Como se recuerda Viñas es buscado por su vinculación con una serie de delitos de corrupción, no obstante trascendió que abandonó territorio peruano sólo con su DNI, pues su pasaporte está en manos de una jueza.

Fuentes policiales adelantaron que existía orden de impedimento de salida del país, por lo cual resulta sospechoso que la autoridad regional haya pasado con facilidad los controles fronterizos.

En tanto, se informó que Viñas sí habría sido ubicado en el balneario de Salinas – Ecuador, no obstante al no existir una orden de captura internacional este no podría ser trasladado al Perú.

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Dicho tribunal determinó este domingo que el suspendido titular de la región Áncash, sea trasladado a un penal, tras más de 14 horas de audiencia.

El juez encargado del caso, Walter Sánchez, declaró fundado el pedido de prisión preventiva planteada por el Ministerio Público, que se aplicará también para el exalcalde del Santa, Luis Arroyo, reportó RPP.

Al inicio de la audiencia, el fiscal Contra el Crimen Organizado, Manuel Castro, dijo que las pruebas obtenidas demuestran que Álvarez formó una organización criminal y uso recursos públicos para contratar y reclutar personas que realizaron «actos delincuenciales«.

Aseguró, además, que Álvarez «se aprovechó» de su condición de presidente regional para iniciar actividades destinadas a realizar cobros o diezmos por licitaciones y para eliminar, a través de esta organización, a sus opositores.

«Soy inocente, no tengo nada que ver. Yo no me fugo, estoy con la justicia. No sería prófugo», dijo ayer César Álvarez.

Según afirmó, previo al asesinato de Nolasco, ocurrido este año, dicha organización ordenó el asesinato de José Luis Sánchez Milla y el primer atentado contra el propio Nolasco, donde murió su hijo político.

Luego, la suspendida autoridad ancashina solicitó la palabra y precisó que no fue capturado sino que se entregó de manera voluntaria a la justicia al no tener nada  que temer» y ser «inocente».

Durante la audiencia en la Sala Penal Nacional, reveló que Cristian Cruzate Pereda, acusado de ser el sicario que acribilló a Nolasco fue torturado para que testifique en su contra. «Al sicario lo tenían detenido tres días antes de ser presentado a la prensa, para que pronuncie mi nombre. Él no sabía quién era yo. El objetivo de todas estas investigaciones soy yo», reveló.

En otro momento, manifestó que Nolasco no representaba ningún peligro político para su gobierno y por eso sería imposible que le guarde algún rencor. Manifestó que el verdadero móvil de su deceso es un paquete de obras de 240 millones de soles.

«Nadie sabía que Nolasco iba a ser candidato, él no era rival político para mí. Es falso que Nolasco iba a acceder a la presidencia en caso yo no está el frente de la gobernación. Era imposible porque dentro del consejo él perdió por 19 votos en contra y 1 a favor. No representaba ningún peligro, el que pierde más soy yo con todos», reafirmó.

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La medida dictada contra Álvarez es por el caso ‘La Centralita’, sede donde se reunían los allegados a Álvarez para coordinar acciones contra sus opositores políticos y realizar presuntos actividades ilícitas.

La misma medida fue impuesta contra el ex jefe de prensa del líder de «Cuenta Conmigo», Jorge Luis Burgos Guanilo, y contra cuatro periodistas identificados como Nelson Vásquez Vaca, Juan Espinoza Linares, Sandor Renilla Horna y Rosa Alicia Olivares. Cabe recordar que Renilla y Olivares tienen orden de captura, pues en la actualidad están prófugos.

Cabe recordar que el juez acogió en parte el pedido formulado por el fiscal anticorrupción Laureano Añanca Chumbe, quien pidió la carcelería contra Álvarez y sus allegados.

El titular del referido juzgado pidió al Ministerio Público se pronuncie sobre la situación judicial del congresista Heriberto Benitez ( ex Solidaridad Nacional) y del empresario Rodolfo Orellana, presuntamente involucrados este delicado caso.

Tras este fallo se pronunció Fiorella Nolasco Blas, hija del ex consejero regional Ezequiel Nolasco Campos, asesinado por allegados a Álvarez. Ella consideró correcta la decisión de la corte del Santa. «Las pruebas son más que contundentes. Las pruebas dejan claro la existencia de ‘La Centralita’. Felicito esta acción y espero que en este tiempo se pueda incluir a las personas que faltan», manifestó.

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Condori sostuvo que la situación en Chimbote y Ancash es preocupante e invocó a que como autoridades requieren recuperar la confianza de la población en la zona, que es la más afectada por estos actos de inseguridad.

«Hemos participado de la séptima sesión descentralizada y lo que se espera ahora es retornar con audiencias públicas de resultados, por ejemplo, como en el caso de Álvarez y Chimbote, que nos den la mano la Contraloría y Ministerio Público.

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En declaraciones a la prensa, Álvarez sostuvo que se dedicará a su familia y se alejará de la política, aunque insistió en que no tiene nada que ver con crímenes de sus opositores como Ezequiel Nolasco y otras ocho personas.

El actual presidente regional añadió además que deja el camino libre a las investigaciones que se realizarán y donde lo señalan como responsable de diversos hechos delictivos. 

Por otro lado, Álvarez Aguilar pidió al frente de defensa que no realice ninguna movilización y a sus agremiados que no participen de la misma.

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Como se recuerda Álvarez aseguró que al menos diez de sus colegas lo apoyan en la compra de un kit para convocar a una Asamblea Constituyente y cerrar el Legislativo. Fuentes de Correo revelaron que este se reunió con su homólogo de Cajamarca para promover estas acciones.

«Es una propuesta es decabellada y una afrenta a la democracia, Ancash es una de las ciudades mas corruptas del país, el señor debe preocuparse de sanear la documentación y sus cuentas, yo considero que la Contraloría debe intervenir..hacen todo lo posible porque el Congreso no los toque, por eso algunos congresistas han propuesto la idea de incrementar causales de vacancia», comentó Gamarra a www.diariocorreo.pe.

A su turno Urtecho sostuvo que la postura de Álvarez es antidemocratica y «no intimida» al Congreso. Además se mostró a favor de que exista legislación que sanciones a las autoridades que promueven actos antimodemocráticos.

«Sólo el propio Congreso puede convocar a una asamblea Constituyente, así que el señor también está equivocado en ese extremo. Hay que ver iniciativas para evitar que este tipo de personas puedan seguir ejerciendo el cargo», finalizó.

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La acusación la hace Petronila Vargas, una mujer que en el 2005 fue acusada de asesinato y que, el 24 de noviembre de ese año, fue sometida a una “condena ronderil” por parte de los pobladores organizados con la venia de Gregorio Santos, entonces el secretario de Educación y Cultura de la federación de rondas de Cajamarca.

“Ellos me golpearon (…) nos secuestraban, amarrándome con cadenas de los pies, de las manos. Me golpeaban para que nosotros mismos nos acusáramos de las muertes”, dijo en ATV Vargas, quien cuenta con el respaldo de un acta de juicio popular de la Fiscalía.

El texto, que tiene la rúbrica del fiscal Miguel Briceño Ramírez, dice textualmente: “Tomó la palabra el señor Santos Guerrero, que manifestó que una vez cumplida la condena iba a ser puesta a disposición de la Fiscalía. El representante del ministerio público manifestó su disconformidad por ir contra la ley”.

Sin embargo, Santos y los ronderos decidieron ejecutar la tortura y, por si fuera poco, decidieron expulsar del juicio popular al fiscal y a los dos policías que vigilaban el hecho.

Al lado de la firma del referido documento, se indica que los dirigentes se negaron a firmarlo. Vargas nunca fue procesada por asesinato luego de la tortura. / Peru 21

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