Los beneficiados con la medida solicitada serán el juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior del Callao, Cerapio Roque Huamancóndor.

Asimismo, el juez superior de la Segunda Sala Penal Liquidadora del Subsistema de Juzgamiento de Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Lima, Ricardo Brousset Salas, quien requirió la continuación del servicio.

También, el juez superior titular de la Segunda Sala Penal Especial Liquidadora del Subsistema de Juzgamiento de Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Lima, César Vásquez Arana.

Juez de caso audios del Callao

Respecto al caso de Roque Huamancóndor, el Poder Judicial solicita que el beneficio alcance también a la familia del magistrado, quien dispuso el levantamiento del secreto a las comunicaciones de los miembros de la organización criminal “Las Castañuelas de Richi Port”, dedicada al tráfico ilícito de drogas, extorsión y sicariato.

Como se recuerda, a consecuencia de esta medida cautelar fueron interceptadas conversaciones grabadas en audio con presunto contenido penal entre consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), magistrados, empresarios y políticos.

Las solicitudes del Poder Judicial están sustentadas en el documento “Normas y Procedimientos para brindar seguridad y protección personal al Presidente Constitucional de la República, funcionarios públicos y personalidades con derecho a resguardo policial”.

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El Consejo Ejecutivo del PJ (CEPJ) acordó la sanción sin goce de haberes al concluir una investigación en su contra por su desempeño como juez superior provisional de la Tercera Sala Superior Penal para Reos Libres de Lima en el caso La Parada.

El órgano de gobierno adoptó esta decisión por unanimidad, sin la intervención del Presidente del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, doctor Enrique Mendoza Ramírez, porque en su condición de Jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) en el año 2011, fue él quien impuso dicha medida.

Votaron a favor de la sanción los integrantes del CEPJ doctores Vicente Walde Jaúregui, Víctor Ticona Postigo, Bonifacio Meneses Gonzáles, Darío Palacios Dextre y Ayar Chaparro Guerra.

Cargos La medida se impone por haber señalado en forma irregular –cuando integraba el tribunal arriba indicado conjuntamente con el juez Jorge Aguinaga Moreno– fecha para la vista de causa de un pedido de nulidad dentro de un proceso en trámite, haber declarado nula su propia resolución aduciendo que carecía de motivación suficiente, y haber dilatado innecesariamente la tramitación del proceso penal, vulnerando lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El CEPJ estimó que los jueces Urbina La Torre y Aguinaga Moreno incurrieron en irregularidad funcional en el ejercicio de su cargo, por lo que acordó confirmar al medida de la OCMA y hacer efectiva la suspensión. La sanción disciplinaria también fue ratificada al juez Jorge Aguinaga Moreno por el mismo período de tiempo.

La medida será ejecutada inmediatamente después de ser notificada la resolución correspondiente.

Otra sanción Otro de los acuerdos del CEPJ fue ratificar la sanción disciplinaria de suspensión de 15 días impuesta, en diciembre del 2011, por la Jefatura de la OCMA en el marco de otra investigación también al doctor Malzon Urbina La Torre, así como a la jueza Aurora Quintana-Gurt Chamorro.

En este caso, la medida se tiene por cumplida al haber estado ambos ya con medida cautelar de suspensión preventiva.

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La Sala Plena del Poder Judicial designó al destacado vocal quien además superó en votos a José Luis Lecaros.

Távara tendrá a su cargo la conducción del proceso de revocatoria contra la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, convocado para el próximo año.

Además deberá asumir la organización de elecciones municipales, regionales y comicios generales.
 

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Como se recuerda Boloña adeuda  S/ 2’903,469 por concepto de reparación civil al Estado tras ser condenado por falsedad ideológica, peculado y asociación ilícita.

Se informó que en la vivienda ubicada en la avenida Angamos 1680 en San Isidro, retiran sillones, adornos, electrodomésticos, etc.

Cabe señalar que Boloña sólo ha pagado la suma de S/ 96 mil 530 de la deuda por reparación civil. 

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El consejero denunciante, Vladimir Paz de la Barra, solicitó el jueves pasado al presidente del CNM, Gastón Soto Vallenas, que el caso de San Martín sea discutido en sesión ordinaria de consejeros.

Paz de la Barra opinó que es “absolutamente vergonzoso” que esta entidad [el CNM] no haya iniciado la debida investigación, ya que “en un sistema democrático nadie debe tener corona ni estar exento de la fiscalización”.

Asimismo, el decano del Colegio de Abogados de Lima, Raúl Chanamé, respaldó la anunciada investigación. También aprovechó para exigir que el CNM publique en su portal institucional “las razones debidamente motivadas de ratificación o no de los magistrados”.

RECHAZA VÍNCULOS En una carta dirigida a Gastón Soto Vallenas, San Martín se puso a disposición del Consejo Nacional de la Magistratura y aclaró que no había razón de temer “por un comportamiento que ha sido jurídica y éticamente irreprochable”.

De igual forma subrayó que quien tiene vinculación con la entidad bancaria es el estudio de abogados en el cual trabajó antes de ser nombrado juez de la Corte Suprema y no su persona.

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