombrados como de los salientes.

Asimismo, indicó que se ha realizado un cambio integral en las Jefaturas de los Órganos de Control Institucional (OCI) de las Unidades Ejecutoras de la Región Callao. Incluso se ha incrementado de cuatro (4) a ocho (8) jefaturas.

De otro lado, el contralor anunció que presentará una iniciativa legislativa para inhabilitar hasta por cinco años a la más alta autoridad ejecutiva de la institución y a los funcionarios responsables del manejo del presupuesto, tesorería y contabilidad cuando los resultados de las auditorías financieras gubernamentales sobre los recursos públicos sean adversos o de abstención de opinión.

Explicó que hay resultados de auditorías financieras que dictaminan Abstención de Opinión -debido a que no se le entregó la documentación requerida al auditor para el análisis-, u Opinión Adversa –que quiere decir que se ha hecho una mala aplicación de los procedimientos contables, presupuestales y financieros.

“Actualmente no existe sanción, por eso, estamos planteando una iniciativa legislativa para ampliar una infracción en el Procedimiento Administrativo Sancionar (PAS) que conlleve a la inhabilitación por cinco años de todos estos funcionarios responsables cuando no haya un buen resultado de las auditorías en la gestión de los recursos públicos”, anotó.

Shack Yalta manifestó la importancia de esta iniciativa que permitirá sancionar ejemplarmente a los funcionarios responsables ante lo evidenciado en el Gobierno Regional del Callao en los últimos cuatro años, respecto a los resultados de las auditorías financieras.

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En la acción de control se determinó que un ex funcionario y tres  servidores que laboran en SEDAPAL aprobaron los presupuestos adicionales de obra números 1, 4 y 5 solicitados por el contratista, pese a que su argumento carecía de validez.

El contratista adujo una situación imprevisible por la presencia de napa freática en el asentamiento humano Santa Beatriz y en la zona donde se tenía proyectado la rehabilitación del colector 200 millas. Además argumentó que en el estudio de factibilidad no se consideró la realización de excavación vertical para efectuar estudios de suelos.  

Sin embargo, la comisión auditora halló que en el proceso de selección, previo a la formulación de la propuesta técnico económica, los postores tuvieron conocimiento de que no se había determinado el nivel de napa freática en el estudio de factibilidad y que ese nivel sería previsto por el postor ganador, considerando que la modalidad de contrato era el de concurso oferta

Por ende, la previsión de los costos del expediente técnico y ejecución constituían un manejo y riesgo inherente al contratista y no podía trasladarlo a Sedapal bajo el argumento de imprevisible, cuando los términos de referencia del proceso de selección alertaron a los postores para que anticiparan las consecuencias que se derivaban del estudio de suelos que debía efectuar el ganador de la buena pro.

La comisión auditora determinó que estos hechos, ocurridos en el 2009, evidencian presunta responsabilidad civil, por lo que la Procuraduría de la Contraloría interpuso una demanda civil contra los presuntos responsables. El caso ha sido admitido y se tramita en el 6° Juzgado Civil de Lima.

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En nota de prensa, el organismo precisó que dicha irregularidad ocurrió en el periodo 2009-2011 y producto de la suscripción y ejecución irregular de un contrato con la empresa israelí GLOBAL CST LTD.

Según el acuerdo, la institución militar que debía recibir asistencia técnica especializada en materia de seguridad, desarrollo de estrategias y entrenamiento del personal militar en el VRAE (hoy VRAEM), pero esto nunca se realizó en los términos pactados.

La auditoría señala como principales responsables de este caso, por delitos de colusión y falsedad genérica, al personal militar que ocupaba en dicho periodo los más altos cargos en el CCFFAA y ex funcionarios del Ministerio de Defensa.

La denuncia ha sido presentada ante el propio despacho del Fiscal de la Nación para que la investigación fiscal sea asumida por la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, por tratarse de un caso que involucra un delito grave, complejo y de repercusión nacional.

De acuerdo al informe de auditoría, el CCFFAA suscribió el 20 de octubre de 2009 con GLOBAL CST LTD, un contrato de asistencia técnica para alcanzar los siguientes objetivos: Estructuración de un Grupo Nacional Contra Terrorismo; Diseño del Concepto Operacional Dinámico; Planeamiento Estratégico y Operacional en el Estado Mayor del CCFFAA; Entrenamiento y Reformas Organizacionales del CCFFAA y Entrenamiento de Comandos con miras a su despliegue operativo.

Dicha capacitación y entrenamiento nunca se realizó de acuerdo a lo estipulado en el contrato, el cual mencionaba a profesionales de nacionalidad israelí especializados, plenamente identificados con nombres y apellidos.

En su lugar, la empresa envió a personal que no contaban con la experiencia necesaria para cumplir el objeto de la asistencia técnica, en su mayoría jóvenes entre los 20 y 22 años.

PRESUPUESTO De acuerdo a la auditoría realizada por el Organismo Superior de Control, los montos comprometidos en el perjuicio económico ocasionado al Estado, son los siguientes:

IRREGULARIDADES
La Contraloría halló serias irregularidades, como el hecho de que la resolución de la entidad castrense que aprobó las bases del servicio era un fraude. La versión original trataba sobre personal militar que presta servicios en Haití, como parte de los Cascos Azules.

En tanto que en otra versión de la misma resolución (mismo número y fecha), se incorporó un artículo para aprobar las bases del servicio de asistencia técnica y capacitación en el VRAE.

Asimismo, se suscribió una Addenda (Nº 2) por servicios que eran parte del contrato original, y es más se venían realizando.

Al momento de la firma del contrato (20 de octubre de 2009), la empresa GLOBAL CST LTD no se encontraba inscrita en el Registro Nacional de Proveedores. Fue gestionada su inscripción recién ocho días después (28 de octubre de 2009) por el propio CCFFAA, y no por su representante legal en el país.

Otra irregularidad a la firma del contrato es que no se presentó la Carta Fianza de fiel cumplimiento a la fecha de suscripción, sino recién después de más de 15 días, el 06 de noviembre del 2009, considerando como beneficiario al Ministerio de Defensa, cuando debió ser a nombre del CCFFAA, entidad contratante que cuenta con personalidad jurídica; y además esta garantizaba obligaciones diferentes a las establecidas en el contrato.

De acuerdo a la normativa de contrataciones del Estado el valor referencial debe incluir los impuestos. Sin embargo el CCFFAA asumió el pago de los impuestos a pesar que este debió corresponderle al proveedor GLOBAL CST LTD. Esto generó un costo adicional al contrato de más de 4 millones y medio de nuevos soles.

Asimismo, el contrato estableció un calendario de pagos sin considerar entregables concretos que demostraran una prestación efectiva de los servicios. Se identificó también que de otorgaron conformidades del servicio con carácter irregular.

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