El periodista Hugo Bustíos fue asesinado presuntamente por miembros de la base militar del Ejército peruano de Castropampa en Huanta (Ayacucho), quienes se encontraban vestidos de civil. 

Daniel Urresti aseguró en una de las audiencias que no sabía que Hugo Bustíos realizaba una labor periodística e insistió al igual que los coacusados en señalar al terrorismo como responsable de su muerte.

El también exministro fue detenido al concluir la lectura de la sentencia por personal de la Dirincri. Tras ello, será internado en un penal que determine el INPE en las próximas horas.

La Fiscalía señaló en su tesis que Urresti habría conocido la orden que se dio de asesinar al periodista y dispuso el operativo como exjefe de la Sección de Inteligencia y Contrainteligencia (S-2) de la base contrasubversiva de Castropampa (Huanta) al momento de ejecutarse los hechos.

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El magistrado explicó que así lo contempla el artículo 316-A del Código Penal, el cual sanciona el delito apología de terrorismo a quien exalta, justifica o enaltece el delito de terrorismo o de la persona que haya sido condenada por sentencia firme como autor o partícipe

“En el caso del docente es considerado una circunstancia agravante, la segunda más grave, pues a esta persona se le confiere la responsabilidad de formar ciudadanos, y lo que estaría haciendo es distorsionar el comportamiento de ellos”, explicó.

Respecto a las pruebas, el magistrado dijo que estas pueden ser desde un video, en caso la clase haya sido grabada o el testimonio de los estudiantes que recibieron el supuesto mensaje apologético por parte del docente.

“En este caso tendríamos que analizar el contenido apologético (dado por el docente), ya sea si este exalta o enaltece el delito de terrorismo o a la persona condenada por ese delito de terrorismo”, detalló.

REDES SOCIALES

En el caso de apología de terrorismo cuando  se enaltecen o justifican estos hechos a través de medios de comunicación este comprende también su difusión en libros, escritos, imágenes visuales o el uso de tecnologías de la información o comunicación (redes sociales).

“La difusión de mensajes con contenido apologético a través de las redes sociales es considerada una de las circunstancias más graves que establece el código y la pena varía de 8 a 15 años, según el nivel de probanza”, dijo.

El magistrado detalló que una vez que se conoce el contenido del mensaje se analiza cuál ha sido la intencionalidad de la persona al difundirlo y sí se ha tenido la intención de justificar o enaltecer un hecho terrorista.

Hace unas semanas, el Primer Juzgado Penal Colegiado Nacional, que preside el juez Huamán Vargas, en audiencia de adelanto de fallo impuso ocho años de prisión a Julián Cuba Jurado y Richard Alex Cornejo por el delito de apología de terrorismo por enaltecer a través de sus redes sociales al condenado por terrorismo Abimael Guzmán.

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El magistrado, quien presidió la ceremonia de apertura del Año Judicial 2023, dijo que “tenemos que detectar cuáles son los criterios por los cuáles la Corte Suprema anula o revoca las decisiones de nuestras Salas Superiores, cuáles son las razones por las que los jueces superiores de nuestra Corte revocan algunas decisiones de nuestros jueces de juzgamiento o de investigación preparatoria, para sistematizar esa jurisprudencia y cada juez que llegue aquí no se encuentre en un territorio desconocido, sino en uno de predictibilidad”.

Anotó que dicha jurisprudencia servirá además como insumo en la permanente capacitación que reciben los jueces y juezas de la CSN.

Asistieron al acto, el juez supremo Ramiro Bustamante Zegarra, la fiscal superior Elma Vergara Cabrera, la fiscal superior adjunta Liliana Briceño, así como jueces, juezas superiores y especializados; personal jurisdiccional, administrativo.

El capellán del Poder Judicial, monseñor Ángel Ortega Trinidad, ofició una paraliturgia y la Banda Oficial del Estado Peruano acompañó la entonación del Himno Nacional.

En el año 2020, la CSN emitió 73 sentencias, en el año 2021, 156 y en el 2022, 208. La promesa de elevar la producción jurisdiccional se cumplió.

Otra de las cifras presentadas fue el número  de audiencias realizadas. En el 2020 fueron 3281, en el 2021, 7104 y en el 2022, 9057.

Sahuanay Calsín agradeció  al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) “por haber renovado la confianza en este equipo de trabajo de la CSN.

Procesos con el antiguo Código de Procedimientos Penales

Otra de las prioridades será resolver el problema de la liquidación de los procesos que se tramitan con el antiguo Código de Procedimientos Penales de 1940, mejorando los sistemas de dirección y gestión de audiencias para acortar los tiempos de juzgamiento.

Anunció que el caso “Sánchez Paredes”, uno de los más emblemáticos que se tramita con dicho Código está próximo a concluir. “Puedo anunciar, luego de conversar con el ponente, que a más tardar al término de los vacaciones judiciales (marzo) se emitirá la sentencia”. 

Sahuanay Calsín hizo un apretado resumen de su gestión en el periodo 2021- 2022 donde se refirió a los logros alcanzados en los ejes de descarga procesal y fortalecimiento jurisdiccional, modernización institucional, integridad y transparencia, transformación digital, y acceso a la justicia e implementación de políticas públicas.

“Los jueces y trabajadores renovamos nuestro compromiso ofreciendo justicia de calidad en beneficio del país, teniendo como ideas rectoras que actúan como lema institucional integridad a toda prueba, conocimiento al más alto nivel que requiere una jurisdicción especializada y temple para adoptar decisiones respetando el imperio de la ley, el debido proceso y brindando seguridad al país como impone nuestro modelo constitucional”, concluyó.

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Así lo expresó el especialista mexicano en medios digitales durante la  conferencia que brindó sobre “TikTok, herramienta efectiva de comunicación en plena era del entretenimiento”, en el marco de la feria “Justicia Digital en Iberoamérica”, que se desarrolla en Palacio de Justicia.

“El Poder Judicial del Perú es reconocido como ejemplo con vídeos exitosos en materia de justicia difundidos por TikTok y la titular del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado, es una de las autoridades más interesadas en temas digitales en la región”, sostuvo.

En ese sentido, resaltó que la cuenta oficial de Tiktok “@PoderJudicialDelPerú” tiene 100 mil seguidores, tras sumar 15 mil nuevos seguidores recientemente, como consecuencia de atrayente material educativo y creativo elaborados para la referida plataforma por el equipo de redes de la Gerencia de Imagen y Comunicaciones de la institución judicial del Perú.

A su vez, Barrios Alvarado destacó el empleo en su gestión de Tiktok y otras redes sociales como el Instagram y Twitter para acercar el servicio de justicia de manera más efectiva a la ciudadanía.

“Tiktok como otras plataformas digitales representan nuevas formas de comunicarse para transmitir los logros institucionales, en ese camino estamos para acercar la justicia, sobre todo a través de estos medios a los jóvenes, y diferenciarnos del papel que cumplimos”, indicó.

En tanto, Andrés Morán, subgerente de Justicia TV, refirió que TikTok representa una “herramienta de comunicación efectiva y moderna” para acercar al Poder Judicial a la ciudadanía, pero, consideró que su efectividad viene acompañada del compromiso de las autoridades que están al frente de la institución.

Al término de la conferencia, el presidente de la Corte Suprema de Honduras, Rolando Argueta Pérez, elogió la iniciativa de su homóloga Barrios Alvarado en el uso de las tecnologías de redes sociales, y expresó su interés en seguir ese ejemplo para el sistema judicial de su país.

La feria “Justicia Digital en Iberoamérica”, que se desarrolla hasta mañana viernes 26 de agosto en el ‘techo verde’ de Palacio de Justicia, congrega a once poderes judiciales de Iberoamérica, entre ellos el del Perú que están presentando diversas iniciativas tecnológicas implementadas.

Esta actividad es realizada en el marco de la XXI Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana a realizarse el próximo año en nuestro país, luego de que el Poder Judicial del Perú obtuvo la Secretaría Pro Tempore de este foro intercontinental.

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El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró infundada la tutela de derechos con la que el mandatario buscaba anular las pesquisas en su contra que realizaba el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde.

A través de su abogado, el presidente Castillo presentó dicho recurso argumentando una presunta violación a los principios constitucionales de legalidad procesal y al principio de seguridad jurídica.

Al respecto, el juez Juan Carlos Checkley considera que si bien el jefe de Estado solo puede ser acusado por los supuestos que contempla el artículo 117 de la Constitución, ello no anula la posibilidad de iniciar una investigación preliminar siempre que existan justificaciones razonables.

La investigación preliminar había sido aprobada por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, quien interrogó a Castillo Terrones el pasado 15 de junio en la sede principal del Ministerio Público.

El pasado 31 de mayo, la defensa de Castillo presentó un recurso de nulidad ante el Ministerio Público solicitando que se anule la decisión de investigar a Castillo sin suspensión y se dicte una nueva disposición al sostener que la “Carta Magna prohíbe la persecución del presidente de la República -en funciones- en los casos no previstos en su artículo 117″.

Abogado del presidente apelará

Al respecto, el abogado de Pedro Castillo, Benji Espinoza, anunció que apelarán la decisión por considerarla “incorrecta”.

«El JIP de la Corte Suprema ha declarado infundada la tutela de derechos que presentamos a favor del SPR Pedro Castillo. En ejercicio del derecho a recurrir, apelaremos la decisión por considerarla incorrecta dentro del plazo de 3 días hábiles», señaló en su cuenta Twitter.

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La Policía Nacional no logró dar con su paradero, incluso en su vivienda ubicada en la avenida Primavera, distrito Puente Piedra. Hasta el momento no se logra ejecutar la detención preliminar ordenada por el juez Juan Carlos Checkley Soria.

El Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, había citado a Juan Silva para su declaración como investigado para este lunes 6 de junio, pero este no acudió a la diligencia con lo cual se generó una justificación para ordenar su detención.

Su abogado afirmó que esto se debió a que no fueron citados con la debida anticipación, sin embargo, a partir de ese momento se cree que Silva pasó a la clandestinidad.

Tenía impedimento de salida del país

El Poder Judicial impuso el último sábado 36 meses de impedimento de salida del país contra el exministro de Transportes, Juan Silva, al considerar que así se podrá asegurar que se cumpla los fines del proceso que inició la Fiscalía en su contra y evitar dilaciones ante la posible ausencia del investigado.

Juan Silva había asegurado en la audiencia virtual que se allanaba al requerimiento de impedimento de salida del país. A través de su abogado, el exministro rechazó las imputaciones en su contra por el caso Puente Tarata – Provías Descentralizado.

El exministro también brindó una entrevista a RPP el pasado 27 de mayo, en la cual descartaba los planes de una posible fuga y aseguró que se encontraba trabajando en el país.

También recalcó que no ha sido un aportante de Perú Libre en la campaña presidencial ni es amigo de Bruno Pacheco, exsecretario general de Palacio de Gobierno. Tal como se reveló en un audio donde conversa Pacheco con Zamir Villaverde.

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En adelanto de fallo y de manera unánime, el Juzgado Colegiado Penal Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao emitió la condena que marca un precedente para los responsables de crímenes contra mujeres.

El tribunal del Poder Judicial del Callao, integrado por los magistrados Gino Delzo Livias (presidente), Gladys Díaz Durand y Juan Sánchez Córdova, los condenó por haber asesinado a Rodríguez Aybar el 23 de agosto de 2016, en un departamento ubicado en la avenida Colonial (Callao).

Se determinó que luego de una gresca, Aguirre Concha golpeó a Solsiret con un objeto contundente en la cabeza, causándole la muerte. Kevin Villanueva fue quien cercenó y desmembró el cuerpo. Limpiaron la escena del crimen (baño y cuarto principal) y los restos fueron llevados a la casa de Andrea ubicada en el Rímac. Además, contrataron un servicio de cambio del piso alfombrado para ocultar el sangrado.

Asimismo, deberán pagar la suma de S/ 80,000.00 mil soles como concepto de reparación civil a favor de los herederos legales de la parte agraviada.

Complicidad

Asimismo, el Colegiado sentenció a 3 años y 8 meses de pena efectiva a Byran Villanueva (ex pareja y padres de los hijos de Solsiret) y a su madre Yolanda Castillo García, por ser coautores del delito contra la administración de justicia en la modalidad de encubrimiento real (figura básica).

Bryan se enteró del crimen y evitó la búsqueda de Solsiret, mientras que Yolanda cooperó en la remodelación del piso alfombrado.

Ellos deberán pagar la suma de S/ 6,000.00 mil soles a favor del Estado peruano.La lectura íntegra de la sentencia se realizará el 15 de junio a las 9:00 a.m.

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El cantante fue condenado por los delitos de agresiones en contra de la mujer y violación sexual en agravio de Dalia Duran Gómez, su entonces esposa, quein hizo la denuncia pública.

John Kelvin deberá además pagar la suma de 10 mil soles por concepto de reparación civil en favor de la agraviada y la obligatoriedad para el sentenciado de asistir a una terapia.

El fiscal adjunto Reynaldo Junior Elías Cantafio sustentó con medios probatorios la culpabilidad del imputado.

Los hechos

En julio de 2021, el cantante fue denunciado por haber agredido a Dalia Durán en el interior del departamento de ella, ubicado en el distrito de San Miguel. John Kelvin tenía una restricción judicial que le impedía acercarse a su esposa, luego de que esta lo denunciara por maltrato psicológico.

Sarmiento Llanto fue detenido por la Policía Nacional y durante su declaración aseguró que Dalia Durán le golpeó en el pecho tras intentar lastimarlo con un cuchillo y que luego se “autolesionó”.

Dalia Durán amplió su denuncia contra el cantante por violación, pues, según aseguró, además de agredirla físicamente la ultrajó.

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Así lo informó el magistrado al canal del Poder Judicial Justicia TV, en el marco de la Jornada Judicial Extraordinaria de descarga procesal, denominada “Descargatón Judicial” que realiza en la referida Corte Superior.

“Hoy se lleva a cabo la audiencia Nro. 36 de la etapa intermedia del ‘caso Cócteles’ y, como ya lo anuncié, esta debe estar culminando en el mes de agosto aproximadamente”, indicó.

Añadió que una vez concluida la etapa intermedia el expediente estará expedito para que se emita el auto de enjuiciamiento y luego iniciar la fase de juicio oral, en uno de los casos más complejos que tramita esta Corte Superior.

El titular de la CSN refirió que en esta jornada judicial extraordinaria se espera romper el propio récord de la Corte que emitió 15 sentencias en un solo día, el 26 de noviembre de 2021.

Por otro lado, el juez a cargo del ‘caso Cócteles’, Víctor Zúñiga Urday, informó que el requerimiento acusatorio del ‘caso Cócteles’ consta de más de 15 000 páginas y que la subsanación que realizó el Ministerio  Público comprende más de 2500 folios.

“Ahora estamos revisando la subsanación que las mismas partes han requerido”, añadió el magistrado Zúñiga.

Respecto a la jornada judicial extraordinaria de descarga, Zúñiga Urday indicó que “los jueces también nos hemos puesto la camiseta y estamos realizando labores extraordinarias con la finalidad que se emitan las resoluciones dentro de los plazos razonables”.

“Hoy desarrollamos la audiencia del ‘caso Cócteles’ hasta las 19:00 horas, luego emitiremos las resoluciones para la descarga”, destacó.

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En un oficio firmado por el fiscal Rafael Vela Barba, coordinador de la Fiscalía Especializada de Lavado de Activos y dirigido a la Mesa Única de Partes del Ministerio Público, se da cuenta de la negativa de Lilia Paredes a responder en calidad de testigo en referencia a declaraciones de la aspirante a colaboradora eficaz, Karelim López.

La denuncia penal contra la primera dama Lilia Paredes es por el delito contra la administración pública.

Paredes se negó a brindar su versión de los hechos, amparándose en su derecho de abstenerse a contestar por la figura de autoincriminación a otra persona: su cónyuge.

Vale recordar que, López testificó ante el Ministerio Público que el exsecretario presidencial Bruno Pacheco coordinó para que la pareja presidencial obtenga su maestría en la UCV con «documentos falsos».

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La medida restrictiva que fue solicitada por la Fiscalía por el plazo de 18 meses de prisión, fue aceptada por los abogados de los directivos de Repsol, el gerente general de la refinería La Pampilla, Jaime Fernández-Cuesta y los funcionarios Renzo Tejada, Gísela Posadas y José Reyes,

De esta manera, el juez Romualdo Aguedo declaró fundado requerimiento fiscal y dispuso impedimento de salida del país por el plazo de 18 meses de prisión.

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Este formulario de demanda de alimentos también contempla su presentación para casos de adultos mayores y por afiliación extramatrimonial. Se tramita vía internet, con la sola firma de la parte demandante, generando que el juez la califique y le dé trámite de manera inmediata.

Esta plataforma tiene como finalidad informatizar y estandarizar el trámite del proceso de demanda de alimentos e incrementar la celeridad, desde su interposición hasta la expedición de la sentencia y su ejecución.

¿Cómo es el procedimiento virtual?

Desde el 31 de enero del 2022, para interponer la demanda vía web, solo se requiere completar información básica, como el número de DNI, nombre del niño/a o adolescente, padre/madre biológico/a y obligado alimentario, domicilio del demandado, dónde trabaja, el petitorio y otros datos facultativos.

Para solicitar una pensión de alimentos, el usuario debe acceder a la siguiente dirección: https://dalimentos.pj.gob.pe/cortes/callao/links_demanda

Este servicio ya está funcionando en las Cortes Superiores de Arequipa, Áncash y Puente Piedra-Ventanilla.

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